SOTRASER LOGISTICA LIMITADA C con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL MAIPO

Foja: 123 Ciento Veintitrés San Miguel, nueve de abril de dos mil catorce VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 26, comparece don Alejandro Majía Correa, abogado, en representación judicial de la Sociedad Sotraser Logística Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que el día 28 de octubre de 2013 se cursó a la recurrente la multa administrativa Nº 7576/13/52-1, 2 por 30 y 40 UTM, respectivamente, la que fue notificada el día 9 de noviembre de 2013. Al trigésimo día hábil luego de ello, es decir el día 20 de diciembre de 2013, se solicitó la reconsideración administrativa de la citada multa.

A continuación, el día 8 de enero de 2014, la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo dictó el Ordinario Nº 26, el cual resolvió no dar curso a la solicitud de reconsideración, por cuanto ésta habría sido presentada extemporáneamente, esto es, fuera del plazo de 30 días contados desde la notificación de la multa administrativa, el que de acuerdo al artículo 512 del Código del Trabajo, considera vencido el 11 de diciembre de 2013. Dicho Ordinario ingresó a correos de Chile para su notificación el mismo día de su emisión, razón por la cual debe entenderse legalmente notificado al sexto día hábil desde el ingreso a correos.

Señala que el acto arbitrario e ilegal consiste, precisamente, en el hecho que la recurrida, sin apego a alguna norma jurídica, declaró extemporánea la reconsideración presentada por su parte, privándola así del derecho que le otorgan los artículos 512 y 513 del Código del Trabajo, con el consiguiente perjuicio pecuniario que conlleva una multa administrativa, vulnerándose de este modo los principios que fundan el debido proceso.

Al respecto explica que el artículo 512 del cuerpo legal ya citado, otorga un plazo de 30 días para solicitar la reconsideración administrativa de la multa, sin hacer una distinción si se trata de días hábiles o corridos. A su vez, refiere que el procedimiento que se sigue ante la Inspección del Trabajo es un procedimiento administrativo, por lo que se hace aplicable supletoriamente a él la Ley Nº 19.880, en cuyo artículo 1º señala que “la presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos especiales, la presente ley se aplicara en carácter supletorio”.

En este caso, entonces, si bien la ley laboral ha establecido un procedimiento especial –de reconsideración de multa administrativa ante el Director del Trabajo-, ella no ha previsto si el plazo para deducir la reconsideración es de días hábiles o corridos, razón por la cual se hace aplicable el artículo 25 inciso 1º de la Ley Nº 19.880, el cual establece que “los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos”. Siendo así estima que es forzoso es concluir que el plazo para reconsiderar administrativamente una multa ante la Dirección del Trabajo es de días hábiles.

Reclama como garantías constitucionales conculcadas, las consagradas en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que se están aplicando multas administrativas que pretenden gravar injustamente el patrimonio de esta parte en el marco de un procedimiento que no fue llevado en conformidad a la ley y por cuanto la administración, sin mediar ley alguna que modificara el derecho de esta parte, se negó a tramitar una solicitud de reconsideración administrativa de multa cursada por la Dirección del Trabajo negándose así el derecho que le otorga el artículo 512 del Código del Trabajo; en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en atención a que la administración del Estado, de forma ilegal o arbitraria, no ha dado aplicación a un procedimiento que se encuentra establecido por ley, negando a esta parte de su derecho de solicitar la reconsideración administrativo de una multa cursada por la Dirección del Trabajo, sin mediar fundamento alguno, y sin dar explicación al artículo 25 de la Ley Nº 19.880, y en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, por cuanto se coarta la libertad para dirigir, administrar y organizar su empresa.

Finalmente solicita se restablezca el imperio del derecho, declarando que se acoge el recurso en razón de haberse privado y perturbado a Sotraser Logística Limitada – por los actos ilegales y arbitrarios ya referidos- en el legitimo ejercicio de todas o una o más de las garantías constitucionales indicadas, que se deja sin efecto o invalida el acto administrativo consistente en el ordinario Nº 26 de 8 de enero de 2014 emanado de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, suscrito por el Inspector Provincial del Trabajo del Maipo en virtud de la multa Nº 7576/2013/52 por haberla considerado extemporánea, por ser dicho acto arbitrario e ilegal y en definitiva que proceda a dejar sin efecto la señalada multa o en su defecto se rebaje la multa impuesta a esta parte según reza el recurso administrativo interpuesto, que se ordene a los recurridos en lo sucesivo dar irrestricta aplicación al artículo 25 de la Ley Nº 19.880, más costas.

SEGUNDO: Que a fojas 104, comparece el abogado don Jorge Andreucic Martínez, quien en representación de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, evacúa el informe requerido por esta Corte.

Como primer cuestión, argumenta la improcedencia del recurso interpuesto, en atención a la naturaleza del acto administrativo, toda vez que se ha entablado en contra de un ordinario que declaró extemporánea la reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, cual es, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo en relación al artículo 512 inciso 2 del mismo cuerpo legal.

