Protección contra Sociedad de Transportes BALPRO SpA

Certifico que alegó por el recurso el abogado Claudio Andres Burgos Burgos y contra del mismo el abogado Antonio Salamero Rojas. San Miguel, 20 de agosto de 2024. Emil Ibarra nombre reservado, relator.

San Miguel, veinte de agosto de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 26, 27 y 28: Téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que los abogados don Claudio Andrés Burgos Burgos, y doña Karina González Caro, en representación de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, recurren de protección en contra de la Sociedad de Transportes BALPRO SpA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados al interior del Hospital Barros Luco en domicilio reservado, por los actos que estiman arbitrarios e ilegales consistentes en infringir las normas sobre la citación y sesión de la junta ordinaria realizada el 26 de abril de 2024 y la aplicación de multas y otras sanciones por no asistir a la misma, lo que constituye vulneración a sus derechos fundamentales establecidos en los números 2, 3, 15, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene dejar sin efecto las sanciones impuestas por la no concurrencia de los recurrentes a la primera junta ordinaria de socios, así como todas otras sanciones que no se ajusten a los estatutos; que los estatutos de la empresa sean modificados a fin de concordar con lo establecido en la Ley acerca de las eventuales sanciones e inhabilidades que ésta pueda aplicar; citar a una segunda junta ordinaria en base a los reglamentos en la dirección del auditorio al interior del Hospital Barros Luco, o en su defecto en otro lugar neutral, permitiendo la participación de todos los accionistas, sin restricciones.

Explican que el 29 de julio de 2022 los recurrentes constituyeron la “Sociedad de Transportes BALPRO SpA” que tiene por objeto el transporte de pasajeros (taxi-colectivos) dentro y fuera del Hospital Barros Lucos, contando con espacios numerados y paradero para la realización de la actividad dentro del referido hospital.

Indican que el pasado 9 de abril de 2024 los socios recibieron una carta firmada por el presidente y por el tesorero del Directorio de la empresa recurrida, en la que se informaba sobre la asamblea ordinaria a realizar el 26 de abril de 2024, en domicilio reservado, esto es, en el domicilio del tesorero don nombre reservado, lugar distinto a la sede principal que se encuentra al interior del Hospital Barros Luco, sosteniendo que el cambio de lugar tenía por objeto restringir a los socios recurrentes -que superan la mayoría accionaria de votos- el que pudiesen votar respecto de las materias propias de una junta ordinaria, como es el cambio y modificación de los miembros titulares del Directorio o el rechazo del balance, esto debido al malestar generalizado por la desleal gestión que han prestado en sus funciones los miembros del Directorio y Administradores actuales.

Sostienen que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de Sociedades las reuniones deben realizarse en el domicilio social, y al no indicarse el mismo en los estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Comercio debió realizarse en el lugar en que se constituyó la sociedad, esto es, en cualquier Notaría de San Miguel, o en su defecto en el auditorio al interior del Hospital Barros Luco.

Añaden que todos los recurrentes estuvieron ausentes en la referida Junta, por lo que se les aplicaron multas de $20.000 o $40.000 y a quienes no han pagado la multa se les ha impedido el acceso, el uso de paraderos y la entrega de ficheros y, finalmente, se les ha comunicado un listado de deudas de frecuencia.

Exponen que el Directorio no cuenta con facultades para aplicar dichas sanciones, es más, le está vedado actuar como órgano disciplinario de conformidad al artículo 12 de los estatutos, infringiendo el debido proceso, constituyéndose el Directorio en una comisión especial.

Agregan que los actos denunciados son arbitrarios ya que sólo tienen por objeto afectar la participación de las personas en cuyo favor recurren en la toma de decisiones de la sociedad. Así se ha afectado el derecho a asociarse sin permiso previo, al citar a una junta en un lugar que no está autorizado legalmente. También se ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo ya que se les ha privado del cupo para prestar servicios por no haber pagado las multas. Finalmente, se ha afectado el derecho de propiedad ya que pagaron $1.000.000 como cuota de incorporación -valor de la acción- y pagan semanalmente $15.000 como cuotas sociales, denominadas “frecuencia”, sin embargo, no se les permite utilizar los espacios comunes para desarrollar sus labores.

Solicitan que se acoja el presente recurso en los términos expuestos.

Segundo: Que informa don Antonio Salamero Rojas, en representación de la recurrida, que en el artículo 8º de los estatutos se estipuló que el Directorio representaría judicial y extrajudicialmente a la sociedad, estando investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no establecieran como privativas de la junta de accionistas, sin que fuese necesario otorgarle poder especial alguno.

Agrega que como forma de regular con mayor detalle las relaciones entre la Sociedad y los accionistas el 16 de noviembre de 2022 se aprobó un Reglamento Interno, en el cual, en su artículo 10, se estableció que las juntas ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del balance, y en su artículo 11 se estableció que las comunicaciones y citaciones entre la Sociedad y los accionistas se realizará mediante carta certificada y/o correo electrónico y/o “Whatsapp”. Además, en la misma norma se estipuló que las juntas generales se llevarán a cabo en el día y la hora convocados, agregándose que los debates se deben desarrollar con armonía y respeto, para que la junta pueda instalarse a deliberar válidamente. Igualmente, se añadió que en primera convocatoria será necesario que los concurrentes a ella representen más de la mitad del capital social pagado; y que, en segunda convocatoria, la junta se instalará con el número de accionistas asistentes, sea cual fuese el porcentaje del capital social asistente, y que las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos, las que serán obligatorias para todos.

