ECOKORP LIMITADA PRODUCTOS QUÍMICOS con ILUSTRE MUNICIPALID DE LA PINTANA

San Miguel, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, factor de comercio, Gerente General y representante legal de Ecokorp Limitada, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción cautelar de protección en contra de la Municipalidad de La Pintana, representada por don nombre reservado, en su calidad de alcalde (S), ambos domiciliados en domicilio reservado, quien dictó el Decreto Exento N° 1900/12U167, de 17 de Enero 2020, notificado a su parte el día 03 de Marzo de 2020, que dispuso la clausura de la actividad productora de su representada hasta la obtención de la patente municipal, medida que en su parecer se impuso fuera de las facultades legales de la recurrida. Expresa que Ecokorp Limitada se constituyó en julio de 1996, comprando propiedades ubicadas en el barrio industrial de la comuna de La Pintana, donde instaló un galpón para el almacenamiento de productos químicos peligrosos y no peligrosos. Precisa que el sulfato de aluminio, es uno de los productos con mayor uso que elabora, transformándose la recurrente en el proveedor oficial de la empresa Aguas Andinas para servicios de potabilizacion de agua y tratamiento de RILES de toda la Región Metropolitana. Explica que a partir del año 2019 se generaron algunas modificaciones en el proceso productivo de la empresa y en este concreto el 14 de marzo de 2019 se instruyó un sumario por parte del Municipio y como diligencia, se decretó la fiscalización del lugar en que funciona su representada, visita cuya conclusión fue que se estaba realizando una actividad productiva consistente en obtener sulfato de aluminio sin contar con la respectiva calificación de industria inofensiva, según consta en acta de 9 de septiembre de 2019. Igualmente, en el año 2019, un vecino del sector efectuó un reclamo ante la Municipalidad por supuestas afectaciones derivadas de la actividad productiva de la empresa. Señala que el 23 de diciembre de 2019 se les notificó del Decreto Exento N° 1.900/499/2823, de 12 de diciembre de 2019, que ordenó la no renovación de la Patente Municipal N° 1020781, de su representada, "por cambio de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, a contar del nuevo periodo tributario" y la clausura de la actividad productiva efectuada por medios químicos. El 26 de diciembre de 2019, solicitó dejar sin efecto la medida impuesta y la suspensión del acto administrativo, respecto de la revocación de la patente y la clausura de la actividad productiva. Dice que el 7 de enero de 2020 la Municipalidad dictó el Decreto Exento N° 1900/0145, el cual fue notificado en forma conjunta el día 03 de marzo de 2020 con el recurrido, el cual deniega la reposición interpuesta por su representada en todas sus partes de manera que la actora ha agotado los recursos administrativos establecidos en la ley a fin de defender sus derechos. Precisa que el Decreto Exento N° 1.900 indica como motivo de cese de la patente el cambio de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, a contar del nuevo periodo tributario y la Clausura de la actividad productiva efectuada por medios químicos, ya que se estimó que la calidad de industria inofensiva se había otorgado para una actividad distinta, que ya no se desarrolla por la recurrente y que requiere de una nueva calificación, la que su parte solicitó en enero de 2020 a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, entidad que el 13 de enero de 2020 calificó como inofensiva la actividad, específicamente la fabricación de sulfato de aluminio. Sostiene que no obstante obtener la calificación industrial solicitada, la recurrida insiste en exigir requisitos legales, ya que requiere, aparte de la calificación técnica de la SEREMI de Salud, un informe al tenor del artículo 83 del Código Sanitario. Al efecto, sostiene que su representada cuenta con un informe contenido en la Resolución N° 23 de julio de 1996 del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana (hoy SEREMI de Salud) que informa favorablemente la “Actividad de Taller de Deshidratado de Barros de Hidróxido de Aluminio”, instrumento legal que a su juicio también permite la actividad productiva de medios químicos. Alega que el artículo 83 del cuerpo normativo referido es claro en señalar que se requiere dicho informe para la instalación, ampliación o traslado de industrias, hipótesis que no se han verificado en este caso. Añade que con los recursos administrativos interpuestos en contra de la resolución de 12 de diciembre de 2019, su representada solicitó factibilidad comercial para optar a una patente provisoria que especifique la fabricación de sulfato de aluminio como lo solicita la autoridad municipal, petición que ingresó el día 14 de enero de 2020, la cual a la fecha de interposición del recurso no ha tenido respuesta. Por lo anterior, el 23 de enero del presente año, su representada pagó su patente, la cual era válida hasta el 30 de junio de 2020, pese a lo cual se les notificó del acto recurrido, lo cual es del todo ilegal y arbitrario. Explicita que su representada desde el año 1996, cuenta con todos los permisos sanitarios requeridos por las autoridades respectivas para operar, los que pasa a enumerar, concluyendo que la autoridad municipal ha cuestionado el lugar donde se desarrolla el proyecto de