Agrega que en la especie se está utilizando una acción constitucional como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias establecidas en procedimientos especiales por lo que solicita se declare la improcedencia del recurso interpuesto.

En subsidio, señala que el día 28 de octubre de 2013 se cursó a la recurrente la multa Nº 7576/13/52-1, 2 y 3 por no indicar en el comprobante de pago de remuneraciones el monto pagado por concepto de sueldo base respecto de 2 trabajadores, entre los meses de abril a septiembre de 2013, por imputar indebidamente al sueldo mensual un descuento excesivo de comisiones en cuanto al ajuste de la ley 20.281, y por no exhibir toda la documentación exigida necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Señala que la multa fue enviada por correo con fecha 4 de noviembre de 2013, debiendo entenderse notificada el día 11 de noviembre de 2012. Se solicitó reconsideración administrativa el 20 de diciembre de 2013 y el 8 de enero de 2014 ésta no fue admitida a tramitación, puesto que de acuerdo a la ley, estima que debió ser presentada a más tardar el 11 de diciembre de 2013.

Agrega que si bien el artículo 512 del Código del Trabajo no señala expresamente si el plazo de 30 días establecido para interponer una reconsideración de multa es de días hábiles o corridos, para dilucidar el asunto hay que estarse al tratamiento que dicho cuerpo legal ha dado a la materia, las reglas generales aplicables al computo de plazos y la naturaleza del mismo.

En este sentido plantea que el plazo que establece el citado artículo corresponde a un termino de días corridos, puesto que ha de tenerse en cuenta que dicho precepto está ubicado en el titulo final del Código del trabajo bajo el epígrafe “de la fiscalización de las sanciones y de la prescripción”, es decir, el legislador estableció un conjunto de normas que constituyen un procedimiento especial de carácter administrativo por medio del cual se faculta al Director del Trabajo en los casos en que el afectado no haya reclamado de conformidad al artículo 503 del mismo Código, para dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas y renunciar o desistirse de la acción ejecutiva para su cobro.

Argumenta que del tenor de los artículos 512 y 513 del Código del Trabajo se colige que cuando el legislador quiso establecer plazos de días hábiles en este procedimiento especial, lo expresó en términos formales y explícitos, lo que no hizo tratándose de la norma del 512, por cuanto este plazo es precisamente de días corridos. Ello también encuentra su fundamento en la regla del cómputo de plazos establecida al efecto en el artículo 50 del Código Civil.

Añade que cada vez que el legislador laboral ha querido conceder un plazo de días hábiles lo ha dicho expresamente y ello es corroborado, además, con la lectura del artículo 435 inciso 3º del Código del Trabajo, que regula el procedimiento ordinario laboral que dispone que los términos de días que establece dicho título se entenderán suspendidos. El artículo 512 tantas veces citado, además, está ubicado en otro título, fuera del ámbito de aplicación del artículo 435, y por ende, el plazo que regula no se suspende en los días feriados.

Esgrime que la supletoriedad de la Ley Nº 19.880 no se aplica en la especie puesto que el conflicto del plazo se encuentra zanjado en el mismo Código del Trabajo, que es el cuerpo legal en donde está establecido.

De este modo, refiere que en la especie no existe acto arbitrario en atención a que el ordinario Nº 26 se dictó razonada y fundadamente y no existe acto ilegal, toda vez que fue dictado en atención a las facultades conferidas en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, el actuar de esta parte está amparado en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Además, manifiesta, que no se han transgredido las garantías constitucionales indicadas, precisando que en el recurso no se explica la forma en que se habría vulnerado la igualdad ante la ley y que no se ha afectado el derecho a un debido proceso por cuanto la recurrente siempre estuvo advertida de la tesis que respecto a esta materia había adoptado la Inspección del Trabajo y porque si no estaba de acuerdo, podría haber solicitado un pronunciamiento judicial. Reseña que no se ha afectado el derecho de propiedad toda vez que ella sólo engloba la obligación de cumplir con la ley, sin perjuicio que fue dictada dentro de un procedimiento administrativo ajustado a derecho y en virtud de las facultades otorgadas por la ley.

Finalmente solicita se rechace el recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar cuya procedencia se justifica en razón de la existencia –actual- de un acto arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona por el artículo 19 de la Constitución Política de la República y que singulariza el artículo 20 de la misma.

CUARTO: Que atendido lo expuesto, es menester revisar, como primera cuestión, si el Ordinario Nº 26, motivo de este recurso, era o no susceptible de otro tipo de recursos o herramientas procesales otorgadas por la Ley, destinadas a dejarlo sin efecto. En este sentido, y ante el primer argumento que sostiene la parte recurrida, se hace necesario señalar que si bien es cierto el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo establece la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales…”, no es menos cierto que el artículo 512 establece la posibilidad de reclamar ante el referido juez de letras aquella resolución que dicte el Director del Trabajo respecto de la reconsideración que presente interesado, pero no respecto de aquella resolución que, sin pronunciarse sobre dicha solicitud de reconsideración, no da lugar a la misma por estimarla extemporánea, como es el caso de autos. En vista de ello, esta Corte es de la opinión que el recurso de protección es una vía idónea para proteger, si procediere, las garantías constitucionales que puedan verse afectadas por la dictación de una resolución administrativa como la que es objeto de este recurso, razón por la cual rechazará este primero argumento de la recurrida.

