nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO DE SANTIAGO

San Miguel, diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 28 de abril de 2024, comparece nombre reservado, contador, en representación de Egis Psat Comunidad y Barrio SPA, domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Santiago / Inspección Comunal del Trabajo de Buin, representada por su Director Nacional, Pablo Zenteno Muñoz, domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que la empresa recurrente, que opera como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), se dedica a asesorar a postulantes en la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas. Añade que el 29 de junio de 2023, la Inspección Provincial del Trabajo de Buin aplicó dos multas mediante la resolución N° 1609/23/33 (1) y (2) a la recurrente, figurando con domicilio en domicilio reservado, por: s/información; sin embargo, la empresa no fue notificada del requerimiento de documentación, ya que los datos indicados son erróneos, porque la empresa no tiene domicilio en esa dirección y no se especificaba adecuadamente al representante legal. Agrega que la empresa no cuenta con trabajadores activos desde febrero de 2023. Concluye que no fue posible apelar o reconsiderar las multas en su momento y que las sanciones sólo se conocieron en marzo de 2024.

En cuanto a la actuación de la recurrida, indica que la situación más gravosa se presenta porque en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales aparecen las multas como impagas, lo que ha sido imposible de regularizar debido a la falta de respuesta de la entidad recurrida ante consultas sobre la documentación y antecedentes de las multas. Esgrime que la recurrida, como entidad pública, ha actuado en forma arbitraria e ilegítima, pues debió actuar de forma proactiva y brindar la información necesaria para resolver el problema. Expresa que, a pesar de los requerimientos, no ha recibido respuesta ni documentación de respaldo que permita objetarlas en tiempo y forma, debido al nulo emplazamiento y/o notificación.

Sostiene que las conductas arbitrarias e ilegales, infringen y vulneran las siguientes garantías constitucionales del N° 24 del artículo 3, esto es, el derecho a la honra [sic], que en el caso de las personas jurídicas se refiere a la buena fama y reputación comercial, la que se ve lesionada con la persistencia de las anotaciones que la recurrida se empecina en mantener, sin realizar las actuaciones a las que se encuentra obligada para permitir que estas anotaciones sean en definitiva eliminadas de sus antecedentes comerciales; y del N° 21 del artículo 19, esto es, la libertad de empresa, pues la existencia de estas anotaciones, embaraza su posibilidad de presentarse en licitaciones y concursos públicos, en los que se exigen antecedentes comerciales y financieros intachables. Añade que esta omisión de la recurrida afecta la garantía y derecho a ejercer una actividad económica legítima, pues estas anotaciones, le impiden competir en igualdad de condiciones con otros agentes del mismo rubro.

Pide que se ordene a la recurrida entregar los antecedentes y respaldos que permitan presentar la documentación requerida, para efectos de eliminar las multas que se informan en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, de manera que éstas sean excluidas del mismo certificado; en subsidio, atendido el tiempo transcurrido desde la fecha en que se han generado estas anotaciones, que sean eliminadas por la recurrida; con costas.

A folio 3 y 5, en cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, el representante de la recurrente indica que el día 2 de abril de 2024 asistió de manera presencial a la Dirección del Trabajo de Buin, habló con la funcionaria nombre reservado, quien le señaló que debía pedir la información requerida por ley de transparencia, por tanto no existe registro material de dicha solicitud.

Por último, acompaña resolución de las multas cursadas por la Dirección del Trabajo, y certificado de vigencia en el registro de empresas y sociedades.

Segundo: Que, al evacuar el informe, Carlos Lizama Chiang, abogado, en representación de la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, indica que la acción se ha presentado fuera de plazo, pues se interpuso el 28 de abril de 2024 y la notificación del inicio del procedimiento de fiscalización se realizó, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, mediante correo electrónico el 29 de mayo de 2023, incluyendo el requerimiento de documentación y la citación a la Inspección del Trabajo. Añade que la notificación de las multas impuestas en la Resolución 1609.23.33 se efectuó el 30 de junio de 2023 por correo institucional. Por otra parte, señala que el propio recurrente reconoce en el recurso que habría tomado conocimiento de las multas en marzo 2024, de manera que resulta evidente que las actuaciones de la Dirección del Trabajo se produjeron en fechas en exceso anteriores al plazo de 30 días corridos contados desde la presentación del recurso de autos.

En segundo lugar, señala que el recurso de protección no puede ser utilizado como sustituto jurisdiccional de las vías ordinarias que la ley franquea para reclamar multas cursadas por las Inspecciones del Trabajo, atendida su naturaleza cautelar y de emergencia. Afirma que en este caso, el recurrente, legalmente notificado, ha prescindido de los recursos administrativos para impugnar o sustituir las multas aplicadas, tampoco ha reclamado mediante las acciones judiciales específicas contempladas en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo, pero ahora, ya vencido todo plazo, pretende “eliminar” las multas correctamente aplicadas por la Inspección del Trabajo, utilizando en reemplazo el recurso de protección.

