nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO Y OTRO

San Miguel, cuatro de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece nombre reservado, dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada legalmente por su Directora Nacional doña Lilia María Jerez Arévalo, y del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado legalmente por su Director Nacional don Sergio Alonso Mierzejewski Lafferte, por los actos que califica de arbitrarios e ilegales consistentes en la Resolución N°1678 de 13 de diciembre de 2021, de la Jefa de la oficina de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo y el Oficio N°610 de fecha 16 de agosto 2021 de la Dirección Nacional del Registro Civil, de los que tomó conocimiento el 15 de febrero del presente año, y que declaran su inhabilidad como dirigente gremial, lo que significa una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°2, 3 inc.5 y 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde al año 2007 es dirigente gremial, desempeñándose como presidenta nacional de ANERCICH (sic) y, desde el 30 noviembre de 2017 a la fecha, en el cargo de presidenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil de Chile “ANFURCICH”(sic).

Relata que se instruyó un sumario en su contra, por hechos ocurridos en mayo del 2017, y que terminó con la ilegal y arbitraria medida disciplinaria de destitución la que se hizo efectiva en agosto de 2021, afirmando haber recurrido de protección respecto de ella, lo que se encontraría en tramitación.

Afirma que el 13 agosto de 2021 fue ratificada en el cargo de presidenta nacional del gremio, en el Consejo Nacional de Presidentes Regionales de ANFURCICH (sic), acto que ha sido respaldado por la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, considerando que es contrario a derecho (Dictamen N°898/015 del año 2018), situación que se le informó a la Dirección Nacional del Servicio con igual fecha.

Conforme lo anterior, al haber dejado de ser funcionaria pública, pero manteniendo la calidad de socia y dirigente gremial, es que el 7 de septiembre de 2021, se ingresa por la asociación una consulta la Dirección del Trabajo para que informe si la recurrente se encontraba o no inhabilitada para ejercer el cargo de dirigente gremial. La Dirección del Trabajo se pronunció al respecto en su Dictamen N°2501 de fecha 03 de noviembre de 2021 por el cual en su parte principal señala que: “Por consiguiente, y aplicando el principio de interpretación de la ley denominado de analogía o “a pari”, que se expresa en el aforismo jurídico que señala “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”, en virtud del Dictamen N°0898/015, de 15.02.2018, y las normas legales citadas y consideraciones expuestas, cabe concluir, que aun cuando la pérdida de la calidad de funcionario público de un director de una asociación regida por la ley n° 19.296, por haber sido destituido, podría implicar su respecto del incumplimiento sobreviniente de uno de los requisitos de inobservancia de una de las condiciones que la ley exige para mantener su cargo, vale decir, ser socio de la misma, lo cierto es que su desafiliación, así como la cesación en el referido cargo no opera de pleno derecho.

En este sentido, debe ser la propia organización la que, en conformidad a su estatuto, acuerde dicha desafiliación y requiera, a su vez, a este Servicio, y declare la inhabilidad del aludido dirigente para seguir ejerciendo su mandato; o que, como en este caso, la Dirección del Trabajo de oficio, califique la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente de dicha dirigente de asociación, pudiendo, efectuarlo en cualquier tiempo, a petición de parte, habiendo transcurrido los 90 días siguientes a su elección”.

Asevera que conforme lo señalado precedentemente, determinar la inhabilidad de un dirigente gremial es una función privativa del propio gremio, no le corresponde ni a otra asociación, ni menos a la autoridad del Servicio, ello conforme a los principios de autodeterminación y autoconformación que garantizan los tratados Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo N°87 y N°151 como la Ley N°19.296 sobre Asociaciones Gremiales y la propia Constitución Política del Estado en su art.19 N°19, esto es, el libre ejercicio legítimo de la libertad sindical.

Acusa que el 16 de agosto 2021 el Director Nacional del Registro Civil remitió a la Directora Nacional, el Oficio N°610, cuyo tenor literal desconoce, pero que se puede advertir que solicitaba su inhabilitación como dirigente gremial en razón de haber perdido mi calidad de funcionaria pública y la Unidad de Relaciones Laborales de la Inspección requerida, a través de su Jefa de Departamento doña nombre reservado emite la Resolución impugnada por esta vía, declarando la inhabilidad de la actora para ejercer el cargo de representación gremial al concluir que ha dejado de cumplir con un requisito esencial para ser socia de ANFURCICH (sic) y en consecuencia para seguir ejerciendo el cargo de dirigente, aplicando su facultad del inc.5 del art.19 de la Ley N°19.296.

