nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, en favor de Yohesdans nombre reservado, ciudadano venezolano, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del extranjero, de 9 de junio de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 4 de junio de 2025 el actor solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando el contrato de trabajo que especifica la exención de cotizaciones, el título profesional apostillado y verificable, la cédula de identidad vigente y la constancia del seguro social de su país de origen.

Añade que el 9 de junio pasado fue notificado del rechazo de su solicitud, fundado en que “No se acompaña Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (…)”.

Indica que, atendido lo resuelto, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la que indicó que debía acompañar el documento emitido por la entidad competente, debidamente apostillado o legalizado.

Sostiene que es un hecho público y notorio la circunstancia de encontrarse suspendidos de manera indefinida los trámites ante Embajada de Venezuela en Chile, por lo que se encuentra imposibilitada de cumplir con lo solicitado.

Estima haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, imponiéndosele una condición imposible de cumplir, lo que constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Afirma que el recurrente sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de seguros Sociales.

Denuncia que la negativa de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, se reconozca como válida la documentación acompañada, se instruya a la recurrida a seguir con la tramitación de la petición y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Sostiene que AFP Planvital que rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente presentó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “declaración bajo fe de juramento”, documentos que no cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente.

Detalla que la Superintendencia de Pensiones ha establecido Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, durante todo el tiempo trabajado con el empleador en Chile.

Finalmente, indica que para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso, AFP Planvital ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce a la recurrente.

Tercero: Que, asimismo, informa la Superintendencia de Pensiones y detalla que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterados en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Afirma que, como se evidencia tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que la declaración jurada no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Por su parte, agrega que la constancia electrónica de cotizaciones tampoco acredita aquello, dicho documento tampoco señala las coberturas del actor ni se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado.

Finalmente, sostiene no contar con antecedentes sobre la situación previsional del recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Sexto: Que La Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por una entidad de su país de origen –documento no legalizado ni apostillado– y una “Declaración Jurada”, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Además, la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Undécimo: Que, finalmente, cabe hacer presente que los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de Yohesdans nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2619-2025 Protección