Protección contra Ilustre Municipalidad de Paine

San Miguel, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Comparecen las abogadas Ana Eugenia Fullerton Castro y Makarena García Dinamarca, quienes interponen recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, Técnico en Enfermería y en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine, por el acto ilegal y arbitrario contenido en el Decreto Alcaldicio Nº NUM000 de 26 de abril de 2021, consistente en declarar vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, estimándolo vulneratorio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que doña nombre reservado comenzó a prestar funciones en la Ilustre Municipalidad de Paine el 27 de octubre 2010 en calidad de contrata y que dicha vinculación se extendió hasta el 1 enero de 2016, puesto que mediante el Decreto Alcaldicio NUM001 de 24 de noviembre de 2015, fue contratada en modalidad indefinida para ejercer el cargo de técnico enfermería en el Departamento de Salud Municipal, desempeñando funciones en el Centro de Salud Familiar CESFAM Dr. Miguel Solar y en la Posta de Salud Rural de Huelquén. Agrega que en el desempeño de sus funciones siempre ha sido bien calificada, detallando que durante los años 2019 y 2020 obtuvo puntaje de calificación de 98 puntos de un total de 100 puntos, lo que le ha permitido ser calificada en lista 1 de distinción.

Refieren que la recurrente presentó licencias médicas desde el 27 de diciembre de 2019 hasta el 21 de junio de 2020 a causa de una colitis ulcerosa y hemorragia digestiva baja. Con el tratamiento adecuado y control de la patología, se reinconcorporó a sus funciones a fines del mes de junio del mismo año.

Expresan que, a los dos meses de reincorporada con absoluta normalidad, solicitó se le permitiera realizar sus funciones vía remota, ya que cumplía con los criterios establecidos para tal modalidad de desempeño, sin embargo, se le niega dicha posibilidad, provocando un cuadro de ansiedad y estrés, gatillando nuevamente colitis ulcerosa y hemorragia digestiva baja. Producto de lo anterior, se le otorga una nueva licencia médica desde el mes de agosto de 2020 a la fecha, encontrándose actualmente la recurrente en tratamiento, control y recuperación de su patología para poder reincorporarse a sus laborales habituales con absoluta normalidad.

Añaden que la Ilustre Municipalidad de Paine solicitó que se evalué el estado de salud de la recurrente a fin de determinar su recuperabilidad y que Mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 26 de enero de 2021 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), se resolvió que doña nombre reservado, presenta actualmente un estado de salud recuperable.

Sin embargo con fecha 30 de abril de 2021, se le notifica el Decreto Alcaldicio NUM000 expedido con fecha 26 de abril, que declara su salud incompatible con el desempeño de la función, pone término a la relación laboral, consigna 373 días de licencia médica y declara vacante el cargo sobre la base de la Resolución Exenta Nº NUM002 antes aludida. y Memorándum Nº NUM003 de la Dirección de Recursos Humanos, que informa sobre el estado de salud incompatible de la recurrente y el Memorándum Nº NUM004 de la Dirección Jurídica de la Alcandía, que se pronuncia sobre el anterior.

Arguyen que la resolución que se impugna se fundamenta en la facultad discrecional que la Ley 18.883, en sus artículos 147 letra a) y 148, le entrega al Alcalde, advirtiendo que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, de manera tal que el ejercicio de dichas facultades debe hacerse con respecto de las garantías constitucionales, lo que no aconteció en la especie, en tanto la resolución de salud incompatible se determinó únicamente en consideración al número de días de licencia médica, dado que no se realizó ningún peritaje o informe con el objeto de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo.

Reclaman que, si bien es efectivo que la recurrente hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que la recurrente fue evaluada en el desempeño de su cargo con excelentes resultados y su estado de salud es recuperable.

Aseveran que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para la Municipalidad y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. A lo antes señalado, agregan que el ordenamiento jurídico no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal Alcalde en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional.

Previas citas jurisprudenciales, sostienen que se ha concluido de manera sistemática que el artículo 148 antes citado establece una facultad del Alcalde desde que utiliza la expresión "podrá", de lo que se desprende que no se trata de la sola concurrencia de presupuestos de carácter objetivo que dejen fuera consideraciones de otro orden, tales como el tipo de patología que pudiese afectar a la funcionaria o la existencia de una declaración de salud irrecuperable por un organismo externo. En tal sentido, el ejercicio de tal facultad supone necesariamente que el Alcalde debe indagar acerca de la situación particular que afecta al funcionario, requiriendo una exposición acerca de los motivos que explican una prolongada licencia médica y la documentación que la justifique y, en especial, explicar por qué en el caso concreto la salud del funcionario es incompatible con el cargo.

