nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES (CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

Santiago, tres de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, recurriendo por sí y en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Transportes, representada legalmente por su subsecretario, señor Eddy Roldán Cabrera, por cuanto, a su juicio, la Resolución Exenta N° 2292, de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, vulneraría los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que con fecha 27 de abril de 2018, conforme a lo publicado en el Diario Oficial, el Ministerio del Transportes informó el sentido y el alcance de la Resolución Exenta N° 2292, de 2018, en donde, mediante dicho acto de la potestad reglamentaria, establece una serie de medidas restrictivas a la circulación de vehículos motorizados, asumiendo como asidero legal para dicho texto lo citado en el artículo 113 de la Ley N° 18.290 (Ley de Tránsito) y el Decreto 16 del Ministerio de Transportes, y cita textual que, dicho Ministerio, podrá establecer restricción a la circulación, utilizando la potestad legal del artículo 113 de la Ley N° 18.290 y en virtud del Decreto Supremo 31 de 2016, del Ministerio de Medio Ambiente, señalando, además, en su texto previo, las razones del porqué llevar a cabo dicha medida.

Añade que del simple análisis de la resolución exenta antes citada, se puede deducir que se establece un protocolo de restricción y circulación de vehículos al interior de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y considerando la naturaleza del presente recurso de protección, respecto a la especie afectada (Vehículo Placa patente única GR4760, Marca Mazda, Modelo 323 GLX, de Propiedad de nombre reservado, en comodato precario a nombre reservado, ambos previamente identificados), constituye una abierta, expresa e injustificada perturbación a los derechos fundamentales expresados en el Artículo 19, numerales 2, 21, 22, y 24 de la Constitución Política, atendiendo que dicho vehículo fue inscrito con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 211, de 1991, del Ministerio de Transportes, donde específica y define las condiciones de la certificación de emisiones (lo que se conoce popularmente como “sello verde”), por lo que para todos estos efectos, se considera como un vehículo “Sin Sello Verde”.

Refiere que esta resolución exenta genera una serie de limitaciones, restricciones y dificultades tanto a la libre circulación, al valor relativo de mercado del bien, y genera una afectación a la propiedad privada por un periodo de 4 meses (1 de mayo a 31 de agosto de cada año), basado en estudios incorrectos, y sin ninguna contraprestación o política pública que asuma algún tipo de responsabilidad frente a tal carga.

El recurrente indica que en el año 2016 el Ministerio de Transportes adoptó una serie de medidas mediante el Decreto Supremo N° 31 de 2016, del Ministerio de Medio Ambiente, para reducir la carga de emisiones contaminantes en la ciudad de Santiago y que atribuye al Ministerio de Transportes la responsabilidad de establecer una restricción vehicular, dictándose la Resolución Exenta N° 2292 de 2018, que motiva el presente recurso. Sostiene que dicha resolución exenta modificó la política histórica de restricción vehicular en la ciudad de Santiago, estableciendo perímetros, tipos de vehículos (basado en su fecha de inscripción) y estableciendo un calendario de restricción efectiva (según el caso, en la prohibición de circulación según el dígito de la placa patente, el año de inscripción y el perímetro acotado al interior de la Provincia).

En el caso del vehículo que motiva este recurso, señala que dicho calendario establece, solo por el año de fabricación, independiente de sus emisiones efectivas al medio ambiente, la prohibición total de circulación al interior del anillo Américo Vespucio, entre 7:30 y 21:00 horas, durante 4 meses, siendo solo posible circular en horario nocturno, sábados, domingos y días festivos dentro de ese periodo, bajo sanción de multa de 1 a 1,5 UTM en caso de infracción.

Lo anterior representa, en su concepto, una vulneración al derecho de uso y goce de un vehículo que se encuentra en posesión familiar desde 1993 (posterior a la aplicación del Decreto Supremo N° 211 de 1991, que establece medidas para el control de emisiones con énfasis en la Región Metropolitana y la forma en que se define la lógica de la restricción vehicular), pues implica un cambio en las reglas de uso existentes y representa claramente una vulneración al derecho de propiedad, ya que no es posible utilizar dicho vehículo por 4 meses, teniendo que soportar una carga pública forzosa, a título gratuito, sin ninguna compensación.

