nombre reservado con nombre reservado EN SU CALIDAD DE DIRECTORA REGIONAL nombre reservado DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

nombre reservado, seis de enero de dos mil doce.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 4, don Guillermo Risco Agüero, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección a favor de don nombre reservado, empresario, del mismo domicilio del compareciente, en contra de la señora DIRECTORA REGIONAL nombre reservado DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, doña nombre reservado, cuya profesión no indica, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de que esta Corte ordene al recurrido arbitrar las medidas necesarias para que el contribuyente a favor de quien recurre, pueda acceder a los beneficios de las condonaciones de multas e intereses respecto de los tributos que adeuda, y decrete las demás que estime conducentes al restablecimiento del imperio del derecho, ante los actos que considera arbitrarios de la entidad recurrida y que conculcan el derecho de propiedad del señor nombre reservado, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone al efecto que el aludido contribuyente adeuda por concepto de diversos tributos, la suma de $ 135.255.074, monto que estaba pagando según un convenio alcanzado con la Tesorería General de la República, en la oportunidad y por la cuantía acordada. Añade que dicho pacto se extinguió el 30 de agosto de 2011, fecha en la que se renovaría por otro, con un plazo y número de cuotas a pactar y así sucesivamente hasta el pago del total de los tributos adeudados.

Refiere que no obstante lo anterior, al concurrir el día 2 de septiembre a suscribir la renovación antes dicha, fue informado que por orden del Servicio de Impuestos Internos, no era posible acceder a una nueva renovación del convenio.

Ante ello y habiendo obtenido el señor nombre reservado un crédito bancario, concurrió nuevamente a Tesorería, esta vez a pagar la totalidad de la suma adeudada al contado y obtener con ello la condonación entre un 50% a un 80% de las multas e intereses aplicados. Sin embargo, nuevamente se le negó tal posibilidad, por instrucciones del servicio recurrido, siendo informado que el pago total de la deuda era sin derecho a los beneficios de condonación ya indicados. En otros términos, para extinguir la deuda debía satisfacer la suma de $ 135.255.075 adeudados y no la que resulta de aplicar el beneficio invocado, que de acuerdo al certificado de deuda que acompaña alcanza un monto aproximado de $ 70.000.000.

Afirma que lo reseñado constituye un acto arbitrario, pues importa prácticamente una expropiación al obligársele a pagar la totalidad de los tributos insolutos sin posibilidad de acogerse a ningún beneficio, específicamente de condonación de intereses y multas, produciéndole un evidente menoscabo patrimonial, con lo que por consiguiente se vulnera su derecho de propiedad resguardado en el artículo 10 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita lo más arriba dicho.

SEGUNDO: Que por su parte, a fojas 35, la entidad recurrida evacuó el informe que le fuera requerido por intermedio de su Directora Regional nombre reservado nombre reservado, doña nombre reservado, solicitando el total rechazo de este recurso.

Argumenta al efecto, como cuestión previa, que el contribuyente en cuyo favor se recurre, fue condenado con fecha 5 de enero de 2011, en procedimiento abreviado y en el proceso que indica por el Séptimo Juzgado de Garantía de nombre reservado, en calidad de autor de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos 1° y 2° del Código Tributario, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio y al pago de una multa ascendente a $ 3.400.000, condena que actualmente se encuentra cumpliendo.

Agrega que expuesta la situación tributaria del señor nombre reservado, esta acción cautelar resulta improcedente tanto por aspectos de forma como de fondo.

Así, sostiene que de acuerdo al texto del artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo señalado por la doctrina y resuelto por la jurisprudencia, es requisito insoslayable para la procedencia del recurso de protección, la existencia de un hecho gravoso, que en este caso y respecto del Servicio de Impuestos Internos supuestamente sería la “orden” dada al Servicio de Tesorería, por la que se impediría a este último otorgar condonaciones al contribuyente.

Afirma al respecto que en el libelo recursivo no se indica de manera concreta y precisa el o los actos u omisiones que el recurrente reprocha de ilegal y/o arbitrario, toda vez que no existe una singularización específica y pormenorizada del acto administrativo emitido por el servicio informante, que haya producido como efecto propio, directo e inmediato, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente protegidos. Tanto así que el recurrente sólo alude a la concurrencia al Servicio de Tesorería a fin de solicitar a dicha repartición la condonación de los intereses y multas aplicadas a la deuda de impuestos del señor nombre reservado, lugar donde se le habría informado, aparentemente en forma verbal, acerca de la imposibilidad de acceder a su pretensión por instrucciones del Servicio de Impuestos Internos.

Por lo expuesto manifiesta que de acuerdo al artículo 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema cobre tramitación del Recurso de Protección es evidente que esta acción carece de uno de los presupuestos básicos para su admisibilidad, como lo es la descripción del acto u omisión susceptible de ser objeto del recurso. Por lo que sólo cabe que esta Corte lo declare inadmisible.

