nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

San Miguel, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece doña Rosa María Peña Aranguren, abogada, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N° 1477, de 22 de enero de 2026, completamente tramitada el 14 de mayo de 2026 y notificada el 15 del mismo mes, que rechazó el otorgamiento del permiso de residencia temporal excepcional por reunificación familiar y razones humanitarias solicitado por el recurrente. Sostiene que dicho acto vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el principio de servicialidad del Estado, consagrado en el artículo 1° inciso 4° de la Carta Fundamental, y con la protección de la familia.

Como cuestión preliminar, hace presente que la madre del recurrente y su hermana menor son titulares de residencia definitiva en Chile, donde han consolidado un núcleo familiar estable, laboral y social. Agrega que el actor, de 35 años de edad, padece desde su nacimiento de Parálisis Cerebral Infantil, diagnosticada en edad neonatal, según consta en el certificado médico emitido el 5 de junio de 2026 por el neurólogo de adultos don nombre reservado, del prestador institucional Dávila, el cual da cuenta de restricciones en el aprendizaje y en la vida cognitiva adulta, así como de limitación motora con especial dificultad en la articulación del habla, de modo que, aun habiendo alcanzado cierta funcionalidad en las actividades cotidianas, depende siempre de la supervisión materna.

Seguidamente expone que, durante años, su madre proveyó el sustento a distancia mientras el actor permanecía en Venezuela al cuidado de su abuela materna, red de apoyo que se extinguió a raíz de la vejez y de un diagnóstico de cáncer de esta última. Relata que, ante tal circunstancia y por su incapacidad de comprender las razones de la separación migratoria, el recurrente desarrolló un cuadro depresivo asociado a un sentimiento de abandono, y que su ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado, acompañado por un amigo de la familia, no obedeció a un ánimo de desobediencia a la ley, sino al intento de reencontrarse con su madre. Añade que en Chile ha logrado insertarse parcialmente en un puesto de trabajo, pero que ello se sostiene exclusivamente en la supervisión y contención diaria de su madre, sin la cual quedaría expuesto a la desprotección y a una descompensación clínica.

A continuación, desarrolla extensamente el marco normativo y los reproches de ilegalidad y arbitrariedad que formula a la resolución impugnada. En primer término, denuncia la infracción del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, por cuanto la autoridad habría desconocido la naturaleza humanitaria de la solicitud al asimilarla a una mera petición de reunificación familiar, afirmando que el arraigo familiar no basta por sí solo para configurar un caso de excepción sin ponderar que la condición médica del actor y su dependencia vital de su madre residente constituyen precisamente un caso calificado o un motivo humanitario en los términos de dicha disposición. En segundo lugar, alega la vulneración del deber de motivación de los actos administrativos, previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, pues la resolución, estructurada en un formato estandarizado que alude a las políticas fronterizas y al bienestar común y que califica de genéricas las alegaciones del solicitante, no contendría análisis particular alguno de la parálisis cerebral que lo afecta ni de los informes médicos venezolanos acompañados, y que, de estimarse insuficientes, la Administración debió requerir antecedentes adicionales y explicar fundadamente su decisión.

Finalmente concluye que el acto recurrido vulnera, por una parte, el derecho a la integridad física y psíquica, pues mantenerlo en un limbo de irregularidad migratoria, amenazado de desarraigo de su entorno de cuidado, afecta de manera actual su integridad psíquica y su estabilidad emocional, y privarlo de la supervisión materna implicaría una regresión neurocognitiva; y, por otra, la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria al haberse aplicado un criterio de generalidad abstracta a una persona en situación de profunda vulnerabilidad médica, equiparándola a un migrante común.

En consecuencia, solicita que se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° 1477, dejándola sin efecto, y que se ordene a la autoridad recurrida dictar un nuevo pronunciamiento que le otorgue el permiso de residencia temporal excepcional por razones humanitarias, o se adopten las medidas de resguardo que esta Corte estime necesarias.

