nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

nombre reservado, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece el abogado Cristian Zenteno Cereceda, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, chileno, empleado administrativo, domiciliado en domicilio reservado, quien interponer acción constitucional de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República que le causa la carta de termino de 12 de junio 2023, que se le entregara personalmente y en consecuencia notificada el 16 de junio 2023, emitida por la recurrida, en virtud de la cual se le comunica que con fecha 30 de junio 2023 termina el contrato de trabajo que la vincula con la Corporación y por ende, no se renueva su contratación por el año 2023 (sic), de forma arbitraria e ilegal.

Expone que su representado ingresó a prestar servicios a la Corporación de Desarrollo Social de Buin el 3 de febrero 2020 para prestar servicios de “labores de Administrativo” en el Cecosf Ramón Galindo, dependiente de la Dirección de Salud de la Corporación recurrida. Según contrato celebrado entre las partes su jornada era de 44 horas semanales.

Explica que la contratación se materializó mediante continuos y sucesivos contratos a plazo fijo, regidos por la Ley Nº 19.378 -Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal- entre el 3 de febrero 2020 y el 30 de junio 2023, todos ellos, para la determinación de su remuneración, en la categoría E, Nivel 14.

Asegura que todos los años en los que el Sr. nombre reservado trabajó para la recurrida siempre fue calificado en Lista 1, lo que significa estar siempre sobre 60 en una escala donde el máximo es 70 y que este buen desempeño se expresó también en diversos hechos tales como haber asumido la responsabilidad de digitar y realizar la estadística diaria de atención (REM), puesto de gran responsabilidad que desempeñó sin capacitación y de manera destacada, ya que fue ganador de mérito para el año 2023 por el desempeño realizado durante el año 2022. Estas labores de estadística las desempeñó prácticamente hasta el término de sus funciones en junio 2023.

Indica que “el 14 de junio le envían un correo para asistir a una reunión el 16-06-2023 en la Corporación de Buin a las 15:00 horas, en donde no señalan motivo, ni con quién se debe presentar. El solicita información a la Jefa de Sector, quien le indica que no sabe, sólo que el Director Rodolfo da la instrucción de enviar el correo. El día viernes 16 los recibe el abogado y el Director Rodolfo Lobos en donde se indica le termino de contrato, entregándole una carta fechada el 12 de julio 2023 [sic]”.

Asegura que dicha decisión no contiene fundamento alguno y se limita a expresar lo siguiente: “Junto con saludarlo(a) informo a Ud. Que con fecha 30 de junio 2023, termina el contrato de trabajo que la vinculaba con la Corporación de Desarrollo Social de Buin. La causal legal por la cual finaliza dicho contrato, es la prevista en la letra c) del artículo 48 de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Esto es, Vencimiento del plazo establecido en el contrato”.

Sostiene que es esta resolución la que se recurre de protección al producir de forma arbitraria una vulneración del derecho fundamental a la igualdad establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues no se fundamenta y resuelve de forma diferente a como lo realizó este organismo tratándose de otros casos similares.

Asevera que, sin ninguna evidencia o evaluación previa que justifique la decisión, el único funcionario administrativo del área de estadística al que se le ha notificado la no renovación de contrato para el 2023 fue su representante, luego de llevar más de 3 años de desempeño.

Afirma que del mérito de los antecedentes que acompañó a su presentación, queda en evidencia que en el caso de don nombre reservado se cumplen a cabalidad todos los requisitos que permiten aplicar el criterio de confianza legítima contenido en los dictámenes N° 22.766, de 2016 y N° 53.844, de 2016 de la Contraloría General de la República, esto es, a) Que hayan existido reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos; b) Que no exista un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación.

En cuanto a la falta de fundamento de la resolución que dispuso la no renovación de la contratación del recurrente, cita el artículo 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, aplicables en la especie por disposición del artículo 4° de la Ley Nº 19.378 y cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República de la que, según asevera el recurrente, se sigue que son dos los mecanismos legales que sirven a la administración para evaluar el desempeño de un funcionario o funcionaria. El primero, la calificación regular y periódica y, el segundo, otra evaluación particular, siempre que esta última abarque hechos o periodos no comprendidos en la calificación. Cita asimismo sentencias de la Excma. Corte Suprema.