Arguye que la resolución N° 1678 de 13 de diciembre de 2021, deviene en arbitraria, ya que la desafiliación como socia nunca ha sido acordada por la asociación, no fue pedida a la Dirección de Trabajo la declaración de su inhabilidad como dirigente para continuar ejerciendo el mandato (funciones privativas como ya se dijo), ni tampoco se han configurado los requisitos para que la Dirección del Trabajo actúe de oficio y o a petición de parte en la que puedan pedir la calificación en cualquier tiempo después de los 90 días posteriores a una elección.

Destaca que de conformidad al artículo 14 de la ley 19.296, se requiere, tanto para su desafiliación, así como para el cese en el referido cargo, en primer término: el acuerdo de la propia organización, conforme sus estatutos; y en segundo término: que se solicite a la Dirección del Trabajo que se declare la inhabilidad del aludido dirigente para continuar ejerciendo su cargo, es decir, la desafiliación no opera de pleno derecho. Con base en lo anterior, la Jefa de la Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo mal entiende la aplicación de la facultad entregada por el inciso 5 del art.19 de la Ley N°19.296 a la Dirección del Trabajo, en la parte que se refiere a que dicho servicio podrá calificar la inhabilidad en cualquier tiempo a petición de parte. En efecto, dentro de los 90 días siguientes a una elección gremial o, del hecho que la origine la inhabilidad, podrá ser calificada por la Dirección del Trabajo, pero pasado este tiempo para actuar a petición de parte deben ocurrir las situaciones antes descritas.

Añade que con el requerimiento presentado mediante Oficio N°610 del 16 de agosto de 2021, el Director Nacional se ha inmiscuido en asuntos gremiales, lo que se encuentra vetado por ley a las autoridades, constituyendo a su juicio una práctica antisindical, debido a que no está facultado para actuar como parte en estos asuntos.

En cuanto al conocimiento del acto gravoso, manifiesta que se entera del mismo, con ocasión del ORD N°121 de fecha 4 de febrero del presente año, del Inspector Provincial del Trabajo Santiago, por el que se le notifica a la Asociación Gremial ANFURCICH, el día 9 del mismo mes y año, la imposibilidad de registrar la nueva directiva nacional. Releva que en dicho documento se indica que la resolución de inhabilidad fue notificada a su correo electrónico registrado en la repartición con fecha 13 de diciembre de 2021 en conformidad con el art.508 del Código del Trabajo, sin embargo, en la resolución misma de inhabilidad está establecido en el punto 6 que no registro correo electrónico en el portal de la Dirección del Trabajo, y como no se encontraba en funciones en el Registro Civil, se procedió a remitir carta certificada que asegura nunca fue entregada en sus manos, perdiendo con ella el derecho de recurrir en contra de la resolución ante el Juzgado del Trabajo en la oportunidad que correspondía.

Estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto el pronunciamiento de la Jefa de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo aplica un criterio distinto y contrario al de los Dictámenes N°2501 del año 2021 y N°898/015 del año 2018, ya que tratándose de dirigentes socios de una organización que, acogiéndose a retiro o destituido, serán las bases gremiales quienes deberán calificar su continuidad y requerir ellos la intervención, de la Dirección del Trabajo, entonces tratándose de una misma situación no se aplica la misma razón ni disposición haciendo una marcada diferencia en su caso.

Alega que también se conculca el derecho al debido proceso, ya que en la dictación de la resolución impugnada no hubo bilateralidad o instancia de requerir descargos al respecto, convirtiendo a la recurrida en una comisión especial, de aquellas prohibidas por la Constitución.

En cuanto a la Libertad Sindical, argumenta que el acto recurrido vulnera no solo la libertad gremial o sindical de la actora, sino también los derechos de autodeterminación y autoconformción del gremio.

Pide en definitiva que acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución N°1678 de la Jefa de del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de fecha 12 de diciembre de 2021, con condena en costas.

Que informa al tenor del recurso, el abogado Jaime Andrés Salinas Toledo, en representación del Servicio De Registro Civil E Identificación, solicitando su rechazo.