Segundo: Que al evacuar informe, nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, puesto que, sostienen, no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Como cuestión preliminar, en cuanto a los antecedentes de hecho, señala que respecto del recurrente no consta registro de su ingreso al país, por lo que se presume que lo hizo por paso no habilitado, eludiendo los pasos fronterizos habilitados. Agrega que, con fecha 12 de abril de 2021, el actor envió una carta solicitando regularizar su situación migratoria en virtud del artículo 155 de la Ley N° 21.325, y que dicha solicitud fue resuelta mediante la Resolución Exenta N° 1.477, de 22 de enero de 2026, del Ministerio del Interior, que rechazó el permiso de residencia temporal excepcional y fue firmada por el Subsecretario del Interior.

Seguidamente expone que, atendido lo anterior y habiendo conferido el legislador a la Subsecretaría del Interior la facultad de disponer mecanismos de regularización de la situación migratoria y de otorgar permisos de residencia temporal, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver la solicitud en cuestión ni fue quien emitió el acto administrativo impugnado, correspondiendo dicha atribución a la Subsecretaría del Interior. Recuerda, en este sentido, que desde el 12 de febrero de 2022 la Ley N° 21.325 configura al Servicio como un órgano descentralizado, con patrimonio propio, supervigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, es decir, una autoridad administrativa distinta de aquella que dictó el acto reprochado. Por tales consideraciones, estima que el recurso ha debido dirigirse ante la autoridad correspondiente.

A continuación, desarrolla el marco normativo aplicable, transcribiendo el artículo 155 de la Ley N° 21.325, que enumera las funciones de la Subsecretaría del Interior, y destacando que su numeral 9° le atribuye la facultad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria, potestad que la propia norma declara indelegable. Añade que el numeral 8° del mismo artículo confiere también a dicha Subsecretaría el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, de modo que la actuación impugnada corresponde exclusivamente a ella.

Expone asimismo que, por las razones señaladas, el Servicio es incompetente para informar sobre los hechos fundamentales narrados por el recurrente, esto es, sobre la solicitud de regularización y su rechazo, correspondiendo informar el fondo del recurso a la Subsecretaría del Interior.

Tercero: Que, a su turno, evacua informe don Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien solicita el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Como cuestión preliminar, expone el marco normativo aplicable al caso concreto. Señala que el artículo 24 de la Ley N° 21.325 mandata que la entrada y salida del territorio nacional se efectúe por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales, imperativo reforzado por el artículo 2, inciso 1°, del Decreto Supremo N° 296 de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que impone al Estado el deber de promover una migración regular y ordenada. Sostiene que la regularización migratoria se vincula siempre con la posibilidad de la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas en que voluntariamente han incurrido los extranjeros respecto de su ingreso o estadía, y que se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento constituye una facultad y no una obligación. Agrega que la solicitud del actor debe resolverse conforme a la Ley N° 21.325 y no según el derogado Decreto Ley N° 1.094 de 1975, pues toda solicitud resuelta con posterioridad al 12 de febrero de 2022 debe decidirse con arreglo a la nueva ley, atendido su efecto in actum y la inexistencia de norma transitoria en contrario, criterio que apoya en dictámenes de la Contraloría General de la República.

A continuación, desarrolla extensamente las dos hipótesis de regularización que contempla la normativa vigente. La primera, de carácter general, es la de los artículos 69, inciso 2°, y 155 N° 8, en cuya virtud la Subsecretaría dispone mecanismos reglados y públicos cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, sin que existan actualmente procedimientos vigentes de esa naturaleza, de modo que resulta improcedente acoger a tramitación solicitudes fundadas en dicha norma. La segunda, de carácter excepcional y aplicación particular, es la del artículo 155 N° 9, que confiere al Subsecretario la potestad indelegable de otorgar permisos de residencia temporal en casos calificados o por motivos humanitarios, mediante un procedimiento desformalizado. Concluye que cualquier solicitud de regularización solo puede tramitarse como solicitud de permiso excepcional al amparo de este último numeral.

Expone asimismo que la acción de protección no es la vía idónea para conocer los planteamientos del recurrente. Afirma que se trata de una acción cautelar, autónoma y excepcional, destinada a amparar derechos preexistentes e indubitados, por lo que no corresponde por esta vía declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como ocurre con las solicitudes de regularización, vinculadas al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución. Indica que existen otras vías administrativas de lato conocimiento, conforme a los artículos 139 y 140 de la Ley N° 21.325 y a la Ley N° 19.880.

