nombre reservado CONTRA nombre reservado

Foja: 36 Treinta y Seis San Miguel, veinticuatro de diciembre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 3, comparece don nombre reservado, abogado y deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado. Sostiene que es inspector y asesor jurídico del canal de regadío San Diego de Melipilla. Explica que en el desarrollo de su función, con el único predio que tiene problemas de acceso, de los más de cincuenta por donde pasa el canal, corresponde al perteneciente al recurrido ubicado en el km 6,5 del camino San Diego de Melipilla, ya que, pese a que éste es accionista y regante de dicho canal por sí y por sociedades de su propiedad, no respeta la legislación de aguas y menos que las Asociaciones de Canalistas tienen precisamente como función el velar para que todos los regantes puedan ejercer sin problemas en tiempo y forma sus derechos de aguas, para lo cual la respectiva asociación debe hacer limpiezas anuales del canal a objeto de sacar malezas, fango, animales muertos, etc., que obstaculizan el paso de agua.

Señala que el día 4 de agosto de 2014, el recurrido ordenó al administrador “parar la retroexcavadora” que limpiaba el canal por dentro del cauce que pasa por su predio, hecho que le fue comunicado por el operador y celador, por lo que concurrió al lugar y llamó a Carabineros, ante lo cual dicho empleado permitió que se continuara con los trabajos, por aproximadamente dos horas hasta que llegó el recurrido impidiendo el trabajo de la máquina y amenazando con dispararle al motor de la misma. Indica que aquello no es una “bravuconada” ya que el recurrido ha sido procesado y condenado por su participación en el asesinato del General Schneider en 1970, motivo por el cual llamó nuevamente a personal de Carabineros, los que intentaron hacer razonar al recurrido, no obteniendo resultados positivos, por lo que optó por retirar la excavadora para proteger su integridad física y la de la maquinaria (sic).

Agrega que los hechos anteriormente descritos constituyen una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad del trabajo y su protección, ya que la actitud del recurrido desconoce su libertad de trabajar como inspector de conformidad con lo establecido en el propio Código de Aguas; como asimismo infringe el artículo 19 Nº2 de la misma, esto es, la igualdad ante la ley, ya que, aquél no puede pretender encontrarse por sobre la Constitución y la ley al impedir el ingreso a su predio para limpiar el canal y así asegurar el riego a todos los que tiene derechos de aguas en el canal; y, por último, transgrede el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, en el sentido que se crean las Asociaciones de Canalistas para ejercer de mejor forma el derecho de propiedad sobre las aguas y hacer lo más eficiente posible el riego en los diversos predios que tienen acciones de agua en el canal de regadío.

Concluye solicitando que se acoja con costas el recurso, a fin de evitar que la conducta del recurrido pueda afectar la sobrevivencia del canal San Diego y las mencionadas garantías constitucionales suyas, de los demás trabajadores y de sus propietarios.

Segundo: Que el recurrente acompañó, según consta a fojas 1, copia de la escritura pública de fecha 4 de junio de 2012 donde consta su designación como inspector del canal San Diego de Melipilla para los efectos del artículo 90 del Código de Aguas.

Tercero: Que don nombre reservado a fojas 25 informa que el recurrente carece de legitimación activa para accionar, ya que quien la tendría sería la Asociación de Canalistas del Canal San Diego, ya que aquél solo es un empleado de la misma. En cuanto al fondo, alega que los hechos denunciados son falsos, ya que fue el propio recurrente quien hizo ingreso a su predio, sin dar aviso previo de los trabajos para su autorización, ni exhibir algún título que lo habilitara como inspector, lo que constituye una condición indispensable para tener derecho al ingreso a su propiedad, como lo establece el propio artículo 90 del Código de Aguas. Indica que sin embargo, el recurrido dio instrucciones para que se transitara por los huertos de su propiedad para llegar a la mesa del canal, destruyendo y dañando árboles a su paso.

Agrega que el señor nombre reservado no tuvo el recaudo de dar cumplimiento al artículo 79 del Código de Aguas por cuanto se permitió, efectuar trabajos y modificar el cauce del rumbo que precisamente causaba el menor perjuicio al predio o a la heredad sirviente contraviniendo lo exigido por la referida norma legal.

