Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Cordillera

En Santiago, a veinte de noviembre del año dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 21 de junio de 2017, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Abarrotes Económicos S.A., con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra del fiscalizador don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado° piso, esquina Santa Elena, comuna de Puente Alto, en razón de haber dictado la Resolución Administrativa de Multa N° 1782/17/29, por la cual se aplicó a su representada dos multas laborales por un total de 120 UTM, vulnerando gravemente las garantías constitucionales previstas en los numerales 24° y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y el principio general de non bis in ídem y, con ello, la garantía constitucional de legalidad en materia penal.

SEGUNDO: Que el recurrente indica que la Resolución Administrativa de Multa N° 1782/17/29 fue dictada por el fiscalizador recurrido con fecha 9 de mayo del año en curso y notificada a su representada mediante carta certificada despachada el 15 de mayo y recibida efectivamente el día 23 del mismo mes y año. Agrega que dicha resolución impone dos multas administrativas, por supuestas infracciones que se habrían constatado en el supermercado “Bodega Acuenta”, de la comuna de Puente Alto, en fiscalización de 8 de mayo de este año.

Precisa que, a través de la primera de dichas multas se imputa a su representada una infracción al artículo 11 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (DS 594/1999 Ministerio de Salud), consistente en “no tomar las medidas efectivas para evitar la presencia de insectos (roedores)”, la que se configura en el hecho de no tomar las medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario en el supermercado ubicado en Gabriela N° 03960, Puente Alto. Por la segunda multa se imputa una infracción al artículo 184 del Código del Trabajo, consistente en “no tomar todas las medidas necesarias eficazmente para proteger la vida y salud de los trabajadores”, constituyendo esta infracción el hecho de no tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, al no permitir la evacuación de los trabajadores del lugar ante la presencia de ratones (violación al artículo 11 del DS 594) y al no respetar orden de SEREMI de Salud, en su acta N° 0147358, la cual decreta el cierre temporal del local por la razón antes expresada.

Destaca que la segunda multa tiene como antecedente una fiscalización previa de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en el entorno de la cual se decretó el “cierre temporal” del establecimiento mencionado. Dicha fiscalización se practicó el día 5 de mayo de este año 2017, lo que implicó la iniciación de un sumario sanitario (Expediente N° 1813-2017-CSA), en el que con fecha 17 de mayo se dictó y notificó a su representada la Resolución Exenta N° 3788, a través de la cual se aplica una multa de 150 UTM, estimándose por parte del señor SEREMI “que los hechos descritos importan infracción a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Reglamento Sanitario de los Alimentos y a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, ambos del Ministerio de Salud. Agrega que, tras una nueva visita, realizada el 12 de mayo, se levantó un acta en la que se deja constancia de las medidas correctivas adoptadas por la empresa, que el local se encontraba cerrado y sin atención de público y que la empresa había acatado la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.

Conforme a lo anterior, afirma que el actuar de los recurridos resulta ilegal y arbitrario. En primer lugar, importa una contravención a lo dispuesto en el artículo 191 del Código del Trabajo, pues la materia de la fiscalización y posterior sumario sanitario llevados a cabo por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana dice relación con el cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, particularmente el artículo 11 de dicho cuerpo normativo, resultando su representada sancionada con una alta multa; a su vez, la fiscalización llevada a cabo por la Inspección Provincial del Trabajo se refiere manifiestamente a la misma materia, toda vez que son los mismos hechos los que motivan la aplicación de la primera de las multas laborales y la calificación jurídica de dichos hechos es reiterativa a la efectuada por la autoridad sanitaria, esto es, ser ellos constitutivos de infracción al artículo 11 del D.S. N° 594. Más grave aún, continúa, es que el fiscalizador procede a verificar si su representada dio o no cumplimiento a la prohibición de funcionamiento previamente emitida por funcionarios de la SEREMI de Salud, calificando el alcance de dicha prohibición – asimilándola a una orden de cierre temporal – y llegando a sancionar a su representada por no haberla supuestamente acatado.

