nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

San Miguel, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Don Wilson Hernán Díaz Abarca, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico en enfermería, y de doña nombre reservado, técnico en enfermería, deduce acción de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada por su Secretaria General, doña nombre reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la Resolución N° 127/2025, de 25 de junio de 2025 notificada al día siguiente a las recurrentes, que aplicó a éstas la medida disciplinaria de destitución y que las privó de la totalidad de sus remuneraciones, pese a que tal acto no está firme ni ejecutoriado, desde que se encuentra pendiente de decisión el recurso de reposición que su parte interpuso en tiempo y forma, actuación que a su juicio vulnera los derechos de las recurrentes garantizados en los números 1, 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que las actoras, tras 16 y 21 años de servicios como TENS en la farmacia del CESFAM Dr. Héctor García, habiendo sido calificadas siempre en Lista 1 y sin haber recibido sanción alguna, fueron sometidas -por Resolución Exenta N° 09-2025, de 5 de febrero 2025- a un sumario administrativo iniciado a raíz de una denuncia que les imputaba haber ejecutado actos de acoso laboral en contra de su jefa, doña nombre reservado, acusándolas de realizar comentarios ofensivos, despectivos y despreciativos, a espaldas de la víctima, juzgando el desempeño de ésta, su inteligencia, las habilidades de competencia profesional, la resolutividad y lentitud en la toma de decisiones y gestiones, todo lo cual causó un grave menoscabo psicológico que afectó la situación laboral de la misma. Explica que, en el marco de dicha investigación, se decretó su suspensión preventiva del cargo, con prohibición de ingreso a dependencias institucionales y reducción parcial de sus remuneraciones, procedimiento que concluyó con la resolución recurrida, mediante el cual se dispuso su destitución.

Alega que los cargos se fundan en testimonios de oídas, sin evidencia específica o material de los hechos denunciados, que en la fase indagatoria no se contrastaron debidamente los descargos ni la prueba de la defensa y que el órgano instructor desatendió los principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad, de bilateralidad, de paridad de armas e igualdad ante la ley, así como el debido proceso, en torno a lo cual destaca que los cargos formulados no identifican con precisión las normas vulneradas y que no se ajustan a la congruencia e imparcialidad que deben regir en nuestro estado de derecho, a lo que añade que la recurrida se negó a dar tramitación al recurso de reposición que su parte dedujo en contra de la anotada sanción, proceder que coarta el derecho a defensa. Asevera que la medida disciplinaria en comento resulta arbitraria y desproporcionada, por cuanto no se ajusta a criterios de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad; así, sostiene que la medida no es idónea, pues no se encuentra respaldada por antecedentes objetivos que acrediten la existencia de las conductas imputadas; no es necesaria, en la medida que existían otras alternativas menos gravosas que permitían satisfacer el fin perseguido y carece de proporcionalidad, pues se aplicó la sanción más extrema pese a la trayectoria intachable de las recurrentes, su extensa carrera funcionaria sin reproches y la ausencia de elementos probatorios suficientes, afectando de manera desmedida sus derechos fundamentales.

Termina solicitando que se acoja el recurso con costas, dejando sin efecto la resolución impugnada.

Segundo: Don Santiago Cole Osses, abogado, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, evacúa el informe ordenado y solicita el rechazo de la acción con costas, por no existir acto ilegal ni arbitrario, ya que el sumario se ajustó a la Ley N° 18.883 y a los principios de la Ley N° 19.880.

Explica que la corporación, conforme a sus estatutos, administra y opera servicios en educación, salud y atención de menores y ancianos, desarrollando una función pública con financiamiento público, en este sentido, a la vez que pone de relieve que el vínculo que unió a su parte con las recurrentes se rigieron por la Ley N° 19.378, esto es, el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales, normativa que gobierna el sumario administrativo instruido respecto de las actoras, en el que se respetó su derecho a defensa.