producción de sulfato de aluminio, construcción que parcialmente, no cuenta aún con la recepción de la Dirección de Obras Municipales, no obstante que su representada lo requirió el 18 de noviembre de 2019, al igual que presentó una solicitud de factibilidad comercial con fecha 14 de enero del presente año que aún no se resuelve, por situaciones no imputables a su parte. Sostiene que la conducta de la Municipalidad consistente en la dictación, mediante Resolución Exenta N° 1900/12U167, de 17 de enero de 2020, donde decreta que se mantengan las medidas adoptadas en el decreto 1900/499/2823, de 12 de diciembre de 2019, y confirmadas por el decreto 1900/01/145, de 07 de enero de 2020, respecto de la empresa, constituye una actuación arbitraria e ilegal, toda vez que ordena la revocación de la patente comercial, y acto seguido otorga la misma y autoriza su pago, para a continuación, el 03 de marzo del presente, volver al estado anterior revocando la patente respectiva. En otras palabras, su representada tiene patente pagada hasta el mes de junio de 2020, sin perjuicio de lo cual la recurrida la ha clausurado, atendiendo a decretos dictados con anterioridad a la fecha en que recibe el pago de la patente y que le fueron notificados el 03 de marzo del presente. Reclama que, además, la conducta de la recurrida es ilegal, puesto que su representada ha cumplido a cabalidad las exigencias legales, en consecuencia, al decretarse la clausura, no obstante haberse aceptado el pago de la patente municipal, resulta abiertamente vulneratorio de sus derechos. Añade que actualmente está tramitando un nuevo informe que complemente la autorización de las nuevas maquinarias utilizadas, pero éste solo puede ser evacuado con la planta en funcionamiento para verificar se cumplan los estándares medioambientales, de seguridad y laborales, puesto que solo se ha modernizado el procedimiento de funcionamiento de la planta. Puntualiza que la patente municipal se debe pagar por concepto de impuestos territoriales, por mandato de la Ordenanza General de Urbanismo, por el uso de suelo, que en el caso sub-lite, solo se autoriza para actividades calificadas como inofensivas, como es la desarrollada por su representada, cuya faena no puede funcionar por una errónea aplicación de la normativa vigente por parte de la autoridad edilicia, la que contradice sus propias resoluciones, ya que al menos debería haber concedido la patente provisoria respecto de la sección clausurada. Sostiene que al conceder patentes definitivas, el Municipio sólo debe estar al permiso de edificación y al informe de la autoridad sanitaria y que para conceder las provisorias, bastaría el mérito de la calificación técnica, cuya resolución conlleva con cada día de retardo, perjuicios graves para la empresa. En cuanto a los derechos constitucionales que estima conculcados, denuncia la afectación a su derecho de propiedad atendida la clausura de sus actividades productivas, lo que le impide ejercer su explotación comercial, y, además, señala que se infringe su derecho a desarrollar su actividad económica afectando negativa y probablemente de manera definitiva la existencia de la empresa. Reclama que se ha vulnerado también su derecho al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que en el caso de marras el proceso no ha sido racional ni justo al dictarse de resoluciones contradictorias, como no renovar patente, luego concederla y sin perjuicio de ello, clausurar. Pide en definitiva a esta Corte que se revoque la clausura del sector del establecimiento donde se desarrolla la actividad productiva química, y que se deje sin efecto la orden de no renovación de la patente comercial, con costas.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso la recurrida, explicando que la actora efectuó una ampliación de sus dependencias, sin obtener antes permiso de edificación ni recepción final de estas ampliaciones, y también hizo cambios en la forma de producir sulfato de aluminio, puesto que de producirlo mediante el deshidratado de barros de aluminio, cambió el procedimiento a la utilización de medios químicos en que los residuos gaseosos de la reacción química se vierten a la atmósfera mediante una chimenea que instaló. De esta forma, su empresa pasó a transformarse de una industria de medios mecánicos a una del área química, cuestión que requiere una ampliación del giro mediante la obtención de una nueva autorización de patente en que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos, las autorizaciones correspondientes. Dice que de esta cuestión tomó conocimiento el municipio a raíz de reclamos de vecinos que derivaron en un sumario por patentes comerciales irregulares que se lleva a cabo por la municipalidad. Aclara que con el decreto 1900/499/2823 se dispusieron dos medidas, esto es, dejar sin efecto la patente existente para deshidratado de barros de aluminio N°1010781, por su no ejercicio, y a la vez clausurar la actividad de producción por medios químicos, que no puede estar amparada en la patente que poseía primitivamente el recurrente. Respecto de la patente N°1010781 se dispuso dejarla sin efecto por la vía de su no renovación, ya que el recurrente no está ejerciendo la actividad comprometida en ésta, ello a contar del 1 de julio de 2020, pues, el recurrente ya había pagado la primera cuota del período tributario.

