nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

San Miguel, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Jorge Christian Montecinos Araya, abogado en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, representada por su alcaldesa la señora nombre reservado, o por quien la reemplace o subrogue legalmente, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la clausura del local comercial de la recurrente, ubicado en Camino Lonquén Norte, Parcela 8, lote 7, comuna de Calera de Tango, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 1107 de 10 de junio de 2025, notificado el 13 de julio de 2025, el cual vulnera sus derechos de la igualdad ante la ley, a no ser juzgado por comisiones especiales, a desarrollar cualquiera actividad económica, a la no discriminación arbitraria y de propiedad, asegurados en el artículo 19 N°2, N°3 , 21°, 22° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que el acto recurrido dispone la clausura del local comercial ya referido, “por infracción a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de Rentas Municipales, esto es, ejercer diferentes actividades comerciales sin contar con Patente Municipal”.

Refiere que, el 10 de septiembre de 2018, solicitó permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales, siendo informada el 11 de septiembre de 2018 de la existencia de una franja de resguardo de 35 metros en camino a Lonquén que impediría construcciones permanentes; sin embargo, dicha restricción no constó en el certificado de informaciones previas ni en el certificado de no afectación solicitados previamente ante la municipalidad y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Indica haber realizado gestiones administrativas consistentes en reuniones con el alcalde y el Consejo Comunal para efectos de regularizar la situación de su inmueble y que, por carta de 6 de mayo de 2025 dirigida al Director de Obras Municipales, solicitó plazo adicional para reunir recursos y ajustar el proyecto, petición rechazada por Res. DOM N° 003-2025.

Sostiene que pese a sus esfuerzos, el 13 de julio del presente año fue notificada del acto que dispuso la clausura de su propiedad, lo que tilda de ilegal y arbitrario por dos motivos.

El primero de ellos dice relación con el exceso de atribuciones por parte de la recurrida, ya que la clausura inmediata excedería las facultades del alcalde conforme al artículo 58, inciso segundo, del D.L. N° 3.063, pues la hipótesis de carecer de patente no habilita clausura inmediata y, en su caso, debió sustanciarse procedimiento previo ante el Juzgado de Policía Local conforme a las Leyes N° 15.231 y N° 18.287, con resguardo del derecho a defensa.

En segundo lugar, alega falta de motivación y fundamentación del acto, ya que el decreto se limita a mencionar un memorándum N° 39, de 29 de mayo de 2025, que no se acompaña ni se notifica, no precisa fecha, hora, funcionarios, ni circunstancias de la supuesta infracción, ni identifica qué actividad comercial específica se clausura —más aun cuando la recurrente arrienda a terceros—, infringiendo los artículos 6 y 7 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley N° 18.575 y el artículo 11 de la Ley N° 19.880. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la exigencia de fundamentación suficiente en actos administrativos.

Previas citas legales, solicita que, acogiéndose su acción, se ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1107, de 10 de junio de 2025, y se revoque en consecuencia la clausura decretada, costas.

Segundo: Que, en recurso acumulado a estos antecedentes, comparece Jorge Christian Montecinos Araya, abogado, en representación de nombre reservado, mecánico automotriz, quien deduce acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, por el mismo acto ya singularizado en el motivo precedente —Decreto Alcaldicio Exento N° 1107, de 10 de junio de 2025, notificado el 13 de julio de 2025, que dispuso la clausura del inmueble sito en Camino Lonquén Norte, Parcela 8, Lote 7, comuna de Calera de Tango—, acto que también califica de arbitrario e ilegal y que conculca sus garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3, N° 21 y N° 22 de la Constitución Política.

Reitera lo expuesto en el considerando anterior, respecto de la identificación del acto recurrido y su contenido resolutivo, como la ubicación y propiedad del bien afectado, expone que el recurrente nombre reservado es arrendatario de una franja del referido inmueble en virtud de contrato de 29 de diciembre de 2022, celebrado con su propietaria doña nombre reservado, destinado a la instalación de un taller mecánico, por tanto, la clausura decretada le impide desarrollar su actividad económica y le ocasiona graves perjuicios.

Alega que la autoridad edilicia excedió sus atribuciones al disponer la clausura inmediata, que el acto carece de motivación suficiente, lo que infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley N° 18.575 y el artículo 11 de la Ley N° 19.880, todo en los mismos términos expuestos por la acción deducida por nombre reservado.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja su acción con costas y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio 1107.

Tercero: Que la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, por medio de su abogado don Marcelino Emilio Salfate Toledo, evacúa informe solicitando el rechazo íntegro de ambos recursos, con condena en costas; alega que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario ni ha vulnerado las garantías invocadas.

En lo medular, expone que ambos recurrentes desarrollan actividad comercial en el citado lugar, sin contar con la respectiva patente comercial, sumado a que las actividades comerciales que ejecutan no se encuentran permitidas por encontrarse en una zona de carácter agrícola, sin contar los recurrentes con IFC (Informe Favorable de Construcción) otorgado por la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, infringiendo con ello los artículos 55, 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones como, además, el artículo 8.3.2.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Adicionalmente, refiere que existen denuncias y sanciones previas en contra de los recurrentes tramitadas ante el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango correspondientes a las causas 1039-2023-RS, 495-2024-RS, 1742-2019 y 3039-2020, siendo sancionados en esa sede jurisdiccional, mediante la correspondiente sentencia, a multas de diversa cuantía.

Sostiene que el decreto impugnado se encuentra debidamente fundado, citando normas aplicables, jurisprudencia administrativa y hechos verificados, cumpliendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, ya que individualiza antecedentes y cita normativa y que se acompañó el Memorándum N° 39-2025 de la Unidad de Patentes Comerciales.