Alegan que con el proceder de la recurrida se ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, por cuanto sola la declaración de salud incompatible afectó de modo directo la salud psíquica de la recurrente, que no tenía por qué ver en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible. Añaden que vulnera el principio de la igualdad ante la ley, consagrada en el Nº 2 de la citada norma, que obliga a conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación. Y adicionan que vulnera el derecho reconocido en el Nº 24 del mismo dispositivo constitucional, que reconoce el derecho de propiedad, puesto que se le ha privado del legítimo derecho de mantener su contrato indefinido.

En mérito de lo expuesto, piden que se acoja el presente recurso y se decreten los actos que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto el Decreto impugnado y reincorporar a la funcionaria a su cargo, con expresa condenación en costas.

Que informa al tenor del recurso, doña nombre reservado en representación de la recurrida, quien hace presente que la decisión impugnada por medio de la presente acción cautelar se encuentra plenamente fundada y cumple con todos los requisitos que la ley impone, por lo que en ningún caso se ha producido vulneración alguna a los derechos fundamentales, mucho menos amenaza, privación y/o perturbación a alguna garantía fundamental.

Explica que la facultad ejercida por el Sr. Alcalde se condice plenamente con la legislación vigente, toda vez que dentro de sus atribuciones dispuso el cese de funciones de la Sra. nombre reservado, de manera fundada mediante acto administrativo dictado al efecto, notificándola en conformidad a lo dispuesto en la ley y velando siempre por el estricto apego al principio de juridicidad en la actuación del ente público. De modo tal, asevera que no puede entenderse estar frente a un acto arbitrario o carente de sustento.

Hace presente que la Ley 18.883, sobre "Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales", se aplica al personal regulado por la Ley 19.378, "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal", de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de dicho cuerpo legal, que en lo pertinente indica, "Artículo 4°.- En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales".

Precisado lo anterior, reseña la diferencia existente entre los conceptos salud incompatible y salud irrecuperable. En tal sentido, aclara que "salud irrecuperable" es determinada por el COMPIN y que en aquellos casos no es necesario que el Alcalde declare la salud incompatible del funcionario y luego el cese de sus funciones. En cuanto a "salud incompatible", describe que es aquella declarada por el Alcalde, como consecuencia de que la COMPIN haya declarado que la salud del funcionario es recuperable.

Cita el artículo 148 de la Ley 18.883, que señala en su inciso primero: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; y luego en su inciso tercero: "El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.".

De análisis de la norma antes citada, concluye que en el inciso primero se establece la facultad que tendrá el Alcalde para declarar la salud incompatible de aquel funcionario que haya hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y que para ejercer dicha facultad, se requiere que la COMPIN evalué al funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Explica que, en consecuencia, para ejercer esta facultad, se requiere previamente la evaluación del respectivo funcionario por el COMPIN, puesto que es la única forma de determinar si la salud del funcionario es irrecuperable o bien recuperable.

Estima, entonces, necesario preguntarse cuál es la razón que fundamenta haber legislado la necesidad de esta solicitud de evaluación previa de irrecuperabilidad.

La razón, sostiene, radica en la incompatibilidad de la declaración de irrecuperabilidad con la de declaración de salud incompatible y en la necesidad de un pronunciamiento de carácter técnico.

En tal sentido, asevera que la declaración de salud recuperable no es impedimento de la declaración de salud incompatible, sino que es el presupuesto de su declaración. En otros términos, solo se puede declarar la salud incompatible por el jefe del Servicio si se cuenta con la declaración de salud recuperable realizada por la COMPIN, por lo que este antecedente en vez de otorgar alguna especie de indicio de vulneración a las garantías fundamentales, es una prueba de la estricta sujeción a principio de juridicidad que ejerce la Municipalidad de Paine.

Sostiene que respecto de la recurrente se recopilaron todos los antecedentes necesarios, determinándose que las licencias presentadas por ella son por más de 6 meses, continuos o discontinuos, en un lapso de 2 años, tal como se reconoce en el recurso. A lo que añade que mediante Resolución Exenta Nº NUM002 de fecha 26 de enero de 2021, la COMPIN declaró que la salud de la funcionaria era recuperable.

