nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES Y OTRA

San Miguel, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, electricista, para interponer acción de protección en contra de las Cajas de Compensación Los Andes y 18 de septiembre.

Expone que en julio de 2025 advirtió un descuento del 25% de su remuneración líquida, aplicado por las Cajas de Compensación Los Andes y 18 de septiembre para el pago de un crédito social, sin existir —a su juicio— orden judicial vigente ni autorización suya. Señala que dicho actuar constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto existe un juicio ejecutivo previo, Rol C-5446-2022 del 1º Juzgado Civil de Puente Alto, iniciado en su contra por Caja Los Andes, pero actualmente archivado por inactividad procesal. Relata que el crédito social fue contratado en 2021 y que dejó de pagarlo al ser despedido. Precisa que en 2022 se despachó mandamiento de ejecución y embargo dentro del juicio ejecutivo, pero sostiene que la notificación personal certificada por el receptor judicial es falsa, pues desde 2015 no reside en dicho domicilio y nunca tuvo conocimiento real del proceso. Añade que el expediente fue archivado el 8 de marzo de 2023 y que solo tomó noticia de la ejecución cuando, en julio de 2025, constató el descuento aplicado a través de Caja 18 de Septiembre, entidad a la que se encuentra afiliado por su trabajo actual. Alega que este proceder vulnera su derecho de propiedad sobre las remuneraciones y el debido proceso, puesto que la Caja debió reactivar el juicio y obtener medidas judiciales de cobro, en lugar de ejecutar el crédito por su propia mano. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que califica tales descuentos, efectuados tras iniciarse la vía judicial, como autotutela arbitraria. Solicita, por tanto, la protección de sus garantías constitucionales.

Segundo: Que la Caja de Compensación 18 de Septiembre informó que su intervención en los hechos denunciados se limita estrictamente a la intermediación del cobro de un crédito social que el recurrente mantiene con la Caja de Compensación Los Andes, en virtud del sistema integrado de recaudación denominado “intercajas”, mecanismo que opera conforme a la Ley N°18.833, el Código del Trabajo, la Ley N°17.322 y las instrucciones del Compendio Normativo de Cajas de Compensación.

Explica que dicho sistema obliga al empleador a efectuar los descuentos de las cuotas adeudadas para luego remesarlos a la caja acreedora. Señala que, conforme a esa regulación, Los Andes informó la morosidad del actor y solicitó aplicar los descuentos en su remuneración, lo que dio lugar a la incorporación de dicha deuda en las planillas mensuales remitidas a la actual empleadora del recurrente. Añade que los montos descontados fueron procesados y remitidos a la caja acreedora y que no ha ejecutado ningún acto ilegal ni arbitrario, pues únicamente cumplió obligaciones legales de retención y recaudación, actuando como intermediaria en virtud del sistema intercajas.

Tercero: Que, a su turno, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes expuso que el recurrente mantiene un crédito social vigente otorgado el 12 de marzo de 2021, identificado con código N° 045CON102708295, por un monto inicial de $1.972.027, pactado a 28 meses y con una cuota mensual de $96.134.

Expone detalladamente el comportamiento del pago, indicando que algunas cuotas fueron enteradas con retraso y otras fueron diferidas al término del crédito, encontrándose actualmente impagas las mensualidades comprendidas entre febrero de 2022 y diciembre de 2023, por lo que la operación se halla en mora.

Enfatiza que los créditos sociales tienen un carácter legalmente definido como prestaciones de seguridad social y que su cobranza se rige por el mecanismo obligatorio de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, cuyo cumplimiento corresponde al empleador. Sostiene que dicho descuento no constituye una decisión discrecional ni un acto de cobranza mediante vías de hecho, sino la aplicación de un régimen legal imperativo equiparable al sistema de pago de cotizaciones previsionales.

Agrega que la prescripción de las acciones derivadas del crédito no opera de pleno derecho, sino que requiere declaración judicial previa, lo que no ha ocurrido en este caso; por ello, la deuda continúa siendo plenamente exigible. Señala asimismo que la sede del recurso de protección no es idónea para obtener un pronunciamiento sobre prescripción o exigibilidad del crédito. En cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad, sostiene que no existe afectación alguna, puesto que los descuentos efectuados se encuentran autorizados por la ley y se aplican únicamente respecto de créditos vigentes y exigibles.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procedía o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones del recurrente de protección, a propósito del crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N°18.833, “(…) Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales (…)”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquellas Cajas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que les corresponda su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

Séptimo: Que, de esta manera, se advierte que la Caja recurrida, como se denuncia, revivió el beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le ha concedido mediante el descuento materia de estos antecedentes, el cual sólo resulta razonable tratándose de un cobro oportuno, pues de lo contrario, se fuerza unilateralmente el conjunto de condiciones fácticas que han prevalecido en el contexto espacio temporal previo al descuento materia de estos antecedentes.

En efecto, considerando que la recurrida optó por el cobro judicial del crédito, su acción y actual decisión de descontar de su remuneración la cuota del crédito adeudado deviene en arbitraria, ya que la Caja de Compensación eligió perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios, interponiendo una acción ejecutiva.

A mayor abundamiento y sin perjuicio que el asunto ya se encuentra sometido al imperio del derecho, no puede la recurrida pretender cobrar por dos vías el mismo crédito. Ello vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, desde que priva a la recurrente de parte de su remuneración.

Octavo: Que, en consecuencia, corresponde ordenar la restitución de los dineros descontados con motivo del crédito antes mencionado, conforme fue solicitado por la recurrente, por resultar improcedente su doble cobro.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y 18 de Septiembre, las que deberán abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social código 045CON102708295, vía descuentos de las remuneraciones del actor, y deberá reembolsar todos los montos indebidamente descontados, en un plazo de quinto día desde la ejecutoria de esta resolución, sin perjuicio del derecho de la acreedora a continuar persiguiendo el cobro por la vía jurisdiccional que corresponda y en la sede pertinente.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-3045-2025.