COLEGIO ALICANTE DEL VALLE S.A. CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA

Foja: 148 Ciento Cuarenta y Ocho nombre reservado, quince de julio de dos mil quince.

Vistos:

Que a fojas 1, con fecha 2 de junio del año 2015, don Jaime Morales Toledo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, actuando a favor de Colegio Alicante del Valle S.A., Sociedad Educacional representada legalmente por don nombre reservado y por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Indica que el acto recurrido es la decisión adoptada por la Inspección del Trabajo Cordillera, por resolución Nº 87-2015 de 10 de abril de 2015 y notificada el 4 de mayo del mismo año, que rechazó la solicitud de reposición interpuesta en contra del Ordinario Nº 151-2015, de 9 de marzo de 2015 que denegó la reconsideración administrativa deducida por su representada respecto de multas que le fueran cursadas por dicha Institución, por haber sido presentada supuestamente en forma extemporánea, pese a que fue presentada dentro de plazo.

Expone que el 17 de febrero de 2015, Colegio Alicante del Valle S.A., dedujo recurso de reconsideración administrativa de las multas que le fueran cursadas por dicha Institución mediante Resolución de Multa Nº 7903/2015/3-1 y 2, de 13 de enero de 2015, equivalentes a 30 UTM cada una y notificada el 15 de enero de 2015.

Mediante el Ordinario Nº 151-2015 de 9 de marzo de 2015 el Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, señor nombre reservado, no dio curso a la reconsideración interpuesta, fundándose en que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación, invocando el artículo 512 inciso 1º del Código del Trabajo, incurriendo con ello en un manifiesto error de derecho al entender que dicho plazo sería de días corridos, pues en sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 20 de junio de 2013 Rol Ingreso Nº 2789-2013 estableció que este plazo es de días hábiles y no corridos.

De ese modo, entiende que el Ordinario Nº 151-2015 es agraviante y perjudicial para los derechos del Colegio recurrente, en cuanto aquel declaró inadmisible la solicitud de reconsideración, por lo cual se intentó por dicho Colegio un recurso de reposición ante el mismo ente administrativo con fecha 20 de marzo de 2015, en contra de lo decidido en el referido Ordinario Nº 151-2015, sin embargo, por resolución Nº 87-2015 de 10 de abril de 2015 y notificada el 4 de mayo de 2015, la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera rechazó la reposición interpuesta.

Estima vulneradas las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la resolución recurrida priva al Colegio del derecho de igual dad ante la ley, al declarar inadmisible y negarse en definitiva a admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa deducida dentro del plazo legal previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, y la del numeral 24 del artículo 19 ya citado, pues se está afectando directa e indebidamente el patrimonio de la recurrente viéndose forzada a pagar dos multas en exceso onerosas, sin siquiera revisar sus fundamentos.

A fojas 71 informa el recurso don nombre reservado, por la recurrida, quien solicita el rechazo de éste, con costas, alegando en primer término la caducidad de la acción, por cuanto lo que se pretende por la recurrente es dejar sin efecto la Resolución Nº 87-2015, y con ello el Ordinario Nº 151-2015, de lo que se desprende que la finalidad de la presente acción es dejar sin efecto el Ordinario recién citado, de fecha 9 de marzo de 2015, mediante el cual se rechaza la reconsideración administrativa por haber sido presentada fuera de plazo, por lo que se debe entender que la supuesta privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, vendría siendo el hecho de rechazar la solicitud de reconsideración administrativa, mediante el ordinario antes señalado y no la Resolución Nº 87, puesto que esta última reitera la decisión administrativa del 9 de marzo de 2015. Y la notificación del Ordinario Nº 151-2015 por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo ocurre con fecha 18 de marzo de 2015, toda vez que se deposita en Correos de Chile con fecha 11 de marzo de 2015. Así las cosas, entiende que el plazo para interponer la presente acción constitucional venció el 17 de abril de 2015, y aquel fue interpuesto recién el 2 de junio del año en curso.

En segundo término, alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues no obstante que el artículo 20 de la Constitución dispone que el recurso de protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos contemplados en la Ley.

Indica que en el caso que nos ocupa, se ha interpuesto recurso de protección en contra –aparentemente- de la Resolución Nº 87-2015 que rechaza recurso de reposición, en contra del Ordinario Nº 151-2015 que se pronuncia respecto de la solicitud de reconsideración administrativa de resolución de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, el procedimiento establecido en el Código del Trabajo, para los efectos de reclamar judicialmente sobre las resoluciones que se pronuncian respecto de una reconsideración administrativa, en virtud de las normas establecidas en los artículos 511 y 512 del mismo texto legal.

En esas condiciones, señala, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, no siendo la vía idónea, la acción constitucional, criterio recogido en diversas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto la Resolución Nº 87-2015 no puede ser tildada de ilegal o arbitraria, pues fue dictada en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Provincial del Trabajo por la Ley Nº 19.880, y fue razonada, argumentada y fundada conforme a derecho. Por ello, entiende que la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Finalmente, en subsidio de todo lo dicho precedentemente, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la presente acción, señalando en detalle las fechas de los actos que se han mencionado por el recurrente y las fechas en que fueron notificados, reiterando que la solicitud de reconsideración presentada el 17 de febrero de 2015, fue deducida fuera del plazo de 30 días de notificada, señalando que la doctrina vigente del Servicio que representa estima que el plazo es de días corridos contados desde la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa.

