Protección contra la I

nombre reservado Miguel, cinco de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece el abogado señor Raúl Herrera Hidalgo, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de nombre reservado, representada por su alcalde, Manuel Ángel Aguilera Sanhueza, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando el resguardo de los derechos fundamentales consagrados en los números 1 y 2, del artículo 19 de la Carta Fundamental, los que estima conculcados por el acto que estima arbitrario e ilegal, cual es la decisión del municipio de poner término a su contrato de trabajo de la que tomo conocimiento el 4 de febrero del año en curso.

Expone que fue contratado en el cargo de auxiliar del Departamento de Educación, el 1 de diciembre de 2018 y que en virtud de su edad y de sus patologías crónicas, a raíz de la pandemia por el virus Covid-19, se le otorgó permiso para ausentarse de su jornada laboral a contar del 19 de marzo del 2020, según da cuenta la copia de la Resolución 03-A de 20 marzo de 2020, firmada por el Coordinador General de Educación (S) don nombre reservado nombre reservado Municipalidad de nombre reservado.

Agrega que encontrándose suspendido de su jornada laboral, el 4 de febrero de 2021, tomó conocimiento que el municipio puso término a su relación laboral por registrar antecedentes penales pretéritos, a requerimiento de la Contraloría General de la República. Reconoce la existencia de condenas impuestas entre los años 2007 y 2008, por los delitos de hurto.

Menciona que no obstante el inicio de trámites para eliminar sus antecedentes penales, el articulo 10 letra f) de la Ley 18.883 modificado por la ley 21.702 señala textualmente que “Para ingresar a la municipalidad será necesario cumplir lo siguientes requisitos:.. f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delitos. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquéllos contemplados en el Título V, Libro II del Código Penal”

Esgrime que su representado no podía ser desvinculado por existir norma expresa que así lo dispone.

Pide que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto el acto de la administración que lo desvinculó con la recurrida y se le reincorpore a su cargo con todos los beneficios y remuneraciones adeudadas Informando la I. Municipalidad de nombre reservado solicita el rechazo del presente arbitrio en atención a que la Municipalidad, al desvincular el recurrente, lo hizo en cumplimiento de una orden del ente fiscalizador, aduciendo en la respectiva carta de despido la causa del artículo 159 Nº 6 del Código de Trabajo.

Explica que la Contraloría General de la República, en el informe final de auditoría realizada en el municipio Nº 181 de 2020, mantuvo el criterio que adoptó desde el año 2017 respecto del recurrente, en cuando considerar que le es aplicable la causal de impedimento para ingresar a prestar servicios a la municipalidad, dispuesta en el número 5 de la del artículo 13 de la ley 19.378, que contiene el estatuto de atención primaria de salud municipal, pues a la época de su contratación, el 1 de diciembre de 2018, mantenía antecedentes penales por simples delitos.

Expone que su representado estaba contratado como auxiliar en el Departamento de Educación Municipal “bajo modalidad del código del Trabajo” y que la Contraloría explicitó que la excepción contemplada en la letra f) del artículo 10 de la ley 18.883 solo favorece a quienes pretenden incorporarse a un cargo público en la Administración de Estado, es decir, como funcionarios de planta o a contrata, calidad que no incluye al recurrente.

Explica que para la Contraloría General de la República, don nombre reservado es un empleado público que se rige por las normas del Código del Trabajo y como tal se encuentra sometido a las inhabilidades generales para este tipo de servidores, contempladas en el artículo 54 de la Ley N° 18.575, letra e). En lo que hace a la aplicación de la Ley N° 20.702 que modificó la letra f) del artículo 10 de la Ley N° 18.883, en el sentido de consagrar una excepción, en lo que interesa, a la inhabilidad que afecta a a las personas que se encuentran condenadas por simple delito y desean ingresar a cargos municipalidades, estableciendo que para desempeñar puestos auxiliares y administrativos, dicho castigo no será un impedimento, a no ser que se trate de aquellos hechos punibles contemplados en el Título V, Libro II del Código Penal, solo es aplicable a funcionarios de planta o a contrata.

En seguida sostiene que se trata de un asunto de lato conocimiento que no debe ser conocido por esta vía cautelar especialísima, por lo que el recurso debe ser desestimado.

A requerimiento de esta Corte, informa la Contraloría General de la República, ratificando lo señalado por la recurrida y precisando que en el informe final de auditoría aludido por la Municipalidad de nombre reservado, se señaló que habiéndose efectuado una consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación sobre los antecedentes penales que pudieren mantener los 4.757 servidores contratados por el municipio entre 1 de enero de 2014 y 31 de julio de 2019, se verificó que existían personas que se encontraban afectas a las inhabilidades allí indicadas, dentro de los cuales figuraba el recurrente, concluyendo que la entidad comunal debía, “en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa allí indicada, absteniéndose de contratar personal afecto a las referidas inhabilidades, como asimismo, que debía, previo traslado a los interesados, poner término a los vínculos que aún permanecieran vigentes, en los que se presentaran las situaciones de inhabilidad descritas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 18.575.”.

Añade que producto de los hallazgos constatados en el citado informe final N° 181 de 2020, dispuso mediante la resolución exenta N° PD00970, de 19 de octubre de 2020, la instrucción de un sumario administrativo en la Municipalidad de nombre reservado, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa derivada de los hechos a que allí se refiere.

Se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República frente a actos que los amenacen, perturben o vulneren.

Así, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto –de carácter terminal o final dentro de un proceso, o una omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, a saber, la conculcación de uno o más de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, consideración básica para el análisis y decisión del asunto como el que ha motivado el presente recurso.

Segundo: Que lo que se tilda de ilegal y/o arbitraria es la desvinculación del recurrente, por parte de la I. Municipalidad de nombre reservado, en cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República.

Tercero: Que del mérito de los documentos aparejados al recurso, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es posible tener por ciertos, los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

a) El recurrente, señor nombre reservado se encontraba contratado bajo modalidad del Código del Trabajo en la Municipalidad de nombre reservado;

b) El señor nombre reservado a la época de su contratación contaba con anotaciones penales;

c) La Contraloría General de la República el 31 de agosto de 2020, complementando un informe señaló que la excepción contenida en la letra f) del artículo 10 de la Ley N° 18.883, respecto de cargos de auxiliares y administrativos, favorece a quienes pretenden incorporarse a un cargo público en la administración del estado, es decir, como funcionarios de planta o contrata, calidad que no reviste el recurrente;

Cuarto: Que en la especie, la relación entre la Contraloría General de la República y el Municipio de que se trata, encuentra su fuente en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y la Ley N° 10.336, facultándose a la primera para emitir dictámenes obligatorios para dichas entidades.

Es en ese contexto la municipalidad recurrida, ha dado cumplimiento a un dictamen emanado del órgano contralor que se pronunció en el sentido indicado precedentemente, esto es, desvincular a todos aquellos prestadores de servicios a honorarios y Código del Trabajo, en calidad de auxiliares y administrativos que tenían antecedentes penales, por lo que forzoso es desestimar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don Raúl Herrera Hidalgo, en representación de nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de nombre reservado.

Regístrese y devuélvase.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad, si no se apelare.

N° 290-2021 PROT.

Redacción de la ministra señora Claudia Lazen Manzur.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel, integrada por las ministras Adriana Sottovia Giménez y Claudia Lazen Manzur y la Fiscal Judicial Tita Aránguiz Zúñiga.