Indica que la afectación concreta se verifica ya que su residencia, desde hace más de 30 años, se encuentra en la zona del anillo Américo Vespucio, por lo que no podrá utilizar su vehículo por 4 meses. Si hubiese tenido su residencia fuera de dicho perímetro, podría seguir con las mismas reglas que se venían aplicando desde hace más de 25 años.

Añade que, adicionalmente, dentro de los vehículos sin sello verde, de forma inédita y por una decisión eminentemente política, se establece un nuevo criterio de discriminación, que es en función de su finalidad o destino. Es así como a los vehículos de carga no solo se les mantiene el espíritu de la norma original, sino que, además, se les redujo considerablemente las horas efectivas de restricción (a dos días a la semana, de 10 a 18 horas), al interior del anillo Américo Vespucio, y además, se les liberó de restricción efectiva al exterior de dicho anillo, operando de igual forma que los vehículos con sello verde de inscripción reciente en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

En cuanto a las normas constitucionales infringidas, señala que el derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 582 del Código Civil, disposición que reconoce que tal derecho contempla la posibilidad de usar, gozar y disponer de una cosa, en forma absolutamente discrecional, y del texto se lee que este derecho es válido en la medida que la ley no lo prohíba ni que dañe los derechos de otro.

Expresa las normas que limitan la circulación del vehículo de marras son claramente contradictorias con los preceptos del artículo anteriormente señalado, existiendo un claro y evidente daño patrimonial. Por otro lado, añade que el artículo 582 establece de manera clara y taxativa que cualquier limitación al derecho de propiedad debe ser materia de ley y no de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo, adoleciendo la norma impugnada de nulidad de derecho público, por disponer limitaciones que exceden su competencia directa.

El recurrente refiere que las normas que se pretenden incorporar al ordenamiento jurídico son abiertamente contrarias a lo prescrito en el artículo 19, N° 2 de la carta magna, pues son discriminatorias, dado que establecen trato diferencial y totalmente arbitrario para los vehículos que circulan en nuestro país, con condiciones preferenciales y con externalidades positivas para propietarios de vehículos pesados y un castigo y una abierta limitación de sus derechos para los propietarios de vehículos particulares, y dentro de esa categoría, se hace una discriminación respecto a la antigüedad de los vehículos y no según su impacto ambiental, pese a que este último es el espíritu de la legislación.

En cuanto al numeral 21 del artículo 19 de la carta fundamental, indica que el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, también se ve conculcado, pues el vehículo lo utilizaba como herramienta de trabajo a fin de movilizarse a prestar servicios personales, cosa que hoy no puede hacer porque se le prohíbe circular en la zona en que desarrolla principalmente su actividad.

Agrega el recurrente más adelante que el numeral 22 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, se vulneraría al existir una abierta y clara discriminación económica, favoreciendo a determinados grupos de la sociedad en desmedro de otros. El desarrollar actividades económicas de manera lítica, no prohibidas por la ley, que involucre el uso de vehículos, no debería tener un tratamiento diferenciado.

Por último, en relación con el numeral 24 del artículo 19 de nuestro código político, relativo a la protección del derecho de propiedad, refiere que la norma impugnada establece una carga pública para los vehículos individualizados, pese a que esta limitación es materia exclusiva de ley, lo que la potestad reglamentaria no puede hacer, constituyendo causal de nulidad de derecho público, al señalarse de forma taxativa y literal que “solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

El recurrente pide, en definitiva, que “se deje sin efecto la diferenciación de restricción vehicular para vehículos sin sello verde, manteniendo la restricción vehicular de forma equitativa para la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de tal forma que resulte una discriminación equitativa, y de la forma en que se venía aplicando hasta el periodo del año 2017: es decir, prohibición de circulación de 4 dígitos por día, de Lunes a Viernes de 7:30 a 21:00, excepto sábados, domingos y festivos”.

Segundo: Que habiendo sido declarada inadmisible por esta Corte la presente acción constitucional por resolución de 17 de mayo del año en curso, interpuso el actor en contra de tal decisión recurso de reposición –rechazado por este tribunal- con apelación en subsidio, la cual fue acogida por la Excma. Corte Suprema, con fecha 13 de junio de 2018, declarando dicho tribunal, en definitiva, admisible el recurso de protección en análisis.

