CASAS DEL VALLE BARROS HERMANOS LIMITADA C con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MAIPO (SAN BERNARDO)

Foja: 71 Setenta y Uno San Miguel, catorce de abril de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 16 comparece nombre reservado, factor de comercio, en representación de Casas del Valle Barros Hermanos Limitada, quien deduce recurso de protección en favor de su representada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, representada legalmente por su Inspector Provincial del Trabajo René Díaz Guler y en contra del fiscalizador don nombre reservado, a fin de que la Ilustrísima Corte adopte la providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, toda vez que según el recurrente, se ha ejecutado en su contra un acto administrativo que perturba en primer lugar su legítimo derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale la ley y que se haya establecido con anterioridad a esta y en segundo lugar su derecho de propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, derechos que se encuentran consagrados en el artículo 19 Nº 3 inciso 4 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la privación y perturbación de las referidas garantías proviene de las siguientes situaciones que expone. La primera de ellas se refiere a que el fiscalizador recurrido se constituyó en comisión especial al determinar la existencia de una supuesta cláusula tácita, que en su parecer habría sido incorporada en los contratos de trabajo de los cinco dependientes individualizados en el acto administrativo y fijar su alcance y sentido. En segundo término señala que Casas del Valle Hermanos Limitada se encuentra perturbada con la aplicación de una elevada multa por supuestos incumplimientos contractuales, lo que impacta directamente en su patrimonio, y por tanto ve perturbado su derecho constitucional de propiedad.

Alega el recurrente ilegalidad en la dictación de la resolución de multa administrativa Nº 1383/13/74 de fecha 6 de noviembre de 2013 de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, San Bernardo. En primer lugar, invoca el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, cita al efectos los artículos 6,7 y 73 de la Constitución Política de la República, artículos 420 y 505 del Código del Trabajo y el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Indica que la Inspección del Trabajo al cursar la multa administrativa incurrió en una ilegalidad que lesiona la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º, referida a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Refiere que la ley otorgó facultades principalmente fiscalizadoras que le permiten aplicar sanciones administrativas sólo cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción de normas laborales, es decir, ilegalidades claras, precisas y determinadas la cuales no se extienden a interpretar cláusulas de carácter convencional ni a solucionar controversias entre empleador y trabajador porque de ser así, dicho organismo se estaría arrogando potestades propias y excluyentes de los Tribunales del Trabajo.

Señala que el artículo 1º del DFL Nº2 de 1967 otorga facultades de fiscalización de la aplicación de las leyes laborales, sin embargo no se extiende a la interpretación de contratos de trabajo ni a la calificación jurídica del vínculo laboral, materia privativa de los Tribunales de Justicia conforme lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo. Sostiene que a Inspección del Trabajo no puede extraer hechos o circunstancias ajenos cuya existencia o real alcance se controvierte entre los propios involucrados, concluyendo en el sentido de determinar la existencia de una supuesta cláusula tácita incorporada en los contratos de trabajo de los cinco trabajadores señalados en el acto administrativo, fijando sentido y alcance.

Refiere que si bien no se habla expresamente de cláusula tácita en el acto impugnado, aquello se desprende del tenor de su redacción.

Resulta evidente, señala el recurrente que el fiscalizador extendió su campo de acción a materias que por expresa disposición del artículo 73 de la Constitución son propias de los órganos jurisdiccionales, constituyéndose en una verdadera comisión especial, lesionando su derecho fundamental a no juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que la ley señale y que se halle establecido con anterioridad a esta. A respecto cita jurisprudencia, Rol: 212-2006 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Mont, Rol: 6297-2008, 7817-2008, 3706-2012, todos de la Excelentísima Corte Suprema.

Finalmente el recurrente alega que ha sido perturbado en su derecho de propiedad con la aplicación de una elevada multa por incumplir una supuesta cláusula contractual, la cual importa la imposición de sumas elevadas de dinero que afectan de manera directa su patrimonio.

Se acompañaron a recurso por parte de los recurrentes los siguientes documentos: copia de escritura pública en que consta la personería de nombre reservado para representar a Casas del Valle Barros Hermanos Limitada y copia de la resolución de multa administrativa Nº 1383/13/74 y acta de notificación al recurrente de la referida multa.

