nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PAINE

San Miguel, treinta de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que las abogadas Ana Eugenia Fullerton Castro y Makarena García Dinamarca, deducen acción de protección en favor de nombre reservado, chilena, Técnico nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine, representada por su Alcalde, Diego Alfonso Vergara Rodríguez, ambos domiciliados en domicilio reservado, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. Fundan la acción constitucional señalando que el acto administrativo impugnado, esto es, el Decreto AlcaldicioN°1810/2021 de fecha 26 de abril de 2021, mediante el cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, que se le notifica el día 30 de abril de 2021, es vulneratorio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República. Afirma que comenzó a prestar funciones en la Ilustre Municipalidad de Paine, el 23 de febrero 2004, por Decreto N° 1771 de fecha 30 de abril de 2015 es contratada en modalidad indefinida en el Departamento de Salud, con jornada de 44 horas a contar del 01 de abril de 2015, para ejercer el cargo de técnico dental, Expresa que En el mes de enero del año 2020 tuvo un accidente de trayecto al salir de su casa fue atropellada por una camioneta, dejándola tirada fuera de su casa sin prestarle ayuda, la cual provoco dos fracturas de parrilla costal izquierda, dos costillas fracturadas. En ese mismo mes su hijo mayor 21 años tiene un accidente automovilístico donde casi pierde la vida, con fracturas y pérdida total de su vehiculó, y su tercer episodio traumático, su primo hermano fue atropellado perdiendo la vida, fue hallado después de 10 días en Instituto Médico Legal.

Estos hechos detonaron una depresión y mucho temor de salir a la calle, acudió al Psiquiatra nombre reservado, que le diagnosticó Stress post traumático y Depresión, tratándola con medicamentos por varios meses.

En enero del año 2021, su psiquiatra le dio el alta y retoma sus funciones con absoluta normalidad en la clínica odontológica con atención programa pauta o y urgencias dentales. Hace presente que se solicita por parte de Ilustre Municipalidad de Paine, que se evalué su estado de salud a fin de determinar su recuperabilidad y Mediante Resolución exenta N° 141303 de fecha 26/01/2021 de la Seremi de Salud Regional Metropolitana, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur, resuelve que presenta actualmente un estado de salud recuperable. Indica que a continuación el 31 de abril de 2021, se le notifica el Decreto Alcaldicio N°1810/2021, que declara vacante cargo por salud incompatible, el que, en o pertinente expresa:

DECRETO:

1. DECLARESE SALUD INCOMPATIBLE CON EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION, a doña a nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 148 de la Ley 18.883, para funcionarios municipales.

2. DEJESE ESTABLECIDO, que la funcionaria presenta al momento de la notificación un total de 323 días de licencias médicas.

3. PONGASE TÉRMINO a contar de la notificación del presente Decreto a la relación laboral con doña nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, técnico dental, categoría C, nivel 8, con una jornada de 44 horas semanales en el Cesfam Miguel Solar, basado en la causal de la Ley 19.38 del Articulo Nº48 letra G, Salud incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.883, en su artículo Nº 148.

4. DECLARESE VACANTE el Cargo de la Categoría "C" a contar de la notificación de presente Decreto.

5. PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia , "Resoluciones que afecten a terceros".

6. El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico.”

Agrega que tal como indica la resolución que se impugna, se fundamenta en la facultad discrecional que le entrega la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, al Alcalde en sus artículos 147 letra a) y 148, los que transcribe.