Tercero: Que informando el Subsecretario de Transportes don nombre reservado, parte recurrida en la presente acción constitucional, expone, en primer término, que ésta ha sido deducida en forma extemporánea, por cuanto mediante el Decreto Supremo N° 31, de 11 de octubre de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, tomado de razón por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 38.112, de 30 de octubre de 2017 y publicado en el Diario Oficial de 24 de noviembre de 2017, se establece un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, en adelante PPDA.

Agrega que este último es un instrumento de gestión ambiental que establece que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ejercicio de sus atribuciones, disponga de una restricción vehicular de carácter permanente, durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de cada año, de acuerdo con la Tabla XII, inserta en el artículo 120 del citado Decreto N° 31, de 2016, el cual señala en la letra b) del inciso segundo del artículo 120 que “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida”.

Así las cosas, concluye la recurrida que el actor tuvo conocimiento, con fecha 24 de noviembre de 2017 –día en que fue publicado el D.S. N° 31, de 2016- de las medidas que contempla el PPDA, por lo que el presente recurso fue interpuesto extemporáneamente, al deducirse, aproximadamente, seis meses después de la publicación del referido decreto supremo, esto es, superando con creces el plazo de 30 días que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, de la Excma. Corte Suprema, establece para estos fines.

En segundo término, alega la recurrida una supuesta falta de legitimación pasiva del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la presente acción constitucional, por cuanto las definiciones de los parámetros para implementar las medidas de carácter permanente, fueron contempladas en el D.S. N° 31, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, y no en la Resolución Exenta N° 2292, de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, la que se limitó a ejecutar el mandato reglamentario establecido en el PPDA, al igual que el resto de los servicios públicos con competencia sectorial en lo ambiental, que se encuentran señalados en su Plan Operacional de Episodios Críticos.

En cuanto al fondo del recurso de protección deducido, informa la recurrida que el Ministerio del Medio Ambiente, como Secretaría de Estado, es el encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental. En este sentido, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se regulan por las disposiciones de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que en su artículo 44, señala que mediante Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente, se establecerán planes de prevención o de descontaminación, cuyo cumplimiento será obligatorio en las zonas calificadas como latentes o saturadas, respectivamente. Luego, indica que mediante el Decreto Supremo N° 131 de 1996, del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró zona saturada por material particulado respirable y zona latente por dióxido de nitrógeno, a la Región Metropolitana de Santiago, lo que fue complementado por Decreto Supremo N° 67 de 2014 del mismo Ministerio.

Agrega que el Decreto N° 39 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, aprueba el Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación definiendo que el Plan de prevención es aquel instrumento de gestión ambiental que, a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas, tiene por finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona latente. Por su parte, se entiende por Plan de Descontaminación aquel instrumento de gestión ambiental que a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como saturada por uno o más contaminantes. Reitera que la elaboración de los planes de prevención y de descontaminación corresponde al Ministerio del Medio Ambiente quien, en coordinación con los servicios del Estado con competencia en materia ambiental, redacta el plan que será presentado al Consejo de Ministros. La elaboración de los planes debe contemplar el desarrollo de estudios científicos, análisis técnicos y económicos, consultas a los organismos competentes el análisis de las observaciones formuladas. Así, las etapas consecutivas dentro del proceso de elaboración del plan son: a) Elaboración de anteproyecto de plan; b) desarrollo de estudios científicos y análisis técnico económico; c) realización de consulta pública y d) análisis de las observaciones formuladas y elaboración de proyecto definitivo.

Especifica, respecto al plan operacional para la gestión de episodios críticos de contaminación contenido en el referido Decreto N° 31, que éste considera cuatro tipos de medidas: A) Medidas permanentes para el período de gestión de episodios críticos, B) Medidas para episodios críticos de alerta ambiental, C) Medidas para episodios críticos de preemergencia ambiental y D) Medidas para episodios críticos de emergencia ambiental.

De esta forma, junto al plan de gestión de tránsito y la intensificación de fiscalización de la prohibición de circulación de vehículos de carga al interior del anillo Américo Vespucio, el plan de descontaminación dispone que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ejercicio de sus atribuciones, disponga de una restricción vehicular de carácter permanente, durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de cada ano, de acuerdo con la Tabla XII-1, inserta en el ya mencionado artículo 120 del Decreto N° 31, de 2016.

