nombre reservado con nombre reservado

C.A. de San Miguel San Miguel, trece de enero de dos mil veintiséis Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Seguridad Humana de la Ilustre Municipalidad de La Pintana, impugnando como acto ilegal y arbitrario la decisión de no renovar su contrato de prestación de servicios a honorarios, decisión que le fue comunicada mediante correo electrónico enviado el día 30 de junio de 2025 a las 19:22 horas, por el Subdirector de Seguridad Humana, don nombre reservado, esto es, con posterioridad al término de su jornada laboral.

Expone el recurrente que se desempeñó de manera continua e ininterrumpida desde el 6 de marzo de 2023 hasta el 30 de junio de 2025 en la Dirección de Seguridad Humana de la Municipalidad recurrida, primero como abogado y mediador familiar y posteriormente como Coordinador del Programa Defensoría Comunal, programa municipal de carácter permanente, con más de diez años de funcionamiento, presupuesto municipal propio y dependencia directa de la Dirección referida. Señala que durante todo dicho período prestó servicios bajo subordinación y dependencia, cumpliendo horarios, utilizando dependencias e insumos municipales, sometido a supervisión jerárquica directa, rindiendo informes periódicos y recibiendo instrucciones funcionales constantes, circunstancias que —a su juicio— desnaturalizan la figura del honorario y permiten asimilar su vínculo a una contrata administrativa o incluso a una relación laboral, conforme al principio de la primacía de la realidad.

Sostiene que la decisión de no renovación constituye un acto ilegal, por cuanto no se ajustó al procedimiento y solemnidades establecidas en la cláusula décimo sexta del contrato de prestación de servicios, que exigía aviso previo con treinta días de anticipación, comunicación formal por carta certificada o memorándum fundado, visación de la autoridad competente y notificación al Departamento de Recursos Humanos, lo que en la especie no ocurrió. Añade que la decisión fue adoptada sin la dictación de un acto administrativo formal y fundado, infringiendo los artículos 3°, 11 y 41 de la Ley N°19.880, que consagran el deber de motivación de los actos administrativos que afecten derechos de los particulares, así como los principios de publicidad, transparencia y juridicidad.

Asimismo, califica el acto como arbitrario, al carecer de razonabilidad y proporcionalidad, pues la única explicación verbal entregada fue la supuesta “reevaluación del perfil del cargo”, sin antecedentes objetivos que den cuenta de un desempeño deficiente, máxime cuando durante toda la relación contractual no existieron reparos a su labor, siendo visados mensualmente sus servicios y autorizados sus pagos. Refiere que la arbitrariedad se ve reforzada por el contexto en que se adopta la decisión, toda vez que el recurrente había sido recientemente sobreseído en un procedimiento administrativo instruido conforme a la Ley N°21.643 (Ley Karin), iniciado por denuncias de acoso laboral formuladas por funcionarias del programa, procedimiento que concluyó sin establecer responsabilidad de su parte, aunque con una recomendación general y preventiva de evaluar la continuidad de los prestadores del programa, siendo, sin embargo, el único desvinculado, lo que —a su juicio— configura una medida discriminatoria y eventualmente represiva.

Desde el punto de vista constitucional, denuncia la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. En particular, sostiene que la decisión impugnada ha afectado su integridad psíquica, atendida la incertidumbre laboral generada y el impacto personal y familiar del término abrupto del vínculo; la igualdad ante la ley, al recibir un trato diferenciado respecto de los demás integrantes del Programa Defensoría Comunal cuyos contratos fueron renovados; el debido proceso, por cuanto la decisión fue adoptada sin procedimiento previo, sin audiencia, sin posibilidad de defensa y sin acto administrativo formal; la honra, al proyectarse internamente una imagen negativa e injustificada de su desempeño; y el derecho de propiedad, tanto respecto de las remuneraciones futuras derivadas de un vínculo que estima protegido por la confianza legítima, como de prestaciones pendientes tales como feriado proporcional, días administrativos y horas compensadas.

Invoca, asimismo, la doctrina de la confianza legítima, señalando que la reiteración sistemática de contratos durante más de dos años y cinco meses, bajo la misma administración comunal, generó una expectativa razonable de continuidad que solo podía ser defraudada mediante una decisión debidamente fundada y razonable, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y a fallos de la Excma. Corte Suprema. Cita, además, jurisprudencia reciente del máximo tribunal que reconoce la aplicación del Código del Trabajo a relaciones formalmente pactadas a honorarios cuando concurren elementos de subordinación y dependencia, reforzando la tesis de la ilegalidad y arbitrariedad del actuar municipal.

Concluye solicitando que se declare que la decisión de no renovación y el correo electrónico que la comunica constituyen un acto ilegal y arbitrario, que se deje sin efecto dicha determinación y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas, incluyendo su reincorporación o la adopción de medidas equivalentes Segundo: Que comparece doña Claudia Ramírez Krause, abogada, en representación del recurrido don nombre reservado, evacuando informe y solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, por estimar que el acto impugnado no reviste carácter ilegal ni arbitrario.

