nombre reservado CONTRA nombre reservado

En San Miguel, a doce de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada doña Marjorie del Carmen Vásquez Vargas, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales en favor de don nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, en contra de doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, por haber ésta efectuado publicaciones injuriosas respecto de su persona, a través de la red social Facebook, que estima constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera los derechos y garantías consagrados en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 25 de junio de 2019 la recurrida presentó denuncia en contra de don nombre reservado por el delito de abuso sexual de menor de 14 años en perjuicio de la hija de ambos, además de interponer una medida de protección ante el Juzgado de Familia de Pudahuel. Expresa que la denuncia penal fue investigada por la Fiscalía Centro Norte bajo el RUC 1900681391-K, la que se encuentra terminada, no obstante lo cual, la recurrida presentó querella, por lo que se inició una nueva investigación bajo el RUC 1910042284-3, que se encuentra aún vigente. Señala que la solicitud de dicha medida ante el Tribunal de Familia, fue rechazada por sentencia de 13 de diciembre de 2019.

Sostiene que la recurrida en lugar de dejar que la justicia actúe, ha injuriado y calumniado al actor y a su familia, ya que no solo le ha gritado en la calle “pedófilo, violador” entre otros insultos y palabras soeces, sino que el 19 de diciembre de 2019 realizó publicaciones en internet, en la página de Facebook “Registro de Violadores y Abusadores Sexuales Chile”, señalando que el actor es un abusador sexual, que ha abusado de su hija de tres años, llamando a una “funa” por las redes sociales; junto a ello, incluyó una captura de pantalla del perfil de Facebook de éste, donde aparecen todos sus datos personales, además de su fotografía. Precisa que dichas publicaciones aún se encuentran visibles, pudiendo cualquier persona acceder a ella, que ha sido compartida por más de 300 personas y tiene más de 924 comentarios.

Afirma que lo anterior ha provocado que el actor reciba llamados telefónicos, mensajes con amenazas, insultos y descalificaciones, afectando su diario vivir y el de su familia, la que también ha recibido este tipo de llamadas. Agrega que esta situación de difamación causa un grave perjuicio al actor en sus expectativas de trabajo, ya que actualmente busca empleo en la carrera que está terminando de pedagogía en educación física.

Sostiene que la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida vulnera las garantías consagradas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asevera que la referida publicación afecta la integridad psicológica y física del actor, al exponerlo al prejuzgamiento masivo, público y violento, sin fundamento alguno. Asimismo se afecta su derecho a la honra y el derecho a la vida privada, pues se le trata con graves descalificativos en forma pública, afectando la apreciación que terceros pueden hacer de su persona. Igualmente señala que al utilizarse una fotografía de su persona, sin su consentimiento, se le priva del derecho que tiene sobre su imagen. Solicita se ordene a la recurrida cesar en su actuar, elimine todas las publicaciones en el plazo que esta Corte estime pertinente, y que en caso de incumplimiento, se oficie a “Facebook página registro de abusadores sexuales chile”, con el objeto que practique dicha eliminación (de la publicación propiamente tal, de las que la hayan compartido y de las que estén en medio de comunicación masiva). Ello, sin perjuicio de las medidas que en concepto de esta Corte se consideren conducentes para el restablecimiento del Derecho; todo lo anterior con expresa condena en costas.

Segundo: Que en posterior presentación la parte recurrente, señala como nuevos antecedentes que el 25 de enero pasado el actor tomó conocimiento, por medio de vecinos que se habían difundido afiches en las inmediaciones de su domicilio, en los cuales se incluye una fotografía de su persona, sindicándolo como abusador de menores y señalando sus datos personales (número de cédula de identidad, domicilio, lugar donde estudia y lo que estudia), imputándole además otros abusos. Expresa que estos afiches fueron pegados en bancas de la plaza cercana, a la vista de vecinos y de cualquiera persona del entorno. Añade que además la recurrida ha llamado al trabajo de su padre, a su pareja y que continúa profiriendo gritos en su contra en la calle.

Tercero: Que evacúa el informe la abogada doña Fabiola Carolina Aliante Muñoz, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. Reconoce que aquélla interpuso una denuncia en contra del actor, por el delito de abuso sexual en la persona de la hija en común, la que actualmente se encuentra en investigación; y, que asimismo recurrió al Juzgado de Familia de Pudahuel, tribunal que obligó a ambas partes someterse a tratamiento en terapia del comportamiento y que la niña fue derivada al programa PRM de Lo Prado.