Por otra parte arguye, que además de lo precedentemente dicho, del mérito de los antecedentes allegados tampoco es posible estimar acreditada la ocurrencia del hecho puntual respecto del que se recurre, vale decir, la presunta instrucción impartida por el Servicio de Impuestos Internos al Servicio de Tesorerías, de no otorgar al recurrente el beneficio de la condonación de intereses y multas regulado por la ley. Lo que de suyo es suficiente para desestimar esta acción y así lo pide.

También aduce que este recurso carece de fundamento ya que no indica la forma en que el supuesto acto arbitrario e ilegal impugnado habría vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, desde que el recurrente se limita a sostener que la actuación del Servicio constituye un acto de expropiación y conculca la referida garantía constitucional, sin embargo no explica cómo ni por qué se afecta dicho derecho ni la relación causal entre el acto y la vulneración. Tampoco se especifica el bien corporal o incorporal del que se habría privado al contribuyente por el acto de la Administración.

Indica en relación a lo anterior, que el supuesto menoscabo patrimonial consistiría en que al no tener acceso el señor nombre reservado al beneficio de la condonación, debe pagar la totalidad de los tributos adeudados, las multas e intereses, negándosele un derecho que según afirma el demandante de protección, posee todo habitante de la República. Empero, la referencia al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República “no es congruente con lo expresado en la norma”, careciendo de nexo causal la acción entablada.

Por lo reseñado sostiene que la actuación del Servicio de Impuestos Internos no ha significado ni implicado ninguna privación, perturbación ni amenaza al derecho constitucional invocado como afectado por el recurrente, motivo por el que también debería rechazarse este recurso.

De otro lado esgrime que no existe un derecho indubitado del señor nombre reservado, desde que la presunta solicitud de condonación no constituye un derecho adquirido respecto de tal beneficio, sino que su otorgamiento por la autoridad constituye una potestad administrativa que puede o no ser concedida por quien detente dicha atribución, en este caso, el señor Tesorero General de la República.

Adiciona que la condonación en relación al contribuyente que puede solicitarla sólo constituye la manifestación del derecho constitucional de realizar peticiones a toda autoridad, consagrada en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto el derecho del contribuyente se agota en el ejercicio de la petición, sin que el hecho de realizarla le otorgue otra cosa que una mera expectativa de obtener una respuesta favorable a su pedimento. Afirma que sostener que la condonación es un derecho para el contribuyente que se incorpora a su patrimonio, equivale a obligar a la Administración a dar siempre respuesta favorable a los requerimientos de los administrados, lo que transforma las potestades de los órganos de la Administración del Estado en una quimera, convirtiéndose en una institución sin contenido material alguno, desde que el ejercicio real de la facultad sería realizado por el particular, que con su sola solicitud, vincularía al ente estatal obligándolo a dar siempre respuesta favorable a la pretensión. Lo que importaría en opinión del recurrido, destruir las bases esenciales del sistema impositivo chileno y la destrucción del Fisco.

Por lo expuesto y demás argumentos que vierte en el informe en relación a lo anterior, señala que en este caso no ha podido existir vulneración al derecho de propiedad a causa de la actuación del Servicio de Impuestos Internos.

Por último, manifiesta que en todo caso, el artículo 192 inciso 2° del Código Tributario regula la condonación de los intereses y multas por el retardo en el pago de impuestos por el Tesorero General de la República, a quien le entrega la facultad de otorgarla mediante normas o criterios de general aplicación determinadas para tal propósito por resolución del Ministro de Hacienda. Lo que este último realizó con la dictación de la Resolución Exenta N° 698 de 17 de julio de 2006, actualmente vigente, de la que resulta aplicable lo dispuesto en su artículo 3° numeral 2°, esto es: que “El Servicio de Tesorería no podrá condonar los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos a los contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos le informe, mediante una nómina, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones particulares: 2. Contribuyentes que se encuentran querellados, procesados, o en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal; o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena”. Sobre lo cual reitera que el señor nombre reservado se encuentra condenado por la comisión de un delito tributario en la sentencia ya reseñada, que según asegura, no se encuentra cumplida. Lo que en consecuencia impide al antes nombrado acceder al beneficio de la condonación de intereses y multas pretendido.

Por todo lo precedentemente referido, pide lo más arriba indicado.

TERCERO: Que a su vez, a fojas 56 y 59, se leen los informes solicitados por esta Corte mediante resolución escrita a fojas 53, al Servicio de Impuestos Internos y al Séptimo Juzgado de Garantía de nombre reservado, de los que se lee que la deuda de nombre reservado ascendía al 10 de Noviembre de 2011 a la suma total de $ 138.144.465, desglosada en $ 54.106.155 correspondiente a la deuda neta; $ 12.973.858 por concepto de reajustes; $ 66.824.738 a título de intereses y $ 4.239.714 de multa. También que el antes nombrado fue condenado por el Tribunal antes señalado a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, para cuyo cumplimiento se le otorgó el beneficio de la Remisión condicional de la Pena por el término de tres años y al pago de una multa ascendente a $ 3.400.000, como autor del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso 2° del Código del ramo. Pena que en lo atingente al beneficio concedido se encuentra cumpliendo satisfactoriamente y en cuanto a la multa, se encuentra pagada.