Expone que el recurrente fue contratado exclusivamente bajo la modalidad de honorarios, al amparo del artículo 4° de la Ley N°18.883, para el desempeño de funciones específicas en programas municipales determinados, contratos todos ellos pactados a plazo fijo, cuya vigencia y término se encontraban expresamente establecidos en los respectivos decretos alcaldicios y contratos de prestación de servicios. Detalla que la última modificación contractual, aprobada mediante Decreto N°1930/2025, fijó expresamente como fecha de término el 30 de junio de 2025, circunstancia conocida y aceptada por el propio recurrente.

Sostiene que el término del vínculo se produjo por el solo vencimiento del plazo convenido, sin que la normativa aplicable exija la dictación de un acto administrativo fundado adicional para disponer la no renovación de un contrato a honorarios, ni exista obligación legal de perseverar en la contratación una vez expirado dicho plazo. Invoca, al efecto, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República que reconocen la amplia facultad de la Administración para contratar y no renovar prestadores a honorarios, así como la inexistencia de derechos adquiridos a la renovación.

En cuanto a la alegación de confianza legítima, señala que dicha doctrina no resulta aplicable en la especie, toda vez que, conforme a la jurisprudencia uniforme del máximo tribunal, se requiere una permanencia significativamente mayor —en torno a cinco años— para su configuración, requisito que el recurrente no cumple. Añade que la reiteración de contratos a honorarios, por sí sola, no transforma su naturaleza jurídica ni genera estabilidad funcionaria.

Respecto de las denuncias de discriminación, indica que el recurrente no se encontraba en la misma situación que los demás integrantes del programa, por cuanto ejercía el cargo de Coordinador, con mayores responsabilidades y exigencias, lo que justifica un trato diferenciado sin que ello constituya vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. Asimismo, descarta toda represalia vinculada al sumario administrativo, precisando que dicho procedimiento concluyó con un sobreseimiento y que la recomendación de evaluar la continuidad de los prestadores fue de carácter general y preventivo.

Finalmente, sostiene que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas, pues no existe afectación al derecho a la integridad psíquica, al debido proceso ni al derecho de propiedad, desde que el recurrente solo tenía una expectativa de renovación y no un derecho cierto sobre la continuidad del vínculo contractual, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto otorgar tutela inmediata ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales. Para ello, debe configurarse un acto u omisión que carezca de fundamento legal o racional y que afecte una garantía constitucional protegida por dicho precepto.

Cuarto: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2°, incisos segundo y tercero, de la Ley N° 18.883, los empleos a contrata tienen carácter transitorio y duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, cesando por el solo ministerio de la ley, salvo que se disponga su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. Lo anterior se reitera en el artículo 5 letra f) del mismo texto legal.

Quinto: Que en la especie consta, según lo informado y los antecedentes acompañados, que mediante Decreto N°1930/2025, de 13 de mayo de 2025, se nombró al actor como funcionario a contrata, hasta el 30 de junio del mismo año, lo que implica que la fecha de cese del vínculo laboral fue establecida en el propio acto de nombramiento.

Sexto: Que, de conformidad con la normativa vigente, en los casos en que la duración de la contrata se encuentra expresamente establecida en el acto administrativo de nombramiento, no resulta exigible dictar una nueva resolución de término ni su notificación, toda vez que el vínculo expira por el solo ministerio de la ley, y el funcionario está en conocimiento del plazo de duración de su nombramiento.

Séptimo: Que, como lo ha señalado la recurrida en su informe, no existe acto administrativo que prorrogue la contrata del recurrente con posterioridad al 30 de junio de 2025, toda vez que el último decreto dictado expresamente fijó esa fecha como límite del vínculo laboral. Conforme a lo prevenido en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 12 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los actos de la administración deben expresarse por escrito, sin que existiera documento alguno que anunciara la prórroga de la contratación del actor. Por consiguiente, no puede pretenderse la existencia de una renovación tácita ni derivar de ello efectos jurídicos en su favor.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación implícita de “confianza legítima”, que la recurrida entiende invocada por el recurrente, pese a no argumentarla en su libelo, cabe señalar para mayor abundamiento, que dicha figura ha sido delineada tanto por la Contraloría General de la República como por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, exigiendo como mínimo cinco años de continuidad en funciones a contrata. Así lo ha establecido esta última en fallo de unificación Rol N° 13.576-2024, que señaló que solo después de transcurrido ese período puede exigirse a la Administración un estándar reforzado de motivación al momento de decidir no renovar el vínculo. En el caso de autos, el actor no cumple con dicho requisito temporal, motivo por el cual no le asiste el derecho a invocar dicha doctrina, y la expiración de su contrata se ajustó a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente.

Noveno: Que lo razonado en los fundamentos anteriores permite concluir que la expiración del vínculo contractual del recurrente operó válidamente por el solo ministerio de la ley al cumplirse el plazo establecido en el decreto de nombramiento.

Décimo: Que, por lo antes indicado, el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no constituye una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede, puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello, mediante las correspondientes acciones de lato conocimiento Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Seguridad Humana de la Ilustre Municipalidad de La Pintana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2611-2025