nombre reservado con FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS UNIVERSIDAD DE CHILE

San Miguel, nueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 5 de noviembre de 2022, comparece la abogada Pamela Beatriz Venegas Rodríguez en representación de nombre reservado, médico veterinario, ambos domiciliados en domicilio reservado, para deducir recurso de protección en contra de la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, nombre reservado, de la Universidad de Chile (FUNFAVET), representada legalmente por su Presidente nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de haber incurrido en una acción arbitraria e ilegal, consistente en realizar una investigación por acoso laboral, no respetando el reglamento, según el cual el investigador debía remitir el informe de investigación a la Inspección del Trabajo (título XVII, art. 72, en relación al artículo 63 del Reglamento nombre reservado, higiene y seguridad), toda vez que su representado debía esperar las sugerencias y posibles observaciones que fueran efectuadas por la Inspección del Trabajo, según el propio Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad en su título XVI en su artículo 62 en que se ordenó el procedimiento por el cual se debía regir la investigación. Lo cual en los hechos no ocurrió, oportunidad que no tuvo su representado para una correcta defensa de sus derechos, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley, de discriminación y la libertad de trabajo.

Expone, en síntesis, que su representado ha sido funcionario de Planta de la Universidad de Chile como académico jornada completa, profesor asociado a contar del 1 de octubre de 1966 y, además, en la calidad jurídica de honorarios durante el año 2022, asesorando en la dirección y supervisión de proyecto, incluyendo la planificación estratégica de las actividades del nombre reservado. Así, indica que ha cumplido la función de Director de Laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

Sostiene que sorpresivamente recibió el aviso informal de haberse iniciado una investigación en su contra por acoso laboral, designándose como investigador a nombre reservado, quien es jefe administrativo de la FUNFAVET y posee un rango inferior al del actor y que se instruyó la investigación respecto de hechos investigados por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, decretándose, con el solo mérito de la denuncia, una serie de medidas tales como la separación inmediata de los espacios físicos con la denunciante a fin de que no tomaran contacto.

Afirma que no le permitieron presentar prueba, aunque por iniciativa propia se presentaron 7 testimonios de apoyo al recurrente, todos de mujeres que en distintas calidades habían trabajado con él, quienes manifestaron su conducta intachable y respetuosa para con ellas. Añade que quien tomó la declaración de los testigos fue un abogado de la Fundación y no el investigador designando.

Continúa señalando que se le notificó el 11 de octubre de 2022 una carta, fechada el día 5 de ese mes y año, dirigida en su calidad de director de patología aviar, firmada por el presidente del directorio de la FUNFAVET José M. nombre reservado, en la que se le comunica que la denunciante deberá hacer teletrabajo, y el recurrente por su parte, deberá informar y suscribir un protocolo de actuación, en que debe indicar los días en que concurrirá al laboratorio.

Asevera que el proceso se encuentra viciado, pues no se respetaron las reglas del debido proceso del procedimiento consagrado en el Código del Trabajo, ni del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad y precisa que, no se toma en cuenta primero que su representado es funcionario público de la Universidad y que en tal sentido debió a lo menos ceñirse a un sumario administrativo que él fue contratado por la FUNFAVET, en calidad de funcionario de la Universidad de Chile Indica que su representado fue sancionado imponiéndole la obligación de evitar un trato directo con la denunciante, quien realizará sus funciones mediante teletrabajo, y el establecimiento de una nueva relación contractual, conforme a lo prevenido en el contrato de honorarios, en su cláusula séptima. Indica que es impracticable establecer un horario para evitar contacto con la supuesta víctima, toda vez que cumple con múltiples responsabilidades, por lo cual no puede dejar de asistir a sus labores.

En cuanto a los derechos constitucionales conculcados, alega la vulneración de su derecho de igualdad ante la ley y no discriminación al no permitírsele formular descargos y defenderse durante el procedimiento y estima también menoscabado el derecho a la libertad de trabajo al restringirse su horario laboral, pese a las labores que desempeña.

Pide se acoja el presente arbitrio procesal, se declare que el procedimiento investigativo en el cual se basó el recurrido para sancionar al recurrente no puede ser aplicado en su contra, al fundarse en un procedimiento que vulneró garantías constitucionales, tratándose además de un funcionario público de la Universidad de Chile y solicita se instruya a la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo, con costas.

Segundo: Que evacua informe al tenor del recurso nombre reservado, chileno, médico, en representación de la recurrida, solicitando su rechazo, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, indicando que si bien el recurrente señala que tomó conocimiento del proceso en una fecha cercana al 15 de octubre de 2022, lo cierto es que el actor tomó conocimiento de la resolución que impugna el 23 de agosto de 2022, con motivo de la celebración de una reunión de directores, donde consta incluso su firma, donde de puño y letra señala: “Tomo conocimiento de ese documento y rechazo esta resolución”, citando su cédula de identidad junto a la firma.

Añade que el recurrente tomó conocimientos de los hechos que fundan el recurso en una fecha anterior a octubre de 2022, toda vez que el 13 de junio de 2022 se decretó orden de investigar, la que fue notificada a los involucrados, dando de esta forma comienzo al proceso de investigación interna, el 30 de junio de 2022 realiza su primera declaración de 8 páginas ante el investigador asignado por la institución, donde firmó de puño y letra “me reservo el derecho a aclarar o complementar información - en caso de necesario –“. Finalmente, señala que mediante escrito de 8 de julio de 2022, el actor presenta un escrito titulado “Descargos a la denuncia de nombre reservado”. Resulta indubitado, afirma, que el recurrente tuvo pleno conocimiento del proceso en su contra desde una fecha determinada y anterior a la señalada por él en su recurso de protección para justificar el plazo de interposición.