Así las cosas, afirma que la actuación de la recurrida está revestida de legalidad desde su origen, pues del tenor literal de la reglamentación antes citada, se aprecia que la ley le ha otorgado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad de establecer la prohibición de carácter permanente que se reclama. En este sentido, destaca que el artículo 107 del D.F.L. N° 1 de 2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que fija el texto de la Ley N° 18.290 de Tránsito, dispone que los conductores tienen derecho a transitar en sus vehículos por las vías públicas, salvo las excepciones que establece esta ley y las medidas que, en contrario y en casos especiales, adopte la autoridad competente. Por su parte, el inciso primero del artículo 113 de la ley en comento, señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos por determinadas vías públicas. Esta facultad será ejercitada de oficio o a petición de las Municipalidades o de la Dirección de Vialidad, según corresponda. Afirma que el ejercicio de esta facultad legal se encuentra delegada en las Secretarias Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud de la Resolución N° 59 de 1985 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Por consiguiente, refiere que, en este contexto, fue dictada la Resolución Exenta N° 2292, de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana de Santiago, que prohibió la circulación de vehículos motorizados desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2018, en los días, horarios, perímetros y condiciones que se detallan. En conclusión, afirma que es la propia ley la que autoriza al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para ejercer la potestad referida, la cual puede ser ejecutada a solicitud de las entidades que indica o, incluso, de oficio. A mayor abundamiento, si en la eventualidad de que el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental no contemplara la medida de restricción vehicular permanente, eso no obsta a que el Ministerio pueda ejercer también su potestad, por lo que, existiendo una causa justificada, podrá prohibir la circulación de vehículos. Así, por lo demás, lo hizo antes de entrar en vigencia el actual PPDA, cuando existían situaciones críticas de contaminación, mediante la declaración de alertas sanitarias. De ello constituye un ejemplo las Resoluciones Exentas N° 4558, de 2 de julio de 2017; N° 3.260, de 22 de junio de 2016; N° 2653, de 04 de junio de 2015; N° 2862, de 15 de junio de 2015; N° 2.957 de 18 de junio de 2015, entre otras, todas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana de Santiago.

Finalmente, en cuanto a la presunta arbitrariedad del acto contra el que se recurre, señala que el artículo 113 de la Ley de Tránsito permite prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos de éstos, por determinadas vías públicas. El vocablo "podrá", refleja la intención del legislador de manifestar que dicha facultad es discrecional. De esta forma el acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, por cuanto este último se refiere a la simple ejecución de la ley, mientras que el discrecional, alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad. Así las cosas, el Secretario Regional debe analizar si existe una causa justificada en los términos del artículo 113 de la Ley de Tránsito para prohibir la circulación de vehículos. La Administración cuenta con potestades regladas o de mera aplicación legal auto ejecutables, escenario en el cual la ley le señala pormenorizadamente lo que debe hacer ante un supuesto de hecho determinado, no obstante, en muchas ocasiones, la Administración contará con potestades discrecionales, en cuyo ejercicio utilizará criterios de apreciación que no se encuentran necesariamente en la leyes y que ella sola es libre de valorar. En este contexto, no toda actividad administrativa tiene precisos límites establecidos en el orden jurídico. En efecto, la actividad administrativa no se concibe sin cierto margen de discreción en la solución de los asuntos sometidos a su competencia.

De esta forma –añade-, no se vislumbra atisbo de que el acto administrativo sea arbitrario o ilegal y, ante eventuales desviaciones o distorsiones, es el propio legislador el que confirió la atribución interpretativa de las normas de calidad y de emisión, y de los planes de prevención y de descontaminación, al Ministerio del Medio Ambiente.

En lo que atañe a la aplicación de la normas de emisión, indica la recurrida que el PPDA hace alusión a los vehículos SIN SELLO VERDE y a la zona de saturación (Anillo Américo Vespucio). Es importante señalar que esta entidad no define las medidas permanentes en los episodios de gestión crítica, pues es una facultad del Ministerio del Medio Ambiente, no siendo competente esta Secretaría de Estado para pronunciarse sobre materias que escapan de sus facultades y atribuciones. Es ineludible señalar, además, que el Decreto N° 31, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, no ha sufrido ninguna modificación desde su publicación en el Diario Oficial el día 24 de noviembre de 2017.

