Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por la negativa a la debida tramitación de la s

San Miguel, siete de octubre de dos mil veintiséis Vistos:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, acto que estima vulnera la garantía constitucional establecida en el N° 2 del art. 19 de la Constitución Política de la República y que importa una discriminación en relación con el trato dado a otros extranjeros.

Expone que su representado salió de su país el 10 de junio de 2019 e ingresó a Chile por paso no habilitado el 26 de junio del mismo año, huyendo de la violencia generalizada y de las amenazas de grupos delictuales conocidos como "los colectivos". Refiere que el 6 de mayo de 2026 se presentó ante la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le facilitó el formulario respectivo, que completó y entregó, y se recibió su declaración. Sin embargo, el 26 de mayo de 2026 se le notificó la Resolución Exenta NUM000, que tuvo por desistida su solicitud por haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, sin derivar previamente los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Agrega que el 25 de mayo de 2026 realizó la subsanación de su solicitud en la plataforma digital del Servicio.

Sostiene que el acto es ilegal y arbitrario, pues el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario y el recurrente nunca manifestó voluntad de abandonar su pretensión, de modo que la recurrida habría creado una hipótesis de desistimiento no prevista por el legislador. Añade que, conforme al artículo 27 de la Ley N° 20.430, a los funcionarios del Servicio solo les corresponde entregar el formulario y poner la solicitud en conocimiento de la Secretaría Técnica, que es la llamada a ponderar el cumplimiento de los requisitos. Señala además que no se le ha otorgado la visa de residente temporario prevista en el artículo 32 de la citada ley y en el artículo 42 del Decreto N° 837.

Estima que lo anterior vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por importar una discriminación respecto del trato dado a otros extranjeros.

Solicita, en consecuencia, acoger el recurso, dejar sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de 26 de mayo de 2026 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente de autos y que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se encuentra a la espera la evaluación, por parte de la comisión calificada.

Segundo: Que al evacuar informe, nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, puesto que, sostienen, no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de la autoridad que afecte en forma alguna las garantías constitucionales incoadas por la parte recurrente, sino que la autoridad administrativa ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que se le han conferido.

En cuanto a los antecedentes de hecho que fundan el recurso, refieren que el recurrente no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo que se desprende su ingreso clandestino, y que mediante Parte Policial NUM001, de 26 de junio de 2019, de la Policía de Investigaciones de Arica y Parinacota, se puso en conocimiento del Servicio una denuncia por ingreso clandestino en su contra. Añaden que el 6 de mayo de 2026 el recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, fue citado ese mismo día y se presentó en las dependencias del Servicio, donde entregó la información exigida por los artículos 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y 37 del Decreto Supremo N° 837, indicando haber ingresado por paso no habilitado el 26 de junio de 2019.

Señalan que, mediante Resolución Exenta NUM002, de 11 de mayo de 2026, se le informó que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado por incumplir requisitos formales, a saber: haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, y haber ingresado por paso no habilitado sin acreditar el cumplimiento de los plazos de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, según el numeral 5 del artículo 26 de dicha ley. En el mismo acto se le otorgó al recurrente un plazo de 15 días para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y al artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Refieren que el 25 de mayo de 2026 el recurrente presentó antecedentes a título de subsanación, entre ellos una carta explicativa en que invocó el desconocimiento del procedimiento y las amenazas que motivaron su salida de Venezuela, y copia de una tarjeta de identificación de extranjero infractor de la Policía de Investigaciones, de 26 de junio de 2019, con la que sostuvo haberse autodenunciado el día de su ingreso. Estiman que, sin embargo, se mantuvo el incumplimiento del plazo de siete días hábiles, por lo que, no habiéndose subsanado la falta, mediante Resolución Exenta NUM000, de 26 de mayo de 2026, se tuvo por desistida la solicitud, con reserva de los recursos judiciales y administrativos procedentes. Agregan que no consta que el recurrente haya interpuesto recurso administrativo alguno dentro del plazo otorgado para dichos efectos.

En cuanto al derecho, sostienen que la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó la Ley N° 20.430 y estableció nuevos requisitos de admisibilidad y formalización de la solicitud de refugio, entre ellos que sea presentada dentro del plazo legal del artículo 26, esto es, siete días hábiles contados desde el ingreso al territorio nacional, que quienes ingresen por paso no habilitado cumplan lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley y 8 y 35 del Reglamento, y que contenga las menciones mínimas de los artículos 28 de la ley y 37 del mismo. Afirman que, conforme al artículo 28 bis, si no se cumplen los requisitos formales y no se subsanan dentro de quince días hábiles, la solicitud se tiene por desistida, y que solo cumplidos dichos requisitos y declarada admisible la solicitud procede la visa de residencia temporaria del artículo 32.

Concluyen que el recurrente presentó su solicitud casi siete años después de su ingreso, sin acompañar antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos legales, por lo que no existe conducta negligente u omisiva ni acto ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado garantía constitucional alguna, por lo que solicitan el rechazo de la acción y que no se les condene en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición.

En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso. Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Quinto: Que, en la especie, la Resolución Exenta NUM000 no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones.

Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones — como la presentación de la solicitud fuera del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país que establece el artículo 26 de la Ley N°20.430— notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles.

El referido precepto legal establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que "en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida".

Sexto: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó al recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta NUM002, de 11 de mayo de 2026. Si bien el recurrente acompañó antecedentes el 25 de mayo de 2026, entre ellos una carta explicativa y copia de la tarjeta de identificación de extranjero infractor de la Policía de Investigaciones, dichos antecedentes no permitieron subsanar el incumplimiento del plazo de siete días hábiles contado desde su ingreso al país, requisito esencial para la formalización de la solicitud según el artículo 26 de la Ley N°20.430, por lo que la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Séptimo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio. De ahí que, al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°2986-2026 Protección.