Sostiene que la Inspección del Trabajo carecía de competencia para fiscalizar y sancionar a su representada por los mismos hechos que estaban siendo conocidos por la autoridad sanitaria a través del respectivo sumario sanitario y para sancionar el supuesto incumplimiento de una orden dictada en el entorno de dicho sumario, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Desarrolla brevemente las garantías que se estiman vulneradas por el actuar de los recurridos para, finalmente, solicitar se acoja su arbitrio, ordenando dejar sin efecto la Resolución de Multa Administrativa N° 1782/17/29 (1 y 2), con costas.

Acompaña, a fs. 1, copia resolución de multa(s) N° 1782/17/29 (1 y 2), de 9 de mayo de 2017, de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera; a fs. 3 vuelta, copia resolución exenta N° 003788, de 17 de mayo de 2017, del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (que alza medida de prohibición de funcionamiento e impone multa de 150 UTM); a fs. 4 vuelta, copia acta de inspección N° 0147358, de 5 de mayo de 2017, de la SEREMI de Salud; y a fs. 5 vuelta, copia acta de inspección N° 0147570, de 12 de mayo de 2017, de la SEREMI de Salud.

TERCERO: Que a fojas 87, con fecha 8 de noviembre del año en curso, la abogada doña Paula Frías Espinoza, por los recurridos, informa el recurso, alegando, en primer término, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido. Explica que la acción de protección constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado y que, no obstante lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que pueda deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes, no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley. Agrega que, en este caso, se interpuso recurso de protección en contra de una resolución que resuelve una solicitud de reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que el recurrente, respecto de una resolución de multa, tiene la opción de accionar en virtud del artículo 503 del Código del Trabajo a través de un reclamo directo de multa, o bien presentar reconsideración administrativa de la misma, virtud de lo señalado en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, resolución que es reclamable judicialmente según artículo 512.

Así, continúa, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente los derechos que se dicen conculcados, citando al efecto diversos fallos.

En consecuencia, solicita declarar la improcedencia del recurso interpuesto.

Seguidamente, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. De este modo, afirma que la resolución impugnada no puede ser tildada de ilegal o arbitraria, toda vez que está dictada en atención a facultades expresamente conferidas al Servicio por el artículo 505 del Código del Trabajo (legalidad/competencia); fue razonada, argumentada y fundada conforme a derecho (ausencia de arbitrariedad); y, además, no existe amenaza, privación o perturbación a las garantías constitucionales aludidas por la recurrente.

Finalmente, en subsidio de lo anterior, informa sobre los hechos y circunstancias que han dado lugar a la presente acción. Al efecto, menciona que el 5 de mayo de 2017 se inició proceso de fiscalización solicitado por trabajadores, señalándose que el trabajador perteneciente al sindicato interempresa Lider Sil denuncia que durante la mañana (de ese día) el supermercado fue clausurado por SEREMI de Salud, por plaga. Sin embargo, la empresa mantiene dentro del local a los trabajadores ordenando mercadería y se entregó instrucción que, a contar del sábado 6 de mayo, deben presentarse a trabajar. Indica que se aplica el procedimiento de fiscalización, según Circular 88, de 5 de julio de 2001 y lo resuelto por el Inspector Provincial del Trabajo Cordillera se ha ajustado plenamente a derecho, debido a que solo procede dejar sin efecto una multa cuando la reclamante alega y acredita que ha existido un error al momento de cursar la sanción, circunstancia que no ocurrió.

En cuanto a la alegación que la fiscalización de la Dirección del Trabajo importaría una contravención a lo dispuesto en el artículo 191, inciso 3º, del Código del Trabajo, y con ello una vulneración a lo prescrito en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, señala que, sin perjuicio que el artículo 131 del DS N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, indica que las infracciones a sus disposiciones serán sancionadas por los servicios de salud, de conformidad al Código Sanitario, el artículo 27 del DFL N° 2, del Ministerio de Trabajo establece que los Inspectores del Trabajo podrán actuar de oficio cuando sorprendan infracciones a la legislación laboral o cuando sean requeridos por personas que se identifiquen debidamente, y que el artículo 184 del Código del Trabajo, inciso 4º, establece expresamente que corresponderá también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen. Así, concluye que no existe un exceso de facultades, sino que la Dirección del Trabajo es un órgano plenamente facultado para realizar la fiscalización en cuestión.

