nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de San Miguel San Miguel, dos de octubre de dos mil veintiséis Al esctrito folio N°15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Masiel Anaís Arenas Calabrano, abogada, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos de nacionalidad boliviana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por las Resoluciones Exentas N°2600100290653 y N°2600100291909, ambas de 18 de mayo de 2026, que rechazaron sus solicitudes de residencia temporal y dispusieron su abandono del país en 15 días, además de una prohibición de ingreso por 5 años.

El recurso señala que el rechazo se fundó principalmente en que los recurrentes habrían presentado comprobantes de pago de multa adulterados, por lo que el SERMIG estimó que registraban antecedentes negativos en Chile. Sin embargo, sostiene que ambos pagaron íntegramente las multas a un tercero que tramitaba sus residencias, quien se habría apropiado de los dineros, falseado información y entregando antecedentes erróneos, actuando los recurrentes de buena fe y sin conocer la ilegitimidad de dichos comprobantes.

Respecto de nombre reservado, se indica que ingresó a Chile el año 2019, por paso habilitado Colchane, y que solicitó residencia temporal el 8 de mayo de 2023, pagando a un tercero $35.000 por la tramitación y $31.537 asociados al pago de multa. Añade que en Bolivia residía en Santa Cruz de la Sierra, trabajaba en una distribuidora de huevos y tiene dos hijos de 14 y 15 años, a quienes remite remesas.

En cuanto a nombre reservado, expone que también ingresó a Chile el año 2019, por Colchane, y que solicitó residencia temporal el 30 de junio de 2023, pagando al mismo tercero $35.000 por la tramitación y $253.052 asociados al pago de multa. Señala que en Bolivia trabajaba como operadora en estaciones de servicio y que emigró para obtener mejores ingresos y apoyar a su familia.

El escrito agrega que ambos residen actualmente en Osorno, mantienen relación de pareja y contrato de trabajo indefinido con nombre reservado, RUT RUT reservado, desde el 1 de septiembre de 2025, con cotizaciones previsionales en AFP Modelo y afiliación a Fonasa. Indica, además, que no poseen antecedentes penales en Bolivia ni en Chile, acompañándose certificados apostillados emitidos el 8 de agosto de 2025, sin perjuicio de solicitarse antecedentes actualizados.

Como fundamentos de derecho, el recurso invoca la procedencia de la acción conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y sostiene que fue deducida dentro de plazo, al haberse notificado las resoluciones el 18 de mayo de 2026. Alega que las resoluciones son ilegales y arbitrarias, al rechazar las solicitudes de residencia temporal sobre la base de comprobantes adulterados sin considerar que los recurrentes habrían sido víctimas del actuar de un tercero.

Se denuncia vulneración del artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, relativo a la libertad personal y seguridad individual, porque la orden de abandono constituiría una amenaza a su libertad ambulatoria y podría dar lugar a una posterior expulsión conforme al artículo 128 N°3 de la Ley N°21.325. Además, sostiene que la medida sería desproporcionada, por no cumplir con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Asimismo, invoca el principio de protección y unidad de la familia, citando el artículo 1° de la Constitución Política de la República, el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 44.1 de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Afirma que la ejecución de las resoluciones afectaría el arraigo familiar de nombre reservado con su madre nombre reservado, con permanencia temporaria vigente hasta el 13 de enero de 2027, y con su hermana nombre reservado, radicadas en Chile; y, respecto de nombre reservado, su vida en común con nombre reservado.

El recurso también sostiene que ambos recurrentes han ingresado y egresado del país por pasos habilitados, cuentan con Tarjeta Única Migratoria de 26 de agosto de 2025, y siempre habrían intentado mantener una situación migratoria regular. Añade que el actuar del tercero configuraría dolo determinante o principal, citando los artículos 1451 y 1458 del Código Civil, pues habría inducido a los recurrentes a una tramitación que no habrían consentido de conocer la falsedad de los antecedentes.

En definitiva, solicita acoger el recurso, declarar la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones recurridas, ordenar al SERMIG dejarlas sin efecto, y permitir a los recurrentes subsanar las omisiones de sus solicitudes de residencia temporal ID 64389314 y 66172733, ya sea mediante el pago de multas y derechos pendientes en un plazo acotado, o permitiéndoles realizar una nueva solicitud de residencia temporal, con costas.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, a través de su abogada Natacha Arancibia Riquelme, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, por estimar que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario de parte de la autoridad.

Respecto de nombre reservado, informa que ingresó por primera vez a Chile el 28 de septiembre de 2019 por paso habilitado, y que el 8 de mayo de 2023 presentó solicitud de residencia temporal por reciprocidad internacional, ID N° 64389314. Señala que, mediante comunicación electrónica folio N° 52335227, de 17 de enero de 2024, se le solicitó subsanar su solicitud, acompañando certificado de antecedentes del país de origen y comprobante de pago por residencia irregular, dentro del plazo de 60 días.

Al no acompañar antecedentes, se le notificó un previo rechazo folio N° 57711314, de 27 de abril de 2024, otorgándole 10 días para evacuar descargos. Luego, el recurrente acompañó certificado de antecedentes, Resolución Exenta N°23130538, de 8 de mayo de 2023, y comprobantes de pago por $31.537. Sin embargo, el Servicio sostiene que, revisado el código QR del comprobante folio N° 30475919, éste no correspondía al pago de la sanción impuesta al recurrente, sino al pago de una sanción de otra extranjera, nombre reservado.