En cuanto al requerimiento ingresado por la actora a la D.O.M aclara que se trató de una solicitud de regularización, ya que las dependencias no contaban con permiso de edificación ni recepción final, y que a raíz del presente recurso la Dirección de Obras emitió un informe del cual se desprende que no se pueden regularizar las construcciones de la propiedad en las condiciones en que pretende hacerlo el recurrente, porque presenta dos predios con construcciones en los deslindes de ellos y sin respetar distanciamientos entre los predios colindantes, debiendo por lo tanto, realizar el trámite de regularización al fusionarse los predios. Comenta que el decreto 1900/499/2823 de 12 de diciembre de 2019, ordenó la no renovación de la patente municipal N° 1010781 por cambio de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, a contar del nuevo período tributario y la clausura de la actividad productiva y que pese a la calificación de la faena como inofensiva su parte insiste en requerir requisitos legales, tal como se señala en el decreto de 17 de enero, de conformidad con el artículo 83 del Código Sanitario, esto es obtener y presentar un informe sanitario, que complementa la resolución de calificación técnica, informe que debe dar cuenta de que se ha verificado por la SEREMI de Salud el cumplimiento de la normativa medioambiental, y de seguridad y salud ocupacional de un establecimiento industrial, y en el que se explique que técnicamente se han controlado todos los riesgos asociados a su funcionamiento. Así, se requiere de dos resoluciones de orden sanitario; la resolución de calificación y la autorización sanitaria de funcionamiento, las que están indisolublemente unidas. Agrega que la obtención de la resolución sanitaria quedó además condicionada en la resolución de calificación de industria inofensiva a la que alude la contraria a que la empresa “controle sus molestias dentro de su propio predio e instalaciones”, de manera que para renovar la patente no es únicamente necesaria la resolución de calificación como aquella entiende. En tal tenor el decreto original fundamentó exhaustivamente los motivos de la clausura. Explica que la contraria presentó un escrito de reposición de ese decreto, el que se resolvió el 7 de enero de 2020, bajo el número de decreto 1900/01/45, pero antes de que fuera notificado a la recurrente, esta presentó mediante otro escrito la indicada calificación, presentación que se tuvo como complemento de su reposición, a pesar que esta ya se había resuelto.