Expone que, mediante Resolución N° 9-2025 de 9 de febrero de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo a partir de antecedentes remitidos por el departamento de Prevención de Riesgos que daban cuenta de denuncias de acoso laboral, realizadas de conformidad a Ley N° 21.643, en perjuicio de la químico farmacéutica nombre reservado, que atribuían los hechos a las funcionarias nombre reservado y nombre reservado. En el curso de la investigación se recibieron sus declaraciones y se dispuso la suspensión preventiva de tales funcionarias, con prohibición de ingreso y pago del 75% de remuneraciones. Explica que el 14 de abril pasado se formularon cargos por acoso laboral en contra de las actoras, conductas cometidas en contra de su jefa mediante agresión y hostigamiento reiterado en el tiempo, por medio de comentarios ofensivos, despectivos y despreciativos, realizados a espalda de la víctima, juzgando el desempeño de ésta, su inteligencia, las habilidades, competencias profesional, la resolutividad y lentitud en la toma de decisiones y gestiones, lo que causó a la víctima un grave menoscabo psicológico, perjudicando su situación laboral. Agrega que el 30 de abril de 2025 las funcionarias presentaron sus descargos y rindieron prueba durante el mes de mayo; que, luego, en la vista fiscal de 20 de mayo, se propuso la destitución de ambas funcionarias por incumplimiento grave de sus obligaciones, en particular de aquellas consagradas en la letra m) del artículo 82 de la Ley N° 18.883, en el artículo 2 del Código del Trabajo y en los artículos 52 y 62 N° 10 de la Ley N° 18.575 y en el Protocolo por maltrato, acoso laboral y acoso sexual de la corporación, incorporado en su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad. Por último, indica que por Resolución N° 127-2025 de 25 de junio de 2025, la Secretaría General de la corporación aprobó el sumario y aplicó la sanción de destitución, al tenor de la letra b) del artículo 48 de la Ley N° 19.378. En cuanto al recurso de reposición intentado por las afectadas el 3 de julio de 2025, consigna que fue rechazado por Resolución N° 134-2025 de 28 de ese mes, considerando que con la prueba reunida se acreditaron los hechos imputados y su responsabilidad y que el sumario se ajustó a derecho, sin perjuicio de que la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a los inculpados corresponde, de manera privativa, a los órganos de la administración activa. Agrega que, si bien el contenido de las hojas de vida de las investigadas puede configurar atenuantes de responsabilidad, ello no neutraliza la gravedad de los hechos, máxime si no medió colaboración de las funcionarias y éstas tampoco reconocieron los hechos ni mostraron arrepentimiento por lo actuado.

En cuanto al derecho, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para examinar este asunto, toda vez que el artículo 156 de la Ley N° 18.883 otorga a los funcionarios un reclamo ante la Contraloría General de la República por vicios de legalidad, el que no fue ejercido. Arguye que el presente recurso protege derechos indubitados y no procede como instancia declarativa o revisora de procedimientos disciplinarios legalmente tramitados, el que por lo demás, a su juicio, respetó el debido proceso y las actoras no han precisado actos concretos ilegales o arbitrarios que les hayan impedido defenderse.

Estima que el acto recurrido es legal y proporcional, conforme a la letra c) del artículo 123, en relación con la letra m) del artículo 82, ambos de la Ley N° 18.883, ya que tratándose de una conducta prohibida legalmente, la sanción máxima es procedente, tras lo cual concluye afirmando que no existe acto ilegal ni arbitrario, que el sumario se ajustó a la Ley N° 18.883 y a los principios de la Ley N° 19.880, para terminar asegurando que las garantías invocadas por las actoras no han sido vulneradas.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: En consecuencia, la controversia se centra en la calificación de los hechos denunciados ante la alegada insuficiencia de prueba y la proporcionalidad de la sanción en ausencia de antecedentes disciplinarios previos por parte de las funcionarias destituidas.