En consecuencia, concluye señalando que no se advierte en caso alguno que mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 2292, de 2018, se vulneren las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el día fijado para la vista de la causa, se anunció y alegó en estrado, en contra de la presente acción constitucional, el abogado de la recurrida, don Gastón Salinas Ugarte.

Quinto: Que, en primer término, es del caso recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad en la interposición de la acción cautelar sub iúdice, es del caso señalar que el Auto Acordado de 17 de julio de 2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", ha regulado el procedimiento aplicable para la tramitación de esta acción cautelar; exigiendo en su numeral primero que ésta debe interponerse "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento de los mismos, lo que se hará constar de autos".

Por consiguiente, habida cuenta que el acto que el recurrente estima como ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N° 2.292, de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que "Prohíbe la Circulación de Vehículos Motorizados en las Condiciones que Indica", la que fue publicada en el Diario Oficial el día 27 de abril del año en curso, la alegación de extemporaneidad referida será desechada, pues el presente recurso fue deducido el día 15 de mayo de 2018, es decir, no habiendo transcurrido aún el plazo de 30 días fijado en el Auto Acordado para solicitar la protección constitucional invocada.

Por lo demás, la presente alegación fue ya resuelta por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de junio de 2018, al revocar la resolución de esta Corte que declaró inadmisible, por extemporánea, la acción constitucional en análisis, pronunciamiento que, encontrándose firme, no pude ser revocado sin afectar el efecto de cosa juzgada que tal resolución ha producido.

Séptimo: Que la segunda alegación formulada por la Subsecretaría de Transportes, esto es, que carecería de legitimación pasiva, pues las definiciones y parámetros para implementar las medidas de restricción fueron fijadas en el Decreto Supremo N° 31 –del Ministerio del Medio Ambiente- y no en la Resolución Exenta que el actor estimada ilegal y arbitraria, tampoco podrá prosperar, pues lo que el recurrente ha impugnado es la referida resolución -que materializó o ejecutó lo contemplado en el Decreto Supremo N° 31-, y que es la que considera que ha conculcado las garantías constitucionales que menciona en su recurso.

Octavo: Que ahora bien, en lo que concierne al fondo del recurso, entrando derechamente al fondo del recurso, según indica expresamente el texto de la Resolución Exenta N° 2.292, esta norma encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 19 N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; Ley N° 18.059, los artículos 107 y 113 del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito; el DS N° 31, de 11 de octubre de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, en adelante el PPDA; la resolución Nº 59, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la resolución N° 1.600 de la Contraloría General de la República de Chile.

Indica la referida resolución exenta, en su parte considerativa, que “de conformidad con el artículo 120 letra b) del DS N° 31, de 2016, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en uso de sus atribuciones, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, debe disponer una restricción vehicular permanente durante el Período de Gestión de Episodios Críticos por MP10 y MP2,5, de conformidad con la tabla XII-1 allí establecida. Asimismo, dicho precepto señala que: "El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida.".

En el considerando 2° de la resolución en análisis, se indica que la referida Secretaría Regional, “en uso de sus competencias y, teniendo especialmente presente, que la medida consistente en aplicar restricción vehicular permanente para vehículos con sello verde, resulta inédita, pues hasta la fecha dicha clase de vehículos solo eran objeto de medidas restrictivas ocasionales en episodios críticos de Preemergencia y Emergencia Ambiental, resulta conveniente establecer su aplicación de manera gradual, tanto en lo que se refiere a los perímetros, como número de dígitos a controlar; ello con la finalidad de realizar una adecuada difusión a la ciudadanía de los contenidos del PPDA, de manera que aquella vaya internalizando la necesidad de programar sus viajes. Además, resulta relevante generar datos de manera gradual que permitan evaluar el efectivo impacto de la medida en la descontaminación y en la demanda por servicios de transporte público de pasajeros”.

Finalmente, en su tercer considerando, refiere que “existe una causa justificada en los términos del artículo 113, del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, para disponer la medida que se establece en la parte resolutiva del presente acto administrativo”.