Añade que el artículo 58 del D.L. N° 3.063 faculta a la alcaldesa a clausurar negocios sin patente —sin requerir decisión judicial—, atribución cuyo ejercicio es, según dictámenes de la Contraloría General de la República, entre ellos N° 15397/2005, N° 69774/2015 y N° 6671/2015, obligatorio cuando se configuran sus presupuestos, constituyendo la clausura una medida de apremio orientada a asegurar el cumplimiento del régimen de patentes y no una sanción discrecional. Rebate, asimismo, las alegaciones de falta de motivación, señalando que el decreto individualiza antecedentes y cita normativa y que se acompañó el Memorándum N° 39-2025 de la Unidad de Patentes Comerciales.

Controvierte toda vulneración de garantías constitucionales, sosteniendo, que la clausura responde a un mandato legal y no a un trato arbitrario, que no existe indefensión por cuanto proceden las vías administrativas y judiciales de impugnación previstas en la normativa vigente, que el ejercicio de actividades económicas exige el cumplimiento de requisitos legales —entre ellos, la patente municipal— y que no se afecta ilegítimamente la propiedad, toda vez que el acto fue dictado por autoridad competente y debidamente fundado.

En razón de lo anterior, solicita el rechazo de ambas acciones con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si el Decreto Alcaldicio Exento N°1107 de 10 de junio de 2025, que ordena la clausura del local comercial de la recurrente doña nombre reservado en el que a su vez se encuentra ubicado el taller mecánico de nombre reservado, es un acto arbitrario e ilegal y vulnera las garantías denunciadas.

Séptimo: Que de acuerdo con las alegaciones planteadas por las partes, es posible sostener que son hechos de la causa los siguientes:

a) Que la recurrente doña nombre reservado, el 10 de septiembre de 2018, solicitó permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales de la recurrida, siendo informada el 11 de septiembre del mismo año, de la existencia de una franja de resguardo de 35 metros en Camino Lonquén, que impediría construcciones permanentes.

b) Que la recurrente nombre reservado realizó gestiones administrativas para regularizar la situación de su inmueble, solicitando plazo adicional para reunir recursos y ajustar un proyecto a través de carta de 6 de mayo de 2025 dirigida al Director de Obras Municipales, petición que fue rechazada.

c) Que ambos recurrentes desarrollan actividades comerciales, doña nombre reservado, Rut RUT reservado, es dueña de la propiedad ubicada en Camino Lonquén Norte, parcela 8 lote 7, Rol Propiedad 410-25, ubicada al costado poniente del camino Lonquén Norte con Camino El Trébol, quien a su vez da en arrendamiento la referida propiedad a nombre reservado, permitiéndole realizar actividad comercial sin patente municipal, según lo establecido en la Ley de Rentas Municipales, quien cuenta con Taller de Frenos, Lavado de autos y vulcanización, sin contar con la respectiva patente comercial.

Octavo: Que a objeto de resolver la cuestión planteada es posible observar que el contenido del decreto alcaldicio cuestionado a través del presente arbitrio refiere el Decreto Alcaldicio Nro. 1107/2025, de fecha 10 de junio de 2025-, “ordena la clausura de la propiedad ubicada en Camino Lonquén Norte, Parcela 8, Lote 7, Rol de Avalúo Fiscal Nro. 410-25, ubicada al costado poniente del Camino Lonquén Norte con Camino El Trébol, por infracción a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, esto es, ejercer diferentes actividades comerciales sin contar con ninguna patente municipal”.

En tal caso, el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, dispone “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley”.

A su turno, el inciso primero del artículo 24 de la misma normativa añade “La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades de profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año.”

Como también el inciso primero del artículo 26 del mismo cuerpo normativo dispone: “Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.

La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales, no se exigirá permiso alguno. Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar. Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el D.S. Nº 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos:”.

Noveno: Que en consecuencia, verificada la circunstancia del ejercicio de una actividad comercial sin contar con ninguna patente municipal, que aquella conducta constituye infracción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales y que tal actuar se castiga, conforme lo determina este cuerpo normativo, con la sanción establecida en el artículo 58 y, de manera particular, el inciso segundo “Artículo 58.- La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes.

La violación de la clausura decretada por el alcalde será sancionada con una multa de hasta el equivalente a cinco unidades tributarias mensuales cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro.”, sólo es posible concluir que el Decreto Alcaldicio Nro. 1107/2025 de 10 de junio de 2025, no resulta ilegal, ni mucho menos arbitrario, en atención a que su contenido se ha ajustado a la normativa vigente, actuando el recurrido en la esfera de su competencia, en el marco de sus atribuciones y con mérito suficiente, por lo demás, el desarrollo de una actividad comercial sin patente municipal, había sido representado a través de diversas denuncias previas contra ambos recurrentes, las que han sido sancionadas con multas de distinta cuantía ante el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango.

Décimo: Que finalmente y en lo concerniente a la eventual falta de fundamentación que reclaman los recurrentes, corresponde tener presente que en relación a ello la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles” (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).

Considerando lo anterior, del examen del Decreto Alcaldicio Exento N° 1107/2025, es posible advertir que el mismo además cumple con la debida fundamentación dispuesta en el artículo 11 de la Ley 19.880, cuerpo normativo que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se declara que se rechazan sin costas las acciones de protección deducidas por doña nombre reservado y don nombre reservado, ambas en contra de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.

Redacción de la ministra (S) Alondra Castro Jiménez Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 2703-2025 Protección (IC acumulado 2727-2025 Protección).

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Danilo Quezada Rojas y señora Alondra Castro Jiménez y abogado integrante señora Ivonne Bueno Moraga, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.