nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

San Miguel, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 10: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, administrador público, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su alcalde Cristóbal Amaro Labra Bassa, ambos domiciliados domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en declarar vacante el cargo que poseía por salud incompatible, mediante Decreto Alcaldicio Nº539 del 27 de junio de 2025, lo que ha privado, perturbado y/o amenazado los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto el mismo, reincorporando al recurrente al servicio, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha del cese de sus funciones y hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Expone que ingresó a la planta municipal el 10 de julio de 2023, en el escalafón técnico, grado 13, desempeñándose en la Dirección de Rentas Municipales, debiendo revisar patentes comerciales. Luego, en septiembre de 2024 fue destinado a la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN), debiendo realizar rendiciones financieras a entidades estatales por convenios de ejecución sobre obras, labor que cumplió hasta marzo.

Indica que por problemas de acoso laboral que empezó a sufrir a partir de enero de 2024, se le otorgaron licencias psiquiátricas, dadas las crisis de pánico, ansiedad y estrés que empezó a padecer. Así, en agosto de 2024 vuelve a su lugar de trabajo, encontrando que no estaba su puesto, ante lo cual es derivado a la SECPLAN, sufriendo en ese lugar problemas a la espalda que lo tienen con tratamiento médico hasta la actualidad. Añade que, a pesar de lo anterior, el 30 de junio último se le notifica del Decreto Alcaldicio en contra del cual recurre, momento en que se encontraba próximo a reincorporarse a sus funciones ya que su licencia médica terminaba el 16 de julio de este año.

Refiere que el Decreto adolece de falta de fundamentación, ya que en el considerando séptimo del mismo no se especifica cual subcomisión habría remitido la Resolución Exenta Nº146116 de 5 de mayo pasado. Destaca que nunca tomó conocimiento de que estaba siendo evaluada su salud, enterándose de aquello al momento de conocer el Decreto objeto del presente recurso. Así, entiende que la única razón para decretar la vacancia en el cargo es el número de días de licencia médica que tuvo -reconociendo que permaneció más de seis meses en los últimos dos años con licencia médica-, no realizándose evaluación alguna de su salud.

Añade que en relación a la salud incompatible, nuestro ordenamiento jurídico no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del alcalde y/o jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, cuestión que en este caso no ocurre, si se toma en cuenta que sus ausencias fueron ocasionadas por una situación médica en tratamiento, con ninguna licencia médica rechazada y la Comisión Preventiva de Invalidez señala que no adolezco de un estado de salud irrecuperable.

Destaca que la decisión adoptada vulnera, en primer lugar, lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la misma carece de la debida motivación, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2º y 41 inciso 4ª de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, ya que si bien hace referencia al informe de la COMPIN, no contiene otra fundamentación que justifique el ejercicio de las facultades y, por lo tanto, la razón por la cual su salud -en la especie- es incompatible con sus funciones.

Señala que, además, la decisión adoptada vulnera el derecho a la propiedad contenido en el artículo 19 Nº24 del cuerpo legal ya citado, ya que al encontrarse la recurrida dentro de un régimen de planta, no cabe duda de que se afecta patrimonialmente al recurrente, privándolo de sus ingresos y de la propiedad sobre el cargo.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos expuestos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Carmen Gloria Arenas Pérez, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, solicitando su rechazo.

Refiere que el acto administrativo impugnado fue dictado conforme a derecho, en ejercicio legítimo de las facultades otorgadas por el artículo 148 de la Ley 18.883, y que el recurso confunde los conceptos de "salud irrecuperable" con "salud incompatible", siendo aplicable esta última causal que no requiere declaración de irrecuperabilidad por parte de COMPIN.