Explica que, en lo que respecta al recurso de protección impetrado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, el acto impugnado sería el Oficio N° 610 de 16 de agosto de 2021, el que se trata de un oficio informativo emitido por el Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, actuando dentro de sus facultades, y que fue dirigido a la Directora de la Dirección del Trabajo. Remarca que no se trata de una resolución que disponga la aplicación de una sanción a la recurrente, ni que ordene la tramitación de un procedimiento disciplinario, ni ninguna otra medida directa respecto de la señora nombre reservado, sino meramente, se limita a informar una habilidad sobreviniente a la autoridad competente, para los fines pertinentes conforme lo dispone la ley.

En cuanto al otro acto recurrido, respecto de la Dirección del Trabajo, consistente en la Resolución N°1678 de fecha 13 de diciembre de 2021, manifiesta que la actora a través de este recurso, no busca la revisión del procedimiento sumario seguido en su contra ni la resolución terminal que afina el procedimiento sumario seguido en su contra, y que efectivamente culminó en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, la cual fue tomada de razón por la Contraloría General de la República y que determinó en último término su legalidad, y respecto del cual se encuentra en tramitación el recurso de protección Rol 38.252-2021, por lo tanto el presente recurso tiene por objeto la búsqueda de invalidación de dos actos administrativos posteriores a la conclusión del procedimiento, y que, en realidad, dicen relación con los efectos jurídicos propios de haber resultado afinado el procedimiento sumario mediante resolución terminal que dispuso la destitución de la ex funcionaria.

Afirma que no se han vulnerado las garantías constitucionales de la actora, y que respecto del oficio calificado de ilegal y arbitrario, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, la recurrente señala específicamente que desconoce inclusive el contenido del oficio, por lo que no tendría elementos para calificarlo de ilegal y/o arbitrario. A mayor abundamiento el oficio se basa en dos hechos ciertos que son: a. La señora nombre reservado dejó de tener un vínculo funcionario con el Servicio recurrido producto de la conclusión de un procedimiento sumario que resolvió su destitución; y b. El Director del Servicio mencionado remitió oficio informativo de la antedicha circunstancia a fin de que la Dirección del Trabajo adopte las medidas jurídicas pertinentes, propias del ámbito de su competencia, conforme lo dispone la ley.

Arguye que la actora no explicita en qué consistiría la ilegalidad o arbitrariedad del oficio de comunicación remitido desde el Servicio a la Dirección del Trabajo, ni refiere específicamente de qué manera dicho oficio vulneraría los derechos fundamentales que la recurrente invoca en el recurso impetrado. Concluye, respecto del este acto impugnado, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en primer lugar, porque no ha sido expresamente pedido por la recurrente en el petitorio del recurso y porque, además, el acto emanado de dicha autoridad es plenamente respetuoso del principio de juridicidad.

En cuanto a la resolución N°1678 de la jefa del departamento de relaciones laborales de la Dirección del Trabajo de fecha 12 de diciembre de 2021, afirma que dicho acto sólo se trata de un ejercicio de subsunción normativa tradicional, que no implicó el ejercicio arbitrario ni ilegal por parte de la Dirección del Trabajo, sino, por el contrario, la mera aplicación de la legislación vigente conforme el legislador ha establecido, y dentro del ámbito de sus competencias. Destaca que la Dirección del Trabajo no sólo ha razonado de manera completamente lógica en el presente caso, sino que añade un argumento adicional: ninguna persona que no sea parte de la asociación gremial respectiva podría asumir un cargo de la directiva de la misma. Perdiendo la calidad de socio de dicha asociación se pierde también la posibilidad de asumir un cargo como el señalado. Conforme a lo anterior, a su juicio, el recurso interpuesto por la recurrente debe ser íntegramente rechazado en el presente caso, en lo que refiere a su intención de perseguir la invalidación de la resolución dictada por la Dirección del Trabajo.

Niega que la declaración de inhabilidad sea una “función privativa del propio gremio”, pues ha sido el legislador el que ha consagrado expresamente la competencia de la Dirección del Trabajo para pronunciarse, de oficio o a petición de parte, sobre la materia.

Argumenta que ninguna disposición del estatuto del gremio permite que terceros, que no sean parte de la entidad administrativa, se afilien a éste. Y, ni aún si lo dispusieran, podrían éstos superar un análisis de legalidad, pues se trataría de terceros absolutamente ajenos al Servicio, y a la misma función pública, desvirtuando incluso las mismas finalidades del establecimiento de esta organización gremial, y todas las organizaciones gremiales del Estado reguladas en la Ley 19.296.