Indica que el artículo 83 del Código Sanitario exige para la concesión de patentes definitivas de instalación, ampliación o traslado de industrias, un informe previo de la autoridad sanitaria sobre los efectos que ésta puede ocasionar en el ambiente, y que a este respecto la recurrente se ampara en un informe de 1966 y la circunstancia de estar tramitando otro informe que autoriza la actividad de fábrica de Sulfato de Aluminio. Pese a ello, la actividad que era desarrollada antiguamente por la empresa corresponde a la de “Taller de Deshidratados de Barros de Hidróxido de Aluminio” que debía desarrollarse en las condiciones dispuestas en esa autorización, esto es, 5 trabajadores varones, un molino, una bomba de agua, y un compactador sin fin, y en un solo predio de los dos que actualmente ocupa la empresa. De esta manera, la actividad que se ha clausurado es una actividad productiva nueva que se desarrolla en dos predios y que exige nuevos estándares sanitarios y ambientales, actividad que no puede entonces ampararse en la patente otorgada para taller de deshidratados, existiendo un nuevo giro que debe obtener una patente distinta ya que se trata de la instalación de una industria de conformidad al Código Sanitario, o en su defecto a una ampliación de la misma, ya que implica el uso de nuevas maquinarias, nuevos procedimientos de producción y más personal y del uso de un segundo predio. Añade que debe tenerse especialmente presente que, respecto del ácido sulfúrico, sustancia altamente peligrosa, la recurrente solo tiene una resolución que es para bodegaje del mismo, pero no para su utilización en un procedimiento químico, y aclara que para que la SEREMI pueda verificar las condiciones de funcionamiento de la faena no existe ninguna imposibilidad para la recurrente, porque puede solicitar a la municipalidad el alzamiento de la clausura para los efectos que esa autoridad verifique las condiciones de funcionamiento. En cuanto a la posibilidad de otorgarle a la actora una patente provisoria, dice que la recurrente solicitó efectivamente una factibilidad comercial, requisito previo para obtener una patente, pues en ella se certifica la posibilidad de instalación, la que está pendiente, entre otras razones, mientras no se regularicen las construcciones adicionales que ha efectuado en el predio y fusione los predios como ya se ha señalado, y que, además, en este caso no existió una situación excepcional que permitiera otorgar patente provisoria inmediata sin el cumplimiento de los requisitos legales al tenor de lo dispuesto en la letra c) del artículo 26 del Decreto 3036 de Rentas Municipales, ya que para aquello es menester que se acredite que se solicitó la autorización sanitaria, cuestión que no le consta al Municipio y que sólo se menciona en la presente acción. Sostiene que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en el obrar de su representada porque los fundamentos por los cuales se desechó mantener la patente existente y por los cuales correspondía mantener la clausura se hicieron presente al recurrente reiteradamente, y porque la patente no es un impuesto territorial sino que grava la actividad que se ejerce en un local, reiterando al efecto los motivos antes expuestos en cuanto a que la patente definitiva que se ordena dejar sin efecto para el próximo período tributario no puede amparar el ejercicio de la nueva actividad que implica una ampliación de la industria en diversos conceptos. En cuanto a la alegación relativa al efecto retroactivo que dice la recurrente que tuvieron los decretos cuestionados, manifiesta que tampoco es efectivo, pues, como se ha señalado, si bien la patente se había otorgado, el no ejercicio de la actividad para la cual se otorgó imponía dejarla sin efecto. En cuanto a las garantías que se denuncian conculcadas, dice que no se observa afectación al derecho de propiedad pues, al no haber obtenido patente para el ejercicio de la actividad productiva por medios químicos, la actora no tiene derechos adquiridos para el ejercicio de la actividad. Respecto del derecho a desarrollar cualquier actividad económica comenta que éste tampoco se ve afectado, toda vez que la actividad no se desarrolla de acuerdo con las normas legales, y en lo relativo al debido proceso que éste no se encuentra dentro de las garantías que fundan el recurso de protección. Puntualiza que la actora alega que su representada tiene patente pagada hasta junio del año 2020, sin perjuicio de lo cual la recurrida la ha clausurado, lo que técnicamente no es así pues se ha ordenado su no renovación para el período tributario siguiente, esto es, el 1 de julio del año 2020 y que se procedió a fijar ese plazo precisamente para no actuar arbitrariamente, pues, como ya estaba pagada la cuota del primer semestre del año tributario no correspondía afectar ese año tributario. Añade que la actora presenta, además, de las circunstancias expuestas, otros problemas en cuanto al ejercicio de su actividad, de conformidad a un informe de 2 de marzo del corriente de la SEREMI de Salud Metropolitana, como son; que fabrica sulfato de aluminio y que no cuenta con informe sanitario, que no todas sus instalaciones para el bodegaje cuentan con informe sanitario, y que se detectaron deficiencias en el manejo de sustancias peligrosas y en su almacenamiento. Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que en el caso de autos, son hechos no controvertidos que la actora efectuó una ampliación de sus dependencias, sin tener permiso de edificación ni recepción final y, también, hizo cambios en la forma de producir sulfato de aluminio, cuestión que requiere una ampliación del giro mediante la obtención de una nueva autorización de patente en que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos, las autorizaciones correspondientes. En efecto, la recurrente reconoce que se encuentra realizando gestiones para, primero, obtener una nueva calificación de la actividad productiva que realiza; y, en segundo lugar, respecto del local donde desarrolla sus actividades respecto del cual no cuenta aún con la recepción de la Dirección de Obras Municipales.

