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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 288-201413 nov 2014

Protección contra Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chle

Fecha
13 de noviembre de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 288-2014, sentencia de 13 de noviembre de 2014

Resumen

Se rechaza la protección contra Canal 13 por la difusión de imágenes íntimas del recurrente: este reveló voluntariamente esa información a un tercero y el medio está amparado por la libertad de informar sin censura previa.

Texto íntegro

Foja: 38 Treinta y Ocho San Miguel, trece de noviembre de dos mil catorce.

Vistos:

Que a fojas 3 y con fecha treinta y uno de agosto de dos mil catorce interpone recurso de protección nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, profesor en educación pedagógica básica, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chle, Canal 13.

Señala que los primero días del mes de agosto del año 2014 el señor nombre reservado ingresó al chat “Michats.cl” utilizando el alias de “stripper.home.skype.stgo” iniciando conversaciones con varias mujeres y ofreciéndoles tener contacto vía webcam procurando siempre que se tratara de personas mayores de edad. Refiere que en dichas circunstancias inició una conversación con otra usuaria quien se identificó como Pamela y utilizaba el alias de “pamelaloca13”, persona respecto de la cual no conocía su edad, ya que el número en su nombre de usuario no necesariamente implica que efectivamente tenga esa cantidad de años. Sostiene el recurrente que posteriormente a través de Skype dicha usuaria le mencionó que era chica, luego que tenía más edad y finalmente que tenía trece años momento en el cual puso término a la conversación. Señala que antes que esto ocurriera, él realizó juegos de corte sexual, siempre pensando que se trataba de una persona adulta y dentro de los parámetros de su privacidad, indicando que ella le pidió su número de celular y su cuenta de Facebook.

Indica que con posterioridad a estos hechos comenzó a percibir una serie de hechos extraños que llamaron su atención percatándose que durante varios días fue seguido hasta su lugar de trabajo por un hombre y una mujer que se transportaban en locomoción colectiva o en una van. Relata que la mujer se subía al mismo colectivo que él y se bajaba en el establecimiento educacional donde trabaja para luego comenzar a grabar o tomar fotografías de dicho lugar. Refiere que esta misma mujer lo siguió en una oportunidad en la línea de metro hasta su domicilio. Posteriormente, señala el recurrente, se bajó un hombre de una van, comenzó a preguntar por su nombre y curso al que impartía clases para posteriormente instalarse el referido vehículo a un costado de dicha sala, quedándose ahí por varios días y siguiéndolo en al menos una oportunidad.

Manifiesta el recurrente que en estas circunstancias con fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce fue citado por las autoridades del Departamento de Educación Municipal quienes en conjunto con la directora del establecimiento educacional en el que presta labores le comunicaron que periodistas de canal 13 habían hecho una denuncia en su contra, quedando inmediatamente suspendido de sus labores y a la espera del resultado de una investigación sumaria que se había iniciado en su contra. Refiere que en forma paralela los periodistas de canal 13 se acercaron a su cónyuge, a su padre y a su hermano, exhibiéndole a la primera las grabaciones y fotografías que habrían tomado del recurrente, produciendo un quiebre en dicha relación y vulnerando con ello su privacidad familiar. Indica que tanto él como como cónyuge comenzaron a recibir mensajes de texto y llamadas de una persona que se hacía llamar nombre reservado y se identificaba como trabajador de Canal 13 quien lo presionó para que diera explicaciones respecto de lo ocurrido mostrando animadversión hacia su persona y buscando enjuiciarlo públicamente frente a las cámaras como si fuese culpable de un delito, haciéndole presente que su mejor opción era dar la cara por cuanto las imágenes serían emitidas el día primero de septiembre de dos mil catorce en el programa “En su propia trampa”.

Refiere que además se habría comenzado a dar cuñas del referido programa, específicamente del capítulo donde aparece el recurrente, el que lleva por nombre “Profesores Pedófilos”, en el cual se muestran imágenes del señor nombre reservado y donde se indica que se trata de “degenerados” haciendo mención que los profesores que aparecen son “depravados y manipuladores”. Sostiene que el programa y Canal 13 enjuician al recurrente en función de las imágenes obtenidas mediante engaño, que pertenecen a su vida privada, lo que finalmente se traduce en una condena pública que amenaza sus derechos constitucionales.

Alega que los actos del recurrido son arbitrarios e ilegales y denuncia en primer lugar la vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 Nº 4, de la Constitución Política de la República, esto es, la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, por cuanto se captaron imágenes de actividades realizadas por el Sr. nombre reservado dentro de su esfera de privacidad e intimidad las que fueron exhibidas al público. Además sostiene que dichas imágenes se usaron con el fin de difamar y afectar la imagen, honra y privacidad del recurrente. En segundo lugar denuncia la vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º del estatuto de derechos fundamentales, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallaré establecido por ésta con anterioridad a la perpetración de los hechos, hechos que se configuran a su juicio por cuanto los recurridos le imputaron ilegal y arbitrariamente a señor nombre reservado la calidad de autor de delitos, sin que previamente ello haya sido conocido y determinado por un tribunal.