Alega que no es efectivo que el Director del Servicio recurrido se hubiese inmiscuido en asuntos gremiales mediante la emisión del Oficio informativo N°610 de 16 de agosto de 2021, dado que, en primer lugar, se trata de un oficio que por definición no es un acto administrativo y, en segundo lugar, no se trata de una orden o instrucción a la Dirección del Trabajo, sino meramente una comunicación entre entidades administrativas de carácter informativo, a fin de que la autoridad competente, de oficio (tal como lo ha hecho) aplique la ley vigente ante la nueva situación. Y precisamente para cumplimiento de dicha facultad, que se pone en conocimiento de la autoridad laboral, a fin de que ésta se pronuncie dentro de plazo, atendido que cuenta con un plazo de 90 días desde acaecidos los hechos que producen la inhabilidad del respectivo director, que en este caso lo constituye el acto terminal de Destitución de la funcionaria, como ella misma reconoce.

En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, fundamentada en no haber respetado los criterios establecidos en los Ordinarios N° 2501, de 03 de noviembre de 2021, y N° 898/015, de 15 de febrero de 2018, manifiesta que ninguna de las hipótesis establecidas en dichos instrumentos se aplican a este caso.

Explica que se ha invocado también como acto administrativo comparativo el Ordinario 2501 de 3 de noviembre de 2021. Dicho dictamen fue pronunciado precisamente como respuesta ante una consulta hipotética de ANFURCICH, y en el caso concreto la opinión de la Dirección del Trabajo, tal como había señalado previamente, es que ha de estarse precisamente al acuerdo de la respectiva asociación gremial, conforme a sus estatutos. Aquello sería plenamente coherente con la afirmación que el mismo dictamen expone en cuanto la cesación en el cargo directivo, así como su inhabilidad, no opera de pleno derecho, pues requiere del pronunciamiento expreso de la Dirección del Trabajo, una vez que se analicen expresamente los contenidos de los estatutos respectivos, tal como ha ocurrido en el presente caso, pues precisamente ha sido aquello lo realizado por la Dirección del Trabajo. Además, la consulta referida y resuelta en el dictamen invocado por la recurrente refiere específicamente a la situación que vivía la señora nombre reservado previo a la dictación de la resolución que resolvió su inhabilidad, y es la misma Dirección del Trabajo la que advirtió que se encontraba revisando el caso, de oficio, y que la inhabilidad ni la desafiliación operaban de pleno derecho, sino que requerían del análisis jurídico de dicha entidad para la emisión del pronunciamiento respectivo.

A su vez, niega que se haya vulnerado el debido proceso, advirtiendo que fue la señora nombre reservado quien omitió realizar presentación alguna ante la autoridad administrativa laboral, que dicha entidad administrativa cumplió con la dictación de la resolución y su envío por correo conforme dispone la ley, más la señora nombre reservado no utilizó las vías impugnatorias establecidas en la propia ley que dispone en su artículo 19 inciso quinto.

Finalmente concluye que tampoco se ha conculcado la garantía constitucional de libertad sindical, que más allá de que la recurrente no especifica de qué manera y en qué consistiría específicamente la vulneración de su derecho fundamental, ni menos argumenta acabadamente su titularidad, lo cierto es que nunca se le ha sancionado a la recurrente en razón de consideraciones o motivos sindicales, sino que, claramente, por haber generado una perturbación en el normal funcionamiento del Servicio, por haber provocado una paralización en la apertura, que decantó en la resolución de destitución.

Solicita en definitiva que se rechace el recurso por cuanto no ha existido ninguna vulneración a los derechos fundamentales de la recurrente, ni es posible imputar al Servicio de Registro Civil e Identificación, ninguna medida o acto que pudiese ser calificado de arbitrario o ilegal, con costas.

