nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario de haber no tramitado su Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que presentó solicitud de la devolución de fondos previsionales y que recibió un correo electrónico el 14 de julio de 2025 donde le informan que se declaró no ingresada la solicitud de retiro de fondos de pensión, en los siguientes términos:

“Te informamos tu solicitud de Devolución de Fondos como Técnico Extranjero. No fue ingresado por los siguientes motivos:

- “Debido que no recibimos la documentación solicitada Contrato de Trabajo inicial y Seguro Social, esta solicitud ha sido cerrada”.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico profesional solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación formalista de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Del texto transcrito evidencia el actuar arbitrario e ilegal, puesto que la recurrida decide mediante un acto arbitrario e ilegal declararlo no ingresada la solicitud impetrada pese a cumplir con los requisitos arriba desarrollados, lo que deviene en un actuar caprichoso y, sin sustento jurídico, puesto que todo solicitante tiene derecho a un respuesta debidamente fundamentada, concluir como lo realizó la Administradora de Fondos de Pensiones conduciría a la vulneración los derechos fundamentales de la igualdad ante la ley, debido proceso y, el derecho de propiedad.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, título profesional apostillado, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Solicita que se ordene se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene que AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros debido a que el recurrente aportó una declaración jurada y una constancia electrónica de cotizaciones, sin apostillar ni legalizar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no un certificado emitido por una institución extranjera que acredite su afiliación a un sistema de seguridad social o previsional fuera Chile, tal como lo exige la normativa. Además, no ingresó el contrato de trabajo que le fue solicitado, sino solo anexos de uno.

Argumenta que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el trabajador extranjero demuestre estar afiliado a un sistema de previsión social fuera de Chile, con cobertura para enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante un certificado oficial legalizado de la institución correspondiente y que la Superintendencia de Pensiones permite, excepcionalmente, que este requisito se acredite con un certificado emitido por la embajada o consulado, siempre que actúe en representación legal de la entidad de seguridad social y confirme las coberturas.

Sin embargo, la declaración jurada presentada y la constancia electrónica de cotizaciones aportadas por la recurrente no cumplen con la normativa: no son emitidas por la entidad de seguridad social ni por la embajada o consulado, además, la constancia no está legalizada ni apostillada y no detalla las coberturas específicas del solicitante.

Por tanto, refiere que no es posible autorizar el retiro de los fondos de pensiones solicitado, ya que el recurrente no cumplió con todos los requisitos exigidos en la Ley 18.156.

Finalmente indica que para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración Jurada que emana del propio trabajador y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2955-2025 Protección.