SEGUNDO: A fojas 52, comparece doña nombre reservado, abogado, por los recurridos, quien evacuando el informe solicita que el recurso sea declarado improcedente, rechazándolo, fundado en primer lugar en la improcedencia del recurso de protección atendida la naturaleza del acto recurrido lo que funda en que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias establecidas en procedimiento definidos, lo que hace descansar en diversos fallos judiciales de Tribunales Superiores de Justicia. Finalmente, respecto a esta alegación, sostiene que el derecho reclamado no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger por esta vía toda vez que se trata de una materia contencioso-administrativa.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Sostiene la recurrida que la resolución de multa no arbitraria o ilegal pues fue dictada en atención a las facultades conferidas al fiscalizador por los artículos 505 del Código del Trabajo y 23 y siguientes del DFL Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de modo que no es ilegal. Señala que tampoco es arbitrario ya que como se aprecia claramente de su texto y redacción, esta fue razonada, argumentada y fundada conforme a derecho, razón por la cual, la acción cautelar incoada en autos, carece de objeto y causa por lo cual debe ser rechazada por improcedente.

Agrega el informe, que la recurrida actuó en el ejercicio de facultades específicas conferidas por las aludidas disposiciones legales, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto de la fiscalización realizada. Por todo lo anterior, estima que el recurso debe ser rechazado de plano, toda vez que no existe acto arbitrario e ilegal.

En subsidio de todo lo dicho precedentemente informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección indicando que producto de una fiscalización a la recurrente, se pudo constatar que:

- “De enero a septiembre no se realizaron descuentos por permisos, atrasos y salidas anticipadas.”

- “En el mes de octubre de 2013 los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado sufrieron descuentos por el concepto de permisos, atrasos y salidas ant.” Luego en cuadro explicativo refiere los montos por trabajador.

Señala que producto de su labor inspectiva, la fiscalizadora pudo constatar los siguientes hechos:

· “que la empresa durante los meses de enero de 2013 a septiembre de 2013 autorizó permisos con goce de remuneraciones por atrasos, retiros antes de la hora y salida dentro de la jornada”

· “que los permisos fueron solicitados mediante formulario tipo de la empresa, autorizados por las jefaturas directas”

Sostiene que la doctrina del Servicio expresada en los Ord. 2739/218, 2539/192 y 3524/068 señala que “una relación laboral expresada a través de un contrato de trabajo escriturado, no sólo queda enmarcada dentro de las estipulaciones del mismo, sino que deben también entenderse como cláusulas incorporadas al respectivo contrato las que derivan de la reiteración del pago u omisión de determinados beneficios, o de prácticas relativas a funciones de jornada etc. que si bien no fueron contempladas en las estipulaciones escritas, han sido constantemente aplicadas por las partes durante un lapso prolongado, con anuencia diaria o periódica de las mismas, configurando así un consentimiento tácito entre ellas, el cual a su vez, determina la existencia de una cláusula tácita que debe entenderse como parte integrante del contrato respectivo”, razón por la cual se dicta la resolución de multa Nº 1383/2013/74 de fecha 12 de noviembre de 2013.

Señala el informe que el fiscalizador no se ha arrogado facultad jurisdiccional alguna, actuó dentro del límite de sus potestades, aplicando la respectiva sanción por haber constatado una ilegalidad clara, precisa y determinada producto de la fiscalización en la cual se constataron los hechos mediante inspección ocular del lugar de trabajo, entrevistas con representantes de la empresa, con trabajadores y revisión de la documentación laboral pertinente. De esta forma, de acuerdo a lo constatado por el fiscalizador Sr. nombre reservado, en ningún caso excedió arbitraria e ilegalmente las facultades que le confiere la ley, cursando la respectiva multa en conformidad a la doctrina de la Dirección del Trabajo y el mandato legal.

Sostiene la recurrida que el fiscalizador no ha establecido la existencia de una cláusula tácita ni ha interpretado convenciones laborales, lo que ocurre, es que la recurrente confunde la constatación efectiva de ilegalidades claras con la interpretación aludida.