Que evacúa informe por la parte recurrida Dirección del Trabajo, la abogada María Eliana Alegría Esteban, solicitando el rechazo de la presente acción.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido. Señala que la resolución recurrida Nº 1678 de fecha 13 de diciembre del 2021, que da respuesta al Oficio Nº 610 de fecha 16 de agosto del 2021, enviado por el Director Nacional del Registro Civil e Identificación, el cual solicitó a través de dicho oficio, que la Dirección del Trabajo, califique la inhabilidad o incompatibilidad que afectaría a doña nombre reservado, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, ANFURCICH, en atención a que la Contraloría General de la República, con fecha 06 de agosto del 2021, aplicó la medida disciplinaria de destitución, conforme a lo establecido en el artículo 131 del D.F.L. 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Es decir, no se estaría dando cumplimiento con lo establecido en los artículos 31 y 33 de los estatutos de dicha organización, ya que doña nombre reservado ya no es funcionaria del Servicio del Registro Civil e Identificación.

En atención a lo anterior, y a los antecedentes tenidos a la vista, en especial a los Estatutos de la referida asociación, en los que se señalan como uno de los requisitos para ser director de la asociación tener un antigüedad de dos años como socio, en relación con lo estipulado en la letra a) del artículo 33 del mismo cuerpo estatutario que señala que los socios perderán su calidad cuando “Dejen de pertenecer a la entidad base de la Asociación”, es que la Dirección del Trabajo, mediante el acto impugnado resuelve inhabilitar de su cargo de dirigente del Directorio Nacional de la asociación de funcionarios del Registro Civil e Identificación, ANFURCICH, a doña nombre reservado.

Explica que en el artículo 19 de la Ley 19.296 se establece el procedimiento judicial regulado por el legislador para reclamar este tipo de actos, el cual consiste en un reclamo judicial ante los Juzgados de Letras del Trabajo, dentro del plazo de 5 días desde que es notificada. Destaca que doña nombre reservado fue notificada de la resolución reclamada, en virtud de lo que establece el artículo 508 del Código de Trabajo, por carta certificada, enviada al domicilio que consta en los registros de la Dirección del Trabajo, y que es el mismo señalado en el recurso de protección.

Afirma que si la recurrente estimaba que con la dictación de la Resolución Nº 1678, se estaría vulnerando la aplicación de las normas sobre organizaciones sindicales, debió presentar reclamo judicial en los Tribunales de Justicia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 420 letra b) del Código del Trabajo y añade que lo anterior es reconocido por la propia recurrente en su presentación, al señalar que la Resolución Nº 1678, era reclamable judicialmente, pero que en atención a que la carta certificada enviada por la Dirección del Trabajo no “habría sido entregada en sus manos”, lo que asevera que no es efectivo, habría perdido la oportunidad de reclamar en los Tribunales de Justicia.

Por lo anterior estima que existen acciones judiciales que son idóneas para conocer del conflicto que la recurrente plantea en el recurso de protección, por lo que no sería procedente el mismo, y que así lo ha resuelto la jurisprudencia de Tribunales Superiores, por lo que solicita se rechace el recurso por improcedente.

En subsidio alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, argumentando que la resolución impugnada fue emitida en atención a las facultades expresamente conferidas a dicho Servicio por la Ley N° 19.296, por lo que no puede ser calificado de ilegal.

Además, el acto recurrido fue razonado, argumentado y fundado conforme a Derecho, como se aprecia de su texto y redacción, de modo tal, que es no es posible aseverar que sea producto de mero capricho de quien lo dictó.

Finalmente, y en subsidio de todo lo señalado precedentemente, informa sobre los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección. Relata al efecto que respecto de la situación de la actora se realizaron varias consultas. Así, con fecha 27 de agosto del 2021, doña nombre reservado, Presidenta Regional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Civil e Identificación, ANERCICH, solicita pronunciamiento por situación de la funcionaria, la que fue contestada mediante Ordinario Nº 2501 de fecha 03 de noviembre del 2021, del jefe del Departamento Jurídico de dicho Servicio, el cual determinó que es procedente que la Dirección del Trabajo califique la inhabilidad sobreviniente de doña nombre reservado, a petición de parte, por la causal que en dicho requerimiento señala, sin que sea necesario que la organización acuerde a su respecto la desafiliación y cese en el cargo, como acaecería si la afectada se hubiera acogido a jubilación. Que así entonces, aclarado lo anterior, el Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, instruye a la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, activar el procedimiento de inhabilidad, tal como da cuenta el Oficio Ordinario Nº 2000-86/2021 del 03 de noviembre de 2021, que se acompaña en un otrosí.