Alegan que se trata entonces de una facultad privativa y discrecional del Alcalde, pero que discrecionalidad no significa arbitrariedad, y el ejercicio de estas facultades debe hacerse con respeto de las garantías constitucionales. Manifiesta que consta que la Resolución Exenta Nº 141.293 de 26 de enero de 2021, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resuelve que su estado de salud es recuperable. Ahora la pregunta es saber qué elementos se consideraron para determinar que su estado de salud era incompatible con el cargo. Lo único que consideró la recurrida fue el número de días de licencia médicas, por cuanto no se realizó ningún peritaje o informe con el objeto de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo. Explica que la resolución impugnada termina la relación laboral basada en la causal de la Ley 19.378 del Articulo Nº48 letra G. “Salud incompatible con el desempeño de su cargo”, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 18.883, en su artículo N.º 148, declarando vacante su cargo por salud incompatible. Afirma que es efectivo que hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, no obstante lo anterior, la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que está en tratamiento para su recuperación y su estado de salud es recuperable. Hace presente que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), fue que un organismo técnico estudiará los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para la Municipalidad y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Añade que la jurisprudencia, en relación al artículo 148, ha establecido de manera sistemática que si bien el artículo citado establece una facultad del Alcalde, al momento en que se utiliza en esta disposición la expresión “podrá”, se desprende que no se trata de la sola concurrencia de presupuestos de carácter objetivo que dejen fuera consideraciones de otro orden, tales como el tipo de patología que pudiese afectar a la funcionaria o la existencia de una declaración de salud irrecuperable por un organismo externo. En este sentido, el ejercicio de tal facultad supone necesariamente que el Alcalde debe indagar acerca de la situación particular que afecta al funcionario, requiriendo una exposición en orden a los motivos que explican una prolongada licencia médica y la documentación que la justifique, y en especial explicar por qué en el caso concreto la salud del funcionario es incompatible con el cargo. Nada de ello ha ocurrido, pues la recurrida se ha limitado a aplicar únicamente un criterio matemático consistente en la sumatoria de los períodos sin señalar la justificación porqué su salud es incompatible con su cargo. A continuación, explica de que forma el decreto impugnado afecta los garantías que esgrime como objeto de vulneración. Terminan solicitando se sirva tener por interpuesta acción constitucional de protección en contra del Decreto Alcaldicio N°1810/2021 de 26 de abril de 2021, la cual le fuera notificada el 31 de abril de 2021, emanada de la Ilustre Municipalidad de Paine, decretando los actos que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto el Decreto impugnado y reincorporar a la funcionaria a su cargo, con expresa condenación en con costas.