En tercer término, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de la Dirección del Trabajo que conculque los derechos constitucionales invocados por el recurrente, toda vez que la actuación de la Inspección del Trabajo de Buin se ajusta a derecho, porque ha actuado dentro de su competencia y conforme a sus atribuciones legales, por cuanto, ante denuncia de trabajador ingresada presencialmente con fecha 05.5.2023 en la referida Inspección por presunto accidente del trabajo no denunciado al organismo administrador del seguro, esta oficina dio inicio al procedimiento inspectivo 1306.2023.322 respecto de la empleadora Egis Psat Comunidad y Barrio SPA, faena Villa Virginia, Buin. Por lo anterior, aduce que conforme a la Ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo y DFL 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la Inspección Comunal del Trabajo de Buin era competente territorial y materialmente para realizar la fiscalización de la materia denunciada. En cuanto al procedimiento inspectivo, expresa que la comisión 1306.23.322 se desarrolló por dicha Inspección, de acuerdo a la normativa vigente y aplicable al caso denunciado, concretamente, al manual de procedimientos de fiscalización de la Dirección del Trabajo, versión 3.0, de octubre de 2021. Manifiesta que en el informe de fiscalización 1306.23.322 de 12.6.2023, de la mencionada Inspección, se da cuenta que conforme al principio de bilateralidad se informó del inicio del proceso de fiscalización, adicionalmente se citó a comparecer para tomar declaración respecto al vínculo con el afectado, al correo correo reservado, el cual se encontraba registrado, según lo dispuesto en Ley 21.231. Agrega que producto de esta comisión inspectiva, se aplicaron dos multas conforme a la citada normativa interna y al rango fijado por la ley; sanciones que se plasmaron en la resolución 1609.23.33, suscrita por la fiscalizadora Catherine Díaz Madrid, dependiente de la citada oficina comunal. Asevera que las notificaciones se practicaron conforme al procedimiento establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo.

Esgrime que el recurrente funda su recurso en un hecho falso, cual es que la Dirección del Trabajo no le ha dado noticia de la fiscalización en su contra, del requerimiento de documentación y de las multas aplicadas; no obstante que la Inspección del Trabajo de Buin practicó las correspondientes notificaciones apegándose a la ley. Añade que ha sido el propio empleador quien ha registrado en el portal web de la Dirección del Trabajo la casilla antedicha para efectos de notificaciones y citaciones de este Servicio. A continuación, sostiene que en el conjunto de actuaciones que cuestiona el recurrente no ha existido arbitrariedad, irracionalidad o capricho de parte del Servicio que representa; al contrario, la autoridad administrativa se ha limitado a actuar cumpliendo sus facultades razonablemente, iniciando una fiscalización en respuesta a una denuncia formal de un administrado, desarrollando el procedimiento inspectivo ajustado a normas que la rigen a nivel nacional, notificando en la forma que le exige la ley y sancionando exclusivamente las infracciones que verificó, imparcial y objetivamente. Hace presente que el hecho que las multas notificadas se encuentren registradas en el certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa, nada tiene de irregular o caprichoso, pues son multas que han seguido su curso administrativo normal, traspasándose a Tesorería General de la República para efectos de su cobro, atendido el transcurso de los plazos sin interposición de los recursos administrativos o reclamo judicial.

Acompaña Informe de fiscalización 1306.23.322 de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin; correo electrónico de 29.5.2023 notificando inicio de fiscalización, con requerimiento de documentación y citación a empleador Egis Psat Comunidad y Barrio; correo electrónico de 30.6.2023 notificando término de fiscalización y multas a empleador Egis Psat Comunidad y Barrio; y reporte de Sistema Informático Portal MiDT, consulta casillas registradas por empleador RUT RUT reservadoEgis Psat Comunidad y Barrio.

Tercero: Que, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, como se desprende del recurso y su complementación de folios 3 y 5, la conducta que se estima ilegal y arbitraria consiste en la omisión de la Inspección Comunal del Trabajo de Buin de entregar a la empresa recurrente la información solicitada el 2 de abril pasado respecto de la documentación y antecedentes de dos multas que figuran impagas en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales de dicha empresa.

