nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, once de noviembre de dos mil veinticinco Al folio 12: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Comparece Alejandra Hidalgo Erazo, abogada, en representación de nombre reservado, exfuncionario de la Municipalidad de Lo Espejo, para interponer recurso de protección en contra de dicha entidad, representada por su alcaldesa doña Javiera Paz Reyes Jara, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°2418 de 3 de junio de 2025, que declaró vacante su cargo de planta grado 12, por salud incompatible con el desempeño de sus funciones.

Expone que se desempeñó por más de 22 años al servicio del municipio y que la medida impugnada le fue notificada el 6 de junio de 2025, fundándose en el uso de licencias médicas por 229 días dentro de un período de dos años.

Alega que dicha decisión es arbitraria e ilegal, toda vez que la COMPIN, mediante resolución N°146030 de 21 de marzo de 2025, determinó que su salud es recuperable, y que parte de las licencias invocadas –31 días– corresponden a enfermedad profesional validada por la Mutual de Seguridad, por lo que no debieron computarse para efectos del artículo 151 de la Ley N°18.834.

Agrega que incluso mantiene apelaciones pendientes respecto de otras licencias de origen laboral, por lo que el total de días cuestionados se encuentra indebidamente calculado. Sostiene que la autoridad actuó sin fundamentación suficiente, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, al no explicitar las razones de hecho y de derecho que justificaran la declaración de vacancia, afectando sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la propiedad (artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución). Indica que existen otros 22 funcionarios en situación análoga con licencias superiores a 180 días, de los cuales sólo seis fueron desvinculados, configurándose una discriminación arbitraria.

Añade que, mientras su recurso de reposición fue rechazado, otros funcionarios en igual condición lograron su reincorporación. Refiere además que la medida vulnera el criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema (roles N°29.736-2019, N°33.767-2019, N°76.602-2020, entre otros), que exige respetar el pronunciamiento de la COMPIN sobre la recuperabilidad de la salud y prohíbe declarar vacancia si esta ha sido considerada recuperable.

Afirma que la Municipalidad incurrió en abuso de su potestad discrecional, apartándose de los fines legales y principios que rigen la Administración.

Solicita que deje sin efecto el acto recurrido, se ordene su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones y beneficios desde la separación hasta la efectiva reincorporación, además de las costas.

Segundo: Que evacúa informe don Gastón Abarca Martínez, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección. Explica que mediante Oficio N°100/158/2025, de 4 de marzo de 2025, la alcaldesa remitió a la COMPIN Subcomisión Sur antecedentes de 22 funcionarios municipales, entre ellos la recurrente, para evaluar su condición de salud. La Resolución Exenta N°146030 de 21 de marzo de 2025, emitida por el SEREMI de Salud, determinó que la salud del funcionaria era recuperable. Asimismo, consta que el recurrente hizo uso de licencias médicas por más de 229 días en un lapso superior a seis meses dentro de los últimos dos años, configurándose la hipótesis del artículo 148 de la Ley N°18.883, que faculta al alcalde para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible. Sostiene que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente motivado y fue dictado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley N°19.880, descartando arbitrariedad o ilegalidad. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República —N°E188441 de 2022 y N°E527522 de 2024— que reconocen que, cuando la COMPIN declara la salud como recuperable, la autoridad puede ejercer la atribución de considerar la salud incompatible con el cargo. Asimismo, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (sentencia de 25 de enero de 2024), que ratifica dicha facultad de los jefes de servicio y alcaldes.

Agrega que no existe desviación de poder ni discriminación, pues el procedimiento se aplicó del mismo modo a otros 22 funcionarios municipales en idénticas condiciones. En cuanto a las garantías invocadas, sostiene que no se vulnera la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad, ya que el decreto impugnado responde a una causal objetiva y legalmente prevista, y el supuesto derecho a la estabilidad funcionaria carece del carácter de indubitado, requisito exigido para la protección constitucional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el Decreto Alcaldicio que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba el actor, por salud incompatible.

Quinto: Que el decreto referido previamente señala : “… Que el funcionario don nombre reservado, ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años , de a cuerdo al informe de licencias médicas del periodo informado entre el 1 de enero de 2023 a 1 de enero de 2025, con un total de 229 días de licencia médica autorizadas, emitido por el Departamento de Personal” y “…Declárese que don nombre reservado… tiene salud incompatible con el desempeño del cargo …”

Sexto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que en su artículo 147 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. El solo hecho de contar con una calificación y certificación de discapacidad de conformidad con la ley N°20.422 y/o ser asignataria de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, no configurará esta causal…”

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal establece que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En caso de discapacidad sobreviniente, calificada y certificada según la ley N°20.422, la evaluación que realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior deberá considerar la condición de salud de la persona en relación con el cargo específico que desempeña, indicando si podrá continuar realizando las labores respectivas.”

Séptimo: Que, como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la recurrida.

Octavo: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 229 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales precedentemente transcrito. De lo anterior resulta, sin otros antecedentes que ponderar, que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud del recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratado y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación del recurrente relativa a que parte de las licencias médicas invocadas –equivalentes a treinta y un días– corresponderían a una enfermedad profesional validada por la Mutual de Seguridad, motivo por el cual no debieron computarse para los efectos del artículo 151 de la Ley N°18.834, además de señalar que mantiene apelaciones pendientes respecto de otras licencias de origen laboral, cabe señalar que, en primer término, aun en la hipótesis planteada por la recurrente, igualmente concurren los presupuestos legales que habilitan la aplicación de la causal contemplada en el citado artículo 151 de la Ley N°18.834, y por otra parte no se acompañaron antecedentes que permitan tener por acreditada dicha aseveración.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud del funcionario no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Décimo primero: Que en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°2602-2025 Protección.