MULTISERVICE F.L. LIMITADA con I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Certifico que se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la Cuarta Sala, por el recurso el abogado don Christian Mura Courcelle-Seneuil, y contra el mismo la abogada doña Lorena Aguilar Estrada. San Miguel, 20 de abril de 2023. Florencia Sáez Bugmann, relatora.

San Miguel, veinte de abril de dos mil veintitrés.

A los folios 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Christian Mura Courcelle-Seneuil, en representación de la Sociedad de Servicios Comerciales Multiservice F.L. Ltda., representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcalde don Christopher Antonio White Bahamondes, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal consistente en la negativa a restituir el dinero pagado en exceso por concepto de patente municipal, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que la recurrente desarrolla su actividad económica en el rubro de la construcción, sector altamente golpeado, primero, con el denominado estallido social, luego por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 y que en el año 2021 solicitó una rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos respecto del capital propio tributario, petición que fue acogida sin observaciones.

Indica que el capital propio tributario guarda directa relación con la determinación del pago de patentes, y al haber pagado a la recurrida por ese concepto una cantidad superior a la que debía, solicitó a fines de 2021 la devolución de lo pagado en exceso por patentes comerciales de los años 2018, 2019 y 2020. Señala que mediante el Oficio Interno N°3138 de 21 de diciembre de 2021, del Departamento de Rentas Municipales, se instruyó la confección de un Decreto Alcaldicio Exento que dispusiera la devolución de $72.187.970.

Declara que ha acudido en reiteradas oportunidades al municipio para consultar sobre el estado del referido Decreto Alcaldicio, sosteniendo reuniones incluso con el Administrador Municipal y con el director de Asesoría Jurídica de la recurrida, sin obtener respuesta.

Explica que el 27 de julio de 2022, se emitió el Decreto Alcaldicio Exento N°4468, en el que el alcalde autorizó la devolución de dinero por el monto de $72.187.970 en favor de la recurrente, sin embargo, pese a su insistencia, no se le ha entregado efectivamente el dinero, por el contrario, ha recibido una serie de respuestas incongruentes entre los distintos funcionarios del departamento de rentas, evidenciando una manifiesta falta de servicio.

Afirma haber realizado el 12 de octubre de 2022 una solicitud de acceso a la información en virtud de la Ley 20.285, Ley de Transparencia y una denuncia el día 13 del mismo mes en la Contraloría General de la República por la falta de respuesta a sus reclamos.

Pide acoger el presente arbitrio procesal, ordenando a la Ilustre Municipalidad de San Bernardo por intermedio de su Departamento de Rentas Municipales restituir las devoluciones por concepto de impuestos municipales, con costas.

Segundo: Que evacua el informe respectivo don nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional, por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales del recurrente.

Reconoce que se emitió el Decreto Alcaldicio Exento N°4.468 de fecha 27 de julio de 2022, que ordena devolver a la recurrente la suma de $72.187.970, originándose el Decreto de Pago N°5.217 de 7 de septiembre de 2022, el que fue remitido a la Dirección de Control para su visación, efectuando esa unidad observaciones, ordenando corregir la proporción de la variación de la UTM empleada para efectuar los cálculos y modificar otros valores que afectaban el resultado final. Señala que esas observaciones fueron corregidas y se efectuó un nuevo cálculo del monto a pagar, sin embargo, esto ha sido objeto de nuevas observaciones, existiendo una diferencia de $30.000, y considerando que es más perjudicial para el recurrente esperar la respuesta de un memorándum de reclamos, es que se visó el Decreto de Pago N°6.288 de 27 de octubre de 2022. Afirma que en razón de ello el 1 de diciembre de 2022, se emitió cheque por la suma de $72.078.181, el que fue retirado personalmente por el abogado de la recurrente.

Finalmente indica que, en caso de existir alguna diferencia en cuanto a lo indicado en el informe, aquello debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que posteriormente el recurrente hace presente que al intentar pagar los periodos 2021, 2022, y 2023 de su patente municipal, figuran cobros más allá de lo razonable y no coincidentes con los valores ya rebajados del capital propio tributario, lo cual demuestra que aún persiste la vulneración a los derechos fundamentales alegada.

Por otro lado, indica que al solicitar el certificado de deuda por pagar correspondiente a los periodos señalados, figura una nueva deuda por $37.628.926, que se debe a un convenio de deudas con el municipio, el que debió quedar sin efecto si se rebajó el capital propio de la empresa y la misma municipalidad efectuó la devolución por esos pagos en exceso, sin los debidos reajustes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la negativa a restituir por parte de la recurrida lo pagado en exceso por concepto de patente municipal.

Sexto: Que, con el mérito de lo informado por el municipio y los documentos aportados, es posible constatar que el 1 de diciembre de 2022, se emitió cheque a favor de la recurrente por la suma de $72.078.181, el que fue retirado por el abogado de ésta, por lo que no resulta necesario adoptar medidas al respecto, en tanto lo pretendido con el recurso ya se obtuvo, por lo que la acción constitucional ha perdido oportunidad.

Séptimo: Que cabe señalar que los cuestionamientos contenidos en el escrito de folio 10, posteriores y ajenos al libelo del recurso con el que se incoó la presente sede cautelar y que, por consiguiente, no pudo ser materia de lo informado por la recurrida en su oportunidad, no admiten ser analizados ni resueltos en el presente ingreso, correspondiendo, por lo demás, alegaciones con rasgos que, preliminarmente, podrían corresponder más bien a un procedimiento declarativo, que no se condice con esta sede extraordinaria de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de la Sociedad de Servicios Comerciales Multiservice F.L. Ltda. en contra de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°28427-2022-Protección.