En cuanto al fondo, describe que, de conformidad al tenor y la gravedad de la denuncia por acoso laboral efectuada por una trabajadora en contra del recurrente, el 13 de junio de 2022 la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile, emitió una resolución teniendo como fundamento central lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2° del Código del Trabajo. Así, dado que, de la lectura de la denuncia formulada en contra del recurrente, se presume la posible participación de éste en hechos que, conforme la ley y el Reglamento Interno de la Fundación (en adelante e, indistintamente, RIOHS) se encuadran en la tipificación del acoso laboral, es que el Representante Legal y Presidente del Directorio de la FUNFAVET de ese entonces, nombre reservado resolvió tres medidas al respecto:

La primera de ellas, la separación inmediata de los espacios físicos de la denunciante y denunciado, a fin que entre ellos no tomen contacto directo como medida cautelar;

En segundo lugar, dispuso la designación como investigador al nombre reservado, de conformidad al artículo 54 del RIOHS, para efectos que verifique los hechos denunciados y establezca la autoría de ellos; y En tercer lugar, ordenó la notificación al investigador designado para verificar los hechos denunciados y citar a las personas involucradas, a fin de que ellas den cuenta de sus dichos y proporcionen mayores antecedentes.

Refiere que la decisión de separar a la denunciante del denunciado no es una decisión antojadiza y se funda en el artículo 57 del Reglamento Interno, que dispone que “El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la gerencia, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo”.

Luego, expone el vínculo que une a las partes, precisando que se trata de un contrato a honorarios, regulado por los artículos 2006 y siguientes del Código Civil, donde se estableció una cláusula en que el actor se obliga a respetar el RIOHS de la FUNFAVET, en lo que respecta al orden, higiene y seguridad, además de respetar las “Estipulaciones para Garantizar un Ambiente Laboral Digno y de Mutuo Respeto entre los Trabajadores”, comprometiéndose en consecuencia, a no incurrir en actos atentatorios a la dignidad de los trabajadores de la Fundación, y de cualquier colaborador y aquellas calificadas por el Código del Trabajo como acoso sexual u acoso laboral, y cualquier otra que signifique discriminación arbitraria.

En cuanto a los vicios denunciados durante la investigación, afirma que el investigador designado fue quien llevó a cabo las declaraciones de testigos, el que contó con el apoyo de un tercero, sin embargo, sostiene que siempre se respetó el principio de inmediación del investigador en todas y cada una de las actuaciones del proceso investigativo. Niega que no se haya otorgado la oportunidad al actor para defenderse, puesto que él presentó el 30 de junio de 2022 una declaración de 8 carillas, donde responde las preguntas formuladas por el investigador, además de hacer descargos y agrega que el 8 de julio de 2022 presentó un nuevo escrito también formulando descargos sobre los hechos denunciados. Señala que en el expediente de investigación constan una serie de cartas de apoyo al recurrente, lo cual, para todos los efectos legales, debe ser considerado e interpretado como medios de prueba.

Concluye que en la especie se llevó a cabo el procedimiento conforme al debido proceso y de acuerdo con las normas del Reglamento Interno de la recurrida, el que se dictó en concordancia a las normas contenidas en el Código del Trabajo, Ley N°16.744 y, respetando las garantías constitucionales.

Finalmente, aduce que no se ha afectado la libertad de trabajo del recurrente, ya que no se puso término al vínculo contractual que une a las partes, solo se establecieron medidas para evitar contacto entre el denunciante y el denunciado, sin que haya lesionado, conculcado o afectado garantía fundamental alguna del actor.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en la especie, el recurrente califica de ilegal y arbitrario una serie de irregularidades en la investigación llevada en su contra, que culminó con la dictación de la resolución de 22 de agosto de 2022.

Quinto: Que como primera cuestión, se debe analizar si la presente acción fue interpuesta dentro de plazo en conformidad al numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y, al respecto, los antecedentes que constan en el proceso permiten advertir que el actor presentó su recurso el 5 de noviembre de 2022, constando que tomó conocimiento del acto recurrido, el 23 de agosto de 2022, oportunidad que, con motivo de la celebración de una reunión de directores, el recurrente fue notificado personalmente de la resolución que, en definitiva, se impugna, excediendo el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de modo, que el presente arbitrio resulta extemporáneo.

De este modo, se debe proceder al rechazo del recurso interpuesto por ser claramente extemporáneo.

Sexto: Que a mayor abundamiento, no se advierte la existencia de arbitrariedad o ilegalidad alguna en la investigación interna que la recurrida ordenó instruir por denuncia de acoso laboral de una trabajadora en contra del recurrente, sino que por el contrario un procedimiento regulado en el que el recurrente ha tenido diversas oportunidades para manifestar su postura de acuerdo al mérito de las acusaciones que pesaban en su contra y respecto a las medidas adoptadas inicialmente, entre las cuales está la decisión de separar a la denunciante del denunciado, que es en la que pone mayor énfasis el recurrente, ella no es antojadiza pues tiene por fundamento el artículo 57 del Reglamento Interno.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, nombre reservado, de la Universidad de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Nº26536-2022 Protección Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la ministra señora M. Teresa Díaz Zamora, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Santiago Albornoz Pollmann, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.