Pide a esta Corte se ordene a la Corporación emplazada dejar sin efecto el acto y carta de 12 de junio 2023, notificada personalmente a su representado el fecha 16 del mismo mes y año, por intermedio de la cual se le comunica que a contar del 30 de junio 2023 termina el contrato de trabajo que lo vincula con la Corporación de Desarrollo Social de Buin y, por ende, no se renueva su contratación por el año 2023 (sic), ordenando su reincorporación y renovación por todo el año 2023 y el pago de todas las remuneraciones que le habrían correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su reincorporación.

Informa don nombre reservado, abogado, por la recurrida, Corporación de Desarrollo Social de Buin, quien solicita el rechazo de la presente acción cautelar, con costas.

Expresa que la recurrente tenía una relación laboral con la corporación recurrida, bajo un contrato a plazo fijo de conformidad al artículo 14 de la ley N° 19.378. Agrega que para ingresar a la atención primaria de salud de Buin, la Ley Nº 19.378 contempla solo dos formas, las que están reguladas en el artículo 14 del referido Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y estas son el plazo fijo y el plazo indefinido y que el recurrente solo celebró contratos de plazo fijo con la Corporación bajo la señalada normativa y que nunca ingresó por concurso público siendo esta última la “única forma de celebrar un contrato indefinido en la atención primaria de salud”

Advierte que otra forma de tener un contrato indefinido bajo la Ley N°19.378, es al alero de la Ley N°21.308 -denominada “Ley de alivio”- y que tiene por objeto que cierto personal de la atención primaria de salud (Ley N°19.378) cambie su calidad laboral de plazo fijo a indefinido cumpliendo ciertos requisitos, los cuales el recurrente tampoco cumplía.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que, según el informante, “ha sido enfática en señalar que la repetición de contrato a plazo fijo en la atención primaria de salud no genera un cambio en la calidad de la relación laboral de contrato a plazo fijo a contrato indefinido”.

Estima que la Corporación de Desarrollo Social de Buin, a través de una comunicación formal, indicó al señor nombre reservado que su contrato a plazo a fijo terminaba y que no sería renovado dando así cumplimiento al artículo 48 letra c) de la Ley Nº 19.378, finalizando de manera correcta y legal la relación laboral a plazo fijo que los unía.

Destaca que “las Corporaciones Municipales a diferencia de las Municipales (personas jurídicas distintas) [sic] No requieren una fundamentación ni resolución para dar aviso de la no renovación del contrato a plazo fijo regido por la ley Nº 19.378. No siendo obligación la carta fundamentada” y que su representada entregó la carta dando aviso de no renovación de contrato.

En lo relativo a la confianza legítima, hace presente que varios dictámenes de la Contraloría General de la República han precisado que las corporaciones municipales no son órganos integrantes de la Administración del Estado, por lo que la facultad de interpretar, así como la de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a quienes se desempeñan en ellas, corresponden exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda vez que dichas entidades constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyos empleados no tienen la calidad de servidores públicos.

Sostiene que en el evento de que esta Corte reconociera que al Sr. nombre reservado le asiste la llamada confianza legítima, la Excma. Corte Suprema resolvió, en sentencia de 23 de mayo de 2023 – Rol 135.613-2022-, que no es aplicable el principio de confianza legítima en empleos a contrata si el funcionario tenía un periodo de desempeño menor a 5 años.

Respecto a la falta de fundamentación de la resolución que dispuso la no renovación del contrato, asegura que hay norma expresa y administrativa que indica la formalidad para dar por terminado un contrato a plazo fijo de la Ley Nº 19.378 y que el ORD. N°822/25 de la Dirección del Trabajo es claro en señalar que el acto mediante el cual se informa del término del contrato debe ser notificado al funcionario afectado para que produzca sus efectos, con la finalidad de que éste pueda ejercer los derechos y acciones que le pudieren corresponder. Lo anterior, agrega, por cuanto la Ley Nº 19.378 y especialmente, su artículo 48, referido al término de la relación laboral, no contempla formalidad alguna para los efectos de la terminación de los servicios de los funcionarios afectos a dicho cuerpo legal, de suerte tal que la Dirección del Trabajo no puede establecer requisitos que la normativa no ha exigido.

Agrega que las corporaciones creadas en virtud del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar y operar los servicios traspasados a las municipalidades en las áreas de educación, salud y atención de menores. Estas entidades privadas, si bien realizan una función pública, no forman parte de la Administración del Estado, y por lo tanto, no les resulta aplicable la Ley N° 19.880, que sirve de fundamento a la exigencia de fundamentación del acto en virtud del cual no se renueva el contrato a plazo fijo de un funcionario de la atención primaria de salud municipal, que exige la Contraloría General de la República.

