nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN. ACUMULADO INGRESO DE CORTE N°3232-2025 PROTECCION

San Miguel, trece de enero de dos mil veintiséis.

A folio N° 19: Téngase presente.

A folio N° 20: A todo, no ha lugar por improcedente.

Vistos:

Primero: Que doña nombre reservado, ex funcionaria municipal, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, representada por su Alcalde don Cristóbal Amaro Labra Bassa, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Alcaldicio 532, de 27 de junio de 2025, que declaró vacante su cargo de funcionaria de la planta administrativa, grado 16, por salud incompatible con el desempeño del mismo, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que se ha desempeñado como funcionaria del municipio desde el 24 de enero de 2022, siendo siempre calificada en lista 1.

Explica que por Resolución Exenta N°145808, de 30 de diciembre de 2024 y Resolución Exenta N°146112, de 05 de mayo de 2025, la COMPIN declaró que su salud es recuperable, pero que no obstante ello, a través del Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025, el Alcalde declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, de acuerdo con la facultad del artículo 148 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo Municipal.

Asevera que la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza y carente de la fundamentación, dado que no antecedió a dicha resolución una declaración de salud irrecuperable por parte de la COMPIN, conforme exige el artículo 148 ya referido, ejerciendo una discriminación arbitraria que afecta su libertad de trabajo y la propiedad sobre su cargo.

Pide acoger el recurso y dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando la reincorporación de la funcionaria a su cargo, más el pago de todas las remuneraciones que dejo de recibir mientras estuvo separada de su cargo, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que Informó doña nombre reservado, abogada, Directora Jurídica de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, hace presente que la recurrente dedujo reposición administrativa respecto del Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025, y que conforme al artículo 54 de la Ley N°19.880, resulta improcedente reclamar dicho acto ante los tribunales de justicia mientras se encuentre pendiente dicha impugnación.

En cuanto al fondo, refiere que el decreto alcaldicio cuestionado cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley N°19.880 para su validez, y constituye un ejercicio legítimo de la facultad que el artículo 148 de la Ley N°18.883 otorga al Alcalde, en su calidad de jefe del servicio.

Explica la diferencia entre declarar la existencia de salud incompatible y salud irrecuperable y su importancia al momento de adoptar la decisión de vacancia de un cargo, recalcando que la declaración de vacancia por salud incompatible es una facultad discrecional que no requiere que medie declaración de irrecuperabilidad, resultando completamente antojadiza la interpretación que la recurrente realiza del ya citado artículo 148.

Sin perjuicio de lo referido, explica que el Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025 se funda en que la funcionaria prestaba funciones de atención a público, imprescindibles para el correcto desarrollo de las obligaciones municipales; que presentó licencias médicas por un total de 314 días, esto es, en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años; y que en forma previa al ejercicio de la facultad edilicia, medio declaración de salud recuperable de la COMPIN, tal como se expresado en los fundamentos del mismo.

Tercero: Que, a folio 10, se ordenó la acumulación a estos autos del ingreso Rol N°3232-2025 Protección, en el cual el recurrente sostiene que la misma ilegalidad denunciada se replica en el Decreto Alcaldicio N°586, de 22 de julio de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025.

Cuarto: Que, a folio 12, la Ilustre Municipalidad de San Joaquín amplía su informe reiterando su solicitud del rechazo de los recursos de protección interpuestos, por los mismos argumentos esgrimidos y referentes a los motivos que llevaron a adoptar la decisión de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible y, en consecuencia, también a rechazar su impugnación en sede administrativa.

Quinto: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

Sexto: Que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

Séptimo: Que los actos que se estiman arbitrarios e ilegales son el Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo del recurrente, por salud incompatible y el Decreto Alcaldicio N°586, de 22 de julio de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativo, respecto del primero.

La cuestión que corresponde dilucidar es si el alcalde recurrido tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo, no obstante existir una resolución de la COMPIN de salud recuperable.

Octavo: Que de acuerdo con el mérito de los antecedentes que obran en autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por cierto los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1. La recurrente hizo uso de licencias médicas por un lapso discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, a partir del 26 de abril de 2023 hasta el 21 de noviembre 2024, contabilizando un total de 314 días de licencia médica.

2. Por la Resolución Exenta Nº145808, de 30 de diciembre de 2024 y la Resolución Exenta N°146112, de 5 de mayo de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró la salud del actor como recuperable.

3. Por Decreto Alcaldicio N°532, de 27 de junio de 2025, se declaró vacante el cargo del recurrente por considerarse su salud incompatible con el desempeño del cargo, al haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a los seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

4.- Por Decreto Alcaldicio N°586, de 22 de julio de 2025, se rechazó el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra del anterior decreto.

5.- Que la recurrente cumplía funciones de atención de público, como persona a contrata del escalafón administrativo, grado 16, de la Dirección de Rentas Municipales del referido ente edilicio.

Noveno: Que el artículo 10 de la Ley N°18.883, letra c) prescribe que para ingresar al ente edilicio es necesario tener salud compatible con el desempeño del cargo.

A su vez, el artículo 146 de la Ley N°18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 de la citada ley prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Décimo: Que de lo que viene de reseñarse, se desprende que la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

Undécimo: Que es pertinente tener en consideración, además, que el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales requiere que los funcionarios que lo integran estén en condiciones de desempeñar sus cargos. Es así como el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de no hacerlo, se incurra en responsabilidad por falta de servicio, es decir, infringir el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los distintos organismos públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no lo ha permitido, sino que ha obstaculizado la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado. Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio facultó al Jefe del Servicio o a la Alcaldesa a subsanar la situación a través de esta vía.

Duodécimo: Que, en consecuencia, el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N°18.883; tampoco es arbitrario, puesto que expresa racionalmente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud del es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

De esta manera, se constata que la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, motivo por el cual el presente recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°2867-2025 Protección (Acum. N°3232-2025 Protección)