Refiere que el 6 de julio de 2023 se redujo escritura pública el acta de asamblea extraordinaria realizada el 23 de junio de 2023 con un cuórum de asistencia de 22 accionistas. Los temas tratados en esa asamblea extraordinaria fueron los siguientes: 1) La ratificación de los estatutos modificados; 2) La ratificación de los directores designados en la escritura de constitución; 3) La elección de un Comité de Disciplina.

Expone que en el Reglamento Interno se previó la existencia de una Comisión de Disciplina, así como los procedimientos a los que deberá ajustarse, pero que en la asamblea extraordinaria anteriormente referida se acordó no elegir Comité de Disciplina, por cuanto no hubo accionistas dispuestos a ejercer los cargos correspondientes, estableciéndose que el Comité sería integrado, transitoriamente, por el Directorio. Ello, hasta la elección de personas que quisieran ejercer un cargo en el Comité en propiedad.

Señala que el Reglamento Interno nada dice acerca del lugar específico donde deben celebrarse las juntas generales de accionistas, sino que solamente dispuso que las juntas “se llevarán a cabo en el día y hora convocados”, por lo que no es correcto que las juntas o asambleas de accionistas deban desarrollarse en alguna instalación del Hospital Barros Luco Trudeau, ubicado en la comuna de San Miguel, ya que, en realidad, la asamblea debe realizarse en el día, hora y lugar que señale la citación o convocatoria a la junta, por lo que no puede estimarse ilegal o arbitraria la determinación del Directorio de citar a una asamblea de accionistas en el domicilio de uno de sus integrantes.

Explica que las sanciones que el Comité de Disciplina determinó aplicar a los accionistas recurrentes se encuentran previstas en el artículo 35 del Reglamento Interno, el cual dispone que el accionista que no concurra a junta general será multado con $10.000; y a la junta extraordinaria, con $20.000, agregándose que cuando no se asista por segunda vez consecutiva, se le cobrará el doble. En tal entendido, habiendo sido citada una junta ordinaria de accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2024, a las 16:00 horas, lo cual fue publicado de manera “electrónica” en el “Diario Avisos Legales” el 10 de abril de 2024, enviándose igualmente mensajes por medio de la aplicación “Whatsapp”, y encontrándose prevista la posibilidad de aplicar una sanción por la no concurrencia de un accionista a junta general ordinaria u o extraordinaria, el Comité de Disciplina interino acordó aplicar una sanción a los accionistas que no concurrieron a la junta citada para el día referido, notificándose en el fichero correspondiente el listado de quienes no concurrieron.

Destaca asimismo que los recurrentes que faltaron a la citación de Asamblea Ordinaria de abril de 2024 ya pagaron la multa respectiva.

Añade que el 30 de abril de 2024 el Directorio informó, mediante una publicación en las instalaciones utilizadas por la Sociedad en el Hospital Barros Luco, una nómina de accionistas que serían suspendidos por el no pago de la denominada “frecuencia semanal”, según lo establecido en el artículo 2º letra t) del Reglamento Interno.

Finalmente indica que el funcionamiento de la Sociedad se ha visto afectado, tal como lo señalan los recurrentes, por rencillas internas, lo que ha dificultado la actuación de la administración, de tal modo que quienes integran el Directorio se han visto en la necesidad de adoptar decisiones para el normal funcionamiento de la Empresa, y ante la imposibilidad de realizar asambleas, citadas justamente para solucionar problemas, los recurrentes, deliberadamente no concurren a las citaciones, eludiendo el juego democrático que debe existir en la corporación, y siendo poco ético su accionar, pues pretenden valerse de sus propias actuaciones para boicotear o dificultar la actuación del Directorio y de las juntas, evitando que puedan adoptarse acuerdos útiles y funcionales al normal desarrollo de la Empresa.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, de conformidad a lo resuelto por esta Corte, el 9 de mayo del presente año, que limitó la tramitación de la presente acción constitucional a la citación y a las multas que se les impuso a los recurrentes por no asistir a la junta ordinaria de 26 de abril de 2024 y a la sanción aplicada el 30 de abril del presente año por el no pago de la denominada “frecuencia semanal”.

Quinto: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes y de lo expuesto en estrados, la parte recurrida reconoce que la sanción fue aplicada por el Directorio de la Junta Ordinaria de Accionistas, toda vez que no contaban aún con una Comisión de Disciplina.

Sexto: Que resulta que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Carta Fundamental que ampara a los recurrentes, toda vez que las mencionadas medidas disciplinarias fueron impuestas por un tribunal especial, no establecido con anterioridad, lo que obliga a restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por los abogados don Claudio Andrés Burgos Burgos, y doña Karina González Caro, en representación de don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, en contra de Sociedad de Transportes BALPRO SpA y se declara que se dejan sin efecto las multas y sanciones aplicadas a los recurrentes con fecha 26 y 30 de abril del presente año, debiendo reembolsarse aquellas que se hayan efectivamente enterado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 2839-2024 Protección