QUINTO: Que, en términos generales, la recurrente procura atribuir responsabilidad a la Municipalidad por la demora en la tramitación de sus solicitudes y, por otra, aduce que no requiere todos los permisos ni el cumplimiento de todas las gestiones que se le solicitan, lo que desde luego refleja cierta confusión y contrariedad.

Sin embargo, es evidente que la empresa recurrente modificó su sistema productivo, pasando de uno mecánico a otro químico, lo que la sitúa en la hipótesis que regla el artículo 58 del Código Sanitario y que le hace exigible la obtención de nuevos permisos que se ajusten a su nuevo sistema de producción industrial. Del mismo modo, si realizó modificaciones en sus oficinas o construyó nuevas edificaciones, debe satisfacer todas las exigencias que le impone la DOM para obtener la correspondiente recepción de sus obras o, en su caso, el permiso de edificación si nunca lo solicitó, advirtiéndose por dicha repartición municipal que, atendido el hecho que construyó sobre el deslinde de sus predios, ahora requiere en forma previa, obtener la fusión de los mismos.

Como se aprecia, se trata de diligencias que debió cumplir a su debido tiempo: la obtención de los permisos de edificación, fusión y recepción, cuando realizó las obras, lo que no hizo, por lo que si hoy se encuentra apremiado a realizarlo con mayor premura, no es una situación que derive de una dilación indebida o de una exigencia impropia impuesta por la recurrida, sino que deriva de su propio proceder.

Lo mismo sucede de los permisos que ahora se le han exigido en relación a su cambio en el proceso productivo. De los antecedentes del recurso y del informe surge que primero se hizo dicho cambio y que después se ha visto compelida a regularizar aquello para ajustarse a las disposiciones que reglan su funcionamiento, lo que se habría producido a consecuencia de una fiscalización cumplida por la Municipalidad en el marco de los reclamos de los vecinos.

SEXTO: Que, en consecuencia, se puede concluir que la actora no ha cumplido con obligaciones que con mucha anticipación sabía que debía cumplir. Esto es, debió regularizar la situación de la propiedad que ocupa, pero especialmente obtener nuevos permisos para realizar su nuevo proceso productivo, atendido el riesgo que corre cualquier persona, en especial el personal de la empresa como por los vecinos del sector donde se encuentra emplazada, por lo que la Ilustre Municipalidad de La Pintana ha actuado de acuerdo con la ley y los reglamentos respectivos y, por ende, no existe ilegalidad ni arbitrariedad que se le pueda imputar.

SÉPTIMO: Que por no existir acto ilegal ni arbitrario alguno, corresponde el rechazo del recurso, sin que sea preciso entrar al análisis de las garantías constitucionales que se estiman conculcadas.

Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección, no se hace lugar, sin costas, a la acción constitucional deducida en esta causa por Ecokorp Limitada en contra de la Ilustre Municipalidad de La Pintana.

