Protección contra Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur

Certifico que se anunció y alegó en la Segunda Sala, contra el recurso de protección la abogada doña Paulina Vásquez. San Miguel, 17 de octubre de 2023. Mauricio Vergara Toro, relator.

San Miguel, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 14: Téngase presente.

Vistos:

Primero: Que comparecieron los abogados Claudia Kühn Barrientos y Ricardo Encina Herrera en representación de Corporación Educacional Karol Cardenal de Cracovia interponiendo recurso de protección constitucional en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur (San Miguel), representada por su jefe, el señor nombre reservado, por la decisión arbitraria e ilegal adoptada por la mediadora, doña nombre reservado del Centro de Conciliación y Mediación Regional Oriente y manifestada en la decisión contenida en el Acta 3 de la mediación obligatoria final N° Neg.Colectiva: 1302/2023/10, de 30 de junio de 2023, que dio por suspendido el proceso de negociación colectiva reglada seguida entre su representada y el “Sindicato de Empresa de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Mundo Karol”, declarando el inicio de la huelga para después de las vacaciones de invierno de los escolares, esto es, para el 17 de julio de 2023 y no para la fecha que en derecho corresponde, lo que a su parecer vulnera las garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que en el marco de un proceso de negociación colectiva reglada iniciado 5 de junio del año en curso se realizó la última oferta de su parte como empleadora el 16 del mismo mes y año; propuesta que fue votada por el sindicato el 20 de junio con la presencia de un ministro de fe de la Inspección Comunal del Trabajo de San Miguel siendo rechazada.

Señala que el 22 de junio de 2023 recepcionó una citación de mediación obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 351 del Código del Trabajo, ello a solicitud ingresada de la directiva sindical proceso que culminó el día 30 de junio, fecha en la que la mediadora, doña nombre reservado, dictó el acta impugnada declarándola fallida y, en forma ilegal y arbitraria, acogió la solicitud del sindicato de suspender la negociación colectiva y con ella el inicio de la huelga para vuelta de vacaciones de invierno de los estudiantes.

Indica que la decisión de la mediadora del Centro de Conciliación y Mediación Regional Oriente, perteneciente a la Inspección Comunal Santiago Sur (San Miguel), vulnera en forma expresa lo dispuesto en el artículo 351 inciso 3° del Código del Trabajo, que luego de consagrar la mediación obligatoria, prescribe: “ Transcurridos cinco días hábiles desde que fuere solicitada su intervención sin que las partes hubieren llegado a un acuerdo, el Inspector del Trabajo dará por terminada su labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil”, en este caso el 1 de julio de 2023. Con ello, plantea, la recurrida se atribuyó la facultad de suspender el proceso de negociación colectiva cuestión que no está permitido realizar en sede administrativa.

A este respecto refiere que la Dirección del Trabajo jamás ha permitido la suspensión de la negociación colectiva y menos de la huelga durante el período de actividad escolar, consciente del daño que significaría aquello para la continuidad de la formación de los estudiantes, quienes verían prolongada la paralización de las actividades educativas producto de las huelgas declaradas en el contexto de una negociación colectiva. Permitiéndose únicamente la suspensión de la negociación colectiva durante el período en que hacen uso de su feriado legal los docentes o asistentes de la educación, en los términos previstos en el artículo 41 del Estatuto Docente y 74 y 80 del Código del Trabajo, exclusivamente durante los meses de enero a febrero, que corresponde al feriado de los profesionales de la educación.

Conforme a lo anterior estima que la decisión adoptada por la funcionaria de la inspección Comunal del Trabajo de San Miguel, amenaza la integridad física y psíquica de los estudiantes que acuden al Colegio Karol Cardenal de Cracovia, aumentando con ello la exposición de los escolares a un ambiente de conflictividad y agresividad, magnificado con una huelga que producto de la decisión de la recurrida se verá en la práctica extendida por más tiempo que el que correspondería de haberse realizado conforme a la normativa vigente.

De igual forma se vulnera la igualdad ante la ley toda vez que la decisión impugnada significa una distinción injustificada y caprichosa en favor de los profesionales de la educación pertenecientes al Sindicato de marras, de la que no gozan los demás trabajadores en general ni el resto de los trabajadores de la educación, quienes en igualdad de condiciones no pueden solicitar la postergación de la huelga en los periodos en que la operación de sus respectivas empresas o establecimientos educacionales disminuya o sea menos requerida con la finalidad de mantenerla como instrumento eficaz de presión sobre el empleador.

Finalmente se afecta la garantía del debido proceso ya que se ha vulnerado el tenor expreso del referido artículo 351 del Código del Trabajo sin tener en cuenta tanto el curso legal establecido para este tipo de procedimientos como el criterio expresado por la Dirección del Trabajo en otros casos similares.