Precisa que dicho acto se encuentra debidamente fundamentado, ya que se argumento latamente sobre la incompatibilidad entre la salud del actor y el cargo que desempeña, situación que fue correctamente motivada y fundamentada en el propio decreto alcaldicio, considerando la serie de decretos aprobatorios de las licencias médicas, dos resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (COMPIN), además de un correo electrónico de la Directora de Secretaría de Planificación Comunal, dirección en la que el ex funcionario realizaba sus funciones. Además, se razonó respecto a que el funcionario trabajaba en el área de licitaciones de la SECPLAN en el estudio de bases administrativas y especificaciones técnicas, labor fundamental e imprescindible para el desarrollo de las obligaciones municipales ya que el uso de un periodo superior a 180 días de licencia médica implicó un impacto en el equipo de trabajo, por lo que según el considerando noveno del decreto: “…doña nombre reservado, quien se encarga de realizar rendiciones, ha tenido que asumir parte de las responsabilidades de licitaciones que le correspondían a Yerco, lo que ha implicado un considerable atraso en las rendiciones a las entidades financieras. Esto ha generado, además, una sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y ha afectado negativamente nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos y compromisos para con entidades externas y la comunidad. Así la falta de continuidad provocada por la ausencia de Yerco en el área de licitaciones, ha provocado lo siguiente: 1. Retrasos en la tramitación de licitaciones; 2. Sobrecarga de trabajo para el equipo; 3. Riesgo de errores debido a la falta de continuidad en el área de licitaciones y falta de conocimientos de los funcionarios que han debido asumir sus funciones. Algo que resulta totalmente relevante es que a dicho funcionario se le solicitó la tramitación una licitación clave para esta gestión, como lo es la etapa de diseño para el Parque del Amor y los animales, licitación que, a la fecha, no hemos podido presentar, debido a que, retomarla en su ausencia, implicaría destinar a parte del equipo de esta dirección a gestiones que originalmente no le corresponden, impidiéndoles continuar con sus labores normales.”

Indica en cuanto a la falta de notificación del procedimiento seguido en su contra, que es la ley la que no establece una etapa previa para que el funcionario pueda ser oído, por lo tanto, no corresponde que aquel intente de manera artificiosa imponer a su representada una obligación que no se encuentra contemplada en la ley. Sin embargo, no consta que el actor haya iniciado una vía administrativa para obtener su reconsideración.

Finalmente indica que el decreto no es ilegal, ya que cumple todos los requisitos de la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos: consta por escrito, es decisorio, emana de órgano competente, contiene declaración de voluntad, se dicta en ejercicio de potestad pública y es unilateral.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el Decreto Alcaldicio Nº539 del 27 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba el actor, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que en su artículo 147 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. El solo hecho de contar con una calificación y certificación de discapacidad de conformidad con la ley N°20.422 y/o ser asignataria de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, no configurará esta causal…”

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal establece que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En caso de discapacidad sobreviniente, calificada y certificada según la ley N°20.422, la evaluación que realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior deberá considerar la condición de salud de la persona en relación con el cargo específico que desempeña, indicando si podrá continuar realizando las labores respectivas.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo del recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la recurrida a través del Decreto Alcaldicio Nº539 del 27 de junio de 2025, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur mediante Resolución Nº146116 de 5 de mayo de 2025 declaró recuperable la salud de la recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, por un periodo superior a 180 días -circunstancia de hecho que el recurrente no controvierte-, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 154 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales precedentemente transcrito. De lo que necesariamente se sigue, que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la Resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratado y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Séptimo: Que, de esta manera, la autoridad recurrida ha actuado en el marco de sus atribuciones, conforme a la ley, siendo dos instituciones diferentes la declaración de salud incompatible con la salud irrecuperable, siendo la primera una facultad de la autoridad edilicia causal básicamente objetiva, que se basa sólo con un tiempo de licencia que exceda el previsto en la ley y cause perjuicio al servicio, que señaló en el propio decreto que la persona en favor de quien se acciona estuvo casi 300 días ausente de sus funciones, lo que lesiona claramente el principio de continuidad del servicio público sin necesidad de que se declare además, que la salud es irrecuperable.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Noveno: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 148 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo. Asimismo, la recurrida detalló los perjuicios que efectivamente tenía para el área de licitaciones en que prestaba sus servicios el recurrente, por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba el actor ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Décimo: Que conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°2996-2025 Protección.