Añade que lo pretendido es, en el fondo, que la jurisdicción califique y valore las medidas adoptadas por la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales que la ley le confiere, y que ordene lo que debe resolver, lo que contraviene los principios de legalidad y juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución y la prohibición del artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales por cuanto es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe actuar arbitrario ni ilegal imputable a la autoridad. Señala que la facultad del artículo 155 N° 9 es de excepcionalísima aplicación, cuyas limitaciones no son arbitrarias, pues la regla general es que las solicitudes de residencia de personas en situación irregular no se admitan a trámite y que su otorgamiento altera la normalidad de la tramitación e impacta la planificación de políticas públicas en salud, educación, vivienda y otras materias. Afirma que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados, y que en la Resolución Exenta N° 1.477 consideró que no se configuraba un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto el solicitante fundó su petición en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral o personal. Precisa que el rechazo no obedeció a que no se tuvieran por acreditados los hechos, sino a que, aun siendo efectivos, no constituían un caso excepcional, habiéndose ponderado su vínculo con su madre, residente definitiva, y con su hermana, residente temporal, según consta en los considerandos 23 a 26 del acto. Sostiene que no existía obligación de requerir antecedentes adicionales conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, pues la solicitud cumplía los requisitos del artículo 30 y el artículo 155 N° 9 no exige requisitos especiales, y destaca que la circunstancia médica alegada se acredita con un certificado de junio de 2026, posterior tanto a la solicitud como a la resolución impugnada.

Finalmente concluye que, aun de estimarse arbitrario o ilegal el acto, no existe privación, perturbación o amenaza a garantías constitucionales, pues correspondía al recurrente acreditar la afectación de su integridad psíquica y de la igualdad ante la ley, sin que bastaran alegaciones genéricas, y toda vez que las consecuencias de la contravención migratoria voluntaria no pueden imputarse a la Administración sino al propio actor. Agrega que acoger la acción afectaría la igualdad ante la ley, al colocar al recurrente en situación favorable respecto de otros extranjeros cuyas solicitudes fueron rechazadas por idénticos razonamientos y que no han recurrido judicialmente, y que no procede instrumentalizar por esta vía el otorgamiento de una concesión que corresponde única y exclusivamente al Subsecretario del Interior. Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 21.325, queda en evidencia que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para tramitar ni resolver la solicitud de regularización extraordinaria intentada por el recurrente, y que al recibir dicha petición remitió los antecedentes al ente administrativo pertinente con facultades para ello -la Subsecretaría del Interior-, por lo que no se observa algún acto u omisión, arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la garantía indicada por la recurrente, de manera tal que procede el rechazo del recurso de protección a su respecto.

Sexto: Que, en lo que concierne al asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, aquello dice relación con la dictación de la Resolución Exenta N° 1477, por parte de la Subsecretaría del Interior con fecha 22 de enero de 2026, que rechazó la solicitud de regularización extraordinaria del recurrente.

Séptimo: Que, cabe tener presente que la regularización extraordinaria establecida en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, es un beneficio migratorio excepcional que concede el Estado a quienes cumplen, a juicio de la administración, con los requisitos para ello, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, constituyendo este procedimiento el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, por tratarse de una revisión de antecedentes de carácter privativo de la Subsecretaría del Interior que se realiza caso a caso.

En efecto, es la Subsecretaria del Interior la única llamada por el legislador a realizar el análisis de la situación específica de cada solicitante y la determinación de si este puede estar comprendido en la situación excepcional de que se trata.

La realización de este análisis es una facultad excepcionalísima que tiene la administración para ponderar los antecedentes que son puestos en su conocimiento, ejerciendo en la calificación de estos su discrecionalidad, legislación que no establece requisitos especiales y que indica que esta facultad, además, es indelegable.

Octavo: Que, por consiguiente, la resolución cuestionada aparece dictada por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones legales y debidamente fundada. Por lo anterior, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad que amerite la adopción de medidas de resguardo por esta vía excepcional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 2748-2026. Protección.