Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S

San Miguel, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, para interponer acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado su Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que presentó solicitud de la devolución de fondos previsionales y por medio de correo electrónico de 30 de julio de este año le informan que su solicitud fue rechazada, indicándole que el motivo del rechazo es que debe adjuntar el Certificado de Afiliación del sistema social de la nación de origen, el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones rechaza argumentando que debe adjuntar certificado de afiliación apostillado, pero es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, la recurrida incorpora un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales del afectado conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ya que la recurrida, además, le ha dado al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias el servicio recurrido ha otorgado respuestas favorables.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, título profesional apostillado, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitraria la decisión de 30 de julio de 2025 y ordenar a la AFP ProVida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por estimar que la acción interpuesta resulta improcedente y que su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento de fondo, y que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que ProVida rechazó solicitud del recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Añade que, por instrucciones del órgano regulador, ProVida tiene la obligación de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos para proceder a una devolución de fondos en estos casos.

Reitera que la documentación presentada por el recurrente no acreditó debidamente los presupuestos exigidos por la Ley N°18.156, indicando que el requisito de encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, condición que debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, lo que en este caso no ocurre.

Precisa que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156. Respecto de la apostilla, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Afirma que no ha existido en consecuencia una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente, por lo que debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. NUM000, de 8 de octubre de 2020, señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Séptimo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 18.156. Para ello, acompañó fundamentalmente una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de 31 de julio de 2025, misma documentación que da cuenta que venció el 31 de julio de 2025 y que no está legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, y que además, no da cuenta en ninguna parte de ella de que se cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la citada Ley, ya que no permiten acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales realizada por la AFP ProVida responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3042-2025 Protección.