nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, venezolano, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, notificado el 26 de diciembre de 2025. Expone el recurrente que, siendo de nacionalidad venezolana, solicitó la restitución de sus fondos conforme a la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexos, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y demás antecedentes, los que —afirma— acreditan el cumplimiento de los requisitos legales. Sostiene que la recurrida rechazó su solicitud señalando que los documentos no cumplían los criterios de aceptación, fundándose principalmente en exigencias formales no contempladas en la ley, tales como la apostilla o determinadas validaciones, pese a que el certificado de afiliación sería verificable electrónicamente. Añade que la Administradora incurre en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, incorporando requisitos no previstos por el legislador, especialmente considerando la imposibilidad práctica de obtener ciertos documentos en su país de origen.

En consecuencia, alega que el acto impugnado vulnera sus garantías constitucionales, particularmente el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, al impedirle disponer de sus fondos previsionales pese a cumplir —según afirma— con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156.

Segundo: Que, en lo que respecta al informe evacuado por AFP UNO S.A., la recurrida solicita el rechazo del recurso, sosteniendo, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para discutir la procedencia del retiro de fondos previsionales, por tratarse de un derecho sujeto al cumplimiento de requisitos legales específicos que no concurren en la especie. Indica que el recurrente presentó su solicitud con fecha 19 de diciembre de 2025, acompañando diversos documentos, entre ellos una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada, los que fueron revisados y posteriormente rechazados por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Expone que la devolución de fondos previsionales para trabajadores extranjeros constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyos requisitos deben cumplirse de manera copulativa, especialmente la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Señala que la constancia electrónica acompañada no constituye un documento idóneo para tales efectos, por carecer de la legalización exigida y no acreditar de manera suficiente la cobertura previsional requerida.

Agrega que la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela no exime del cumplimiento de dichas exigencias legales, las que no pueden ser sustituidas por mecanismos alternativos de verificación en línea. Concluye que su actuar se ajustó estrictamente a derecho, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

Tercero: Que, en relación con el informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo señala, en primer término, que el recurrente no registra reclamo previo ante esa entidad respecto de los hechos denunciados. En cuanto al fondo, expone que el sistema previsional chileno se rige por el principio de obligatoriedad de cotización, constituyendo la devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 una excepción que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se cumplan copulativamente los requisitos legales.

En este sentido, indica que para acceder a dicho beneficio el trabajador extranjero debe acreditar, mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente y debidamente legalizada o apostillada, que se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social en su país de origen que otorgue cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile. Precisa que las constancias electrónicas de cotizaciones no constituyen un medio idóneo de prueba para estos efectos, por carecer de firma, legalización o apostilla, y por no especificar de manera suficiente la cobertura exigida por la ley, agregando que tampoco las declaraciones juradas suplen dicha exigencia.

Asimismo, advierte que la manifestación de voluntad contenida en el contrato o sus anexos debe ser inequívoca en cuanto a mantener la afiliación al sistema extranjero, lo que tampoco concurriría en el caso. Concluye que, atendido el carácter excepcional de la normativa, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, no resulta procedente acceder a la devolución de fondos, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Administradora.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 26 de diciembre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°280-2026 Protección