Recalca que otro punto relevante en la fundamentación del acto administrativo recurrido dice relación con que la recurrente tuvo un ausentismo de 373 días, es decir 1 año y 1 mes aproximadamente, en un lapso de 2 años, sobrepasando con creces los 180 días que la ley impone como máximo para declarar la salud incompatible. En virtud de lo anterior, y considerando el legítimo ejercicio que la recurrente hizo de sus licencias médicas las que fueron debidamente tramitadas y autorizadas por la Municipalidad, es que al ausentarse por un periodo tan prolongado lleva al Sr. Alcalde a tomar la decisión impugnada en autos.

En otro orden de argumentos, indica que no existe una vulneración, perturbación o amenaza a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, puesto que jamás se incurrió en acciones indebida ni constitutivas de lesión de su integridad psíquica más allá del malestar común que conlleva necesariamente la comunicación del cese de funciones, que no pasa de ser una situación común en la vida de cualquier trabajador.

Asevera la inexistencia de toda vulneración, perturbación o amenaza a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, puesto que la autoridad recurrida no ha actuado con ningún ápice de arbitrariedad, arguyendo que por el mismo hecho alegado existen 12 funcionarios que intentaron sendos recursos de protección en contra de la Municipalidad de Paine, ya que individualmente cada uno superaba con creces el límite legal de días de licencia médica.

Advierte la inexistencia de una afectación a su derecho de propiedad sobre el empleo en cuanto a su continuidad, citando jurisprudencia que se le sirve de base.

Finalmente, añade que el análisis de fondo bien podría recaer en un juicio de aplicación general en sede laboral o en un juicio ordinario de mayor cuantía en sede civil, más yerra el recurrente si postula que conociendo de un recurso de protección podrá acudirse al fondo de estas circunstancias para evaluar su mérito.

En mérito de lo anterior, pide que no se acoja el recurso de protección interpuesto por la recurrente, con costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del Derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

Segundo: Que, como se desprende de lo anterior, y según se ha señalado en sentencias anteriores, a raíz de otros asuntos de naturaleza similar, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

Tercero: Que el acto en contra del cual se recurre es el Decreto Alcaldicio Nº NUM000 de 26 de abril de 2021, que declaró la vacancia del cargo de la recurrente, por salud incompatible.

La cuestión que corresponde es dilucidar, en consecuencia, es si el Alcalde tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo y, por su parte, si dicha facultad se ejerció de manera razonada y fundada, no obstante existir una resolución del COMPIN de salud recuperable.

Cuarto: Que de acuerdo al mérito de los antecedentes que obran en autos, es un hecho no controvertido que la declaración de incompatibilidad decretada se realizó sin mediar peritajes y en consideración exclusiva al número nominal de días de licencia médica a los que se acogió la recurrida. Bajo este mismo raciocinio la declaración de salud recuperable si bien no es impedimento de la declaración de salud incompatible constituye un presupuesto de su declaración debiéndose considerar, además de las razones particulares subyacentes en las licencias otorgadas, las condiciones específicas tenidas a la vista por el COMPIN, lo que no aconteció en este caso, no bastando entonces el mero transcurso del tiempo exigido por la ley, estos es seis meses, para fundamentar la decisión de la autoridad.

Quinto: Que el artículo 144 de la Ley N° 18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Así las cosas, el Alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo".

Finalmente, el artículo 149 prescribe: "Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador".

Sexto: Que para resolver, se hace necesario diferenciar dos conceptos, a saber: salud irrecuperable y salud incompatible del funcionario, situaciones que son tratadas de manera diferenciada por el legislador y que en consecuencia generan hipótesis distintas al momento de considerar la posibilidad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible y para lo cual deben concurrir, según las normas pertinentes, los siguientes requisitos copulativos, cuales son: a) Que el funcionario haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean éstas continuas o no; b) Que las licencias tengan y se inscriban temporalmente en los dos últimos años; c) Que la licencia no tenga como causa accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad; d) Que la salud del funcionario haya sido declarada recuperable por la COMPIN competente.

Séptimo: Que el uso de licencias médicas por patología común por un tiempo y periodo determinado, existiendo una declaración del COMPIN que refiera a salud recuperable por aplicación del artículo 148 de la Ley Nº 18.883, como ocurrió en el caso en comento, habilita a la autoridad respectiva para ejercer la facultad de desvincular a la funcionaria por salud incompatible con el cargo, al menos respecto a las funciones desempeñadas.

Octavo: Que de lo reseñado, se desprende que la autoridad recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Que asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de dicha decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho o, por su parte, con ausencia razonamientos que den motivación al acto.

