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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2604-202523 oct 2025

nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

Fecha
23 de octubre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Cuarta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 2604-2025, sentencia de 23 de octubre de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Municipalidad de Lo Espejo: la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible se ajustó al artículo 148 del Estatuto Administrativo, tras el pronunciamiento de la COMPIN sobre recuperabilidad. Hubo voto en contra.

Texto íntegro

C.A. de San Miguel San Miguel, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco A los escritos folios N°12 y 13: téngase presente.

Al escrito folio N°14: a lo principal, téngase presente; al otrosí, A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Alejandra Hidalgo Erazo, abogada, deduce recurso de protección en favor de nombre reservado nombre reservado, ex funcionaria, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por su alcaldesa Javiera Paz Reyes Jara, ambos domiciliados domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en declarar vacante el cargo que poseía como “Funcionario de Planta Auxiliar grado 15” por salud incompatible con el desempeño del mismo, mediante Decreto Alcaldicio Nº2412 del 3 de junio de 2025, lo que ha privado, perturbado y/o amenazado los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto el mismo, reincorporando a la recurrente al servicio, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con costas.

Expone que su representada se ha desempeñado como funcionaria por más de 19 años, pero que el 6 de junio último se enteró de la decisión del cese de sus funciones por salud incompatible con el cargo, al haber hecho uso de licencia médica por 528 días en los últimos dos años, lo que la tomó por sorpresa ya que la COMPIN, mediante Resolución Nº146028 de 21 de marzo de 2025, decretó que su salud es recuperable. Destaca que dedujo recurso de reposición en contra de dicha decisión, el cual fue desestimado.

Agrega que, si bien acumula una gran cantidad de días de licencia médica, estas se deben a causas acreditadas ya que en el año 2014 fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor, siendo tratada con psicólogo y psiquiatra, manteniéndose en su hogar por todo el periodo referido.

Refiere que, de este modo, la decisión de declarar vacante su cargo se torna en ilegal y arbitraria, ya que su salud es recuperable y, al generar una incertidumbre respecto a su fuente de ingresos, agrava su cuadro médico. Además, el acto administrativo adolece de falta de fundamentación, ya que los hechos en los cuales se funda no son claros, sino que vagos, imprecisos y genéricos, no cumpliendo con el estándar mínimo que requiere dicha actuación.

Destaca que la decisión adoptada vulnera, en primer lugar, lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que, de la lista de 22 funcionarios con más de 180 días de licencia médica, solo han sido desvinculados 6 de éstos, existiendo de este modo una arbitrariedad en la decisión adoptada. Además, respecto de otros funcionarios que dedujeron el recurso de reposición, la recurrida aplicó un criterio diferente ya que éste fue acogido, siendo reintegrados en sus funciones.

Señala que, además, la decisión adoptada vulnera el derecho a la propiedad contenido en el artículo 19 Nº24 del cuerpo legal ya citado, ya que al encontrarse la recurrida dentro de un régimen de planta, no cabe duda de que se afecta patrimonialmente la recurrente, privándola de sus ingresos y de la propiedad sobre el cargo.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos expuestos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Gastón Abarca Martínez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, que efectivamente la funcionaria recurrente fue desvinculada del cargo que detentaba.

Destaca, en ese sentido, que por medio del oficio N°100/158/2025 de 4 de marzo de 2025, se dirigió una solicitud a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Subcomisión Sur, a fin de evaluar y pronunciarse respecto de las condiciones de recuperabilidad e irrecuperabilidad de la salud de 22 funcionarios del municipio, dado el listado de licencias médicas de las que han hecho uso entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2025. En ese contexto, la entidad consultada refirió que, respecto a la actora, registraba 528 días de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años, lo que es reconocido por ésta. De este modo, la recurrente reconoce expresamente la hipótesis contemplada en el artículo 148 de la Ley Nº18.883, configurándose por lo tanto los elementos necesarios para estimar que su representada puede ejercer sin impedimentos su facultad de declarar su salud incompatible con el cargo que desempeña.

Agrega que, por lo anterior, el acto administrativo contiene motivación suficiente para fundar la vacancia del cargo. En ese sentido, el informe de la COMPIN sobre la recuperabilidad o irrecuperabildiad de la salud del servidor es determinante para que el alcalde pueda ejercer la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible. De este modo, el presente recurso busca que su representada cumpla un estándar más allá del establecido en nuestra legislación para efectos de aplicar la facultad contenida en la Ley Nº18.883, ya que la declaración del artículo 148 de dicho cuerpo legal no requiere que el Municipio fundamente el por qué la salud de la funcionaria no es compatible con el cargo.

Finalmente, refiere que en base a lo expuesto, la decisión adoptada no es ilegal, ya que se fundamenta en una facultad que se encuentra contemplada por nuestra legislación, no existiendo por lo tanto vulneración a las garantías fundamentales reclamadas por la actora, ya que respecto a la igualdad ante la ley, no existe una diferencia entre la recurrente y los otros 22 funcionarios referidos, ya que respecto de todos se adoptó la misma decisión. Tampoco se vulnera el derecho a la propiedad, ya que el reconocimiento de la actora de encontrarse en la causal de cesación de sus funciones, no puede entenderse como que la misma vulnere el derecho alegado.

Pide que se rechace el recurso en los términos expuestos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el Decreto Alcaldicio Nº2412 del 3 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que en su artículo 147 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. El solo hecho de contar con una calificación y certificación de discapacidad de conformidad con la ley N°20.422 y/o ser asignataria de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, no configurará esta causal…”

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal establece que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En caso de discapacidad sobreviniente, calificada y certificada según la ley N°20.422, la evaluación que realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior deberá considerar la condición de salud de la persona en relación con el cargo específico que desempeña, indicando si podrá continuar realizando las labores respectivas.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la recurrida a través del Decreto Alcaldicio Nº2412 del 3 de junio de 2025, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur mediante Resolución Nº146028 de 21 de marzo de 2025 declaró recuperable la salud de la recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 528 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales precedentemente transcrito. De lo que necesariamente se sigue, que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Octavo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió en virtud de lo estatuido en el artículo 148 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Noveno: Que conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Roberto Contreras, quien fue del parecer de acoger el presente recurso, dejando sin efecto el decreto dictado y ordenando la reincorporación de la recurrente en base a las siguientes consideraciones:

1° Que el ordenamiento jurídico vigente considera especialmente relevante la fundamentación del ejercicio de una potestad pública, que no por ello se encuentra exenta, del control jurisdiccional para determinar, en su mérito, si se encuentra sustentada la normativa legal pertinente, de tal modo que la ausencia de justificación configura precisamente una transgresión normativa.

2° Que, del mismo modo, la sola declaración de recuperabilidad de la salud por el organismo pertinente, sin ponderación de la compatibilidad con el cargo específico de que se trata, resulta insuficiente para el ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°2604-2025 Protección.