Agrega que, de acuerdo a las instrucciones vigentes del Servicio, contenidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en Organizaciones Sindicales y Asociaciones de Funcionarios, una vez que sea requerida la declaración de inhabilidad o incompatibilidad, la Inspección del Trabajo donde se encuentra registrada la respectiva organización sindical, deberá notificar a la afectada, para que en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de notificación, formule sus descargos y presente los antecedentes que los sustentan. Expone que se procedió a remitir por carta certificada el Ordinario 1995 de fecha 10 de noviembre del 2021, mediante el cual se le notifica la activación del procedimiento de inhabilidad a su calidad de dirigente de ANFURCICH, la que le fuera enviada al domicilio que registraba en el sistema informático de Relaciones Laborales del Servicio. Hace presente que las notificaciones realizadas por la Dirección del Trabajo, son conforme a lo que expresamente señala el artículo 508 del Código del Trabajo.

Refiere los requisitos para ser director de una organización sindical, conforme al artículo 18 de la Ley Nº 19.296, y en relación al mismo lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos vigentes de la referida Asociación que establece los requisitos para ser dirigente, y señala dicho articulado en la letra b): “Tener una antigüedad de dos años como socio para Directivo Nacional…” y el artículo 33 de dicho Estatuto señala en la letra a) que los socios perderán su calidad de tales cuando “Dejen de pertenecer a la entidad base de la Asociación”. Así, se concluye que es de la esencia ser socio de una organización para gozar de los derechos y prerrogativas que tal calidad le confiere, entre los cuales se encuentra el poder ser electo como dirigente de la misma. Por tanto, una vez que se pierde lo principal, que es la afiliación a dicha entidad gremial, se perdería también lo accesorio, que es el derecho a integrar la directiva. En definitiva, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, se verifica que la recurrente, doña nombre reservado, dejó de cumplir con un requisito esencial para ser socio de la aludida organización y, por tanto, para seguir ejerciendo el cargo de directora de aquella.

Por lo anteriormente razonado, resulta jurídicamente procedente que la Dirección del Trabajo, hiciera uso de la facultad contenida en el artículo 19 inciso 5 de la Ley Nº 19.296 y, por tanto, resolviera inhabilitar de su cargo de dirigente del Directorio Nacional de la Asociación de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, a doña nombre reservado.

Por último, hace presente que la resolución Nº 1678, fue notificada en conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, a través de carta certificada, enviada al domicilio de la actora, y que corresponde al mismo señalado en el recurso de protección, y que según da cuenta el númern de seguimiento en línea entregado por Correos de Chile, dicha notificación fue recepcionada correctamente.

Enfatiza que no se han vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, y que no cumpliendo el recurso interpuesto con ninguno de los requisitos y supuestos que la propia Carta Fundamental exige para su interposición y viabilidad, debe ser rechazado por improcedente, con expresa condena en costas.

Considerando:

1°) Que se deduce acción de protección, en contra de la Resolución N°1678 de 13 de diciembre de 2021, de la Jefa de la oficina de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo y el Oficio N°610 de fecha 16 de agosto 2021 de la Dirección Nacional del Registro Civil, que declaran su inhabilidad como dirigente gremial, lo que significa una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°2, 3 inc.5 y 19 de la Constitución Política de la República, no obstante hace presente que desconoce el tenor del oficio emanado de la dirección nacional del Registro Civil en contra del cual reclama.

2°) Que no existe discusión en autos en orden a que los actos en contra de los cuales se reclama se producen con posterioridad al hecho que la recurrente fuera cesada en el cargo que ejercía en el servicio de Registro Civil, luego de haberse tramitado en su contra un sumario en el que se dispuso su destitución como funcionaria de dicha institución, fecha en la cual ocupaba el cargo de presidenta de Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil “ANFURCICH”.

2°) Que, en relación con el Oficio N°610 de la Dirección Nacional del Registro Civil, se debe tener presente que éste no constituye una resolución en virtud de la cual se adopte alguna decisión en relación con la recurrente, sino que constituye tal como se le singulariza, un oficio dirigido a la dirección del trabajo a objeto de comunicarle qué doña nombre reservado quien ejercía el cargo de presidenta de la asociación de funcionarios, dejó de pertenecer al servicio de Registro Civil en virtud de una medida disciplinaria de destitución aplicada como consecuencia de un sumario instruido en su contra, comunicación que se efectúa para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 19296, a objeto de que califique la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente de la ex funcionaria para seguir ejerciendo el cargo de presidenta de la asociación de funcionarios. En consecuencia, tal como se indicó, constituye solo un oficio informativo para los efectos de que la dirección del Trabajo ejerza las facultades que le competen en relación con las circunstancias que se dan a conocer en dicho oficio.

