nombre reservado CONTRA nombre reservado

Foja: 58 Cincuenta y Ocho San Miguel, veinticuatro de agosto de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 1, con fecha 25 de mayo de 2015, comparece don nombre reservado, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, chilena, se ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad número RUT reservado, buscando protección al derecho fundamental consagrado en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política, por haber la recurrida difundido documentos personales de carácter privado y haberlos utilizado en una denuncia interpuesta en su contra, por falta de probidad, de todo lo cual tomó conocimiento el 8 de mayo del año en curso.

Fundando el recuso aduce que a instancias del Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, el 1 de julio de 2014 asumió el cargo de Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y explica que en razón de su cargo tuvo dificultades con dos funcionarios de su departamento debido al comportamiento de éstos, el abogado Gabriel Parra y el administrativo nombre reservado, a quienes bajó sus notas en las precalificaciones trimestrales que le correspondía efectuar.

Agrega que la recurrida, como Presidenta de FENATS, el 1 de abril lo denunció ante el Jefe Superior del Servicio, Dr. nombre reservado, por maltrato laboral, práctica antisindical y falta de probidad, haciendo expresa defensa de los funcionarios Parra y Pérez, quienes señaló serían víctima de mal trato, acompañando como documentos fundantes de la denuncia, boletas de honorarios emitidas a su nombre por la empresa CE Inversiones S.A., un presupuesto de trabajo y un informe en derecho tributario firmado por él, pero elaborado por un grupo de colegas especialistas en la materia a una empresa que fue cliente suyo cuando ejercía en forma privada, la empresa Industria de Equipamiento Eléctrico Megabarre Chile Limitada, documentos a los que accedió indebidamente y difundió sin su consentimiento ni conocimiento, lo que en su concepto constituye ilícito penal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 A del Código Penal y 2 y 4 de la Ley nº19.223.

Pide se adopten providencias necesarias para restablecer el derecho conculcado y se ordene la restitución de los documentos aludidos y sus copias que estén en poder de la recurrida o terceros, como la Contraloría General de la República, el Servicio de Salud Metropolitano o el Ministerio de Salud.

A fojas 17 informa el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Dr. nombre reservado, quien señala que en la última semana de marzo se reunió con dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats, quienes reclamaron por un supuesto maltrato y persecución gremial por parte del recurrente, a algunos funcionarios y a la recurrida, le pidió explicaciones y lo instó a velar por el irrestricto respeto a los derechos de los dirigentes gremiales y la mantención del buen clima laboral.

Agrega que el 1 de abril recibió la denuncia de la recurrida en contra del recurrente, en los términos antes consignados, lo que fue respondido a la denunciante, después de que le informara el recurrente sobre esos hechos. Sin perjuicio de lo anterior, instruyó investigación sumaria, la que se inició el 21 de abril, designándose Fiscal a la Subdirectora Médica.

El 7 de mayo junto con una recusación, que fue finalmente desestimada, se acompañaron por la denunciante los documentos a que se refiere el recurrente. Dado el carácter de las acusaciones se ordenó instruir sumario por Resolución Exenta Nº823, de 8 de mayo de 2015, y se envió al recurrente en comisión de servicio a otro establecimiento fuera del Servicio de Salud. La misma denuncia se hizo llegar a la Contraloría General de la República, la que pidió informe y fue respondido.

Finaliza indicando que los documentos en cuestión forman parte del sumario administrativo y que éste como la denuncia ante el órgano contralor, se encuentran en curso.

A fojas 45 se encuentra agregada copia del escrito de denuncia que hiciera la recurrida ante la Contraloría General de la República.

A fojas 54 se prescindió del informe de la recurrida.

A fojas 55, encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, que sea aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él.

Además se requiere que la acción u omisión que se denuncia por esta vía provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de los derechos fundamentales protegidos.

Por último, es necesario, también, que esta Magistratura esté en condiciones de adoptar alguna medida para restablecer el imperio del derecho, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Tercero: Que los documentos a que alude el recurrente – y que según reconoció en estrado, son meras copias- se encuentran acompañados a un sumario administrativo y sirven de fundamento a la denuncia cuya efectividad se está investigando administrativamente.

Y según ilustró a esta Corte el recurrente en estrado, por su parte, el 3 de junio recién pasado, por estos mismo hechos, interpuso querella en contra de la recurrida, entre otros, y de todos los que resulten responsables, atribuyéndole la comisión del ilícito contemplado en el artículo 161 A del Código Penal y artículos 2 y 4 de la Ley nª19.223, la que fue admitida a tramitación por el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago, incoándose la causa RUC 1510019055-6, RIT 4675-2015.

Cuarto: Que de lo anterior fluye que el asunto sometido a conocimiento de este tribunal se encuentra actualmente bajo el imperio del derecho, ya que el recurrente acudió a la sede competente y en el procedimiento que señala la ley.

Quinto: Que, por las razones antes dadas, el presente recurso de protección de derechos fundamentales, debe ser desestimado, sin perjuicio de otros derechos que le asistan a las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado sobre la materia, de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección entablado en lo principal de fojas 1, sin perjuicio de otros derechos que le asistan a las partes.

Redactó la Ministra señora Sylvia Pizarro Barahona.

Regístrese, comuníquese, notifíquese, y archívense en su oportunidad.

Nº262-2015 Prot.

Pronunciada por las Ministras señora Sylvia Pizarro Barahona y señora Liliana Mera Muñoz y Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

En San Miguel, veinticuatro de agosto del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.