nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

San Miguel, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto Ilegal y arbitrario que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Refiere que su representada solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 25 de mayo de 2025, la administradora de fondos informó las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente: “El motivo de tu rechazo es que presentaste documentos que no cumplen con los requisitos para esta solicitud: ¿Qué documento(s) fueron rechazados? Los documentos son: Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud.”, argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no se encuentra vigente y que no puede ser verificado, a pesar de que en la página web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se puede verificar la validez de este.

Señala que la administradora recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos del recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de esta, que es permitir que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso de sus fondos previsionales.

Expresa que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado.

Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando el recurso, la abogada Romina Dalbosco Cornejo, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., expresa que el rechazo de la solicitud del recurrente se fundamenta en que los documentos presentados no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y en la normativa vigente de la Superintendencia de Pensiones.

Añade que el documento presentado por el recurrente, denominado “Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)”, sin apostillar, no acreditaba la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida, y carecía de la legalización requerida para que pueda producir efectos legales en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a la interpretación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en su Oficio Reservado N°2966 de 2023, y de la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025 que señaló al respecto que: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión”. Sobre este punto, concluye, afirmando que la existencia de un enlace web donde se pueda consultar la información sobre cotizaciones no sustituye la exigencia de presentación de un documento formal, legalizado y apostillado, que permita acreditar de manera fehaciente la afiliación del trabajador extranjero a un sistema previsional en el extranjero que otorgue las prestaciones mínimas requeridas por la ley chilena.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección presentado no cumple con los requisitos necesarios para su procedencia, toda vez que no se está en presencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que produzca un agravio y que este se manifieste en una privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la carta fundamental, razón por la cual corresponde sea rechazado de plano.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Séptimo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente en su solicitud acompañó todos los documentos que cumplan con las exigencias de la Ley 18.156, necesarios para acreditar efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Según se desprende de lo informado por la recurrida, a la solicitud de restitución se acompañó por el extranjero Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sin apostilla, documento que no cumple con las exigencias contenidas en la Ley 18.156 ni el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa acoger a trámite la solicitud de retiro de fondos responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos que no cumplen con las exigencias legales, específicamente, para demostrar que el interesado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Noveno: Que, en consecuencia, la acción constitucional intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., sin perjuicio de su derecho a solicitarlo nuevamente con la documentación que corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2661-2025 Protección.