En suma, indica que para que el recurrente ingresara a su predio debió haber cumplido fielmente con los presupuestos que la ley impone, esto es, dar aviso previo, u obtenido el auxilio de la fuerza pública, sin que se verificara en la especie, alguna de las hipótesis señaladas. Añade que no existe una relación de causa efecto de la supuesta acción u omisión ilegal o arbitraria que se reprocha y el agravio al derecho fundamental que se estima conculcado, ni se advirtie violación a las garantías constitucionales invocadas, por lo que pide que el recurso sea rechazado.

Cuarto: Que el recurrente a fojas 29 hace presente que los hechos contenidos en el informe de la parte recurrida no son verdaderos. Explica que todos los años se les informa a los canalistas, de la limpieza del canal, en la Junta Ordinaria de Accionistas y en el Directorio del canal San Diego, donde participa el recurrido. Asimismo refiere una serie de antecedentes en orden a explicar la forma en que se realiza la limpieza y que en ningún caso se verificó algún tipo de destrucción en su predio. En dicha oportunidad, solicitó a este tribunal que oficiara a la Dirección General de Aguas a fin de que funcionarios de esa dependencia se constituyan en el lugar a fin de verificar que el recurrido planta árboles en la mesa del citado canal para impedir la limpieza, como asimismo a la Comisaría de Carabineros de Melipilla para que informe al tenor de los hechos puestos en conocimiento de este Tribunal.

Quinto: Que la falta de legitimación activa alegada por el recurrido, no puede prosperar atendido lo dispuesto en el numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, que señala que aquél “se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre…” . En efecto por la presente acción se denuncia, en síntesis, el hecho de haberse impedido a quien se desempeña como inspector, cumplir con sus funciones.

Sexto: Que a fin de analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta útil consignar que el recurso de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos pre existentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de ese atributo.

Séptimo: Que, según fluye de lo antes apuntado, la acción u omisión ilegal –esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitraria –producto del mero capricho de quien incurre en él –debe provocar algunas de las situaciones o efectos que antes se indicaron, afectando aquellos derechos previos y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que esta Corte pueda dictar providencias para reponer el imperio del derecho de que se trata.

Octavo: Que, en la especie, no es posible otorgar la cautela solicitada desde que de la apreciación de los antecedentes, efectuada de conformidad con las reglas de la sana crítica, no deriva convicción en cuanto a que el recurrente tenga efectivamente un derecho pre existente y de carácter indubitado vulnerado que permita a este tribunal adoptar las citadas medidas.

Noveno: Que, en efecto, en tanto el recurrente sostiene que el recurrido no le ha permitido desempeñar las funciones de limpieza del canal que tiene asignadas, este último asevera que aquél no dio cumplimiento a las formalidades que al efecto establece el Código de Aguas, básicamente avisar previamente que las va a verificar para ser autorizado su ingreso.

Décimo: Que en estas condiciones, por encontrarse discutida la existencia del derecho cuya protección se solicita, sólo cabe concluir que este medio de resguardo excepcional, es improcedente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el mencionado Auto Acordado que existe sobre la materia, se rechaza el recurso interpuesto en lo principal de fojas 3.

Se previene que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en el parecer del Abogado Integrante señor Armando Jaramillo Lira, el rechazo de la acción constitucional tiene, además, fundamento en la circunstancia que las garantías invocada como amagadas, privadas o perturbadas, una de ellas carece de cobertura cautelar como es el caso de la prevista en el artículo 19 N° 16, conforme al artículo 20, ambos de la Carta Fundamental; y, en el caso de las garantías invocadas en el artículo 19 N°s 2 y 24, éstas no guardan relación alguna con los hechos que se reclaman como perturbados, amagados o privados.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Catepillán y de la prevención, su autor.

ROL Nº 278-2014.- PROT Pronunciada por los Ministros señor Roberto Contreras Olivares y señora María Carolina Catepillán Lobos y Abogado Integrante señor Armando Jaramillo Lira.

En San Miguel, a veinticuatro de diciembre del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.