3°) Que en respuesta al oficio antes referido, la Dirección del Trabajo emitió la resolución 1678, en contra de la cual también se dirige la acción constitucional, resolución que dispone “inhabilite de su cargo de dirigente del directorio nacional de la asociación de funcionarios del servicio de Registro Civil e identificación ANFURCICH R.A.F. 93. 01. 0312 a la señora nombre reservado”, lo anterior fundado en que la señora nombre reservado dejó de cumplir los requisitos exigidos por los estatutos de la asociación para ser socia de este y consecuentemente ejercer cargos directivos.

4°) Que el inciso quinto del artículo 19 de la ley 19296, que establece Normas Sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, dispone: “La inhabilidad o incompatibilidad, actual o sobreviniente, será calificada de oficio por la Dirección del Trabajo, a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la elección o del hecho que la originare. Sin embargo, en cualquier tiempo podrá calificarla, a petición de parte. En todo caso, tal calificación no afectará los actos válidamente celebrados por el directorio. El afectado por la calificación señalada en el inciso anterior podrá reclamar de ella ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde que le sea notificada.

El afectado que haga uso del reclamo previsto en el inciso anterior mantendrá su cargo mientras aquél se encuentre pendiente y cesará en él si la sentencia le es desfavorable.

5°) Que por su parte el inciso 1° del artículo 31 del Estatuto de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil dispone: “Podrán pertenecer a esta asociación, los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, que pertenezcan a la planta o a la contrata del servicio”. A su turno la letra a) del artículo 33° del mismo Estatuto agrega, “a) Los socios perderán su calidad de tales cuando: a) dejen de pertenecer a la entidad base de la asociación.

6°) Que como se dijo, no se ha cuestionado en estos antecedentes, la circunstancia de que la recurrente fue destituida de sus funciones en virtud de un sumario administrativo dirigido en su contra, de lo que se sigue que necesariamente dejó de pertenecer a la entidad base de la asociación de la que ella era presidenta, y por lo mismo se ha generado una causa sobreviniente que no le permite continuar como socia de la referida Asociación y como consecuencia de ello no puede continuar ejerciendo cargos directivos en la misma.

7°) Que de lo que se viene diciendo, solo cabe concluir que las recurridas no han incurrido en ilegalidad alguna, sino por el contrario han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley 19.296, toda vez que en el caso del Servicio de Registro Civil solo comunicó a la dirección del trabajo la circunstancia sobreviniente de la recurrente, lo que en caso alguno constituye una resolución que afecte de alguna forma los derechos que la Constitución garantiza a la recurrente y que está considera vulnerados, por cuanto constituye un simple oficio informativo que no genera por sí mismo algún efecto respecto de la ex funcionaria.

8°) Que or otra parte en el caso de la resolución dictada por la Dirección del Trabajo, ésta actuó dentro de los márgenes establecidos en el artículo 19 antes transcrito, el que incluso le permite actuar de oficio en estos casos, cómo ocurrió la especie, una vez conocidos los antecedentes remitidos en el oficio dirigido por el Servicio de Registro Civil e Identificación 9°) Que asimismo, los actos impugnados no pueden ser considerados arbitrarios, desde que en el caso del oficio del Registro Civil, éste no constituye una resolución que pueda ser impugnada por esta vía, sino un mero oficio informativo requiriendo un pronunciamiento de la autoridad competente para estos efectos; y, en el caso de la resolución dictada por la Dirección del Trabajo, ésta contiene los fundamentos legales y reglamentarios que la justifican, y de los que aparece que su decisión no se debe a un mero capricho sino al uso de las facultades que la ley expresamente le entrega.

10°) Que en razón de lo señalado no habiéndose cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna, los actos impugnados no han podido vulnerar los derechos qué la recurrente considera como infringidos, de modo que la acción de protección deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo y del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Ministro Sra. Dora Mondaca Rosales.

Rol 307-2022-PROT.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la ministra señora Dora Mondaca Rosales, Fiscal Judicial señor nombre reservado y abogado integrante señor Ignacio Castillo Val. No firma el abogado integrante señor Castillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.