Acordada con el voto en contra del Ministro Diego Simpértigue Limare, quien estuvo por acoger el recurso de protección en los términos que se dirá a continuación, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 1.- De conformidad con los antecedentes agregados a esta causa, así como aquellos agregados como medida para mejor resolver, la recurrente el 4 de mayo pasado presentó los antecedentes para la obtención del denominado “Informe Sanitario”, N° 2013147659, de 3 de mayo de 2020, del Ministerio de Salud acredita que la instalación, ampliación o traslado de un establecimiento industrial o comercial cuenta con las condiciones de seguridad mínimas para funcionar. Además, la recurrente sostiene que obtuvo en diciembre de 2016, calificación inofensiva de bodega de sustancias peligrosas, bodega de sulfato de aluminio, bodega de hidróxido de aluminio, bodega de uso común, bodega de sulfato de fierro, taller de mantención y laboratorio. Además, solicitó Informe Técnico a la ACHS, quien a través de la Experta en Prevención de Riesgos, nombre reservado, el 30 de enero del presente año, entregó su informe respecto de exposición a solventes, de iluminación, y exposición ocupacional a ruido, que acompañó a los antecedentes, en el que se concluye: “La exposición a Sulfato de Aluminio y Ácido Sulfúrico en el puesto de trabajo operador de equipos ha resultado con nivel de riesgo Bajo y se requiere mantener las condiciones actuales. Puede ser necesaria evaluación cuantitativa por requerimiento de la autoridad”; 2.-Además, es preciso tener presente que la actora acreditó que el Departamento de Obras de la Municipalidad de La Pintana se encuentra en la actualidad sin funcionar, por lo que no le resulta posible cumplir los otros requerimientos, y para acreditarlo acompaña correos electrónicos entre su abogado asesor, Tomislav Pavic, y las autoridades municipales de la Dirección de Obras Municipales de La Pintana; 3.- Adicionalmente, la recurrente señala que al día de hoy, inclusive considerando la anormalidad que se vive ha tratado de continuar con las operaciones que resultan necesarias para el tratamiento del agua, como igualmente en el procedimiento referido a la basura, dada su calidad de empresa de actividad crítica, lo que no ha sido controvertido; 4.- En suma, el problema planteado se reduce a que la recurrente debiendo regularizar su situación actual, lo que reprocha la recurrida y de allí que ha dictado los Decretos cuestionados, se ve impedida de completar los trámites atendido las limitaciones y obstáculos que actualmente existen para realizar las actividades en forma normal; 5.- Como este Tribunal no tiene los antecedentes necesarios como para decidir acerca de la situación actual de la empresa actora, así como tampoco a través de esta vía constitucional es posible establecer derechos permanentes a su favor o en contra, por lo que es necesario buscar una vía que permita que ésta pueda desarrollar sus actividades, pero también respectando la legalidad vigente, lo que debe hacer cumplir rigurosamente la Municipalidad recurrida, por lo que deberá permitirse que termine, dentro de los plazos legales, la tramitación de sus solicitudes a fin de regularizar su situación actual, debiendo los organismos que corresponda decidir soberanamente si proceder conocer las autorizaciones del caso.

Que, en consecuencia, estimándose vulnerado el derecho contenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, esto es, a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, concluye que debe acogerse el recurso, solo en cuanto ésta empresa mantendrá su funcionamiento hasta que, dentro de los plazos legales, los organismos que corresponda, en especial la Ilustre Municipalidad de La Pintana se pronuncie sobre sus solicitudes de regularización. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente la actividad que desarrolla la actora, por una parte “de carácter esencial”, como la califica, pero, por otro lado, considerando las características de la labor que desarrolla, la decisión anterior debería quedar sujeta a las decisiones técnicas que tomen los organismos de salud correspondiente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

N°Protección-3046-2020 Pronunciada por esta Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros Sr. Diego Simpértigue Limare, Sra. Carolina Vásquez Acevedo y Sra. Carmen Gloria Escanilla Pérez.