En lo que dice relación que, tratándose de la primera multa, se habría sancionado por los mismos hechos que ya sancionó la SEREMI de Salud, en relación con el principio del non bis in ídem, asevera que la Dirección del Trabajo y sus Inspecciones están obligadas a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. A mayor abundamiento, la sanción aplicada por la SEREMI de Salud corresponde a la constatación de hechos realizada el 5 de mayo de 2017, por la existencia de fecas de ratones en el lugar fiscalizado; que, ante tal circunstancia se decreta la prohibición de funcionamiento; no obstante ello, la reclamante hace laborar a los trabajadores igualmente los días siguientes a la medida decretada, razón por la cual denuncian dichos hechos a la Dirección del Trabajo, la que constata el 8 de mayo de 2017, en visita en terreno, que la reclamante hizo trabajar a sus dependientes los días 6 y 7 de mayo de 2017, conforme lo consignado en el registro de asistencia y declaración de los propios trabajadores; que luego la SEREMI de Salud vuelve a realizar una visita a la empresa, el 12 de mayo de 2017, decretando el levantamiento provisorio de la medida de prohibición de funcionamiento, pero indica que no se han acreditado medidas efectivas contra la existencia de ratones en el lugar, razón por la cual el levantamiento definitivo del cierre queda en suspenso, sujeto a verificación posterior, multándose con fecha 17 de mayo de 2017 a la empresa por los hechos constatados el 5 de mayo. Así, cuando concurre la Dirección del Trabajo se constata una reiteración en la conducta infraccional del recurrente, ya que con fecha 8 de mayo de 2017 este no ha tomado medidas efectivas y fehacientes para evitar la entrada de ratones al lugar, razón por la cual los hechos constatados no son los mismos. Al efecto, cita el fallo de la Excma. Corte Suprema en causa rol 30.252-2017.

Por otro lado, en cuanto a la segunda multa, en que se habría calificado el alcance de la prohibición de funcionamiento decretada por la SEREMI de Salud, sin tener facultades para ello, afirma que la Dirección del Trabajo sí está facultada para calificar el cumplimiento de la normativa en cuestión y que, claramente, la prohibición de funcionamiento decretada por la SEREMI de Salud debía entenderse no solo como una prohibición de prestar servicios al público, sino como una prohibición de funcionamiento y con ello de prestación de servicios de sus dependientes.

Hace presente que las alegaciones de la recurrente, que dicen relación con el mérito de la multa, requieren de un juicio de lato conocimiento, prueba y bilateralidad en el proceso, situación que se cumple a través de las acciones que contempla el Código del Trabajo.

Por último, alega falta de causa de pedir. En este sentido, refiere que la resolución de multa por la que se recurre fue íntegramente pagada, por lo que no existe actualmente la causa que llevó a la reclamante a accionar de protección; así, lo solicitado en el petitorio en cuanto a que se dejen sin efecto las multas es incompatible con la existencia de multas íntegramente pagadas por la contraria, por lo que este recurso debe ser rechazado íntegramente.

Por las razones esbozadas, concluye que el presente recurso de protección es absolutamente improcedente, toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos y supuestos que la Carta Fundamental exige, no habiendo afectación, ni aún en grado de amenaza, de los derechos y garantías invocados, por lo que reitera su petición de rechazo de este arbitrario, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

QUINTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha incurrido la entidad recurrida en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, perturben o priven al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República. Es del caso que, las multas impuestas por la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, lo fueron en la esfera de sus atribuciones, dentro del marco legal y no han sido arbitrarias, en virtud de una ponderación de la constatación fáctica de hechos que dieron base a ellas, y la posibilidad de impugnar éstas por las vías legales ordinarias, lo que la parte recurrente no hizo, en la forma y plazos que establece el mismo Código del Trabajo. A mayor abundamiento, la parte recurrente, pagó el importe de dichas multas, lo que implica una aceptación tácita de los fundamentos de ellas. Es por esto, que el recurso, en la forma como está planteado, será rechazado en lo resolutivo de éste.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en representación de la empresa Abarrotes Económicos S.A.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 3061-2017 – PROT.

Redacción del Abogado Integrante señor Carlos Espinoza Vidal.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Carlos Espinoza Vidal no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.

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