AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA ECOLOGICA MIXTA ESCUELA INTEGRAL COMUNITARIA LA BANDERA con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

C.A. de San Miguel San Miguel, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco Al escrito folio N°18: A sus antecedentes.

A los escritos folios N°s 21 y 22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, profesora diferencial, chilena, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la “Agrupación Social, Cultural, Deportiva Y Ecológica Mixta Escuela Comunitaria La Bandera”, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De San Ramón, debido a haber dictado el acto administrativo Decreto Alcaldicio N.º 0328, de 29 de mayo de 2025, que ordena poner término al comodato ubicado en domicilio reservado, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Ramón y la Agrupación social, cultural, deportiva, ecológica, mixta Escuela Integral Comunitaria La Bandera; acto que resulta ilegal y arbitrario, vulnerando los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2.

Expone que el año 2021 tras 15 años de trabajo socio comunitario en la población La Bandera, solicitaron a la I. Municipalidad de San Ramon una sede social en comodato para desarrollar actividades de la Escuela Comunitaria y las diferentes organizaciones sociales federadas en el movimiento Solidario Vida Digna. En ese momento el Alcalde Gustavo Toro sugiere entregarles en comodato una sede ubicada en el frontis del gim​nasio municipal, la que se encontraba deteriorada, en desuso hace varios años y subutilizada como un centro de podología, para arriendos particulares y otros fines que escapan al traba​jo comunitario. Esto lo aprobó el Concejo Municipal por la unanimidad de los presentes el 26 de abril de 2022.

Señala que en la sede desarrollan trabajo educativo de mujeres, de vivienda, cultural, recreativo y artístico, para los vecinos y vecinas de San Ramón.

Explican que el contrato de comodato indica que su plazo es de “dos años renovables por periodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de poner término con, a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o cualquiera de sus prórrogas”.

Indica que por ello luego de dos años comenzaron un proceso de diálogo con el Alcalde para oficializar la renovación, solicitaron dos audiencias por Ley de Lobby las cuales se concretaron y luego una solicitud formal de renovación, la que no tuvo respuesta, por lo que solicitaron nuevamente audiencias una en enero y otra en marzo de este año, sin respuesta por parte de la autoridad. Por ese motivo enviaron correo el 18 de marzo de este año a la secretaria del Departamento de Obras adjuntando el contrato de comodato e informando el cambio de directiva de la organización, ella acusó recibo y solicitó el decreto alcaldicio que otorgó el comodato, del cual no disponen y siguieron intentando algún tipo de pronunciamiento sin obtener respuesta.

Refieren que el día 19 de junio de 2025 una vecina de la comuna que participa en el taller de orfebrería que funciona en el lugar fue notificada con la carta que pone fin al comodato, Decreto N° 0328 de 29 de mayo de 2025, donde se mencio​na que este acto se justifica mediante un Informe Técnico realizado por la Unidad Técnica Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, el cual no se adjuntó junto con esta notifica​ción, información que fue solicitada por diferentes vías, pero la Municipalidad no lo envió, por lo que el 29 de junio de 2025, presentaron una solicitud de acceso a la información a través del mecanismo de transparencia activa, para obtenerlo, pero les solicitaron prórroga de 10 días hábiles, lo que señalan que los complicaba porque iban a pasar los plazos legales para ejercer acciones.

Afirma que producto de aquello con la misma fecha ingresaron un recurso de reposición para que se revisaran los antecedentes y se restituyera el comodato.

Explica que, en el Concejo Municipal del 9 de Julio, el al​calde se refirió a esta situación y su justificación se basaba en que necesitan urgentemente el espacio para un centro de podología, agregando que el lugar esta deteriorado y no responde a las mejoras que se requiere, según su parecer, lo que pudieron observar desde la página del Facebook oficial de la Municipalidad de San Ramón, ya que aún no existe acta del Concejo.

Estiman que este acto fue arbitrario e ilegal y, además se encuentra falto de fundamentación porque la justificación del fin del comodato, contenida en el Decreto Nº 0328, de 29 de mayo de 2025, emitido por la I. Municipalidad de San Ramón, se fundaría en un Informe Técnico que no se adjunta, mientras que en el decreto recurrido solo se mencionan generalidades, como deterioro en la infraestructura, lo que niegan y para ello adjuntan imágenes del lugar, y supuestos mensajes políticos dentro de las instalaciones.

Expresan que con este acto se vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2, por lo que solicitan se deje sin efecto el citado acto administrativo y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la agrupación, y por tanto, se ordene la prórroga del comodato en los mismos términos y condiciones para el año 2025.

Segundo: Que informa la recurrida Municipalidad de San Ramón, solicitando el completo y absoluto rechazo de la acción impetrada.

Señala que mediante el Decreto Alcaldicio N°0225 de 16 de mayo de 2022, se otorgó en comodato a la recurrente el bien nacional de uso público, ubicado en domicilio reservado, específicamente en el frontis del Gimnasio Municipal de la comuna de San Ramón y en la cláusula quinta del mismo se indicaron las obligaciones que debía cumplir para el ejercicio de este derecho.