A fojas 24 informa la recurrida Canal 13 S.A. quien expone en primer término que el equipo periodístico del programa “En su propia trampa” alertados por los crecientes índices de delitos de abuso sexual en contra de menores de edad decidió hacer un experimento consistente en que una actriz de 19 años abriera un “chat” en un portal de internet denominado “mi chat” bajo el apodo “Pame 13” aludiendo a que tendría trece años de edad a fin de ver quienes la contactaban y las conductas que estas personas desplegaban.

Refiere que en este escenario el señor nombre reservado quien utilizaba el apodo de “STRIPPER.HOM.SKYPE.stago” se contactó con la presunta menor de edad instigándola a comenzar contacto vía Skype, invitándola a ser parte de los contactos de su cuenta denominada “atrévete a probarme” y además invitándola a ser su amiga en Facebook, donde usaba un nombre falso. Agrega que ante tales requerimientos la presunta menor de edad accedió y se unió a la cuenta de Skype del recurrente, recibiendo del recurrente imágenes bastante fuertes, específicamente el señor nombre reservado escondiendo su rostro y mostrando en cámara sólo su miembro viril desnudo y realizando acciones masturbatorias durante un juego erótico, acciones que éste desplegaba ante la cámara sin mediar ningún incentivo. Añade que a pesar de remitir a la presunta menor de edad tales imágenes nunca habló ni dio datos certeros sobre su identidad, repitiendo el mismo patrón ante una segunda actriz que fingía tener catorce años de edad.

Señala que fruto de la investigación desplegada por el equipo periodístico se logró determinar que la persona detrás de tales roles es don nombre reservado, docente de educación general básica y quien en esa época ejercía como profesor jefe de la Escuela La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Manifiesta que con dichos datos se contactaron con la Alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda quien tras ver las imágenes captadas por el programa inició un sumario administrativo en contra del recurrente y además interpuso una querella criminal.

Respecto del actuar de Canal 13 sostiene que éste ejerció su derecho a informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, garantía recogida en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República y por el artículo 1º de la Ley 19.733, haciendo presente que de conformidad al artículo 1º y 30 letra f) de la referida ley se entiende que las personas tienen derecho a ser informadas sobre hechos de interés general, considerándose que la comisión de delitos tiene dicha característica y que se trata de situaciones de gran interés social, especialmente si se considera que de conformidad al artículo 53 inciso 2º del Código Procesal Penal los delitos cometidos contra menores de edad siempre tiene aparejada acción penal pública. Agrega que siendo la libertad de informar el principio general su limitación viene a ser la excepción, la que por consecuencia debe estar expresamente contemplada en la ley, cuestión que no se da en la especie.

Sostiene que en la especie no se ha vulnerado garantía alguna toda vez que el derecho al honor se afecta en la medida que se imputen hechos falsos o que causen injustificadamente daño o descrédito y que en el caso en estudio se trata de hechos veraces y que implican la comisión de un delito, hechos que por su naturaleza caen siempre en la esfera de lo público.

En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, señala que no se advierte como el reportaje puede haber afectado dicha garantía, toda vez que se trata de un programa de televisión y no un proceso, haciendo presente que dicho derecho sólo puede ser afectado por organismos públicos que ejercen jurisdicción o están vinculados a ella. En este sentido, sostiene el informante, la recurrida no podría violentar la garantía aludida, especialmente si se considera que fue la propia Alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda quien tras conocer de los hechos interpuso la querella respectiva.

A fojas 35 se trajeron estos autos en relación.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y garantías constitucionales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por tanto, supone la existencia tanto de hechos indubitados como de agentes determinados, de manera que sea posible actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela.

SEGUNDO: Que de lo anterior se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, vulnerando una o más de las garantías protegidas, consideración básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha motivado el presente recurso.

TERCERO: Que para resolver acertadamente la acción de tutela de derechos fundamentales planteada es necesario dejar asentado que el recurrente transmitió imágenes de su persona a un tercero a través de una plataforma de comunicaciones multimedia, de uso común de las personas para comunicarse, llamada Skype. En segundo lugar, quien recibió las imágenes, resultó ser una actriz de 19 años contratada por Canal 13 para aparentar ser una niña de 13 años de edad y así descubrir usuarios que tuvieran gustos sexuales por menores de edad con el objeto de denunciar los eventuales delitos que se pudieran estar cometiendo en contra de estos.