Por tal motivo, mediante notificación de previo rechazo folio N° 89438976, de 24 de noviembre de 2025, se informó que su solicitud se encontraba comprendida en causal de rechazo por presentar como antecedente fundante un comprobante de pago de multa adulterado, concediéndole 10 días para acompañar antecedentes, sin que remitiera documentación. Finalmente, mediante Resolución Exenta N°2600100290653, de 18 de mayo de 2026, se rechazó su solicitud de residencia temporal, se dispuso su abandono del país en 15 días y una prohibición de ingreso por 5 años.

En cuanto a nombre reservado, informa que ingresó por primera vez a Chile el 25 de julio de 2017 por paso habilitado, y que el 30 de junio de 2023 presentó solicitud de residencia temporal por reciprocidad internacional, ID N° 66172733. Mediante comunicación electrónica folio N° 51372224, de 28 de diciembre de 2023, se le requirió subsanar su solicitud, acompañando certificado de antecedentes del país de origen y comprobante de pago por residencia irregular, dentro del plazo de 60 días.

Al no subsanar, se le notificó un previo rechazo folio N° 57711093, de 27 de abril de 2024, otorgándole 10 días para evacuar descargos. Posteriormente, la recurrente acompañó certificado de antecedentes, Resolución Exenta N°23161160, de 5 de junio de 2023, y comprobantes relativos a una multa de $253.052. El Servicio afirma que el comprobante folio N° 30475919 tampoco correspondía a su sanción, sino al pago efectuado por nombre reservado, y que en el portal de pagos no constaba como realizado a nombre de la recurrente.

Por ello, mediante notificación de previo rechazo folio N° 93923554, de 16 de febrero de 2026, se le informó que su solicitud estaba afecta a causal de rechazo por presentar un comprobante de pago de multa adulterado, otorgándosele 10 días para descargos, sin que acompañara documentación. Luego, por Resolución Exenta N°2600100291909, de 18 de mayo de 2026, se rechazó su residencia temporal, se dispuso su abandono del país en 15 días y una prohibición de ingreso por 5 años.

El informe agrega que, respecto de ambos recurrentes, se acompañó en sede administrativa y en estos autos un instrumento que califica como manifiestamente adulterado y/o falsificado, y que resulta improcedente invocar un presunto engaño de un tercero como eximente de responsabilidad, por no encontrarse probado en autos. Añade que, al ser apercibidos mediante las notificaciones de previo rechazo, los recurrentes omitieron dicha situación, y que las solicitudes ante la autoridad migratoria son de carácter personal e intransferible.

Asimismo, señala que el Servicio remitió antecedentes al Ministerio Público por la presunta comisión del delito de falsificación de instrumento público, mediante Oficio Ordinario N°4303, de 4 de febrero de 2026, respecto de nombre reservado, y Oficio Ordinario N°29840, de 19 de noviembre de 2025, respecto de nombre reservado. Precisa, además, que no se ha dictado acto administrativo de expulsión en contra de los recurrentes.

En cuanto al derecho, el Servicio invoca la Ley N°21.325, vigente desde el 12 de febrero de 2022, el artículo 157 N°5 de dicha ley y el artículo 42 del Decreto Supremo N°296, para afirmar que es la autoridad competente para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de permisos de residencia. Sostiene que las solicitudes adolecían de un defecto fundamental, al haberse postulado fuera de plazo, con permiso vencido, sin pagar previamente la multa por residencia irregular y acompañando documentación adulterada.

El informe cita los artículos 37, 107 y 119 de la Ley N°21.325, sobre prórroga de permisos y multas por residencia irregular, y el artículo 88 N°1 y N°3, que ordena rechazar solicitudes cuando no se cumplen los requisitos de la categoría migratoria o se presenta documentación falsa o adulterada. Añade que, antes de dictar las resoluciones terminales, el Servicio notificó los respectivos previos rechazos, otorgando plazo para presentar antecedentes, conforme al artículo 91 de la misma ley.

Respecto de la orden de abandono, sostiene que es una consecuencia necesaria del rechazo de un permiso de residencia, conforme al artículo 91 N°4 de la Ley N°21.325, y que se trata de una orden de carácter voluntario, distinta de la expulsión. Agrega que la misma normativa permite disponer una prohibición de ingreso, conforme al artículo 136, razón por la cual se fijó el plazo de 5 años.

Finalmente, sostiene que actuó con estricto apego a la Constitución, a la Ley N°21.325, al Decreto Supremo N°296 y supletoriamente a la Ley N°19.880, descartando la existencia de acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con la dictación de las Resoluciones Exentas N°2600100290653 y N°2600100291909, ambas de 18 de mayo de 2026, que rechazaron las solicitudes de residencia temporal y dispusieron el abandono del país en un plazo de 15 días y una prohibición de ingreso por 5 años de los recurrentes.

Quinto: Que en el presente caso no se verifica un actuar arbitrario o ilegal de la parte recurrida, desde que la resolución cuestionada emana de la autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades y se advierte debidamente justificada, desde que se fundamenta en la presentación de antecedentes adulterados en relación al pago de las sanciones impuestas a los actores por residir de forma irregular en el país, razón por la cual este recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°3009-2026 Protección