Que comparece la Ilustre Municipalidad de Paine, persona jurídica de derecho público, representada legalmente para estos efectos por su Alcalde, Diego Vergara Rodríguez y pide que el recurso interpuesto sea rechazado. Al efecto señala que dentro de los requisitos para interponer la acción de protección, se exige, por la jurisprudencia, que se trate de la vía idónea para perseguir arbitrariedades e ilegalidades que conculquen garantías fundamentales, así como también que sea oportuno y que exista, efectivamente, un derecho indubitado, requisitos que no concurren en la especie. Expresa que la decisión que por este acto se pretende impugnar se encuentra plenamente fundada y cumple con todos los requisitos que la ley y doctrina imponen, por lo que en ningún caso se ha producido vulneración alguna a los derechos fundamentales, mucho menos amenaza, privación y/o perturbación a alguna garantía fundamental. Manifiesta que el Decreto Nº 1810/2021 de 26 de abril de 2021 se encuentra debidamente fundado, por tanto no puede entenderse estar frente a un acto arbitrario o carente de sustento, todo lo contrario, toda vez que se cumple a cabalidad el principio de juridicidad, cumpliendo con la fundamentación de la decisión, y señalando las normativas que vinculan al Edil y que lo facultan para adoptar la decisión de cese por incompatibilidad de la salud de la funcionaria con el desempeño de sus labores. Agrega que con el objeto de contextualizar y evitar cualquier tipo de error que pudiese observarse, es menester recalcar que el tenor de las normas contenidas en el artículo 148 de la Ley Nº 18.883 “Estatuto Funcionarios Municipales”, tiene el mismo tenor que el artículo 151 de la Ley Nº 18834 “Estatuto Administrativo”. Señala que se debe considerar, para la aplicación de las normas en estudio lo estatuido en la ley Nº 18.575 “Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, Indica que en virtud de lo anterior, hace presente que la ley 18.883 “Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, se aplica al personal regulado por la ley 19.378, “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de este cuerpo legal, que en lo pertinente indica, “Artículo 4°.- En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”. Añade que resulta necesario diferenciar qué se considera como salud incompatible y salud irrecuperable, toda vez que sus efectos serán distintos, caso a caso. 1) La salud irrecuperable, es determinada así por la COMPIN, y al ser calificada de esta forma, es decir irrecuperable, no será necesario que el Sr. alcalde declare la salud incompatible del funcionario y luego el cese de sus funciones. 2) La salud incompatible, es aquella declarada por el alcalde, como consecuencia de que la COMPIN haya declarado que la salud del funcionario es recuperable, de acuerdo a los antecedentes que se le presenten. Sostiene que respecto de la Sra. nombre reservado, se recopilaron todos los antecedentes necesarios para determinar la viabilidad de la declaración de salud incompatible, y a estos antecedentes, ya se han aplicado los criterios antes señalados en el inciso primero y segundo de la norma antes indicada, es decir, se determinó que las licencias presentadas por ella son por más de 6 meses, continuos o discontinuos, en un lapso de 2 años, tal como la recurrente lo reconoce en su escrito y no se consideraron aquellas otorgadas en función de accidentes del trabajo, enfermedad profesional y los reposos vinculados a la maternidad. Agrega que como se acredita mediante documento adjunto a este informe, mediante resolución Exenta N° 141293 de fecha 26 de enero de 2021, la Compin declaró que la salud de la funcionaria era recuperable. Explica que el pronunciamiento referido a la declaración de salud incompatible es un acto administrativo discrecional del Alcalde, a diferencia del pronunciamiento sobre la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario, la cual puede ser decretada por el respectivo agente institucional técnico, la Compin. Señala que la norma indica, que para ejercer esta facultad, es decir emitir el acto administrativo que declare la salud incompatible de un funcionario, tal como acontece en este caso, se requiere previamente la evaluación del respectivo funcionario por el Compin, es decir, la única forma de determinar si la salud del funcionario es irrecuperable o bien recuperable, y declarada como incompatible por el Alcalde, será por la evaluación realizada por la Compin. Resulta necesario preguntarse entonces, ¿Cuál es la razón que fundamenta haber legislado la necesidad de esta solicitud de evaluación previa de irrecuperabilidad?, la razón radica en la incompatibilidad de la declaración de irrecuperabilidad con la de declaración de salud incompatible, y la necesidad de un pronunciamiento de carácter técnico. Manifiesta que la facultad de declaración de salud incompatible de un determinado funcionario se sostiene en los principios de servicialidad del Estado y la satisfacción de necesidades públicas. Sostiene que yerra en su