nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

San Miguel, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Cristián Alejandro Zenteno Cereceda, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, chileno, soltero, kinesiólogo, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada por nombre reservado, por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en contra de la comunicación verbal efectuada el 23 de diciembre de 2025 por doña nombre reservado, Directora del CESFAM Maipo, mediante la cual se informó al recurrente que no se renovaría su contrato por “razones de dotación” y que solo trabajaría hasta el 31 de diciembre de 2025, señalando que dicha decisión fue adoptada de forma arbitraria e ilegal, por carecer de fundamento suficiente.

En cuanto a la permanencia del funcionario en el servicio, señala que nombre reservado ingresó a prestar servicios para la Corporación el 3 de octubre de 2022, desempeñándose como kinesiólogo clínico en el CESFAM Maipo. Indica que su contratación se materializó mediante continuos y sucesivos contratos a honorarios o a plazo fijo, por períodos de 1, 2, 3, 9 o 12 meses, regidos por la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, entre el 3 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, con al menos cinco renovaciones. Su jornada era de 44 horas semanales, conforme a los artículos 14 y 15 de dicha ley.

Respecto de sus funciones, expone que se desempeñó como kinesiólogo clínico entre 2022 y 2025, referente comunal técnico de salas respiratorias en 2025, encargado local sala IRA-ERA entre 2023 y 2024, integrante del Comité Técnico de Campaña de Invierno 2025, del Comité Paritario Sector Costa entre 2023 y 2025, del Comité de desastre como encargado de pasillo entre 2023 y 2025, y del Comité de Buen Trato Sector Costa entre 2022 y 2023.

Añade que su desempeño fue siempre bien evaluado, destacándose su proactividad, disposición y aporte a la profesión y a la comunidad, con calificación en Lista 1, sin haber sido objeto de sumarios administrativos ni sanciones. Sostiene que, pese a ello, se le puso término a una relación de cerca de cuatro años, sin entregar una explicación concreta, limitándose la recurrida a invocar genéricamente “razones de dotación”.

El recurso afirma que la falta de fundamento de la decisión se refuerza porque, menos de un mes después de la desvinculación, el 15 de enero de 2026, se habría contratado a un nuevo profesional kinesiólogo llamado César, para desempeñar las mismas funciones que realizaba el recurrente. También indica que la comunicación verbal lo dejó en una situación distinta a otros casos similares, en que la Corporación habría entregado comunicaciones por escrito.

En cuanto a los vicios de legalidad, invoca la confianza legítima, señalando que las renovaciones reiteradas generaron en el recurrente la expectativa razonable de que su contratación sería renovada para el año 2026, como ocurrió durante los años anteriores. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República, especialmente los N°22.766 de 2016, N°53.844 de 2016 y N°6.400 de 2018, relativos a la obligación de emitir un acto administrativo fundado cuando la Administración decide no renovar una contratación reiterada.

Asimismo, denuncia falta de motivación, invocando los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, conforme a los cuales los actos que afecten derechos de particulares deben expresar sus hechos y fundamentos de derecho, y las resoluciones finales deben ser fundadas. Sostiene que no basta una fórmula genérica como “razones de dotación”, pues no se acompañan estudios, informes ni antecedentes que respalden la decisión.

Luego, califica el acto como arbitrario e ilegal, porque no expresa razones fácticas que permitan prescindir de sus servicios, carece de razonabilidad y otorga al recurrente un trato diferente frente a otros funcionarios a plazo fijo que se encontrarían en la misma calidad jurídica al interior de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

El recurso también sostiene que, conforme a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la contratación reiterada a plazo fijo bajo la Ley N°19.378 puede transformarse en un vínculo de naturaleza indefinida por aplicación subsidiaria del Código del Trabajo, en particular del artículo 159 N°4, cuando se han producido renovaciones sucesivas. Cita, entre otros, fallos de la Corte Suprema roles 29.869-2019, 71.955-2020 y 217343-2023.

Finalmente, señala que el recurso se interpone dentro del plazo de 30 días corridos desde ocurrido el abuso.

Solicita que se ordene a la Corporación de Desarrollo Social de Buin informar y, en definitiva, se acoja la acción, dejando sin efecto la comunicación verbal de no renovación de 23 de diciembre de 2025, por la cual se informó que el contrato cesaba el 31 de diciembre de 2025 y no se renovaría para el año 2026.

Pide, además, que se disponga la reincorporación del recurrente y la renovación de su contratación por todo el año 2026 en sus funciones dentro de la Corporación, junto con el pago de todas las remuneraciones que le habrían correspondido de haber continuado en el cargo hasta su reincorporación, y todas las medidas conducentes al restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados, con costas.

Segundo: Que, Santiago Cole Osses, abogado, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, evacúa informe en recurso de protección interpuesto por nombre reservado, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por estimar que no existe acto arbitrario ni ilegal.

