Protección contra Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto

42/cuarenta y dos Santiago, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que a fojas 1 comparece doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, doña nombre reservado, arquitecto, domiciliada en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de la Resolución N° 230 y de la citación N° 41222, de fechas 1 y 14 de julio pasado, respectivamente, las que fueron suscritas por funcionarios inspectores a su cargo. Dichos actos, a su juicio la amenazan, perturban y privan del ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 2º, 3º inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que es dueña de la propiedad ubicada en domicilio reservado, que se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad a Fs. 7499 vta. N° 12238 del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto; la que a su vez corresponde al sitio N° 57 y que en el límite sur colinda con el sitio N° 58, cuyo propietario es don nombre reservado.

Explica que, ambos inmuebles se encontraban divididos por una pandereta en muy mal estado y con inminente riesgo de derrumbe, motivo por el cual luego de conversaciones con su vecino, decidieron que ella construiría el muro y su vecino le reembolsaría luego, la mitad de los gastos. Indica que, dicho trabajo de construcción comenzó el día 11 de junio pasado, pero fue interrumpido el día 14 del mismo mes, ya que uno de los hijos de su vecino ingresó a su propiedad y golpeó la muralla construida hasta derrumbarla totalmente. Posterior a ello, su vecino se retractó y señaló no estar de acuerdo con la construcción de la pared.

Respecto a los actos ilegales y arbitrarios que denuncia, en primer lugar, señala que el día 4 de julio del año en curso, recibió la notificación de la Resolución N° 230, emitida por la recurrida en su calidad de Directora de Obras de la Municipalidad de Puente Alto, en la que se le imputa haber infringido el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que ordenaba la paralización de la obra hasta que su vecino le otorgara su consentimiento ante Notario Público, conforme a lo exigido por el Código Civil. En segundo lugar, manifiesta que con fecha 14 de julio del año en curso, recibió una citación a la Dirección de Obras de la Municipalidad, en la que le informaron que debía firmar un compromiso con la Municipalidad consistente en que dentro de 40 días tenía que contratar a un profesional o arquitecto para la construcción de la pared medianera, indicándole además que si no lo firmaba, se remitirían los antecedentes al Juzgado de Policía Local correspondiente.

Expresa que las garantías constitucionales que señaló anteriormente, han sido conculcadas por la recurrida a través de la Resolución N° 230 de 2016, la que constituye una amenaza, una perturbación e incluso una privación del legítimo derecho que tiene todo dueño de delimitar y cerrar su propiedad y que no se encuentra debidamente motivada, ya que establece exigencias que no se encuentran expresamente reguladas en las normas invocadas por la Resolución Administrativa y en la citación llevada a cabo el 20 de julio del año en curso, a la que se suma que, además, establece exigencias que quedan al arbitrio del dueño colindante.

Asimismo expone que el derecho de propiedad otorga a todo propietario las facultades de delimitar y de cerrar o cercar sus predios, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 842 y 844 en relación con el artículo 857, todos del Código Civil; mencionando también que el tipo de construcción de que se trata no es de aquellas que requiera un permiso de edificación de obra menor de conformidad al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Agrega que, los actos de la recurrida establecen exigencias que quedan al arbitrio del dueño del predio colindante, al condicionar la obtención del permiso para la construcción del muro medianero a la aprobación del dueño colindante, que fue quién motivó el procedimiento administrativo que dio origen a la paralización de la obra y además de ello, al exigir que dicho consentimiento sea por carta notarial.

En definitiva solicita que se ordene dejar sin efecto la Resolución N° 230 de fecha 1 de julio de 2016 dictada por la recurrida, y que la abstención de las acciones informadas en la citación de los Inspectores Municipales que están bajo su dirección, permitiendo que la recurrente pueda realizar las gestiones pertinentes para la conclusión del muro medianero, con costas.

A fojas 34, informa doña nombre reservado, Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, señalando que no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos de la recurrente, ni menos, actuado en forma ilegal ni arbitraria.

Explica que con fecha 16 de junio del año en curso, doña nombre reservado, mediante solicitud N° X15563, solicitó al municipio paralizar la construcción de un muro medianero que se ejecutaba entre las propiedades ubicadas en el domicilio reservado, indicando que no se había respetado lo acordado entre las partes. Por ello, el día 17 del mismo mes, inspectores de la Dirección de Obras concurrieron al lugar y constataron que el muro anterior (de hormigón), había sido retirado y en su lugar se encontraban construyendo un muro (de albañilería) que por sus características, a simple vista, aparecía como “estructurante”. Con dichos antecedentes con fecha 1 de julio pasado la recurrida dictó la Resolución N° 230, ordenando al propietario de la vivienda ubicada en domicilio reservado la paralización de la obra que se ejecutaba.

