nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, nueve de agosto de dos mil veinticuatro Vistos:

nombre reservado, bombero, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución administrativa de 31 de marzo de 2024, pronunciada por el nombre reservado, que impone al actor la sanción de suspensión de toda función bomberil por un lapso de 120 días corridos, contado desde el 1 de abril del año en curso. Indica que el acto cuestionado vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 3° incisos quinto y sexto, y 4°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala el recurrente que ingresó en calidad de bombero voluntario al nombre reservado hace aproximadamente cuatro años, teniendo siempre una conducta intachable. Añade que se ha caracterizado por cumplir cabalmente con los valores éticos y morales de la institución, tratando de ser siempre un ejemplo para sus pares.

Relata que en el mes de marzo del año en curso tomó conocimiento de eventuales desvíos de dineros de la institución que involucrarían al director y al capitán de la Tercera Compañía, señores nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades del nombre reservado.

Agrega que el 31 de marzo de 2024, a través de la lectura a viva voz ante todos los demás funcionarios del nombre reservado, se le informó que, en sesión extraordinaria de 27 del mismo mes, se dictó una resolución en su contra, suspendiéndolo de toda función bomberil por el tiempo señalado más arriba, a pesar de haberse confirmado los hechos denunciados, sin que se le hubiese entregado copia de aquélla.

Indica el actor que la resolución es arbitraria e ilegal, pues señala que se ha acreditado la veracidad de la denuncia realizada, sin sancionar a los culpables, pero estableciendo una pena en su contra por haber “reconocido” que obtuvo de manera ilícita los audios que dan cuenta de los hechos denunciados desde el computador personal del capitán, vulnerando así su privacidad, lo que no es efectivo.

Explica que los referidos audios fueron obtenidos desde el computador público del nombre reservado, al que todos los que prestan servicio en el lugar tienen libre acceso.

Concluye mencionando las garantías fundamentales que estima conculcadas, indicando que se vulneró el debido proceso, pues no fue sometido a ningún procedimiento ni sumario para establecer su responsabilidad.

Pide que se deje sin efecto la resolución impugnada y que se ordene el cese de cualquier acto u omisión que coarte o limite sus derechos.

Informa al tenor del recurso don nombre reservado, abogado, por el nombre reservado, representado por don nombre reservado, e indica que el nombre reservado es una Corporación sin fines de lucro, jerárquica y disciplinada, cuyo fin de servicio de utilidad pública tiene por objeto proteger la vida y propiedades contra incendios. Su personalidad jurídica y estatutos fueron aprobados mediante Decreto del Ministerio de Justicia N° 540, de 30 de marzo de 1970, publicado en el Diario Oficial N° 27.624, de 18 de abril del mismo año. Agrega que la corporación se rige por las disposiciones de la Ley N° 20.564; las contenidas en el Decreto del Ministerio de Justicia N° 95, de año 2013, y por las disposiciones contenidas en el Titulo Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil, en lo que sea compatible con sus fines, naturaleza jerárquica y disciplinada. Se rige también por las normas contenidas en el Estatuto y en el Reglamento del nombre reservado.

Explica el recurrido que la referida corporación se organiza a través de un Directorio junto con las Compañías que estime necesarias para el buen servicio. El Directorio General del nombre reservado se encuentra constituido por los oficiales generales de la institución, por los directores honorarios del nombre reservado, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto, y por los directores de Compañía. Señala que son oficiales generales el superintendente, el vicesuperintendente, el comandante, un segundo comandante, el tesorero y el secretario general.

Añade que el Superintendente es el jefe superior del nombre reservado, quien lo representa judicial y extrajudicialmente y debe velar por los intereses generales de la institución y hacer cumplir los acuerdos del Directorio, entre otras obligaciones (artículos 24 de los Estatutos del nombre reservado y 25 de su Reglamento General).

Razona que el procedimiento sancionatorio realizado en contra del recurrente se ejecutó con estricto apego a lo establecido en el Reglamento General del nombre reservado, en atención a las siguientes disposiciones:

“Del Consejo de Oficiales Generales.

Artículo 8. El Consejo se compondrá de los Oficiales Generales. En ausencia del Superintendente y del Vice-superintendente, sus sesiones serán presididas por el Comandante y, en su defecto, sucesivamente por el Segundo Comandante.

Artículo 8B. Corresponderá al Consejo:

4° Calificar los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo, salvo los casos previstos en el artículo 57. Para estos efectos, el Consejo se constituirá en sesión disciplinaria. Requerirá la asistencia de tres de sus miembros para poder sesionar, debiendo adoptar sus acuerdos por la mayoría absoluta de los presentes, en caso de tres empates consecutivos, este será dirimido por quien preside.

El Consejo de Oficiales Generales, constituido en sesión disciplinaria, según lo señalado en el inciso anterior, podrá aplicar las sanciones de amonestación verbal o por escrito, en ambos casos con anotación en las Hojas de Servicios del Voluntario sancionado, también podrá elevar el asunto a conocimiento del Presidente del Consejo Superior de Disciplina, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Del Consejo Superior de Disciplina.

Artículo 20. Para ejercer las facultades disciplinarias que corresponden al Directorio General, habrá un Consejo Superior de Disciplina compuesto por: el Superintendente que lo presidirá; el Primer Comandante, dos Directores Honorarios, dos consejeros superiores de disciplina por compañía y el Secretario General en su carácter de tal, con derecho a voz, pero sin voto. En los casos en que los Consejeros de Compañía, pertenezcan a la Compañía del Voluntario afectado o implicados en el asunto por resolver, no podrán participar de la citación.