Sin embargo, afirma que no es efectivo que su representada haya realizado publicaciones en la red social Facebook, no encontrándose acreditados en forma alguna los hechos señalados en el recurso. En seguida, sostiene que su parte malamente puede justificar hechos respecto de los cuales no le consta su existencia y que no le son imputables. Alega que en relación a la distribución de los panfletos, no existen elementos ni indicios que puedan vincularse con su representada como autora material de los mismos, señalando que en éstos se incluyen datos de dos posibles víctimas, anteriores a los hechos por ella denunciados. Reitera que no hay antecedentes para imputar a la recurrida la confección ni la distribución de aquellos, siendo meras afirmaciones sin fundamento alguno.

Agrega que no se configura la vulneración de derechos que se alega. Ello por cuanto la vulneración de la garantía consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que la publicación que se denuncia de ningún modo puede afectar el trato que le dan sus conocidos y familiares, quienes debieron conocer del problema que enfrentaba con anterioridad, con el ejercicio de las acciones efectuadas a través de los medios formales e institucionales, siendo ello más bien una consecuencia del vivir en sociedad. Asimismo argumenta que dicha publicación, considerando las circunstancias y plataforma en que fue difundida, no es suficiente para vulnerar la honra del recurrente. Argumenta que ésta fue realizada en un grupo específico, no en el perfil del actor, y en este grupo interactúan distintas personas que no se conocen entre sí y en el cual muchas de las publicaciones se pierden porque nadie les da mayor relevancia, ya que se ordenan por popularidad, y además, en estos días, existencia miles de “funas”, de ahí que entiende que “tratándose de personas desconocidas dicha publicación solo les causará una sensación momentánea, siendo prácticamente imposible que les cambie su percepción de una persona que no conocen”. Por último, en cuanto a la afectación al derecho de propiedad, señala que más allá de la discusión de si se reconoce la propiedad de los bienes inmateriales digitales, se debe tener presente que la recurrida no fue quien publicó la fotografía.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Carta Fundamental consagra una acción de protección a quién por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la misma que allí se detallan. De ello se colige que resulta requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que el acto que motiva la interposición de la presente acción constitucional en favor de don nombre reservado, básicamente consiste en publicaciones injuriosas respecto de su persona, en la página de Facebook “Registro de Violadores y Abusadores Sexuales Chile”, señalándose que quién recurre es un abusador sexual, que ha abusado de su hija de tres años que tiene en común con la recurrida, doña nombre reservado, la que ha llamado a una “funa” por las redes sociales, conducta que ha sido negada por ésta última.

Sexto: Que el recurrente en apoyo a lo denunciado por esta vía, acompañó una captura de pantalla de la página “Registro de Violadores y Abusadores Sexuales de Chile” de la red social Facebook.

Séptimo: Que sin desconocer la gravedad de los fundamentos de la presente acción constitucional y de lo escuetamente expresado resulta que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, esto es, la acción cautelar de derechos constitucionales, particularmente porque el acto que se imputa debe acreditarse, esto es, que la recurrida efectivamente incurrió en los hechos denunciados, lo que no ocurre en la especie. En efecto, ponderando los antecedentes que sustentan la presente acción, de conformidad a las reglas de la sana crítica, resultan insuficientes para concluir que doña nombre reservado hizo las publicaciones difamatorias en la página de un tercero, más aún cuando ésta lo niega. De lo que se sigue que los derechos que se pretenden tutelar, no son susceptibles de protegerse por la presente acción constitucional, toda vez que el recurrente no es titular de derechos indiscutidos o indubitados. Ello por cuanto, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. En suma, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo el recurrente de estos autos.

Octavo: Que sobre la base de lo razonado puede concluirse que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, lo que impide que esté en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sra. Liliana Mera Muñoz, que estuvo por acoger la referida acción constitucional, por cuanto, en su concepto, además de encontrarse acreditado el acto ilegal que lo motiva, que en este caso lo constituye la publicación en que se le imputa al actor la comisión de un delito, es posible también tener por establecido que éstas son de autoría de la recurrida, no sólo porque en la publicación en cuestión aparece su nombre al momento de individualizar a quien la escribe, sino porque en ella se hace se hace referencia a la denuncia del delito y la comparecencia a un tribunal de familia, antecedentes que son de índole privada y concordantes con lo que reconoce al informar. En atención a lo anterior, en opinión de esta disidente, la actuación de la recurrida vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, toda vez que las publicaciones en cuestión afectan su honra, de manera que resulta procedente la adopción de medidas para restablecer el imperio del derecho.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Catepillan.

Rol N° 262-2020 PROT.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora María Carolina Catepillán Lobos y señora Liliana Mera Muñoz y el fiscal judicial señor nombre reservado.