CUARTO: Que a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

QUINTO: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal y/o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la persona a favor de quien se recurre, nombre reservado, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquel contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

SEXTO: Que al efecto y en lo atingente al asunto a resolver, obra en la causa el antecedente aportado por la recurrente que rola de fojas 1, consistente en Certificado de Deuda extendido por la Tesorería General de la República, respecto del contribuyente más arriba nombrado, que da cuenta de la deuda total morosa ascendente a la suma total de $ 135.255.075, desglosada en los montos y por los conceptos que se indican. También aquellos elementos de convicción allegados por la recurrida que rolan de fojas 13 a 34, correspondientes a: copia simple de la querella presentada el 18 de marzo de 2009 por el nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos en contra de nombre reservado, por la responsabilidad que le cabe en calidad de autor de los delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos 1° y 2° del Código Tributario, atendidos los hechos que se describen; copia simple del Acta de la Audiencia de Procedimiento Abreviado celebrada el 5 de enero de 2011, en la que consta la dictación de la sentencia por la que se condena a nombre reservado a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, el pago de una multa de $ 3.400.000 pagadera en 10 cuotas, y se le concede el beneficio de la Remisión Condicional de la Pena, por los delitos que se indican; e impresión de la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional conteniendo la Resolución 698 Exenta de 17 de julio de 2006, publicada el 28 del mismo mes y año, última versión de 4 de septiembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que “Dicta Normas sobre Condonación de Deudas para Contribuyentes”.

SEPTIMO: Que del mérito de los elementos de convicción referidos en lo que antecede, unidos a aquellos ordenados agregar por esta Corte reseñados en el apartado ante precedente y a lo sostenido por el recurrente y recurrido, apreciado todo ello en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no resulta posible dar por establecida la ocurrencia de algún hecho, acto u omisión de la entidad recurrida, que suponga o importe amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio por el señor nombre reservado, de alguno de los derechos resguardados en la Constitución Política de la República.

Es más, de la lectura del libelo recursivo no es factible visualizar en forma clara y precisa, el hecho, acto u omisión concreto y determinado respecto del que se reclama y tampoco la manera en que se conculcaría el legítimo ejercicio por el antes nombrado de los aludidos derechos.

OCTAVO: Que de otro lado, de los referidos antecedentes, especialmente lo aseverado por el recurrente en su recurso, no es posible vislumbrar la existencia de un derecho indubitado del señor nombre reservado que pudiera estar afectado de alguna manera por el actuar del recurrido, desde que a la luz de los antecedentes aportados, no resulta factible atisbar indicio alguno de “la intensión” del señor nombre reservado de “querer pagar su deuda, pero acogiéndose a las …condonaciones,” pues tales elementos de juicio ni siquiera permiten dar por cierto que efectivamente se hubiere solicitado la condonación de los intereses y multas aplicados a los impuestos adeudados. Menos aún que realmente se le hubiere negado la posibilidad de aquello y esto por instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. Todo lo cual obsta incluso a considerar la aludida condonación como una mera expectativa del señor nombre reservado.

NOVENO: Que se agrega a lo dicho, que como es sabido, la concesión de la condonación pretendida, es una facultad entregada por el legislador de manera exclusiva y privativa al señor Tesorero General de la República, cuyo ejercicio se encuentra regulado en la ley. Por lo que su otorgamiento, en los casos que está permitido, constituye sólo una mera expectativa y no la efectiva y real existencia de un derecho indubitado de aquel que la solicita. Presupuesto indispensable para la procedencia de este recurso de protección.

DECIMO: Que por lo expresado en los anteriores razonamientos, no apareciendo del mérito de los antecedentes la ocurrencia de algún hecho claro, preciso y cierto, o la existencia de algún acto de iguales características, o la omisión de alguna conducta también en esos términos que pueda ser imputable al actuar de la entidad recurrida, relativo al pago de la deuda morosa de impuestos del señor nombre reservado; tampoco al otorgamiento o negativa de la condonación de intereses y multas a causa o con motivo de dicho hecho, acto u omisión; y, ni siquiera que el antes nombrado efectivamente hubiere solicitado tal condonación, imposibilita estimar concurrentes los presupuestos requeridos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de esta acción cautelar constitucional, la que por lo mismo deberá necesariamente ser rechazada.

UNDECIMO: Que atendido lo precedentemente concluido, y habiéndose además establecido en lo que antecede que en este caso no es factible estimar que existiere algún derecho con resguardo constitucional de don nombre reservado, respecto de cuyo legítimo ejercicio pudiere encontrarse amenazado perturbado o privado, sino que en la mejor de las situaciones sólo una mera expectativa de ser beneficiado con la condonación de los intereses y multas impuestas, también conduce forzosamente a desestimar este recurso.

En mérito de lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 4 por don Guillermo Risco Agüero a favor de don nombre reservado y en contra de la señora Directora Regional nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos, doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

Nº 266-2011-PROT.

Pronunciada por las Ministros señora María Soledad Espina Otero, el señor Fiscal Judicial don nombre reservado y el señor nombre reservado don Armando Jaramillo Lira.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado por estar con feriado legal.

En nombre reservado, a seis de enero de dos mil doce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.