Protección contra Contraloría General de la República

San Miguel, doce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, chileno, estudiante de segundo año de la carrera de ingeniería comercial en la Universidad de Chile, en su calidad de beneficiario de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, para interponer acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por su Contralora General, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el requerimiento y eventual entrega de datos sensibles de su ficha clínica e identidad de género, contenido en el Oficio N°NUM000 de 14 de enero de 2026, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que el 14 de enero de 2026 la Contraloría General de la República emitió el Oficio N°NUM000, mediante el cual reitera a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información detallada de los beneficiarios de la “Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género” y del “Programa Salud Trans”, exigiendo la remisión de antecedentes que, por su naturaleza, se encuentran contenidos en fichas clínicas y registros de salud protegidos por reserva legal.

Denuncia que el acto es ilegal por cuanto infringe el artículo 10 de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que prohíbe el tratamiento de datos sensibles salvo autorización legal o consentimiento expreso y, el artículo 13 de la Ley N°20.584, que restringe el acceso a la ficha clínica.

Sostiene que la facultad de fiscalización del órgano contralor no es absoluta y que debe ejercerse respetando el núcleo esencial del derecho a la privacidad y la protección de datos personales y la vida privada consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, pues la entrega de listados de beneficiarios con diagnósticos y tratamientos específicos de identidad de género constituye una intromisión desproporcionada en su vida privada. Señala que la exposición de dichos antecedentes genera un riesgo inminente de estigmatización y afectación a su honra y estabilidad emocional, vulnerando su integridad psíquica protegida en el artículo 19 N°1 del texto constitucional.

Solicita acoger el recurso, declarar la ilegalidad y arbitrariedad del referido oficio y ordenar a la recurrida abstenerse de entregar o procesar cualquier dato que permita su identificación personal en relación con los programas de salud señalados o, subsidiariamente, disponer que cualquier información que eventualmente se entregue sea estrictamente anonimizada y disociada.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, doña nombre reservado, en representación de la Contraloría General de la República, solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal ni arbitraria ni vulneración a las garantías invocadas.

Expone que la División de Fiscalización de dicho organismo, mediante Oficio N°NUM001 de 25 de noviembre de 2025, comunicó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el inicio de una auditoría a los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans correspondientes al período comprendido entre los años 2023 y 2025. Añade que frente a la negativa de la autoridad de salud de remitir nóminas identificadas invocando resguardos de confidencialidad, la Contraloría emitió el Oficio N°NUM000 de 14 de enero de 2026, reiterando el requerimiento en uso de sus facultades constitucionales y legales.

Sostiene que la actuación del órgano fiscalizador se ampara en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y en el artículo 9° de la Ley N°10.336, norma de rango legal que dispone expresamente que las reglas sobre secreto o reserva no obstan a que se proporcione a la Contraloría la información que requiera para el ejercicio de sus funciones, quedando su personal sujeto al mismo deber de reserva. Indica que el tratamiento de datos personales sin consentimiento resulta procedente conforme al artículo 20 de la Ley N°19.628 por tratarse de materias de su competencia.

Enfatiza que la fiscalización obedece a un fin legítimo de control del uso de recursos públicos y cumplimiento normativo, originado además en una solicitud preferente de la Comisión Especial Investigadora de la H.

Cámara de Diputadas y Diputados, asegurando que el ente contralor cuenta con rigurosos protocolos de ciberseguridad y confidencialidad, sin que exista riesgo de divulgación pública de los antecedentes de los beneficiarios, por lo que concluye que el acto no reviste carácter arbitrario ni ilegal.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que por la presente vía se impugna el Oficio N° NUM002 de 14 de enero de 2026, por el que la Contraloría General de la República solicita a todos los servicios de salud, a través de las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, la remisión de información relativa a beneficiarios -niños, niñas y adolescentes, NNA- de los Programas de Apoyo a la identidad de Género y Salud Trans ejecutados entre los años 2023 y 2025.

Quinto: Que conviene previamente advertir que, en la actualidad, según se reconoció en estrados, el requerimiento de que se trata aún no se ha cumplido y, que el recurrente, es ahora una persona adulta.

Sexto: Que, para el análisis de la acción constitucional interpuesta, resulta necesario traer a colación las facultades de fiscalización que tiene la Contraloría General de la República, desde que corresponde determinar si la entrega de la mencionada información, en el evento de ser verificada, vulnera la protección de los datos personales del recurrente y su integridad psíquica.

En efecto, el artículo 98 de la Constitución Política de la República prescribe que la Contraloría General de la República es un organismo autónomo encargado, entre otras funciones, de ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración y de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes.

Enseguida, la Ley 10.336 sobre la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, en el su artículo 9° establece que el Contralor General tendrá la competencia exclusiva en la investigación, examen y juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que custodien o administren fondos o bienes fiscales o de toda persona que está sometida a su fiscalización. Así dentro del marco de su competencia exclusiva en la investigación, en el artículo 10° de ese mismo cuerpo normativo, se faculta al Contralor General para solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores.

Séptimo: Que, de las normas antes relacionadas, surge que el requerimiento de información contenido en el oficio impugnado por la presente vía, se inserta dentro del ámbito de competencias propias de la Contraloría General de la República, toda vez que persigue verificar la correcta ejecución de programas financiados con recursos fiscales, de conformidad a lo que prescribe el artículo primero de su Ley Orgánica, lo que impide establecer la ilegalidad del acto que se impugna por esta vía.

Octavo: Que, zanjada la relación entre el organismo fiscalizador con las requeridas Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, corresponde, enseguida analizar la eventual afectación de las garantías constitucionales que se invocan por quien recurre al requerirse información contenida en su ficha clínica. Ello por cuanto la información contenida en la ficha clínica es un dato sensible, por lo que nadie ajeno al equipo de salud puede acceder a ella.

La ley 20.584, publicada en el D. nombre reservado el 24 de abril de 2012, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en su Párrafo 6° trata de la “Reserva de la Información contenida en la Ficha Clínica” y, en el inciso final del artículo 12, dispone “ Toda información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°de la Ley 19.628”, sobre protección de la vida privada.

Esta última, publicada en el D. nombre reservado el 28 de agosto de 1999, contiene el Título III, sobre “La utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero bancario o comercial”, cuyo artículo 20 permite el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público en materias de su competencia sin el consentimiento del titular.

Noveno: Que, de la normativa antes reseñada, se concluye que el cumplimiento de lo requerido por la Contraloría General de la República a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales para conocer de datos clínicos nominados sin la autorización de su titular no vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental de quien acciona por la presente vía. En efecto, la ejecución del acto impugnado se enmarca en la legalidad vigente, lo que impide que el presente arbitrio pueda prosperar, máxime si el deber de reserva que protege la información contenida en la ficha clínica se extiende al personal de la Contraloría General de la República, como dispone el inciso 4° del artículo 9 de la Ley Orgánica de dicho ente.

Y de conformidad, además, con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Redacción de la ministra Sra.Catepillán.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°268-2026 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora M. Carolina Catepillán Lobos, señor Carlos Farías Pino y señor Danilo Quezada Rojas. .