Quinto: Realizado un examen de los antecedentes de la causa, es posible tener presente las siguientes circunstancias fácticas:

a) ambas recurrentes son técnicos en enfermería y se desempeñaban como tales en la farmacia del CESFAM Dr. Héctor García.

b) a raíz de una carta enviada desde el Departamento de Prevención de Riesgos de la corporación recurrida, que informaba de la recepción de siete denuncias por actos de acoso laboral realizados por las funcionarias nombre reservado y nombre reservado en contra de su jefa, doña nombre reservado, se dio inicio a un sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados.

c) que luego de investigar tales denuncias y realizar las diligencias pertinentes, el fiscal instructor formuló en contra de las recurrentes el cargo consistente en: “Cometer conductas de acoso laboral en contra de su jefa, la química farmacéutica doña nombre reservado, mediante agresión y hostigamiento reiterado en el tiempo, por medio de la realización de comentarios ofensivos, despectivos y despreciativos, realizados a espalda de la víctima, Juzgando el desempeño de ésta, su inteligencia, las habilidades, competencias profesional, la resolutividad y lentitud en la toma de decisiones y gestiones, provocando con dicho actuar a doña nombre reservado, un grave menoscabo psicológico, que ha amenazado y perjudicado su situación laboral”, imputándoles haber vulnerado con su proceder lo establecido en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en el inciso 2° del artículo 2 del Código del Trabajo, en la letra m) del artículo 82 de la Ley N° 18.883, en el inciso final del artículo 13, en el artículo 52 y en el N° 10 del artículo 62, todos de la Ley N° 18.575 y en el Protocolo por maltrato, acoso laboral y acoso sexual de la corporación, incorporado en su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad.

d) Luego de notificados los cargos a las actoras, de recibir sus descargos y de abrir un término probatorio para recibir la prueba ofrecida por ellas, se dictó el acto recurrido, Resolución N° 127/2025 de 25 de junio de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a las actoras fundada en la vulneración de los preceptos relacionados en la letra que precede y por estimar que “ambas funcionarias han incumplido gravemente las obligaciones funcionarias”.

e) Las recurrentes dedujeron recurso administrativo de reposición respecto de la antedicha decisión, el que fue rechazado mediante la Resolución N°134/2025 de 28 de julio de 2025, que fue notificada al apoderado de las recurrentes por correo electrónico de esa misma fecha.

Sexto: Del análisis de los antecedentes de la causa es posible advertir que la resolución que impuso la medida de destitución y aquella que rechazó el recurso de reposición intentado a su respecto, fueron dictadas por el órgano competente en el ámbito de sus atribuciones, después de que se tramitara un sumario administrativo en contra de las recurrentes por la comisión de conductas que, en general, dicen relación con la vulneración del principio de probidad administrativa en el ejercicio de su cargo mediante la realización de actos de acoso laboral en contra de su jefatura directa, procedimiento disciplinario que se llevó a efecto respetando el debido proceso, el derecho a defensa y la fundamentación de las decisiones, con lo que se dio cumplimiento a lo prescrito en el artículo 118 de la Ley N° 18.883, conforme al cual: “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género”.

Séptimo: En efecto, el examen de los antecedentes pone de manifiesto que la resolución recurrida describe los hechos en que se funda el cargo formulado, indica cuáles son las normas que estima infringidas y concluye, tras ponderar los hechos asentados y las disposiciones que rigen la situación en examen, que la conducta reprochada constituye una grave falta al principio de probidad administrativa, contexto en el cual estima justificada la aplicación de la sanción de mayor gravedad respecto de las funcionarias investigadas.

En este sentido, es útil subrayar que la letra m) del artículo 82 de la Ley N° 18.883 estatuye que: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

[…]

m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

En la especie el fiscal instructor formuló un cargo en el sumario administrativo en contra de las recurrentes, el que fue confirmado por la recurrida y fue calificado como acoso laboral en los términos contemplados en la referida letra m) del artículo 82, conducta cuya única sanción aplicable es la destitución, según lo establece expresamente el inciso segundo del artículo 123 de la misma ley, como se dirá más adelante.