apreciación la recurrente al establecer que su salud es recuperable, esgrimiendo o bien dejando entre ver la posibilidad de que pudiese considerarse este hecho como un antecedente para no declarar su salud incompatible con el cargo, pues bien, respecto a este punto es menester señalar que la declaración de salud recuperable no es impedimento de la declaración de salud incompatible, sino que es el presupuesto de su declaración. En otros términos, luego de la reforma al Estatuto Administrativo a fines de 2017, solo se puede invocar la declaración de salud incompatible si previamente el Compin ha declarado la salud como recuperable, que es precisamente lo que ocurre en este caso. Sobre el particular, hace presente que de acuerdo al reglamento de la carrera funcionaria aprobado mediante decreto Nº 220/2013 de fecha 30 de enero de 2013,que “Aprueba reglamento de carrera funcionaria que regirá a los funcionarios del Departamento de Salud de Paine”, en su artículo Nº 46, establece “ no serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo hubieran desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis meses, ya sea, en forma continua o discontinua dentro del respectivo periodo de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación del año anterior”. Expresa que el hecho de que la calificación de la Sra. nombre reservado sea de 100 puntos, dice relación con que esta se mantuvo desde su última calificación (cuando pudo ser evaluada) toda vez que en la actualidad y en atención a la cantidad de licencias médicas presentadas, su ausentismo impidió poder calificarla y se aplicó lo establecido en la norma trascrita. Agrega que otro punto a considerar es la fundamentación del acto administrativo que declaró la salud incompatible y la vacancia del cargo, toda vez que se podrá observar que los hechos descritos, normas citadas y aplicadas, y los argumentos y antecedentes contenidos en el Decreto Nª 1810/2021 de fecha 26 de abril de 2021, dan cuenta que la Sra. nombre reservado primero, tuvo un ausentismo de 603 días, es decir 1 año y 7 meses aproximadamente, en un lapso de 2 años, sobrepasando con creces los 180 días que la ley impone como máximo para declarar la salud incompatible, cabe hacer presente que en estos días de licencia no fueron considerados licencias por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las relacionadas con la protección a la maternidad y a vida familiar y; segundo, se obtuvo el informe de la Compin, resolución Exenta N° 141.293 de 26 de enero de 2021, declarando salud recuperable. Alega también la improcedencia del recurso de protección, señalando que al momento de conocer de una acción de protección, “resulta procedente esclarecer, en primer término, si la cautela impetrada está respaldada en el legítimo ejercicio de un derecho indubitado que pueda ser objeto de una medida protectora inmediata en el evento que se verifique una afectación ilegítima del mismo en la forma que preceptúa el artículo 20 de la Constitución Política de la República”. (Corte Suprema. Rol 8996-2018). Asimismo, sostiene que no procede la mentada acción cuando la interpretación de una norma efectuada por un organismo público “pudiendo o no ser compartida, aparece como legítima, razonable o plausible”. (Corte Suprema. Rol. 6130-2018). Por esta razón, afirma que el recurso de protección impetrado resulta improcedente pues se pretende impugnar que ha sido dictada conforme al principio de legalidad, y en ningún caso se trata de un acto arbitrario pues contiene el razonamiento de hecho y derecho que le dan sustento, careciendo por tanto la petición de la recurrente del primer presupuesto necesario para declarar procedente la acción de protección impetrada. También sostiene la inexistencia de afectación a las garantías constitucionales referidas por el recurrente, lo que explica en extenso. Finalmente señala que es importante considerar que se requiere una fundamentación para la determinación de cese funcionario del recurrente, lo que en la especie existió, fundada en razones objetivas y en las ausencias reiteradas en los último dos años, todo lo cual devino en que, en virtud de ellas, se haya tomado la determinación de poner cese al vínculo funcionario en razón de la declaración de salud incompatible. Indica que la objetividad y fundamentación que surge por sí misma de la sola lectura de dicha resolución que dispone el cese, no puede ser objeto de ponderación en cuanto a su verosimilitud y entidad o gravedad a efectos de conocer el fondo de cada una de ellas, por cuanto para ello se requeriría conocer los hechos tras tales circunstancias, es decir, un conocimiento, derivado de la aportación de prueba por la partes, que permita ponderar los hechos y aplicar el derecho que corresponda, es decir, todo un procedimiento de acreditación que no es dable de ser llevado en esta instancia de protección, sino que en un juicio de lato conocimiento.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del Derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