Reitera que la Contraloría General de la República ha señalado, mediante dictámenes N°75.508, de 15.12.10 y N°7.542 de 15.02.08, que no es posible considerar como organismos integrantes de la Administración del Estado a las Corporaciones Municipales de Educación y Salud de que se trata en la especie y que no resulta procedente obligar a la corporación municipal respectiva a fundamentar el acto en virtud del cual se pone término al contrato de trabajo de un funcionario regido por la Ley Nº 19.378, como sí lo es respecto del personal afecto a esta normativa que se desempeña para las municipalidades.

Pide que se rechace el recurso de protección por carecer de todo sustento, con costas.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que la parte recurrente refiere que le ha sido conculcada la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley.

En la especie, la actuación ilegal y arbitraria que se atribuye a la Corporación de Desarrollo Social de Buin es haber puesto término al contrato de trabajo que vinculaba a las partes vulnerando la garantía constitucional indicada, en atención a que su despido no se materializó en un acto fundado, resolviendo de forma diferente a como lo realizó tratándose de otros casos similares. Alega, además, que se habría conculcado el principio de la confianza legítima.

TERCERO: Que con el mérito de la documental aparejada por la recurrente y recurrida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1.- Don nombre reservado ingresó a prestar servicios a la Corporación recurrida el 3 de febrero de 2020, a través de un contrato de plazo fijo, regido por la Ley N° 19.378;

2.- Entre las mismas partes se celebraron sucesivos contratos a plazo fijo, sin solución de continuidad, todos regidos por al Ley N° 19.378, siendo el último de ellos el que abarcaba el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2023.

3. Mediante carta de 12 de junio de 2023, la referida corporación informó al Sr. nombre reservado el término del contrato de trabajo a partir del 30 de junio del mismo año por la causal prevista en la letra c) del artículo 48 de la Ley Nº 19.378, esto es “Vencimiento del plazo del contrato”.

CUARTO: Que para resolver el presente arbitrio, resulta útil tener en cuenta las normas legales que gobiernan la materia.

El artículo 1° del Código del Trabajo, señala: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código.”

Por su parte los artículos 1°, 2°, 3° y 14 de la Ley N° 19.378, prescriben:

Artículo 1°.-“Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Artículo 2°.- “Para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: b) Entidades administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de salud, en conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.”

Artículo 3°.- “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior. De igual modo, se aplicarán a todos los trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora de las que se refiere la letra b) del artículo anterior, ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud.

A estos efectos, se entienden como acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud tanto las de carácter asistencial, sea que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a través de rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras”.

Artículo 14.- “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta Ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal”.

Finalmente el artículo 48, en su letra c) indica: “ Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”.

QUINTO: Que de lo que viene de señalarse, aparece que el recurrente se encuentra sujeto al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se ajustó a las disposiciones de la Ley N° 19.378, específicamente su artículo 48 que en su letra c) establece que los funcionarios dejan de pertenecer a la dotación de salud municipal, “por el término del vencimiento del plazo contratado”.

SEXTO: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente arbitrio, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que se exige en relación con los actos administrativos, toda vez que la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 48 letra c) de la Ley N.º 19.378, causal de término de la relación laboral que no exige un deber de fundamentación, dado su carácter meramente potestativo, bastando con el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo para que la Corporación Municipal de Buin pudiera finalizar su relación contractual, el que además, encuentra su sustento en lo dictaminado por la Excma. Corte Suprema.

SÉPTIMO: Que respecto al principio de confianza legítima, éste resulta aplicable a los funcionarios públicos dependientes de los Órganos de Administración del Estado. Tal como ya se dijo, el Sr. nombre reservado prestó servicios a la Corporación de Desarrollo Social de Buin -entidad de derecho privado sin fines de lucro que no forma parte de la Administración del Estado- por lo que a éste no se le puede atribuir la calidad de funcionario público y, consecuentemente, no resulta aplicable al vínculo contractual que ligaba a las partes el principio que el recurrente invoca.

OCTAVO: Que todo lo hasta aquí expuesto conduce naturalmente a desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Cristian Zenteno Cereceda, en representación de don nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Redacción del abogad integrante Carlos Urquieta Salazar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 2722-2023.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, no firma el Abogado integrante señor Urquieta por encontrarse ausente.