nombre reservado con FISCO - MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

San Miguel, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales por las acciones y omisiones que estima ilegales y arbitrarias, que vulneran sus garantías tuteladas en el artículo 19 N° 2, 23, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 21 de noviembre de 2022, presentó una solicitud de regularización de posesión de la propiedad ubicada en nombre reservado 2585, comuna de Pedro Aguirre Cerda, ante el Ministerio de bienes nacionales, sin embargo, aquella fue rechazada, lo que se le notificó el pasado 13 de marzo del año en curso.

Explica que el rechazo se debió por no haber acompañado fotografías que acreditaran la construcción o mejoramiento de la propiedad individualizada y porque el certificado de avalúo fiscal del inmueble excedía el monto máximo permitido para acceder a la regularización.

Menciona que el 15 de marzo del año en curso, presentó un recurso de reposición ante el Subsecretario de Bienes Nacionales y recursos jerárquico ante el señor Ministro de la referida cartera, acompañando a sus presentaciones, un set fotográfico y dos avalúos fiscales de la propiedad en cuestión de los años 2021 y 2022, alegando que este último tenía un alza de más de 9 millones de pesos que no fueron justificados ni notificados por el Servicio de Impuestos Internos.

Añade que el 22 de junio denunció el silencio positivo, solicitando se elevaran los autos al señor Ministro de Bienes Nacionales para que resolviera el recurso jerárquico en el plazo legal de 5 días, lo que no ocurrió, por lo que el 3 de julio pidió se certificara el silencio positivo y, en consecuencia, que se tuviera por aceptada su solicitud de regularización, atendida la inactividad del recurrido, de conformidad al artículo 64 de la Ley 19.880, por lo que el 17 de julio concurrió a las dependencias del ministerio para la entrega de su certificado, lo que no ocurrió.

Pide se ordene al Ministerio de Bienes nacionales emitir la certificación solicitada y otorgar la regularización de la propiedad.

Segundo: Que evacúa informe el señor nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expone que el motivo del rechazo de la solicitud de regularización de la propiedad efectuada por el recurrente, realizada el 21 de noviembre del año 2022, obedeció a que no se cumplieron con los requisitos exigidos en el DL 2.695/79, ya que no se acreditó que los materiales de construcción señalados por el actor, fueron para el arreglo, construcción y/o mejoramiento del inmueble objeto de regularización, siendo aquello un requisito que se desprende del numeral 4.2.1 de la Circular N°3 de 21 de noviembre de 2022. Además, de conformidad al certificado de avalúo fiscal emitido por el Servicio de Impuestos Internos, la propiedad excede el avalúo máximo de 380 UTM que exige el artículo 1 del mencionado Decreto Ley, siendo su valor equivalente a 620 UTM y, aún en el evento de que el solicitante acreditara que los materiales comprados fueron, efectivamente, utilizados en la construcción de la propiedad, lo que le permitiría restar dicho valor al avalúo de la propiedad, de igual forma excedía el límite legal, pues el avalúo sería de 473 UTM.

Refiere que el recurrente en su reposición, reclama el exceso de avalúo realizado por el Servicio de Impuestos Internos, ya que en la propiedad no se habrían efectuado ampliaciones ni nuevas construcciones, sino que sólo reparaciones necesarias debido a la antigüedad de la construcción y, la regularización del bien raíz tiene por objeto poder postular a un subsidio de construcción en terreno propio y el rechazo le provoca un gran daño a su familia, sumado a que el actor indica que cumple con los requisitos de la prescripción adquisitiva. Sin embargo, la reclamación respecto del avalúo debe realizarse ante del Servicio de Impuestos y la prescripción adquisitiva, alegarse en sede judicial.

En cuanto al silencio administrativo, conforme al criterio de la Contraloría General de la República, dicha norma no es aplicable, de lo contrario, se le permitiría al administrado eludir el cumplimiento de los requisitos establecidos en una norma excepcional para la regularización de la propiedad, no obstante, el recurso de reposición interpuesto, aún se encuentra en etapa de estudio y la demora se debe al volumen de peticiones realizados ante el Ministerio.

Concluye que en el caso del recurrente no existe un derecho indubitado, sino que solo una mera expectativa, estimando que no se han vulnerado las garantías constitucionales mencionadas.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a las garantías constitucionales referidas por el recurrente, en razón de no haberse emitido por la autoridad la certificación indicada en el inciso 3 del artículo 64 de la Ley 19.880, con la consecuente aceptación de su solicitud de regularización de la propiedad raíz.

Quinto: Que el artículo 1° del DL 2695 de 1979 indica “Los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a ochocientas o a trescientas ochenta unidades tributarias, respectivamente, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley”.

Sexto: Que, corresponde en primer término, analizar el rechazo de la referida petición del actor respecto de la propiedad raíz y, del mérito de los antecedentes, se concluye que el recurrido ha ajustado su actuar a la normativa establecida para la regularización de la propiedad raíz, lo que es conocido por el actor al reconocer -y reclamar- que el avalúo fiscal del inmueble presentó un aumento injustificado, no pudiendo inferirse que el rechazo de su petición corresponda a una decisión emanada del mero capricho de Ministerio, sumado a que el alza fiscal reclamada no es de su competencia.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, no puede desconocerse, que el arbitrio en análisis, es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que no se encuentren discutidos y que hayan sido objeto de una transgresión a su legítimo ejercicio, lo que no acontece en este caso, por lo que lo solicitado y reclamado por el actor no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, por cuanto, atendida la naturaleza del asunto, el legislador ha dispuesto expresamente una serie de requisitos que no pueden ser sustituidos por el denominado “silencio positivo” establecido en el artículo 64 de la Ley 19.880, sin que se pueda por la vía de la acción constitucional de protección, eludir el cumplimiento de tales requisitos, aun cuando la autoridad administrativa haya incurrido en la demora alegada.

Por lo demás, se encuentra pendiente la resolución que resuelve la reposición del actor en contra del rechazo de su solicitud, pudiendo ser subsanada su situación, por lo que no se advierten medidas que pueda tomar esta Corte, lo que lleva a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, sin perjuicio de que el referido Ministerio deberá resolver a la brevedad el recurso de reposición interpuesto por el actor.

Regístrese y archívese.

N° 2756-2023 Protección.