nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, trabajadora dependiente, interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente informar para descuento el crédito que mantiene con la recurrida en su remuneración de junio de 2025 habiendo optado ésta por el cobro mediante la vía civil, vulnerando así los derechos constitucionales consagrados en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrida le otorgó un crédito mediante la suscripción del pagaré N°1311075217, el 7 de noviembre de 2018, por la suma de $2.551.958 más los intereses correspondientes. Refiere que el capital e intereses se pagarían en 36 cuotas mensuales y sucesivas, con fecha de vencimiento el último día hábil de cada mes, siendo el primer vencimiento en diciembre de 2018.

Señala que, debido a un periodo de cesantía, no pudo cumplir con su obligación, razón por la que fue demandada judicialmente por la recurrida ante el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo en causa Rol C-4783-2020.

Refiere que en dicha instancia se señaló que se encontraba en mora desde julio de 2018, fecha en que venció la cuota N°8 adeudando las 29 restantes, precisando que la ejecutante aceleró el crédito exigiendo el pago de la totalidad de lo adeudado, solicitando se despachara en su contra mandamiento de ejecución y embargo por un total de $3.399.155 por concepto de saldo de capital adeudado, más los intereses correspondientes. Así, sostiene que la demandante, y recurrida en estos autos de protección, hizo uso de la cláusula de aceleración, expresa e inequívocamente, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta que ascendía a $3.399.155.

Adiciona que fue informada a través del área de recursos humanos de su actual empleador, que la planilla de junio de 2025 presentada un descuento originado por la recurrida, ascendente a la suma de $104.745 por concepto de un “crédito personal nombre reservado”, lo que constituye una apropiación ilegítima de sus remuneraciones prescindiendo del procedimiento ya iniciado. Añade que acudió a las oficinas de la recurrida a solicitar información sobre la supuesta morosidad, negándose a entregarle mayores antecedentes.

Agrega que la recurrida ha sido además negligente respecto de su acción de cobro, pues solo ingresó la demanda ejecutiva y la notificó, pero luego ha dejado transcurrir el tiempo sin realizar gestiones, no se ha intentado el cobro extrajudicial ni se han propuesto soluciones para la regularización de la deuda.

Estima que el actuar de la recurrida es un abuso del derecho, toda vez que habiendo optado por ejercer el cobro mediante la vía jurisdiccional ahora lo pretende mediante el descuento de sus liquidaciones de sueldo, aprovechándose de un beneficio que le otorga la Ley N°18.833 para el caso del cobro oportuno de un crédito. Añade que nunca fue informada de manera previa de los descuentos que se realizarían.

Argumenta que en la especie se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida actúa irrogándose un derecho de prensa amplio que excede sus facultades legales. Asimismo, denuncia que se afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Finalmente, esgrime que se afecta la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al no tener conocimiento respecto del origen de la deuda de autos.

Solicita se declare que los descuentos informados y percibidos son ilegales y arbitrarios, se ordene el reintegro de los descuentos aplicados en la remuneración de junio de 2025 y se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar o informar descuentos en sus remuneraciones, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Ericka Vera Ohberg, abogada en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada.

Indica que el 7 de noviembre de 2018 se otorgó un crédito social a la recurrente por la suma de $2.500.000, pagadero a una tasa de 2,33% en 36 cuotas mensuales de $105.503, quedando registrada la operación bajo el folio 1311075217.

Precisa que la actora pagó únicamente las 7 primeras cuotas del crédito, incurriendo en mora desde el 10 de agosto de 2019. Señala que una vez advertida la circunstancia de que el crédito se encontraba moroso, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes, entre ellos, la incorporación del crédito en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas mediante descuento en las remuneraciones del deudor, tanto por la Caja acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte del sistema integrado de recaudación denominado “Intercajas”.

Manifiesta que, en cumplimiento de la normativa aplicable, particularmente el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, se debió deducir la correspondiente demanda ejecutiva en contra de la deudora, dándose de esa forma inicio al proceso judicial tramitado bajo el Rol C-4783-2020 del 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, la que se encuentra archivada desde el 22 nombre reservado de 2021, luego de que la deudora se opusiera a la traba de embargo de bienes de su propiedad.

Afirma que, al demandar a la recurrente, no ha hecho más que dar cumplimiento a la legislación vigente al tenor del 3.1.17.2, del Libro III del Compendio referido. Al efecto, sostiene que en la especie se verifica la existencia de un crédito social vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 resulta plenamente procedente, en concordancia con lo estatuido en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Hace presente que, si se le compara con el cumplimiento forzado de la obligación por medio de un juicio ejecutivo, el descuento del valor de la cuota efectuado mensualmente en las remuneraciones de la actora resulta ser un mecanismo de cobro mucho más beneficioso para ella.

Añade que en la cláusula 10 del pagaré, la deudora otorgó mandato y facultó a su empleador para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda.

Finalmente, detalla que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se ha dispuesto el cese del cobro del crédito y la restitución de la suma descontada en su remuneración de junio de 2025.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, de lo expuesto por ambas partes, la cuestión debatida en autos se circunscribe a determinar si el descuento efectuado por la Caja de Compensación en la remuneración de la recurrente, en el marco de un crédito social previamente otorgado y actualmente en cobro judicial, constituye un acto ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales de la actora o si, por el contrario, dicho descuento obedece al mecanismo legal previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, resultando por ende legítimo su ejercicio.

Quinto: Que según consta de los antecedentes incorporados la recurrida demandó judicialmente en procedimiento ejecutivo a la actora de autos en la causa Rol C-4783-2020, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, por la misma deuda que motiva esta acción cautelar.

Sexto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación deben ser deducidas de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora y remesadas a la Caja acreedora conforme a las normas que rigen el pago de cotizaciones previsionales, en el caso de autos la Caja optó por judicializar el cobro, excluyéndolo del ámbito extrajudicial que ahora pretende retomar, al reactivar los descuentos a través del empleador del recurrente.

Tal proceder resulta arbitrario, pues implica reactivar un mecanismo de cobro excepcional conferido por la ley para situaciones específicas, condición que no se cumple en la especie. Al haber optado por la vía judicial, la recurrida renunció a utilizar el mecanismo extrajudicial del artículo 22, el cual, en razón de su carácter excepcional, debe interpretarse y aplicarse restrictivamente. En consecuencia, no le asiste la facultad de perseguir el cobro simultáneamente por ambas vías.

Séptimo: Que, conforme al principio de sujeción a la Constitución y a las leyes, la recurrida –en cuanto entidad que ejerce una función pública asistencial– debe actuar de manera motivada y racional. Por ello, estaba obligada, al menos, a comunicar previamente al recurrente sus decisiones, y no proceder de forma sorpresiva, haciendo uso abusivo de una potestad unilateral prevista en la ley y en el contrato, sin considerar la legítima expectativa del trabajador de percibir íntegramente sus remuneraciones.

Una vez elegida la vía judicial, la Caja queda impedida de ejercer el mecanismo previsto en el artículo 22, ya que, además, su actuar priva al recurrente del derecho a ejercer defensa patrimonial en sede judicial. Ello no obsta a que pueda ejercer las acciones ordinarias que le confiere el ordenamiento jurídico para perseguir el cumplimiento de la obligación.

Octavo: Que el actuar arbitrario de la recurrida importa la vulneración del derecho de la actora consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, desde que afecta su patrimonio, reduciendo el monto del dinero que le corresponde percibir por su trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar efectuando descuentos a las remuneraciones de la recurrente para el cobro del crédito social individualizado y se dispone que la Caja deberá restituir los montos indebidamente descontados, sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro por la vía judicial correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2617-2025 Protección