Solicita se acoja la presente acción declarando ilegal y/o arbitrario el acto administrativo señalado, para luego ordenar se deje sin efecto parcialmente el Acta 3 de la mediación obligatoria final, N° de Neg.Colectiva: 1302/2023/10, de 30 de junio de 2023, en la parte en que acoge la suspensión de la huelga, y se decrete la improcedencia de la suspensión del procedimiento de negociación colectiva entre las partes, junto con la improcedencia de la postergación del inicio de la huelga, afirmando, por el contrario, que la huelga deberá entenderse iniciada el día siguiente hábil al término de la mediación obligatoria, esto es, el 1 de julio de 2023, según lo dispone expresamente la normativa laboral.

Segundo: Que informó Paulina Paz Vásquez Gho, abogada, en representación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente y de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur al tenor del recurso solicitando sea rechazado.

Señala, efectivamente, en el marco de un proceso de negociación colectiva reglada entre la recurrente y su sindicato se llevó a cabo un proceso de mediación obligatoria la que finalizó mediante el Acta 3 de Mediación Obligatoria Final, en que se indica que la mediación resultó sin acuerdo y que el inicio de la huelga se suspende hasta el 17 de julio de 2023, con el retorno a clases del alumnado y las actividades normales de funcionamiento del plantel educacional.

Explica que en el caso de los trabajadores de establecimientos educacionales, y para que la herramienta de la huelga surta efecto y pueda efectivamente cumplir con los fines por los cuales se encuentra consagrada, es necesario que este derecho lo ejerzan en períodos en que desarrollen normalmente sus funciones; es decir, cuando el establecimiento educacional se encuentre funcionando normalmente, con su alumnado en clases, desarrollando sus actividades habituales. Pues de lo contrario, conforme a las máximas de la experiencia, la efectividad de la misma, se vería absolutamente mermada, pues en atención a que la huelga ha sido reconocida como un derecho fundamental, debe promoverse y garantizarse su efectivo ejercicio; cuestión que no se lograría si se lleva a cabo la huelga durante el período de vacaciones del establecimiento educacional y de ahí que su Servicio, mediante el acta respectiva, suspendió el inicio de la huelga para el día 17 de julio de 2023, cuando se produciría el retorno a clases de los alumnos.

Agrega que, al momento de interponer el recurso, no existía ningún detrimento para la empresa ni ningún derecho conculcado; cuestión que a la postre nunca acaeció pues arribaron acuerdo con la aceptación de la última oferta del recurrente por parte de la organización sindical realizada el día 17 de julio - cuando comenzaría la huelga legal- con lo cual, ya realizados los trámites pertinentes, el proceso de negociación colectiva se encuentra terminado, con un contrato colectivo vigente entre las partes por lo que la presente acción constitucional carece de objeto.

En subsidio de lo ya indicado plantea la improcedencia de la presente acción constitucional en atención a la naturaleza del acto recurrido toda vez que el Acta de Mediación llevada a cabo dentro de un proceso de Negociación Colectiva Reglado, como acto administrativo contempla los recursos regulados en la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos, a saber, los recursos de reposición y jerárquico, regulados en el párrafo 2°, artículo 59 de la Ley 19.880 no siendo la vía adecuada para plantear la impugnación que señala dado su carácter cautelar y de urgencia.

En cuanto al fondo, expresa que la decisión impugnada no deviene en ilegal o arbitraria ya que el Acta 3 de Mediación Obligatoria Final del proceso de negociación colectiva 1302/2023/10, de 30 de junio de 2023, fue dictado de manera razonada toda vez que, como se indicó precedentemente, en el caso de los trabajadores de establecimientos educacionales, y para que la herramienta de la huelga que tienen los trabajadores, surta efecto y pueda efectivamente cumplir con los fines por los cuales se encuentra consagrada, es necesario que este derecho lo ejerzan los trabajadores en períodos en que desarrollen normalmente sus funciones; es decir, cuando el establecimiento educacional se encuentre funcionando normalmente, con su alumnado en clases; ello en atención a que la huelga ha sido reconocida como un derecho fundamental, debiendo promoverse y garantizarse su efectivo ejercicio, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y a lo dispuesto en el DFL N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1967, que regula las funciones de la Dirección del Trabajo por lo que estima que no se han vulnerado en su actuar garantía constitucional alguna por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal; que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados al proceso, es posible advertir que la decisión administrativa impugnada cesó en sus efectos aún antes de que fuera ejecutada toda vez que la huelga, cuya suspensión en su época de inicio se cuestiona, no llegó siquiera a materializarse por lo que la presente acción ha perdido su objeto y fin último, subsanándose, de este modo, los hechos que sirven de fundamento al reclamo constitucional.

Sexto: Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, el presente recurso ha perdido oportunidad, lo que hace innecesaria la adopción de alguna medida cautelar en favor del recurrente.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por Corporación Educacional Karol Cardenal de Cracovia en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur (San Miguel), por haber perdido oportunidad.

Regístrese y archívese.

N° Ingreso 2686-2023 Protección