A continuación, el informe señala que no se han vulnerado garantías constitucionales, por cuanto estas no se ven afectadas por la dictación de la referida multa, toda vez que la actuación del fiscalizador constituye una actuación administrativa prevista y diseñada en la ley que implica diversas facultades entre las cuales está la de ministro de fe, la de interpretar, la de requerir y la de sancionar, razón por la cual no es posible hablar de una comisión especial por cuanto la Inspección del Trabajo no ha actuado atribuyéndose facultades jurisdiccionales. Al efecto cita fallo SCA Santiago rol: 473-2007 y STC Rol: 546-2006, concluyendo a este respecto que se aprecia con total claridad la improcedencia del recurso fundado en la infracción a la garantía del artículo 19 Nº3 inciso 4º de la Constitución Política de la República.

En relación con la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución, el informe señala que no se vulnera la referido derecho fundamental toda vez que la Inspección del Trabajo se limitó a cumplir con su labor encomendada por la legislación laboral en base a un principio básico del procedimiento administrativo, esto es el de inexcusabilidad, establecido en el artículo 14 de la ley Nº 19.880 que consiste en la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos sometidos a su conocimiento, de forma tal que no se divisa como podría verse conculcada esta garantía con la resolución administrativa recurrida máxime que ella solo engloba la obligación de cumplir con la ley y respetar garantías constitucionales de los trabajadores.

Pide rechazar el recurso por inadmisible e improcedente y carecer de todo fundamento legal, al no existir una acción arbitraria o ilegal, con costas.

Se acompañó al informe copia de la resolución de multa Nº1383/2013/74, acta de notificación personal, copia informe de fiscalización de fecha 12 de noviembre de 2013, copia de activación de fiscalización, copia acta de constatación de hechos en terreno y copia de declaración jurada de nombre reservado, Sub gerente de la empresa.

A fojas 66 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que de lo anterior se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, vulnerando una o más de las garantías protegidas, consideración básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha motivado el presente recurso.

QUINTO: Que el artículo 2º del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y asimismo, de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

SEXTO: Que dichas facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de inspección se sorprendan ilegalidades, claras, precisas y determinadas.

SEPTIMO: Que como refiere la recurrida la resolución de multa pronunciada por el fiscalizador, se fundó en base a los antecedentes de la fiscalización Nº 1313/2013/2033, el cual concluye, que de los hechos constatados, esto es: “que la empresa durante los meses de enero de 2013 a septiembre de 2013 autorizó los permisos con goce de remuneraciones por atrasos, retiros antes de la hora y salida dentro de la jornada. Que los permisos fueron solicitados mediante formulario tipo de la empresa, y autorizados por las jefaturas directas. Que este beneficio no está regulado en contratos de trabajos, anexos de contratos de trabajo, ni reglamento interno”, se presume la existencia de una cláusula tácita, por haber permanecido en el tiempo la costumbre de no descontar la empresa los tiempos que se autorizaron mensualmente, con lo cual entiende el fiscalizador recurrido y el Servicio modificados los contratos de trabajo en el sentido que no es posible efectuar descuentos en la remuneración frente a los permisos ya referidos, por tanto, existió por parte de la empresa un incumplimiento en el pago íntegro de remuneraciones a partir del mes de octubre de 2013.

OCTAVO: Que como puede advertirse de lo expuesto y de los datos del proceso, la Inspección recurrida observó una práctica de 9 meses entre trabajador y empleador y aplicando su doctrina interpretó la relación laboral y no alguna norma laboral, presumió la existencia de una cláusula tácita en los contratos de trabajo que bajo dicha óptica, obliga a la recurrente a pagar íntegramente las remuneraciones frente a inasistencias autorizadas de los trabajadores.

Lo anterior constituye una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y siguientes del Código del Trabajo, toda vez que procedió a decidir sobre una cuestión controvertida presumiendo la existencia de cláusulas contractuales de las cuales nacen derechos y obligaciones para las partes, arrogándose así facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a estos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleador y trabajador, por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo.

NOVENO: Que de lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, puesto que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, desde que la Inspección recurrida asumió, en la práctica, la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, lo que sin lugar a dudas corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curos de un proceso jurisdiccional.

DECIMO: Que por estas consideraciones el recurso interpuesto en estos autos ha de ser acogido.

De conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 16, dejándose en consecuencia, sin efecto la multa impuesta por la resolución Nº 1383/13/74 de 12 de noviembre de 2013 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Kadis Cifuentes N° 3-2014-PRO.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por el Ministro señor Roberto Contreras Olivares, señora nombre reservado y por el Abogado Integrante señor Juan Kadis Cifuentes.

En San Miguel, a catorce de abril del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.