Posteriormente a ello, y ante lo señalado en el Ordinario Nº 151-2015, la recurrente interpuso reposición administrativa, con fecha 20 de marzo de 2015, solicitando se deje sin efecto el Ordinario antes citado, respecto del cual se dictó la Resolución Nº 87-2015 de fecha 10 de abril de 2015, constando su depósito en Correos de Chile el 13 de abril de 2015, resolución que rechaza por improcedente el recurso señalado.

Concluye indicando que de manera alguna su representada ha vulnerado las garantías constitucionales aludidas por la recurrente, por lo que corresponde su completo rechazo, con costas.

A fojas 85 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que en la especie, la parte recurrente se vio afectada por la aplicación de la multa administrativa mediante la Resolución Nº 2903-2015/3 – 1 y 2, sancionando en cada una de ellas por el equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales. Dicha resolución es de fecha 13 de enero de 2015 y le fue notificada el día 15 del mismo mes y año. Haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 511 del Código del Trabajo, con fecha 17 de febrero de 2015, dedujo recurso de reconsideración. Mediante el Ordinario Nº 151-2015, de fecha 9 de marzo de 2015 la recurrida no da curso a la reconsideración, porque no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos, plazo que el recurrente alega ser de días hábiles, por lo que, con fecha 20 de marzo de 2015 deduce recurso de reposición, con el objeto de revertir la situación, no obstante, dicha presentación es desechada mediante Resolución Nº 87/2015, de fecha 10 de abril de 2015 y la cual le fue notificada con fecha 4 de mayo del presente año.

Tercero: Que en materia de impugnación de multas administrativas aplicadas por la Dirección del Trabajo, el legislador, en el Código del ramo, ha establecido dos posibilidades y tipos de acciones a ejercer. La primera, a deducirse ante los jueces de letras del trabajo, regulada en el artículo 503 del Código del Trabajo, es el reclamo de multa puro y simple, que debe interponerse en el plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación de la multa aplicada, pudiendo tramitarse mediante el procedimiento de aplicación general o a través del procedimiento monitorio, teniendo para ello en consideración el monto de la multa aplicada. La segunda, establecida en el artículo 511 del mismo código, está contemplada para quienes no concurren a la vía judicial, sino que solicitan una reconsideración al Director del Trabajo, debidamente facultado por la ley, quien podrá acoger la solicitud siempre que se de alguno de los presupuestos que establece dicha disposición legal.

Cuarto: Que tratándose de la acción jurisdiccional indicada precedentemente, en cualquiera de los procedimientos referidos, frente al rechazo del tribunal, son procedentes los recursos que se contemplan para impugnación de las resoluciones que en ellos se dicten. Por su parte, en caso de rechazo de la solicitud de reconsideración interpuesta ante el Director del Trabajo es reclamable ante el juez de Letras del Trabajo, como lo establece el inciso segundo del artículo 512 del código del ramo, por lo que el recurso de reposición deducido por el recurrente era improcedente al tenor de lo dispuesto en la norma precedentemente citada.

Quinto: Que consecuencialmente con lo razonado, la reposición intentada ante el mismo órgano administrativo, como ha ocurrido en la especie, era absolutamente improcedente, debiendo haberse recurrido ante el órgano jurisdiccional para su conocimiento y resolución.

Sexto: Que el sistema de impugnación de las sanciones administrativas en el ámbito laboral, además de lo dicho, llevan a una segunda conclusión, que también se desprende de lo ocurrido en la causa. En efecto, la resolución que ha producido el agravio a la parte recurrente es aquella que no ha dado lugar a la reconsideración solicitada, esto es, la Resolución contenida en el Ordinario 151-2015 de fecha 9 de marzo de 2015, la que fue impugnada por el recurrente, mediante un recurso de reposición con fecha 23 de marzo de 2015, el que fue rechazado mediante la Resolución Nº 87 de fecha 10 de abril de 2015, notificada el 4 de mayo del mismo año, fecha esta última que se ha considerado para contar el plazo de interposición del presente recurso.

Séptimo: Que las acciones ejercidas por el recurrente en relación con las multas que le han sido aplicadas y la alegación de vulneración de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que fundamenta su recurso, demuestran que la resolución que podría haberla generado sería la contenida en el Ordinario Nº 151-2015, de fecha 9 de marzo de 2015 y no la Resolución Nº 87-2015, de fecha 10 de abril de 2015, notificada el 4 de mayo de igual año, por lo que el presente recurso ha sido deducido transcurrido en exceso el plazo para proceder a su interposición.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se rechaza el recurso de protección deducido a fs. 1, por extemporáneo.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactado por la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

N° 276-2015 – PROT.

Pronunciada por el Ministro señor José Ismael Contreras Pérez, la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora y la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

En nombre reservado, quince de julio del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.