Noveno: Que la Resolución Exenta N° 2.292 prohíbe la circulación de vehículos motorizados, desde el día 1 de mayo de 2018 y hasta el 31 de agosto del mismo año, de conformidad con las siguientes tipologías, días, horarios, perímetros especiales y condiciones:

a) Automóviles, station wagons y similares, sin sello verde, cualquiera sea su último dígito de su placa patente y, motocicletas y similares de años anteriores al 2002; de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, en el área interior del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio.

b) Automóviles, station wagons y similares, sin sello verde, motocicletas y similares de años anteriores al 2002; fuera del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, pero dentro de la provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto, de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, según su último dígito de placa patente, conforme el siguiente calendario semanal:

c) Buses de transporte privado remunerado de pasajeros, buses interurbanos y rurales sin sello verde, dentro de la provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto, de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 10:00 y las 16:00 horas, según su último dígito de placa patente, conforme al calendario semanal señalado en el literal b) anterior.

d) Vehículos de transporte de carga sin sello verde, en el perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 10:00 y las 18:00 horas, según su último dígito de placa patente, conforme al calendario semanal contenido en el literal b) anterior.

e) Automóviles, station wagons y similares con sello verde, inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2011, de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, al interior del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, según su último dígito de placa patente, conforme al calendario que indica.

f) Motocicletas y similares, inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre de 2010; de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, al interior del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, según su último dígito de placa patente, conforme al calendario que la resolución en estudio consigna.

Asimismo, en el punto 2 del acto administrativo que se revisa, se enumera una serie de vehículos a los cuales no se aplica la prohibición de circulación referida, en las circunstancias y bajo las condiciones que la norma establece.

Por último, indica que los encargados de fiscalizar el estricto cumplimiento de la medida descrita en dicha resolución exenta, de conformidad a lo dispuesto en el DFL Nº 1, de 2007, son Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Décimo: Que, así las cosas, la medida de descontaminación cuestionada encuentra, en primer término, sustento constitucional en la norma contenida en el numeral 8° del artículo 19 de la carta fundamental, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, para lo cual indica que la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

En atención al referido precepto constitucional, el artículo 44 de la Ley N° 19.300 –sobre Bases Generales del Medio Ambiente- preceptúa que, mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, que llevará además la firma del ministro sectorial que corresponda, se establecerán planes de prevención o de descontaminación, cuyo cumplimiento será obligatorio en las zonas calificadas como latentes o saturadas, respectivamente.

Es, por consiguiente, en atención a las normas constitucional y legal referidas que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo N° 31, de 11 de octubre del año 2016, del Ministerio del Medio Ambiente –publicado en el Diario Oficial de 27 de noviembre de 2017-, el cual establece un plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, preceptuando, en la letra b) del artículo 120, que durante el período de Gestión de Episodios Críticos por MP10 y MP2,5, se aplicará, entre otras, la medida permanente de restricción vehicular, durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de cada año, de acuerdo a la Tabla XII-1 que contiene el tipo de vehículos a que se aplica la medida y el número de dígitos totales por día, de lunes a viernes, con excepción de los festivos, indicando para los automóviles sin sello verde -cuyo es el caso del vehículo del recurrente- que se aplica para todos los dígitos, pero solo al interior del anillo Américo Vespucio, en el horario referido en el basamento anterior.

Añade el referido decreto supremo que “el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida”.

Así las cosas, en virtud del mandato contenido en el referido Decreto Supremo N° 31, de 11 de octubre del año 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana de Santiago dictó la Resolución Exenta N° 2292, de 24 de abril de 2018 , publicada en el Diario Oficial de 27 de abril del mismo año.

Undécimo: Que, de lo razonado, se colige que el acto administrativo cuestionado por la presente vía se dictó de acuerdo con la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y en uso de las atribuciones que se le otorgaron a la autoridad recurrida, ajustándose a los parámetros que se le fijaron previamente, por lo que no se aprecia la ilegalidad que se le imputa.

Tampoco se aprecia que dicho acto sea arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo dictó, pues obedece, precisamente, al plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, aprobado por el tantas veces mencionado D.S. N° 31 , de 11 de octubre del año 2016, del Ministerio del Medio Ambiente.

Duodécimo: Que, así las cosas, de conformidad con lo razonado, necesariamente ha de desestimarse la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, se rechaza la acción constitucional deducida por don nombre reservado, por sí y en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Transportes, representada legalmente por su subsecretario, señor Eddy Roldán Cabrera, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° 2292 de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

No firma la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2818-2018 Prot.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte presidida por el ministra señora María Teresa Díaz Zamora e integrada por la ministra señora María Alejandra Pizarro Soto y por el abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.