Quinto: Que, en primer término, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe tener presente lo expuesto en el considerando que precede y que a través de la presente acción lo que se impugna es una omisión en que habría incurrido la recurrida, que tendría efectos permanentes, de manera que al haberse deducido el presente recurso el 28 de abril de 2024, no había transcurrido el plazo de treinta días corridos contemplado en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. Por lo anterior, la alegación formulada no puede prosperar.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes reunidos en la carpeta electrónica, se constata que el órgano recurrido inició un procedimiento inspectivo respecto de la empresa recurrente, comisión 1306.23.322. En el informe de fiscalización, se explica el origen de la fiscalización, esto es, “Ingresada en Unidad de Atención de Usuarios de ICT Buin con fecha 05/05/2023”; la materia denunciada, a saber, “Protección de la vida y salud de los trabajadores: no denunciar al organismo administrador respectivo, el accidente (DIAT) y/o enfermedad profesional (DIEP) que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte”. En cuanto a las materias fiscalizadas, refiere que la “Materia no pudo ser fiscalizada, toda vez que la empresa no exhibe la documentación requerida a casilla Registrada en MiDT, y a su vez, no comparece a la citación informada por el mismo medio”. Además. consigna como materias agregadas: 1.- “No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización. Con fecha 29/05/2023 se remite un correo electrónico donde se da inicio a la fiscalización requiriendo los siguientes antecedentes:

-Planilla de pago de cotizaciones del Organismo Administrador del Seguro de la Ley 16.744, respecto del total de trabajadores y por el periodo de MAYO 2023.

-Libro de Remuneraciones MAYO 2023.

-Reglamento Interno (de Orden) Higiene y seguridad, según corresponda por la cantidad de trabajadores.

-Nómina de la totalidad de trabajadores, desglosando por Genero, nacionalidad y afirmar si existen contrataciones de menores de edad.

A dicho requerimiento empresa no dio respuesta, se constata infracción”.

2.- “No comparecer a citación de la dirección del trabajo.

En misiva mencionada en materia anterior, se Cita a comparecer bajo apercibimiento legal con fecha 05/06/2023 a dependencias de Inspección del Trabajo de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 203, Buin, A cuya instancia el empleador no asistió personalmente como tampoco por intermedio de mandatario facultado. Se constata infracción”.

Asimismo, se constata que producto de esta comisión inspectiva, se aplicaron dos multas mediante resolución 1609.23.33, suscrita por la fiscalizadora Catherine Díaz Madrid, dependiente de la citada oficina comunal. En dicha resolución se describen los hechos constatados y se consigna que estos hechos configuran las infracciones previstas y sancionadas por las normas legales que a continuación se indican:

1).- “No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, infringe el artículo 31 del D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en relación con el artículo 32 del mismo decreto; artículo 8 de la Ley 18.018 y artículo 30 del Decreto Supremo N° 51 de 1982 del Ministerio de Justicia.

2).- “No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo”, infringe el artículo 29 del D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en relación con el artículo 30 del mismo decreto; artículo 8 de la Ley 18.018 y artículo 30 del Decreto Supremo N° 51 de 1982 del Ministerio de Justicia.

Del mismo modo, se constata que la notificación del inicio de la fiscalización 1306.23.322 con el respectivo requerimiento de documentación y la notificación de la resolución de multas 1609.23.33, se practicaron mediante correos electrónicos de 29 de mayo y 30 de junio, ambos del año 2023, respectivamente, dirigidos desde las casillas institucionales a la casilla registrada por el empleador Egis Psat Comunidad y Barrio SpA, RUT RUT reservado, esto es, correo reservado.

Séptimo: Que, en este contexto, el artículo 508 del Código del Trabajo, en su inciso primero dispone: “Las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la Dirección del Trabajo se deberán efectuar mediante correo electrónico, sin perjuicio de lo señalado en el inciso siguiente. Para estos efectos, cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o entidad que se relacione con la Dirección del Trabajo, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada Dirección. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través de correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del referido correo”.

De la norma transcrita y los antecedentes de autos, se constata que las notificaciones a la recurrente se practicaron legalmente al correo electrónico registrado por la empresa recurrente en el portal web de la Dirección del Trabajo.

Octavo: Que, por otra parte, de los antecedentes no consta que la parte recurrente haya requerido la documentación y resoluciones correspondientes a las multas. Sin perjuicio de ello, dicha instrumental se encuentra agregada a la carpeta electrónica de esta causa, toda vez que la resolución de multa fue acompañada por la propia parte recurrente y el resto de los documentos, por la institución recurrida.

En estas condiciones, la acción interpuesta no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Egis Psat Comunidad y Barrio SPA en contra de la Dirección Regional del Trabajo Santiago / Inspección Comunal del Trabajo de Buin.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 2699-2024 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora M. Catalina González Torres y abogado integrante señor Juan Francisco Reyes Taha, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.