Agrega que el día 14 de julio pasado, funcionarios de la Dirección de Obras, efectuaron una nueva visita a los inmuebles anteriormente mencionados y constataron que ambas propiedades poseen ampliaciones que no cuentan con permiso de edificación, por lo que ambos propietarios fueron citados para concurrir a las oficinas del municipio el día 20 del mismo mes, a fin de instarlos, mediante la suscripción de compromisos escritos, a regularizar aquellas construcciones, compromiso que solo firmó don nombre reservado, propietario del inmueble signado con el N° 01099.

Hace presente que con fecha 8 del mes en curso, se dictó la Resolución N° 279, la que dejó sin efecto la orden de paralización de obras dispuesta a través de la Resolución N° 230 de fecha 1 de julio pasado, considerando que resultan aplicables en la especie las disposiciones de los artículos 5.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en la medida que no existan construcciones que se apoyen en el muro medianero y se mantenga éste en carácter de tal. La que fue notificada con fecha 9 del mes en curso en el domicilio de la recurrente.

Además explica que habiéndose negado la actora a iniciar el procedimiento de regularización de las construcciones ejecutadas en el inmueble de domicilio reservado de este mes, se le cursó el Parte N° 41280, para ante el 2o Juzgado de Policía Local de Puente Alto, a fin de que instruya y resuelva en derecho lo que corresponda, dada la existencia de construcciones sin permiso de edificación ni recepción final.

Por lo anterior concluye que su actuar se encuentra ajustado a derecho, toda vez que cumple con lo dispuesto en el artículo 9 letra a) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; manifestando además que a la fecha no existen las circunstancias en las cuales la recurrente fundó su recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o importune ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de los derechos y/o garantías protegidas.

SEGUNDO: Que la recurrente refiere que han sido vulneradas los derechos constitucionales descritas en los numerales 2º, 3º inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

En la especie la actuación ilegal o arbitraria que se denuncia consiste en la dictación de la Resolución N° 230 y la citación N° 41222 por parte de la Directora de Obras Municipales recurrida.

TERCERO: Que según lo informado por la recurrida y los antecedentes aportados en autos, con fecha 8 de agosto en curso se ha dictado la Resolución Nº 279, la cual deja sin efecto la Resolución 230 de 1 de julio de 2016, que constituye el fundamento principal del recurso planteado.

Que a su vez, en lo que respecta a la citación Nº 41222 de fecha 14 de julio de 2016, la recurrida informa que ello dice relación con ampliaciones que posee la propiedad de la recurrente que no cuentan con permiso de edificación, y esta se ha negado a iniciar un procedimiento de regularización de las construcciones ejecutadas en el inmueble de domicilio reservado, con la misma fecha 9 de agosto del año en curso se le ha cursado parte Nº 41280, para ante el 2º Juzgado de Policía Local de Puente Alto, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda.- CUARTO: Que por su parte, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes circunstancias: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de derechos y/o que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quién lo interpone, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

QUINTO: Que, además de los requisitos enunciados, corresponde tener presente, que dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional en estudio, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

Que en el caso de autos, respecto de la Resolución Nº 230 de 1 de julio de 2016, que motivó el presente recurso, esta fue dejada sin efecto por Resolución Nº 279 de fecha 8 de agosto del año en curso, desapareciendo por lo tanto la necesidad de cautela que se pretende con el recurso.

Que en tanto, en relación a la citación Nº 41222 de fecha 14 de julio de 2016, de los antecedentes aportados en autos, es posible dar por establecido que esta actuación se encuentra bajo el imperio del derecho desde que dio inicio a la causa seguida ante el Juzgado de Policía Local del Puente Alto, no visualizándose en ello ningún acto ilegal o arbitrario de la autoridad recurrida.- Que por todo lo anterior, se procederá a rechazar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por doña nombre reservado en contra de la Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, doña nombre reservado.

Que, sin perjuicio de lo resuelto, la recurrida deberá notificar de conformidad a la ley la Resolución Nº 279 de fecha 8 de agosto de 2016, al propietario del inmueble de domicilio reservado, dentro de quinto día de ejecutoriada esta resolución e informar a esta Corte de aquello.

Regístrese, notifíquese en su oportunidad, archívese y devuélvase los documentos guardados en custodia.

Redacción de la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

N° 2995-2016 – PROT.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la Sra. nombre reservado, Sra. María Soledad Espina Otero y Sra. nombre reservado.

En Santiago, a veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.