La recurrida sostiene que el recurso de protección es una acción cautelar que exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías protegidas, además de tratarse de la vía idónea, oportuna y referida a un derecho indubitado, requisitos que, afirma, no concurren en la especie.

Informa que el recurrente prestó servicios para la Dirección de Salud de la Corporación bajo contratos a plazo fijo, conforme al artículo 14 de la Ley N°19.378, y que nunca tuvo contrato indefinido, pues no habría ingresado previo concurso público de antecedentes, exigencia legal para adquirir dicha calidad. Agrega que, conforme al artículo 48 letra c) de la misma ley, los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella por vencimiento del plazo del contrato.

Señala que reconocer carácter indefinido al contrato del recurrente, sin cumplir los requisitos legales, vulneraría la igualdad ante la ley, pues implicaría otorgarle una situación privilegiada frente a quienes sí postularon a concursos públicos. Añade que la Ley N°21.308, denominada “Ley de alivio”, contempló una vía excepcional para regularizar ciertos contratos a plazo fijo, lo que confirmaría que no procede transformar automáticamente un contrato a plazo fijo en indefinido.

Respecto de la confianza legítima, sostiene que los dictámenes invocados por el recurrente se refieren a funcionarios a contrata y no a quienes fueron contratados a plazo fijo bajo la Ley N°19.378. Agrega que el Dictamen N°53.844 de 2016 de la Contraloría General de la República, lejos de apoyar la tesis del recurrente, habría concluido que el cese por vencimiento del plazo del contrato se ajusta al artículo 48 letra c) de dicha ley.

En cuanto a la alegada falta de fundamento, la recurrida afirma que notificó formalmente al recurrente mediante carta certificada de 1 y 16 de diciembre de 2025, informando que el término del contrato sería el 31 de diciembre de 2025, por vencimiento del plazo. Sostiene que, tratándose de un contrato a plazo fijo, el único fundamento exigible es precisamente el vencimiento del plazo convenido, sin que sea necesario dictar un acto fundado como si se tratara de un funcionario a contrata.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de San Miguel para sostener que la repetición de contratos a plazo fijo en atención primaria de salud no transforma la relación en indefinida, ya que la única vía para acceder a estabilidad es el concurso público. También invoca una sentencia de la Corte Suprema de 9 de febrero de 2026, causa Rol 46.299-2025, conforme a la cual una vinculación inferior a cinco años no queda amparada por confianza legítima. En el caso, señala que el recurrente estuvo vinculado 3 años y 2 meses.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección deducido por nombre reservado, por carecer de sustento y fundamento.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que con el mérito de la documental aparejada por la recurrente, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado que el recurrente, nombre reservado, ingresó a prestar servicios a la Corporación recurrida bajo contrato a plazo fijo como kinesiólogo el 3 de octubre de 2022 y hasta el 31 de octubre del mismo año. Luego, su contrato fue renovado el 3 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, se volvió a renovar el contrato desde el 3 de enero al 31 de marzo de 2023.

Asimismo, consta que se le renovó contrato a plazo fijo por el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023. Luego, también se le extendió a el contrato a plazo fijo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Misma situación ocurrió en 2025, cuando su contrato se extendió por el plazo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de ese año, y con su último periodo que suma un total de 3 años y 2 meses de contrataciones a plazo fijo.

Finalmente, mediante comunicación realizada el 2 de diciembre de 2025, la referida corporación informó al funcionario el término del contrato de trabajo a partir del 31 de diciembre del mismo año por la causal prevista en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es “Vencimiento del plazo convenido”.

Quinto: Que, de lo que viene razonando, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 en la letra c).

Sexto: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente arbitrio, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que se exige en relación con los actos administrativos, toda vez que la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 48 letra c) de la Ley N.º 19.378, por la causal de vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo.

Séptimo: Que, en lo concerniente a la alegación basada en la figura doctrinaria de la “confianza legítima”, cabe señalar que la misma no aplica en el presente caso, en el que, además, el recurrente ni siquiera cumple con el requisito de las anualidades que dicho instituto requiere el plazo del último periodo de relación a plazo fijo no completa los cinco años requeridos para ello, según determinó el Dictamen N°E561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de La República.

Octavo: Que, de los antecedentes es dable concluir que no existe un acto arbitrario e ilegal, por cuanto la recurrida actuó dentro del ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento de la normativa legal, y el acto cuestionado por esta vía aparece debidamente fundamentado.

De otra parte, debe considerarse que el recurrente carece de un derecho indubitado que se pueda proteger por esta vía, desde que su contratación en el municipio de que se trata, lo era bajo la modalidad de “contrato a plazo fijo”.

Noveno: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, resulta innecesario entrar a analizar y pronunciarse sobre la vulneración de algún derecho fundamental protegido por la Carta Política, y solo queda concluir que el arbitrio deducido en autos será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°289-2026 Protección