Protección contra Línea de Colectivos Girasol-Transportes de Pasajeros

47/cuarenta y siete.

En Santiago, ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Comparecen don nombre reservado, conductor de movilización colectiva, domiciliado en domicilio reservado, y don nombre reservado, conductor de movilización colectiva, domiciliado en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Línea de Colectivos Girasol-Transportes de Pasajeros, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. Señalan como motivo del recurso la notificación de fecha 6 de julio del presente año, mediante la cual se les informó la suspensión de sus funciones como conductores de la Línea de Colectivos antes mencionada.

Exponen que desde el año 2008 laboran como conductores de movilización colectiva, sin problemas de ninguna naturaleza. Luego, señalan que hubo un incidente con una pasajera a la que se le había perdido una cartera en un colectivo y que, a consecuencia de ello, hubo un reconocimiento en una comisaría, en donde aquélla no identificó a ninguno de los hechores. Indican que no prosperó dicho procedimiento y que no han sido detenidos, ni formalizados de acuerdo al nuevo procedimiento penal.

Respecto al acto impugnado, explican que por decisión de la directiva de la Línea de Colectivos Girasol-Transportes de Pasajeros desde el día 6 de julio no han podido manejar colectivo alguno y agregan que, además, el dueño del vehículo que conducen, no ha objetado sus trabajos.

Fundan la acción constitucional en que los actos realizados por la recurrida son arbitrarios e ilegales, y afectan gravemente -en grado de privación- el derecho constitucional establecido en el 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la ilegalidad del acto, expresan que la línea de colectivos no puede incurrir en autotutela, pues ello vulnera la situación contractual de facto existente, lo que va en abierta vulneración a lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil. Respecto a la arbitrariedad, dicen que los actos denunciados, constituyen una conducta abusiva, repentina, inexplicable y desproporcionada.

En definitiva, solicitan se les restituya a sus labores de conductores de locomoción colectiva en la línea de Colectivos Girasol Transportes de Pasajeros, con expresa condenación en costas.

A fojas 19, informa el recurso don Alfredo Arriagada Figueroa, abogado, en representación de "Sociedad de Transportes Peñaflor-Malloco S.A.", expresando que, efectivamente, el conductor nombre reservado -quien lo es del socio nombre reservado-, se vio envuelto en una situación que comprometía gravemente el servicio que presta la empresa, pues fue imputado por una pasajera de haber participado en un asalto en circunstancias que ella era transportada en el vehículo que el recurrente conducía, lo que dio origen a un procedimiento policial que desconoce como terminó.

Señala que, a raíz de lo sucedido, se reunió la Comisión de Disciplina de la empresa y, teniendo en consideración la gravedad del hecho, se acordó suspender de su calidad de conductor al recurrente señor nombre reservado, lo que se comunicó al dueño del vehículo, el socio nombre reservado. Indica que el tiempo de suspensión durará lo que demore la investigación y, en el intertanto, la comisión referida recabará todos los antecedentes necesarios, previo a revocar su decisión.

Agrega que la suspensión se acordó por la comisión (integrada por los socios nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado), teniendo en vista los antecedentes del conductor, quien con anterioridad había sido objeto de sanciones por infracciones graves al Reglamento de Disciplina.

Ahora bien, en relación al conductor nombre reservado, informa que la empresa no ha adoptado ninguna medida, que él se desempeñaba como relevo del conductor nombre reservado los fines de semana.

Luego, en cuanto a la legalidad y procedencia de la medida, detalla que la empresa recurrida se rige por el D.S. 212, de 21 de noviembre de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, donde se establecen las obligaciones en relación al usuario del servicio y las sanciones por su incumplimiento, previéndose como infracción, en el artículo 90° bis, letra f), el trato deficiente al usuario.

Además, destaca que la empresa, con miras a dar cumplimiento en forma eficiente al servicio de transporte que presta, cuenta con un Reglamento de Disciplina que es aplicable a los conductores y, en éste, se contempla en el artículo 15° letra a), la facultad de suspender y hasta de expulsar a aquél que incurra en una actitud inmoral hacia los pasajeros.

Cierra su argumentación indicando que la medida adoptada respecto del conductor nombre reservado lo fue en forma preventiva y en resguardo del servicio, comunicándoselo al propietario del vehículo que él conducía, quien la acató, sin oposición. En esas circunstancias, no advierte de qué modo la empresa recurrida ha vulnerado el derecho de los recurrentes a realizar una actividad económica, máxime, si la actividad la realiza el propietario del vehículo y socio de la empresa, don nombre reservado, no los recurrentes, quienes son conductores de aquél.

Por último, agrega que de conformidad al artículo 3° del Reglamento de Disciplina, el recurrente señor nombre reservado tiene derecho a defensa ante la misma comisión, controvirtiendo los hechos que determinen las sanciones, el que no ha ejercido.

Por lo expuesto, pide el rechazo del recurso, por carecer de fundamentos, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amague o amenace ese atributo, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de los derechos y garantías protegidas.

