nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

San Miguel, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco Al folio 13 y 14: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Fernando Eugenio Márquez Maurin, abogado, en representación de nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que cataloga de arbitrario e ilegal, consistente en dejar sin efecto el beneficio de eximición en el cobro de las contribuciones de la propiedad raíz Rol 2499-526, correspondiente a su domicilio, exigiendo el cobro de contribuciones retroactivas desde el año 2023, lo que vulnera los derechos fundamentales contenidos en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso, dejando sin efecto el cobro decretado.

Expone que, mediante carta de 13 de junio último, se le comunicó la Resolución Ex. SII N°A14.2025.00016229, a través de la cual se decidió modificar el avalúo del bien raíz de su propiedad, a partir de enero de 2023, pasando de $0 a $120.007.074 pesos, correspondiendo por lo tanto el pago de contribuciones semestrales de $276.679 a partir del primer semestre de 2023.

Señala que dicha práctica, consistente en el cobro retroactivo de contribuciones vulnera sus garantías fundamentales, teniendo presente que él ha actuado como un contribuyente de buena fe y que el cobro retroactivo de contribuciones -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 inciso 2° de la Ley 17.325- solo lo es respecto de contribuyentes de mala fe quienes han omitido bienes al Servicio ante la tasación de la propiedad raíz. Asimismo, el cobro resulta exagerado, ya que pasó de no pagar contribuciones a pagar un monto considerable, sin que se haya dado una justificación por dicha decisión ni que la misma haya sido comunicada previamente.

Por último, estima que la decisión de la recurrida vulnera el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que vulnera el debido proceso a ser informado oportunamente de los derechos que le asisten en su defensa y en una igualdad ante la ley. Asimismo, se vulnera el numeral 24 del mismo cuerpo legal, ya que la decisión del Servicio se torna en expropiatoria, al cobrar un monto que no corresponde.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos expuestos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, directora regional del Servicio de Impuestos Internos solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que el predio objeto del presente recurso se encontraba clasificado en la serie agrícola de bienes raíces, encontrándose exento del impuesto territorial. Sin embargo, en el marco del plan de fiscalización regional de conformidad con la Resolución Ex. SII N°143 del año 2021 se procedió a fiscalizar diversos predios entre los cuales se encontraba el anteriormente referido. Al realizar aquello, se detectó que el mismo presentaba 3 construcciones por un total de 278 m2 sin que existiera regularización alguna de las mismas, habiéndose pedido al actor datos de aquello a través de Comunicación N°1424 de 13 de mayo de 2024. Así, el 11 de noviembre de 2024 se emitió un informe técnico a través del cual se procedió a modificar la serie de agrícola a no agrícola, correspondiendo la entrada en vigencia de la modificación del avalúo al 1° de enero de 2023, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N°17.235. Dicha decisión fundamentó la resolución objeto del presente conflicto.

Agrega que el presente recurso no es la vía idónea para conocer la materia de autos ya que esta controversia corresponde a un asunto de lato conocimiento que debe ser conocida por el Tribunal Tributario y Aduanero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código Tributario.

Añade que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de su representada, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código Tributario, en concordancia con el artículo 1º de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, corresponde al Servicio la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente, por lo que las actuaciones de su representada se encuentran dentro de sus atribuciones, en el ámbito de su competencia y amparadas en la constitución y las leyes. Además, la modificación del avalúo practicada se encuentra debidamente fundamentada, ya que se sostiene en la normativa aplicable al caso como en los antecedentes de hecho expuestos, relativos al procedimiento de fiscalización y la actualización del catastro de bienes raíces.

Finalmente, indica que no existe vulneración a garantía fundamental alguna y por lo tanto el presente recurso debe ser desestimado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal consiste en el cobro de contribuciones a partir del primer semestre del año 2023, dispuesto a través de la Resolución Ex. SII N°A14.2025.00016229 de 13 de junio de 2025, producto de un cambio en el avalúo fiscal de la propiedad del actor.

Quinto: Que resulta pertinente tener en consideración para resolver el presente asunto lo dispuesto en el artículo 13 inciso segundo de la Ley N°17.325, la cual dispone que: “Las modificaciones de avalúos a que se refieren las letras a), b), c) y f), del artículo 10º, regirán desde la misma fecha en que estuvo vigente el avalúo que contenía el error o la omisión.” Asimismo, el artículo 10 del mismo cuerpo legal dispone en lo pertinente que: “Artículo 10º.- Los avalúos o contribuciones de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas serán modificados por el Servicio de Impuestos Internos, por las siguientes causales: f) Omisión de bienes en la tasación del predio de que forman parte.”

Asimismo, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 124 incisos primero, segundo y séptimo del Código Tributario, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. En los casos en que haya liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, y de los giros de impuesto territorial que se emitan en virtud de dicha tasación cuando éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales… El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente o, en el caso al que se refiere el inciso tercero, desde el envío del aviso respectivo. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.”

Sexto: Que, en primer lugar, del tenor de las normas anteriormente citadas, aparece que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir el asunto objeto del conflicto, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 del Código Tributario, el actor tiene acciones administrativas ante el mismo Servicio que le permiten reclamar y discutir, en un juicio de lato conocimiento, respecto al reavalúo realizado, excediendo esta reclamación los límites de esta acción cautelar y precautoria.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, del mérito de los mismos antecedentes, fluye que la acción reclamada fue dictada por la autoridad competente, de conformidad a la normativa citada precedentemente contenida en la Ley N°17.325, por lo que el acto impugnado fue adoptado por la recurrida en el cumplimiento de la ley, en uso de sus facultades y dentro de sus atribuciones por lo que el presente recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-2772-2025