2°) Que, como se desprende de lo anterior, y según se ha señalado en fallos anteriores, a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

3°) Que el acto en contra del cual se recurre es el Decreto Alcaldicio N°1810/2021 de fecha 26 de abril de 2021, mediante el cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible.

La cuestión que corresponde resolver es si el alcalde tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo y si dicha facultad se ejerció de manera razonada y fundada, y en consecuencia no vulneró garantía alguna, no obstante existir una resolución del COMPIN de salud recuperable y no cuestiones de fondo sobre el estado de salud de la recurrente, respecto de las que se requiera un juicio de lato conocimiento como pretende la recurrida.

4°) Que de acuerdo al mérito de los antecedentes que obran en autos, es un hecho no controvertido que las licencias médicas presentadas por la recurrente se extienden por un lapso superior a 6 meses, continuos o discontinuos, en un plazo de 2 años, sin considerar aquellas que se hayan otorgado en función de accidentes del trabajo, enfermedad profesional o reposos vinculados a la maternidad.

5°) Que el artículo 144 de la Ley N° 18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo".

Finalmente, el artículo 149 prescribe: "Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador".

6°) Que para resolver, se hace necesario diferenciar entre salud irrecuperable y salud incompatible del funcionario, situaciones que son tratadas de manera diferenciada por el legislador y que en consecuencia generan hipótesis distintas al momento de considerar la posibilidad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible y para lo cual deben concurrir, según las normas pertinentes, los siguientes requisitos copulativos, a saber:

a)

Que el funcionario haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean éstas continuas o no;

b)

Que las licencias tengan y se inscriban temporalmente en los dos últimos años;

c)

Que la licencia no tenga como causa accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad;

d)

Que la salud del funcionario haya sido declarada recuperable por la COMPIN competente.

7°) Que el uso de licencias médicas por patología común por un tiempo y periodo determinado, y la declaración del COMPIN en cuanto a que la salud es recuperable, por aplicación del artículo 148 de la Ley Nº18.883, como ocurrió́ en el caso en análisis, habilita a la autoridad respectiva para ejercer la facultad de desvincular a la funcionaria por salud incompatible con el cargo, al menos con las funciones desempeñadas y para las cuales fue contratada, lo que trasunta el sentido de la norma, ya que por el contrario, carecería de eficacia práctica.

8°) Que de lo reseñado, se desprende que la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos:

a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza;

b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada;

c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

De los antecedentes de autos es posible concluir que el acto recurrido no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 144 letra c), 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883; pero, sin perjuicio de que la expresión de los motivos formales por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, no resulta suficiente para cumplir con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, puesto que no se indica ni explican los motivos por los cuales, no obstante haberse constatado que su salud era recuperable, porqué la autoridad considera que ésta es incompatible con el cargo que ejerce, cuáles serían las circunstancias que le impedirían ejercer el cargo con propiedad, nada de lo cual se esboza siquiera en el decreto impugnado, más aún si se tiene en consideración el hecho que al momento de serle notificado el acto impugnado, estaba ejerciendo las funciones para las que fue contratada 9°) Que, de lo que se viene diciendo es dable concluir que es necesario que el acto administrativo, no sólo sea legal sino que el ejercicio de la facultad sea fundado, de modo que se avenga con la razón y no con un mero capricho de quien exhibe la potestad respectiva.

10°) Que en consecuencia, si bien la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional, ésta debe necesariamente soportar un cierto estándar de fundamentación para que no se divise arbitrariedad en su ejercicio, lo que en la especie no acontece.

11°) Que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo y un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente en su contenido. Esta motivación no basta que sea formal, vaga o descriptiva, sino, todo lo contrario, debe ser precisa, considerar el mérito del caso concreto y acompañar los antecedentes y circunstancias que le sirvan de contexto. Así lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en reiterada y consistente jurisprudencia (Rol N° 27.467-2014; Rol N° 58.971-2016; Rol N° 27.467-2014 y Rol N° 58.971-2016). En este mismo sentido dicha magistratura ha llegado a sostener que una motivación “meramente formal” incluso puede llegar a implicar arbitrariedad o ilegalidad (Rol N° 27.467-2014).

12°) Que en la especie, el acto recurrido, se basó́ exclusivamente en el tiempo de duración de las licencias médicas de la recurrente sin aportar ningún otro antecedente respecto de su salud que permita fundar su decisión, más allá de la formal enunciación de actos administrativos internos de la Municipalidad, tal cual se expresa en el decreto respectivo, lo que bajo ningún respecto satisface la necesidad de fundamentación antes aludida.

13°) Que la resolución en contra de la cual se reclama es susceptible de afectar la integridad síquica de la persona que, por motivos de salud, pierde el cargo que ha desempeñado por más de quince años, garantía consagrada en el número 1° del artículo 19 de la Constitución Política.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se acoge, sin costas, la acción de protección, deducido en favor de nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Paine declarándose, en consecuencia que se deja sin efecto el decreto alcaldicio N°1810/2021 de fecha 26 de abril de 2021, mediante el cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, debiendo la Municipalidad recurrida retrotraer la situación funcionaria de la actora al estado en que se encontraba antes de la dictación del referido acto y adoptar las medidas que derivan de su ineficacia en relación al tiempo intermedio.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministro Dora Mondaca Rosales N° 3047-2021 Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora Dora Mondaca Rosales y señor Patricio Martínez Benavides.