nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Loreto Letelier Barrera, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad china, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la Resolución Exenta Nº2600100278767 de 11 de mayo de 2026, que rechazó la solicitud de residencia temporal y ordenó el abandono del territorio nacional, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente obtuvo la residencia temporal con una vigencia hasta el 25 de marzo de 2020 y desde el 30 de junio de 2021 ha tratado de regularizar su situación migratoria sin resultados positivos debido a la exigencia de los mismos documentos por parte de la autoridad recurrida.

Menciona que el 29 de agosto de 2024 se le requirió el certificado de antecedentes penales de su país de origen apostillado, en circunstancias que ya había acompañado el documento original y su contrato de trabajo legalizado ante notario.

Posteriormente el 29 de julio se le pidieron otros documentos, tales como, anexo de contrato de trabajo que indique vigencia, carpeta tributaria del empleador, constancia del representante legal del empleador y el pago de otra multa.

Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos para ser residente en Chile, existiendo un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, por cuanto la resolución en comento carece de justificación razonable fundándose en documentación que no fue solicitada desde un principio y en multas que no existían en la bandeja de entrada del sistema de tramitación.

Solicita declarar la ilegalidad de la resolución exenta referida y se ordene acoger la solicitud de residencia, con condena en costas.

Segundo: Que, evacuado el informe por el Servicio Nacional de Migraciones informa que, el recurrente ingresó por primera vez (sic) al territorio nacional el 24 de mayo de 2018 por paso fronterizo habilitado. Posteriormente, se le otorgó una visa de residencia temporal con vigencia hasta el 25 de marzo de 2020.

Agrega que el 19 de diciembre del 2022 mediante Resolución Exenta N° 22516203 y N°22516207del Servicio Nacional de Migraciones el extranjero fue sancionado por el artículo 106 de la Ley 21.325 por la suma de 61.157 pesos.

El 12 de febrero de 2024 el recurrente ingresó su solicitud de residencia temporal bajo la subcategoría de actividades lícitas remuneradas, la cual se registró bajo el ID N° 69447177.

Más tarde, el 20 de diciembre del 2022 el extranjero presentó una solicitud de residencia definitiva ante este Servicio, sin embargo, mediante comunicación electrónica N° de folio 40080379 de fecha 06 de junio del 2023 del Servicio Nacional de Migraciones ya que el extranjero no había completado el plazo de 02 años de visa sujeta a contrato (sic).

Añade que el 27 de marzo del 2024 ingresó una solicitud de residencia temporal dentro de Chile bajo la subcategoría de actividades licitas remuneradas, bajo el ID N° 68740868.

Refiere que mediante comunicación electrónica N°63905400 de fecha 29 de agosto del 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se le informó al extranjero que su solicitud se encuentra incompleta debiendo acompañar en un plazo de 60 días el certificado de antecedentes del país de origen, contrato de trabajo y pago de multa por encontrarse vencido su permiso de residencia por más de 180 días debiendo sancionarse por el artículo 119 de la Ley 21.325. Al respecto, el recurrente acompañó certificado de antecedentes y contrato de trabajo.

Durante la tramitación de la solicitud se le sancionó con fecha 31 de agosto del 2024 mediante Resolución Exenta N° 24412045 del Servicio Nacional de Migraciones por infracción al artículo 106 de la Ley 21.325 por la suma de 32.950 pesos y por ese motivo se le comunicó que su solicitud se encontraba comprendida en una causal de rechazo por no presentar contrato de trabajo vigente a la fecha, la carpeta tributaria del empleador o contratante, documento donde conste la titularidad o representación legal de la persona que suscribe el contrato y además, debía acompañar copia de la resolución que acreditara que se sancionó por las infracciones cursadas y su comprobante de pago Se le otorgó un plazo de 10 días hábiles, acompañando solo carpeta tributaria electrónica, certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos y una fotografía del contrato de trabajo a plazo fijo de 1 de agosto del 2024.

En consecuencia, se dispuso el rechazo de la solicitud de residencia del extranjero, esencialmente, por no cumplir los requisitos del Art. 17 del Decreto 177 del año 2022 y además por no presentar la sanción pagada por desarrollar actividades remuneradas sin autorización (artículo 109) y por residir en el país con el permiso de residencia vencido (artículo 119).

Asimismo, se decretó una orden de abandono del país en el plazo de 30 días desde la notificación del acto administrativo, reservándosele los recursos administrativos, sin que consta que haya presentado alguno.

Finalmente, el 22 de mayo del 2026 se le sancionó por el artículo 109 de la Ley 21.325 por la suma de 174.722 pesos.

Sostiene que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por esta autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son la Ley N° 21.325 y el Decreto Supremo N°177, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con la dictación de la Resolución Exenta Nº2600100278767 de 11 de mayo de 2026, que rechazó la solicitud de residencia temporal y ordenó el abandono del territorio nacional.

Quinto: Que en el presente caso no se verifica un actuar arbitrario o ilegal de la parte recurrida, desde que la resolución cuestionada emana de la autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades y se advierte debidamente justificada; además, se fundamenta en la falta de presentación de parte de los documentos solicitados durante la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que este recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2936-2026 Protección