Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Foja: 51 Cincuenta y Uno En Santiago, veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que comparece don Lino Olivares Bolados, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, profesora diferencial, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente de sucursal, don nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado, supervisora de la sucursal nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que señalará, los cuales constituyen una privación, perturbación y/o amenaza al derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Para fundar su acción indica que el 30 de octubre de 2006 la recurrente celebró un mutuo de dinero con la Caja de Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral, el que fue pagado parcialmente, y que con motivo de una demanda tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras de nombre reservado, se opuso excepción de prescripción de la acción de cobro, la que fue acogida mediante sentencia ejecutoriada de fecha 07 de diciembre del año 2012. Refiere que el 08 de julio del año en curso, solicitó las 6 últimas liquidaciones de sueldo a su empleadora, donde se daba cuenta de descuentos realizados por la recurrida, desde el mes de enero a junio del año 2016 por un monto mensual constante de $114.303 pesos, los cuales persisten a la fecha. Indica que en virtud de lo anterior, con fecha 11 de julio del presente año concurre a la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, a solicitar información, donde la supervisora de sucursal se limita a informar que los cobros eran realizados por una deuda que mantenía con la Caja Gabriela Mistral, negándose a entregar documentación que respaldara dicho cobro, por lo que le señaló que en causa ya señalada se había acogido la excepción de prescripción, acompañándose copia legalizada de la sentencia ejecutoriada, negándose a recibir información o a pedir informes de dichos hechos, señalando que seguirán realizando los cobros, puesto que son válidos por adeudarlos a Caja de Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral. Finalmente señala que el acto es ilegal ya que la recurrida procede al descuento de los dineros, sin mantener deuda con dicha institución, y que respecto de la acción de cobro de los dineros adeudados a la Caja Gabriela Mistral, ésta se encuentra judicialmente declarada, y no obstante ello, la supervisora se negó a informar el cese de los descuentos, así como la devolución de los dineros ilegalmente descontados a la fecha. En cuanto al derecho, señala que con los descuentos se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 21 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, solicita se declare que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno de la recurrente, producto del mutuo de dinero celebrado entre Caja de Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral y la recurrente, por cuanto la acción está prescrita; se proceda a la devolución de los dineros apropiados, antes y durante la tramitación del presente recurso; se declare que el cobro de dineros de la CCAF Los Andes es ilegal; y las demás providencias que se estime pertinente, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 40 evacua su informe nombre reservado, por la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes, quien indica que según la base de datos institucional, se informó a la empleadora de la recurrente un descuento mensual por la suma de $114.303.-, en virtud de una deuda intercaja con la Caja de Compensación y Asignación Familiar Gabriela Mistral, ingresando los montos referidos, entre febrero y agosto de 2016, los cuales, mediante transferencia electrónica, fueron enterados a esta última Caja de Compensación. Refiere que hay normativa que regula la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas mediante una Central de Riesgo Financiero de las Caja de Compensación y Asignación Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social, la que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa vigente relativa al riesgo del crédito y considera la creación de una herramienta de reporte a disposición de las Caja de Compensación y Asignación Familiar para facilitar la entrega de la información a dicha superintendencia, señalando que para estos efectos dichas instituciones celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios que tiene por objeto que la caja acreedora de un crédito social pueda acceder a información esencial y ubicar a sus deudores, acordando con la caja a la cual se ha incorporado dicho deudor la recaudación de las cuotas adeudadas, refiriendo la forma en que funciona dicho sistema. En dicho contexto es que Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes, a requerimiento de la Caja Gabriela Mistral, y como diputada para recibir el pago del crédito social, ha informado al empleador de la recurrente, la existencia de la deuda, requiriendo su descuento de la remuneración, de conformidad al art. 22 de la Ley 18.833, conducta que está obligada expresamente por ley para realizar, pues para efectos de pago, es asimilado por la legislación nacional a una cotización previsional. Previo citar jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida en relación con los hechos señalados.

TERCERO: Que sobre la materia controvertida es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

CUARTO: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes indicado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Que, por consiguiente, al haberse descontado las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, desde la remuneración de la actora, estando la recurrida facultada para ello, no existe en la especie un derecho indubitado lesionado, por lo que no existe acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección.

SEXTO: Que, finalmente, y en lo tocante a la supuesta prescripción de la acción de cobro esbozada por el recurrente en su libelo, es menester señalar que la presente vía cautelar de urgencia, atendido su naturaleza, no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos –propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento-, razón por las que la presente acción constitucional no puede prosperar en lo tocante a tal acápite, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 22 en favor de doña nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, Comuníquese y Archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 3018-2016-PRO.- Pronunciado por los Ministros de la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Sylvia Pizarro Barahona y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma el Ministro señor Simpértigue, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

​ En Santiago, veinte de septiembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.