QUINTO: Que entonces, procede analizar si el plazo que establece el primer inciso del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos o no. A este respecto, y como primera cuestión, es necesario dilucidar ante qué procedimiento se encuentra el interesado cuando solicita, de conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, la reconsideración, para ante el Director del Trabajo, de las multas administrativas que le han sido aplicadas por funcionarios de su dependencia.

SEXTO: Que a este respecto, es la propia Ley 19,880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que en su artículo 18 dispone: “El procedimiento Administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tienen por finalidad producir un acto administrativo terminal”, señalando el inciso segundo del artículo 3 de la misma Ley que los actos administrativos son “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una declaración pública”, los cuales pueden tomar la forma de decretos o resoluciones, siendo estas últimas “los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión”.

SÉPTIMO: Que dicho lo anterior, no cabe duda que el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo 511 del Código del Trabajo es, precisamente, uno que tiene por objeto dar inicio a un procedimiento administrativo que, en definitiva, busca el pronunciamiento del Director del Trabajo respecto de la procedencia de las multas de las que ha sido objeto el solicitante, razón por la cual, en lo que fuere procedente, corresponde la aplicación subsidiaria de las normas de la citada Ley 19.880.

OCTAVO: Que en este sentido, corresponde definir si el plazo que confiere su artículo 511 del Código del Trabajo, es uno de días hábiles o corridos, puesto que la referida disposición no lo señala en forma expresa. A este respecto, si bien es cierto el legislador laboral ha referido, en el citado cuerpo legal, que ciertos plazos que confiere son de días hábiles, no es menos cierto que el plazo que otorga el artículo 511 ya citado debe entenderse, como se ha dicho, en el contexto de un procedimiento administrativo, que habrá de ser presentado ante autoridades administrativas y en las dependencias de éstas. Siendo así, en opinión de esta Corte, la supletoriedad de la Ley 19.880 se hace patente, desde que el objeto de ella es precisamente resolver aquellas involuntarias omisiones en la que el legislador del ramo –en este caso, el laboral- haya podido incurrir cuando se trate de procedimientos de carácter administrativo.

NOVENO: Que por lo anterior, el argumento del recurrente es plausible y justificado, en cuanto se hace aplicable el artículo 25 de la Ley 19.880, debiendo considerarse que el plazo de 30 días que confiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerándose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. Corresponde ahora definir si, considerando lo anterior, el acto impugnado de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo Director del Trabajo, esto es, el Ordinario Nº 26 de fecha 8 de enero de 2014, mediante la cual resolvió no dar curso a la solicitud de reconsideración, por cuanto ésta habría sido presentada extemporáneamente, inculca alguna garantías constitucional de las invocadas por el recurrente en su escrito, a saber, las de los números 2, 21 y 24 del artículo 19 de la carta Fundamental, u otras que esta Corte pueda estimar afectadas.

DÉCIMO: Que adicionalmente, se entiende que un acto es arbitrario cuando no existe la razón que lo fundamente. En este sentido, la arbitrariedad es la voluntad no gobernada por la razón sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias o comunes. Para que exista arbitrariedad debe haber, entonces, carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún, inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea una actuación carente de fundamentación, guiada por el instinto o el antojo, sin motivación racional.

UNDÉCIMO: Que de los hechos materia de este recurso, esta Corte estima que, efectivamente, las referidas garantías han sido afectadas por la parte recurrida, desde que ésta, sin razón ni justificación alguna, ha impedido al recurrente el legítimo ejercicio de un derecho, cual es, el de reconsideración de la multa aplicada. En efecto, esta Magistratura estima que, el hecho de no haber permitido la autoridad recurrida la interposición del recurso de reconsideración por estimarla, ilegítimamente como se señaló, extemporánea, da cuenta de un comportamiento ilegal y arbitrario que afecta las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, razones que justifican acoger el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por don Alejandro Majía Correa, en representación judicial de la Sociedad Sotraser Logística Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, representada por don nombre reservado, dejándose si efecto el acto administrativo consistente en el Ordinario Nº 26 de fecha 8 de enero de 2014, dictado por la referida autoridad, mediante la cual resolvió no dar curso a la solicitud de reconsideración de la recurrente, por cuanto ésta habría sido presentada extemporáneamente, debiendo proceder la parte recurrida a darle tramitación a la referida solicitud de reconsideración, la que se encuentra presentada dentro de plazo, y pronunciarse de acuerdo a sus atribuciones y a lo dispuesto en la ley respecto de la misma.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Jorge Schenke Reyes Rol N° 28-2014 PROT.

Pronunciado por la Sexta Sala integrada por la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora, el Fiscal Judicial don nombre reservado y el Abogado Integrante señor Jorge Schenke Reyes.

En San Miguel, a nueve de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.