Octavo: En cuanto a que los cargos se fundan en testimonios de oídas, sin evidencia específica o material de los hechos denunciados y que en la fase indagatoria no se contrastaron debidamente los descargos ni la prueba de la defensa, para desestimar dicha alegación de las actoras basta consignar que la presente acción constitucional no es la vía idónea para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, pues el control que se ejerce por esta vía no está destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones realizadas o de las decisiones adoptadas por el órgano administrativo, desde que la de autos es una acción cautelar de garantías constitucionales y no una de revisión del acierto o calidad de las decisiones administrativas impugnadas.

En lo que atañe, a su vez, a lo aducido por la parte recurrente en el sentido de que el órgano instructor desatendió los principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad, bilateralidad, paridad de armas e igualdad ante la ley en el desarrollo del procedimiento disciplinario de que se trata, así como la congruencia e imparcialidad que deben regir su tramitación, tal aseveración no será oída desde que las actoras no explican con precisión en qué consiste, en este caso particular, tal vulneración, de qué manera concreta se evidenciaría la misma en la especie y cuáles serían las consecuencias específicas de tales infracciones.

Del mismo modo se desechará, por no resultar efectiva, la defensa basada en que los cargos formulados no identifican con precisión las normas vulneradas, puesto que, por el contrario, los actos administrativos que contienen la formulación de cargos de cada una de las actoras señalan con detalle y precisión las disposiciones constitucionales, legales e internas, de la propia recurrida, que habrían sido quebrantadas por las funcionarias investigadas, predicamento que se repite en la resolución que aplica a su respecto la medida de destitución.

Finalmente, no se dará lugar, tampoco, a lo sostenido por las recurrentes en orden a que la recurrida se negó a dar tramitación al recurso de reposición que dedujeron en contra de la sanción, pues, como surge de la prueba aparejada por el municipio, dicho arbitrio fue desestimado mediante la Resolución N°134/2025 de 28 de julio de 2025, que fue notificada al apoderado de esa parte con igual fecha, de lo que se sigue que no se ha verificado la afectación al derecho a defensa de las actoras que éstas denuncian.

En tales condiciones, forzoso es concluir que el acto impugnado no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad, como acusan las recurrentes, razón por la cual no se accederá a la acción cautelar en examen.

Noveno: Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, cabe dejar asentado, en lo que atañe a la alegación referida a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, atendida la entidad de los hechos y la ausencia de reproches disciplinarios previos respecto de ambas funcionarias, que no se advierte que la recurrida haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria al decidir del modo en que lo hizo, toda vez que la imposición de la sanción de destitución se fundamenta en la prueba rendida en el sumario administrativo instruido a raíz de las denuncias efectuadas por diversos funcionarios del CESFAM Héctor García y de la Unidad de Cuidados Paliativos Universales, como se constata de la resolución recurrida, cabiendo destacar, asimismo, como ya se dijo, que en el procedimiento materia de autos se observó cabalmente el debido proceso.

En tal sentido, se debe tener presente, además, que conforme a la normativa vigente la medida disciplinaria de destitución es la única sanción aplicable en el caso de que un funcionario incurra en falta a la probidad administrativa y, en particular, si se trata del acoso laboral previsto en el artículo 82 letra m) de la Ley N° 18.883. En efecto, el inciso segundo del artículo 123 de la citada ley previene, en lo pertinente, que: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: […] c) infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82”.

Décimo: Por último, encontrándose la resolución recurrida debidamente expedida por la autoridad competente en el ámbito de sus facultades administrativas, fundada y resultando acorde con la normativa aplicable al caso, sólo cabe concluir que no existe vulneración al debido proceso y al derecho a defensa, como tampoco a las garantías establecidas en los numerales 1, 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, motivos por los cuales no procede acoger la acción cautelar en examen.

Décimo primero: En consecuencia, esta Corte advierte que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ni vulneración de los derechos de las recurrentes, por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro señor Quezada.

Rol N° 2928-2025 protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Danilo Quezada Rojas y señora Alondra Castro Jiménez y abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.