SEGUNDO : Que el acto que se tilda de arbitrario e ilegal dice relación con el acuerdo efectuada por el Directorio y el Comité de Disciplina de la Línea de Colectivos Girasol Transporte de Pasajeros, que decidió con fecha 29 de junio del año en curso suspender “temporalmente” de sus labores al recurrente quien se desempeñaba como conductor aduciendo para ello la existencia de “un incidente de carácter grave” ocurrido en el taxi colectivo que éste conducía, haciendo hincapié en que “esta medida se mantendrá vigente mientras dure la investigación”.

TERCERO Que para fundamentar su decisión la empresa de Transportes antes mencionada ha acompañado un documento denominado “Disposiciones Generales al Reglamento de Disciplina” que en su artículo sexto señala que le corresponde a dicha comisión recibir las denuncias, y anomalías además de investigar, citar y tomar resoluciones, sean estas a través de amonestaciones, sanciones, multas, suspensiones, llegando incluso a la expulsión de la empresa si fuere necesario, indicando en el artículo undécimo, que todos los socios, dirigentes y conductores, estarán sujetos a las disposiciones generales y reglamento interno operativo de disciplina.- CUARTO Que los antecedentes proporcionados en estos autos, consistentes en el Reglamento Interno Operativo de Transportes Peñaflor -Malloco S.A., ya antes mencionado, ocho fotocopias manuscritas que dan cuenta de actividades realizadas por la empresa informando diversas situaciones anormales ocurridas al interior de dicha institución, entre las que se encuentra una relacionada con multas aplicadas al conductor nombre reservado, y un documento denominado “Hoja de vida interna del conductor “ del mismo, que da cuenta que este fue sorprendido mientras conducía un vehículo habiendo consumido alcohol el día 10 de mayo del año en curso, se refieren a hechos distintos y anteriores al que motiva la decisión impugnada y por el que ya se aplicaron las sanciones correspondientes.

QUINTO: Que por su parte la propia recurrida reconoce no conocer el estado de la denuncia efectuada ante el Ministerio Público, sin que exista tampoco una investigación iniciada por aquella en que se haya establecido de manera suficiente la existencia del hecho denunciado. Lo anterior implica que la medida de suspensión “temporal” es en verdad permanente, toda vez que depende de una investigación inexistente de manera que la suspensión decretada constituye una actuación arbitraria desde que importa la imposición de una suspensión definitiva sin existir un fundamento para ello.

SEXTO: Que, en las circunstancias anotadas, lo cierto es que la sanción impuesta, sin un procedimiento regular que permita la adopción de una medida de tal entidad, por una conducta no comprobada fehacientemente afecta la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República al restringir el ejercicio del derecho que tiene el recurrente que le impide obtener ingresos como conductor de un vehículo que presta servicios para la línea recurrida, razón por la cual habrá de acogerse el recurso de protección deducido.

SEPTIMO: Que, en cuanto al recurrente nombre reservado, esta Corte rechazará la acción de protección intentada, considerando para ello que no se cuenta con antecedentes suficientes que permitan establecer que este haya sido suspendido efectivamente de sus funciones.- Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto solo respecto de don nombre reservado en contra de la Línea de Colectivos Girasol Transporte de Pasajeros, y en consecuencia se deja sin efecto la suspensión de funciones decretada por la recurrida.

II. Que SE RECHAZA el recurso interpuesto respecto de don nombre reservado.

No se condena en costas por haber tenido motivos plausibles para litigar el recurrido.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Rodrigo de la Barra Cousiño, quien estuvo por rechazar la acción constitucional por los siguientes fundamentos:

1.- Que no se advierte afectación a la garantía señalada, en especial la del artículo 19 número 21 de la CPR u otra, ya que la imposición de una medida provisional de suspensión y derivada de la aplicación de un estatuto interno que regula el funcionamiento de la Línea de Colectivos Girasol se enmarca dentro de los aspectos regulatorios propios que las agrupaciones sociales se otorgan libremente para normar su funcionamiento.

2.- Que este disidente estima que se trata de una hipótesis contenida en los estatutos aportados por la recurrida en particular el Reglamento de Disciplina y los estatutos de la referida agrupación. Que en este sentido, no parece arbitraria la decisión de suspensión que se aplica en base a una denuncia concreta de una usuaria por hechos eventualmente delictivos, como los es un robo con violencia, la que sumada a incidentes previos registrados y acreditados en estrados tales como presentación al trabajo en estado de ebriedad o conducción del vehículo con hawaianas, permiten estimar fundada la medida en tanto no se esclarezcan en definitiva los hechos que motivaron el alejamiento temporal del recurrente de su labor.

3.- En el sentido señalado, existiendo un estatuto interno y propio que regula la actividad en que se desempeña el recurrente y que éste estatuto establece las hipótesis y medidas en cuestión, se estima que dicha regulación interna prevalece, al menos en la medida de que no aparece una clara hipótesis de ilegalidad o arbitrariedad que amerite enmienda mediante la acción constitucional impetrada estando en consecuencia por su rechazo con costas.

Notifíquese Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2767-2016-Pro Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Liliana Mera Muñoz, señora Ana María Arratia Valdebenito y el Abogado Integrante señor Rodrigo de la Barra Cousiño, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En Santiago, a ocho de septiembre del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.