Explica que los recurrentes incumplieron los N° 1 y 2 de la referida clausula, esto es el deber de "mantener en óptimas condiciones el aseo e higiene del terreno entregado en comodato, así como su entorno inmediato”, y el de realizar "cualquier construcción o modificación del espacio que se desee efectuar en el terreno entregado en comodato, deberá tener la autorización de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, con las respectivas aprobaciones y pagos de derechos en el caso que corresponda”, y en el N° 7 de la cláusula señalada se indicó que “Cualquier infracción a las condiciones expresadas en los números anteriores, faculta al municipio a dejar sin efecto y de pleno derecho el presente préstamo de uso gratuito”.

Refiere que el decreto alcaldicio Nº 0328, de fecha 29 de mayo de 2025 que pone término al comodato en cuestión señala con claridad que existe un informe firmado por varias direcciones municipales, elaborado principalmente por la Dirección de Desarrollo Comunitario que señaló que la organización comodataria no ha realizado mejora estructural alguna, que el lugar se encuentra permanentemente desordenado y descuidado y que en el interior del mismo se encuentran consignas no alusivas al proyecto de la Agrupación Social Cultural, Deportiva, Ecológica Mixta Escuela Integral La Bandera, agregando que también de acuerdo al contrato debían hacerse cargo de los insumos básicos, sin embargo, sostienen una deuda con Aguas Andinas por una suma total de $616.080.

Indica que producto de todos estos incumplimientos contractuales la recurrida se encuentra facultada para poner término al contrato de comodato y exigir la restitución de la cosa prestada, de acuerdo con los dispuesto en el N° 3 del artículo 2180 del Código Civil.

Agrega que, además, la Ley 18,695, le otorga facultades al alcalde para administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna, lo que en este caso se realizó con apego al procedimiento establecido en la ley para ello.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio N°0328 de 29 de mayo de 2025 está debidamente fundamentado y tiene la motivación suficiente para su validez ya que entrega razones fundadas y suficientes que justifican su dictación, señalando claramente cuales serían las razones legales y/o contractuales que se estarían incumpliendo por parte de la organización de la sociedad civil.

Arguye que, además no existe a la fecha del informe (6 de agosto de 2025) un acto ilegal y arbitrario en los presentes autos, toda vez que no hay, hasta la fecha un decreto alcaldicio o acto administrativo que resuelva la reposición interpuesta por la recurrente, a fin de que implique una decisión de la autoridad tendiente a resolver la discusión jurídica que se plantea mediante la presentación del recurso de reposición de fecha 25 de junio de 2025, dónde se solicita la reconsideración de la medida dispuesta por el decreto alcaldicio N°0328 de 29 de mayo de 2025.

Finalmente agrega que, sin perjuicio de que no hay acto terminal que pueda ser calificado de arbitrario e ilegal, el conflicto por el que se presenta el recurso no corresponde a una materia que deba ser conocida mediante esta acción cautelar de urgencia, ya que la discusión de fondo que plantea se centra en aspectos relativos al cumplimiento y vigencia del contrato de comodato celebrado por las partes y a la determinación de si la recurrente tenía o no derecho a que el mismo mantuviera su vigencia por todo el plazo originalmente pactado, y esta instancia no constituye una de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria lo que no concurre en este caso, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido determinar si el Decreto Alcaldicio N.º 0328, de 29 de mayo de 2025, que ordena poner término al comodato suscrito entre la recurrente y recurrida es un acto carente de fundamento, arbitrario e ilegal, que ha afectado el derecho fundamental del recurrente consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley.

Quinto: Que, en la cláusula quinta del contrato de comodato de que se trata, se establecen varias obligaciones que debe cumplir el comodatario en el ejercicio de su derecho, y, específicamente se indica que “cualquier infracción a las condiciones expresadas en los números anteriores faculta al municipio a dejar sin efecto y de pleno derecho el préstamo gratuito de que se trata”.

Por otra parte, el artículo 63 de la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: … f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley; g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales; …”.

Sexto: Que, de la lectura del Decreto Alcaldicio N° 0328 de 29 de mayo de 2025, se aprecia que la recurrida fundó su decisión en los incumplimientos en que habría incurrido la recurrente, verificados por los diversos departamentos del municipio, los que fueron plasmados en el informe emitido por la Unidad Técnica.

Por lo anterior, se constata que la I. Municipalidad de San Ramón ha actuado dentro de sus facultades, tanto las que le otorga el mismo contrato de comodato, como las que le otorga la Ley Orgánica Constitucional que la rige, razones que están claramente expresadas en el Decreto Alcaldicio N° 0328 de 29 de mayo de 2025 que le puso término al mismo.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo recientemente señalado, la materia que se discute es una cuestión de naturaleza contractual que excede el ámbito de la acción de urgencia cautelar, que debe ser resuelta por otras vías, toda vez que el recurrente no tiene un derecho indubitado que cautelar, por lo que esta acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la “Agrupación Social, Cultural, Deportiva Y Ecológica Mixta Escuela Comunitaria La Bandera”, en contra de la I. Municipalidad de San Ramón.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2816-2025 Protección