nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada por don nombre reservado, fundado en el carácter arbitrario e ilegal del acto de 25 de junio de 2025, mediante el cual se rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos acumulados en caso de afiliación a un régimen previsional extranjero. Explica el actor que, habiendo presentado ante la AFP recurrida los antecedentes requeridos para acreditar su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la administradora denegó la solicitud, argumentando que la constancia electrónica de cotizaciones carecía de firma autorizada y no se encontraba apostillada ni legalizada, de modo que no cumplía los requisitos formales para producir efectos en el país. Sostiene que tal razonamiento constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, que desatiende la finalidad de la ley y desconoce la validez de documentos electrónicos verificables a través del sitio web oficial del IVSS, cuya autenticidad puede constatarse mediante un código alfanumérico de verificación. Alega el recurrente que cumple con todas las condiciones exigidas por la Ley N°18.156, esto es, mantener afiliación vigente a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantenerse adscrito a dicho sistema. Añade que la AFP ha incorporado requisitos no previstos en la ley, afectando con ello su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, así como la igualdad ante la ley, al otorgar un trato desigual respecto de otros afiliados en idéntica situación cuyas solicitudes fueron acogidas por otras administradoras, como AFP Cuprum y AFP Modelo. Finalmente, sostiene que la imposición de legalización o apostilla resulta imposible de cumplir, dado que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, y que la propia Corte Suprema ha considerado en casos análogos que la falta de apostilla no puede servir como fundamento para rechazar solicitudes cuando el requisito depende de un tercero ajeno al administrado. En virtud de lo anterior, solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto impugnado y se ordene a la recurrida aprobar la solicitud de devolución de fondos previsionales, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrida AFP Habitat S.A., por medio de su abogada Jimena Holtheuer Vergara, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de quien actúa don nombre reservado, sosteniendo que la acción constitucional resulta improcedente, pues no existe acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución. Explica que el recurso de protección tiene naturaleza cautelar y procede solo ante derechos preexistentes e indubitados, lo que no concurre en este caso, dado que el reclamante pretende obtener por esta vía un beneficio sujeto a requisitos legales específicos que no ha acreditado. Relata que el recurrente presentó el 12 de junio de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando contrato de trabajo con cláusula de mantención de régimen previsional extranjero, cédula de identidad, decreto de nacionalización chilena y constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sin firma autorizada ni apostilla. La solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de 25 de junio de 2025, por no cumplir con el requisito legal de acreditar doble cobertura previsional mediante documento debidamente apostillado o legalizado, conforme exige la normativa vigente. La administradora indica que la normativa aplicable —Ley N° 18.156 y Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones— exige que la afiliación a un régimen previsional extranjero se acredite con certificación oficial debidamente apostillada, que conste la fecha de incorporación y cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Agrega que la constancia electrónica presentada no cumple tales exigencias, y que una declaración jurada del propio interesado carece de valor probatorio. Además, recuerda que el Convenio de Apostilla de La Haya rige para Chile y Venezuela, por lo que la documentación puede y debe ser apostillada por la autoridad competente del país de origen. Sostiene que el rechazo de la solicitud se funda en la aplicación estricta de la ley, que es una norma especial y de excepción interpretada restrictivamente, y que la negativa no implica privación del derecho de propiedad, pues los fondos permanecen en la cuenta individual del afiliado. Enfatiza que el beneficio puede ser solicitado nuevamente cuando se presente la documentación exigida, y que otros afiliados venezolanos han accedido al mismo cumpliendo las formalidades. La AFP invoca la jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones —Santiago, Valparaíso, San Miguel— y de la Excma. Corte Suprema, que han rechazado recursos de protección similares por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales, declarando que la negativa de las AFP a devolver fondos sin documentación apostillada no constituye acto arbitrario ni ilegal. Finalmente, solicita el rechazo del recurso con costas, por no haberse configurado vulneración alguna de los derechos consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones”, sin legalización ni apostilla.

Sexto: Que conforme lo expresado, la falta de apostilla y/ legalización de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Séptimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2658-2025.