AGRÍCOLA EL PANGUE LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MELIPILLA

Certifico que se anunciaron y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso el abogado Felipe Gamboa y contra el mismo el abogado Sergio Zapata. San Miguel, 30 de julio de 2024. Emil Ibarra Sáez, relator.

San Miguel, treinta de julio de dos mil veinticuatro.

Al folio 24 y 25: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Felipe Gamboa Lavados, abogado, en representación de Agrícola El Pangue Limitada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar la sustitución de 4 multas laborales por programa de asistencia al cumplimiento, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso, a fin de que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº1304-8386/2024, permitiendo a su representada a acceder a dicho beneficio.

Expone que la recurrida, el 16 de enero de 2024, dictó la Resolución de Multa Nº8040/24/1, imponiendo 9 multas en su contra, 8 de 10 UTM y una de 120 UTM, respecto de las cuales la actora solicitó la sustitución de las multas 1, 2, 6 y 8, por el beneficio establecido en el artículo 506 ter Nº1 del Código del Trabajo, dado un accidente sufrió por un trabajador de su representada, el 20 de diciembre de 2023.

Señala que el 2 de abril del presente año la recurrida rechazó su solicitud por la incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento, dado el tenor de la Circular Nº4 de 17 de enero de 2022, la que prohíbe sustituir toda multa derivada de un accidente laboral calificado como grave por la incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento (PAC) y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Indica que, pesar de contar Agrícola El Pangue con todas las exigencias que establece la normativa laboral para la procedencia de la sustitución de multas, la recurrida procedió a rechazar la solicitud en base a requisitos que la norma legal que regula la procedencia del beneficio de la sustitución no contempla. Producto de lo anterior, entiende que se vulneraron las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 Nº2 y 24, ya que a pesar de haber cumplido con las exigencias contenidas en el artículo 506 Ter Nº1 del Código del Trabajo, esto es ser una micro o pequeña empresa y no haber recurrido en conformidad con lo dispuesto en los artículos 503 y 511 del mismo cuerpo legal, se rechazó la solicitud, siendo discriminada por la Inspección del Trabajo, impidiéndole acceder a un beneficio contemplado en la ley laboral. Además, la decisión reclamada deja firme la imposición de las multas cuestionadas, lo que afecta el patrimonio de su representada, obligándola a pagar $9.777.300 pesos, correspondientes a las150 UTM a las cuales fue condenado.

Solicita que se acoja el presente recurso, dejando sin efecto la Resolución Exenta Nº1304-8386/2024, disponiéndose la sustitución de las multas por la incorporación a un programa de asistencia al cumplimiento establecida en el artículo 506 Ter N° 1 del Código del Trabajo.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla solicitando el rechazo del mismo.

Señala que la presente acción es improcedente ya que la misma no es ilegal ni arbitraria dado que la legislación laboral le confiere a su representada la facultad de dictar las resoluciones pertinentes en el contexto de la fiscalización que debe realizar a las empresas. Asimismo, el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral, contempla en su Título II el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas de la Dirección del Trabajo. En ese orden de ideas, y al deducirse recurso de protección en contra de la Resolución Exenta NºN°1304-8386/2024, el recurrente obvia que la ley estableció un procedimiento específico de impugnación de aquellas resoluciones que no lo sean de multa, consistente en la acción contenida en el artículo 504 del Código del Trabajo, lo cual se condice con lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del mismo cuerpo legal, en donde explícitamente se le da competencia a los juzgados de Letras del Trabajo para conocer de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social, entre ellas, precisamente, la Dirección del Trabajo.

Añade a lo anterior que en el presente caso no existe un derecho indubitado, por lo que no es procedente la acción de protección, debiendo haberse ventilado la controversia a través de un juicio de lato conocimiento, como el contenido en la acción precedentemente descrita, especialmente si lo solicitado es que se deje sin efecto una resolución dictada por su representada.

Señala que, de acogerse la presente reclamación, aquello no significa que las multas impuestas puedan quedar sin efecto ya que lo que se trata de proteger no dice relación con temas patrimoniales sino que con la protección de un trabajador que quedó con una discapacidad como consecuencia del actuar infraccional de la recurrente, por lo que debe determinarse si la recurrente presentó una solicitud de la misma naturaleza que la contenida en el artículo 506 ter Nº1 del Código del Trabajo, si no presentó solicitud en conformidad a lo dispuesto en los artículos 503 y 511 del mismo cuerpo legal y/o si cumple con los criterios internos de la Dirección del Trabajo, establecidos en la circular nº4 de 17 de enero de 2022.

Respecto a las garantías fundamentales vulneradas, estima que no existe contravención a lo dispuesto en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República ya que al aplicar el criterio contenido en la Circular referida, aquel criterio se aplica a cualquier empresa que solicita la sustitución de las multas reclamadas por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento cuando las multas dicen relación con la ocurrencia de un accidente grave o fatal que afecte a un trabajador, no existiendo una discriminación en su contra. Respecto a la vulneración del derecho a la propiedad, es la misma recurrente la que reconoce que las multas aplicadas lo están conforme a derecho, y en caso de que se hubiera accedido a la sustitución solicitada, eso no implica que no se curse la multa respectiva ya que aquello dependería del cumplimiento de las instrucciones de la mutual, no dejándose sin efecto la multa. Finalmente, deja en claro que la afectación al patrimonio resulta como una consecuencia legítima del ejercicio del Ius Puniendi estatal, por lo que no es el actuar del Estado el que genera la disminución en el patrimonio de la recurrente, sino que dicha disminución es provocada por la conducta de la actora.

Solicita que se rechace el recurso interpuesto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurrente denuncia en esta sede la dictación de la Resolución Exenta Nº1304-8386/2024, la cual rechaza la solicitud de sustitución de 4 multas laborales por programa de asistencia al cumplimiento, amparándose la recurrida en la aplicación de la Circular N°4 de 17 de enero de 2022, la cual le impediría acceder al beneficio contenido en el artículo 506 ter N°1 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, teniendo presente el tenor del artículo 506 ter precitado, la Circular N°4 de 17 de enero de 2022 resulta inoponible al recurrente, conforme al principio de jerarquía normativa, ya que la regulación interna del servicio no puede superponerse a la ley. En consecuencia, la actuación de la recurrida al negarse a analizar la procedencia de la sustitución de las multas impuestas por la modalidad planteada por el actor, fundada en el tenor de una Circular de la Dirección del Trabajo, resulta ilegal dado que esta excede los requisitos que el artículo 506 ter dispone, vulnerándose con ello la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que por lo antes expuesto corresponde acoger la acción cautelar deducida en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Agrícola El Pangue Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, sólo en cuanto se dispone que esa repartición deberá emitir pronunciamiento sobre la solicitud planteada, de conformidad a la norma establecida en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, prescindiendo de la Circular N°4 de 17 de enero de 2022, dentro de un plazo de diez días.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2788-2024 Protección.