Que en este orden de ideas el control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos, a saber: a) Que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley. b) Que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada. c) Que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad). d) Que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder, correspondiendo a la Administración una ponderación detallada y fundada de estos hechos.

Que así las cosas no basta que el acto respectivo se asile en una facultad legal prevista, como es el caso, de lo prescrito en los artículos 144 letra c), 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883; ya que el ejercicio de dicha facultad, sin una fundamentación singular, precisa y detallada, lo torna arbitrario puesto que no expresa los motivos por las que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, satisfaciendo así el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, disponiendo éste último en su inciso tercero, en lo atingente al contenido de una resolución final que: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Noveno: Que, por lo indicado precedentemente, es necesario que el acto administrativo, en virtud del cual se ejerce la facultad que nos ocupa, se encuentre fundado, de tal modo tal que la legalidad de la actuación sea también razonada y no devenga así en un capricho de quien exhibe la potestad de ejecución respectiva.

De esta manera, se constata que la recurrida si bien se ha limitado a ejercer una facultad prevista en la ley, ésta debe necesariamente soportar un cierto estándar de fundamentación para que no se divise arbitrariedad en su ejercicio, lo que en la especie no acontece. Ello por cuanto que la sola circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, de forma continua o discontinua, en los últimos dos años, no habilita per se a la autoridad edilicia para considerar que la funcionaria, que se ha acogido a éstas, tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino sólo cuando las licencias respectivas sean indicativas o irrefutablemente indiciarias de que la recurrente no podrá recuperar el estado de salud que la habilita a desempeñar el cargo en cuestión.

Décimo: Que con el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo se introdujo un nuevo inciso tercero al artículo 148 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en virtud del cual se dispone que "El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.".

Que con esta modificación introducida no bastaría el mero transcurso del tiempo en el uso de una licencia médica para que el Jefe Superior del Servicio pueda decretar la vacancia del cargo por salud incompatible, ya que deberá requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y además, que su condición no le permite desempeñar el cargo. Que si bien la COMPIN se pronunció en este caso declarando la recuperabilidad de su estado de salud, la autoridad no se hizo cargo de las condiciones especificas informadas para efectos de calificar las licencias que motivaron la incompatibilidad decretada.

Cabe concluir que si dichas condiciones son un requisito atendible cuando la irrecuperabilidad es decretada por la COMPIN con mayor razón debieran serlo cuando ésta última establece que la salud es recuperable Undécimo: Que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo y un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente en su contenido. Esta motivación no basta que sea de forma, vaga o descriptiva, sino, todo lo contrario, debe ser precisa, considerar el mérito del caso concreto y acompañar los antecedentes y circunstancias que le sirvan de contexto.

Así lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en reiterada y consistente jurisprudencia (Rol N° 27.467-2014; Rol N° 58.971-2016; Rol N° 27.467-2014 y Rol N° 58.971-2016). En este mismo sentido dicha Magistratura ha llegado a sostener que una motivación "meramente formal" incluso puede llegar a implicar arbitrariedad o ilegalidad (Rol N° 27.467-2014).

Duodécimo: Que la facultad del Alcalde debe estar debidamente fundada en requisitos de carácter objetivo de manera que éstos se ajusten a una causal objetiva de vacancia del cargo, para poder ejercer la facultad privativa que le entrega el legislador.

En este sentido la prerrogativa del Alcalde del artículo 148 de la Ley 18.883, no es una facultad que pueda ejercerse en forma antojadiza debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos que la misma norma señala y exponer debida y fundadamente su concurrencia en el acto administrativo de despido, lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa.

Decimotercero: Que el acto recurrido, esto es el Decreto Alcaldicio Nº NUM000 de 26 de abril de 2021, se basó exclusivamente en el mero transcurso tiempo de las licencias médicas de la recurrente sin aportar ningún otro antecedente específico respecto de su salud que haya permitido fundar su decisión, más allá de la formal enunciación de actos administrativos internos de la Municipalidad, tal cual se expresa en el decreto respectivo, lo que bajo ningún respecto satisface el test de razonamiento y al cual refieren los considerandos anteriores.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección por arbitrario, deducido por doña nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Paine; en consecuencia, el señor Alcalde deberá´ disponer lo pertinente para dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° NUM000, de fecha 26 de abril de 2021, procediendo a reincorporar a sus funciones a la recurrente.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N° 2888-2021-Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom integrada por el ministro señor Diego Simpértigue Limare, el ministro señor Luis Sepúlveda Coronado y el abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.