CUARTO: Que el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos compendia todo lo que se afirma sobre los derechos al honor y a la intimidad en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Por su parte la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas en su artículo 19 Nº 4 “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.

QUINTO: Que el desarrollo integral de las persona ha permitido el perfeccionamiento de derechos colectivos e individuales, uno de ellos es el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, por lo que el mayor aumento de la información pública y la posibilidad de acceder a ella disminuye la protección de otro derecho fundamental como es la honra, pudiendo dar lugar a la colisión de derechos fundamentales en una misma actuación, como acontece en este caso. Así el derecho a la honra abarca dos ámbitos, uno objetivo que es la apreciación de la persona por parte de terceros y uno subjetivo, que dice relación con la apreciación propia o interna (SCS Rol: 8140-2009), teniendo relevancia para el derecho el ámbito objetivo pues es ese el que se puede apreciar en el mundo exterior y que tiene importancia para efectos de entrar en conflicto con otros derechos, en especial con el derecho a la libertad de información.

SEXTO: Que en primer término debe considerarse el contenido de los derechos fundamentales involucrados en este caso. En cuanto al derecho a la honra, puede indicarse que consiste en el derecho que tiene toda persona a que el Estado y terceros no lo difamen ni lo infamen, en este sentido el Tribunal Constitucional ha dicho que la honra que asegura la Constitución “es sinónimo de derecho al respeto y protección del ‘buen nombre’ de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1º, que se vincula, también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el Nº1 de su artículo 19…”(STC Rol: 943-2007).

Por su parte la libertad de emitir opinión y la de informar que se encuentra consagrada en el artículo 19 Nº12 de la carta fundamental, incluye que esa opinión o información se proporcione sin censura previa, constituyendo un derecho fundamental de todas las personas y su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley, reconociéndose a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general (artículo 1º de la ley 19.733).

SEPTIMO: Que las excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico como limitaciones a este derecho fundamental son las contempladas en el artículo 33 de la Ley de Prensa Nº 19.733, en la Ley Antiterrorista Nº 18.314 y en la Ley de Drogas Nº 20.000 y en el artículo 289 del Código Procesal Penal que dice relación con la protección de la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. De lo señalado se concluye que no existe una prohibición expresa en la ley que impida al recurrido informar respecto de los hechos de que tomó conocimiento y que involucran al recurrente.

OCTAVO: Que los hechos consisten, como ya se ha señalado, en que a través de un medio de comunicación se da a conocer una noticia, en la que se individualiza al recurrente como una de las personas que desarrolló una serie de conductas con una mujer que aparentaba tener unos trece años en un sitio de chat de internet y luego se comunicó visualmente con ella realizando actos de relevancia sexual.

NOVENO: Que no resulta relevante para efectos de esta acción de protección, si el recurrente tuvo conocimiento antes de enviar las imágenes que el receptor era menor de edad o adulto, toda vez que en ambas circunstancias pierde la facultad o potestad de impedir su divulgación pues la ley solo reconoce como excepción al derecho a informar sin censura previa las referidas en el considerando anterior y no se consideran en nuestra legislación medidas cautelares de prohibición de informar, como si existen en tradiciones comparadas. En efecto, si bien es cierto esta Corte estima que estas imágenes corresponden al ámbito de intimidad personal del afectado, y pueden afectar su honra y la de su familia por la transmisión del programa televisivo pues ninguna imputación se ha probado, quien las emitió se encuentra amparado en la garantía constitucional del número doce del estatuto de derechos fundamentales, con las prescripciones de responsabilidad allí contenidas. Es así que el recurrente con su propia actuación levantó el velo de protección constitucional dispensado a él y su familia por la cuarta garantía al entregar información íntima a un tercero respecto del cual y de todos los ciudadanos la constitución asegura el derecho a informar sin censura previa.

DECIMO: Que en lo relativo a la infracción al artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Carta Fundamental, que denuncia el recurrente, esto es, que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”, resulta conveniente destacar que, desde luego, el recurrido al informar no ejerce una actividad jurisdiccional ni hace aplicación de normas legales sobre un territorio o comunidad determinada, de forma tal que Canal 13 no ha actuado como una comisión especial, sino que amparado en la actividad periodística.

UNDECIMO: Que del mérito de los antecedentes se desprende que en el presente caso no ha habido actos u omisiones arbitrarios o ilegales que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del recurrente, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de a Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 3 y siguientes por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Abogado nombre reservado Sr. Juan Kadis Cifuentes.

N° 288-2014-PROT.

Pronunciado por la Ministra señora Lya Cabello Abdala, Fiscal Judicial señora nombre reservado señor Juan Kadis Cifuentes.

San Miguel, trece de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.