Artículo 22. La Sala del Consejo Superior de Disciplina actuará como órgano disciplinario y conocerá:

1° Instancia: De los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo. Se entenderá que un asunto afecta a los intereses generales del Cuerpo cuando los hechos investigados puedan incidir directa o indirectamente en la imagen del Cuerpo, en la eficiencia o seriedad del trabajo bomberil, en la seguridad personal de los Voluntarios o de los habitantes de la ciudad, en la seguridad de las edificaciones u obras ciudadanas, en las finanzas, ingresos o patrimonio de la Institución, en la armonía del trabajo Institucional o en otras circunstancias similares.

2° Instancia: De las faltas que cometieren los miembros del Directorio, Inspectores y Ayudantes de Comandancia o de Administración.

Artículo 22ª. El Pleno del Consejo Superior de Disciplina conocerá:

1° Instancia: De los asuntos disciplinarios que hayan sido conocidos por la Sala del Consejo, apelaciones a sanciones de los Consejos de disciplina de las compañías y también de los que haya apelado a esta misma Sala.

2° Instancia: Conocerá de las sanciones de expulsión o de separación aplicadas por los Consejos de Disciplina de las Compañías, si estas sanciones fueren objeto de apelación.

3° Instancia: Conocerá, además, de las solicitudes de rehabilitación de los expulsados y de los separados dos veces del Cuerpo, así como de las solicitudes para dejar sin efecto las prohibiciones para reintegrarse a la Institución, aplicadas por el propio Consejo Superior de Disciplina en años anteriores.

Artículo 23A. El Consejo Superior de Disciplina, actuará como jurado y en contra de sus fallos no procederá recurso alguno. Podrá acordar las medidas disciplinarias que estimare oportunas, podrá imponer a los Voluntarios las siguientes sanciones: expulsión, separación, suspensión hasta por noventa días, anotaciones especiales en las Hojas de Servicios, amonestación verbal o por escrito, exoneración del cargo, e inhabilitación hasta por un año para el desempeño de cargo de Oficial General, de Compañía, de Consejero de Disciplina o de Administración.

Artículo 23B. El Consejo Superior de Disciplina, procederá oyendo al afectado previa citación. Si no concurriere y no excusare su inasistencia por causa justificada, lo juzgará en rebeldía. Las defensas serán personales y no se aceptará la representación por letrados ni por terceras personas. La citación se hará por carta, con una antelación de a lo menos cinco días hábiles, dirigida al domicilio que el afectado tuviere registrado en su respectiva Compañía o por nota entregada personalmente al afectado y recibida por el mismo. La citación deberá indicar el motivo de la comparecencia.

Articulo 23D. nombre reservado suspensión aplicada por cualquier organismo disciplinario de la Institución a quien desempeñare un cargo electivo o designado, producirá de hecho su inhabilitación para ejercer el cargo.

Artículo 24C. Contra las resoluciones de los organismos disciplinarios de las Compañías o del Consejo Superior de Disciplina en que se aplicaren las sanciones de expulsión o de separación, procederá el recurso de apelación.

Este recurso se interpondrá por el afectado ante el Secretario General, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha en que se le hubiere notificado la sanción respectiva, por carta dirigida al domicilio que tuviere registrado en la Compañía, por nota entregada personalmente al afectado o personalmente si se encontrare presente ante el organismo disciplinario respectivo. El recurso de apelación deberá ser fundado y podrá acompañarse con los antecedentes que a juicio del recurrente lo justifiquen. Dentro del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de la interposición del recurso, el Secretario General deberá requerir del Director de la Compañía o del Presidente del Consejo Superior de Disciplina, todos los antecedentes que fueron considerados para aplicar la sanción apelada, y éstos dispondrán del plazo máximo de cinco días para dar cumplimiento a este requerimiento.

Cumplido este trámite, el Secretario General citará al recurrente para que comparezca ante el organismo que corresponda, debiendo enviarse la citación dentro del plazo de cinco días hábiles, y debiendo llevarse a cabo la primera audiencia dentro del plazo de cinco días hábiles desde el envío de dicha citación.

El Consejo Superior de Disciplina, podrá solicitar nuevos antecedentes, si lo estimare necesario, pero deberá pronunciarse sobre la apelación deducida dentro del plazo máximo de veinte días contados desde la fecha de la primera audiencia. La interposición de este recurso suspenderá los efectos de la sanción impuesta. No obstante, desde la fecha de la notificación de la misma al afectado y hasta la notificación de la sentencia de segunda instancia, el recurrente no podrá concurrir a los Actos del Servicio, citaciones del Directorio o de Compañía o a cualquier Cuartel de la Institución.

El Consejo Superior de Disciplina, conociendo de un recurso de apelación, podrá enmendar la resolución apelada aún en perjuicio del recurrente Artículo 24D. El Consejo Superior de Disciplina, observaran y pronunciaran sus dictámenes de acuerdo a la interpretación del cumplimiento de cada uno de los artículos que forman parte de este reglamento. La catalogación de las faltas cometidas serán de exclusiva pronunciación del Consejo Superior de Disciplina, que sesione y no tendrá directrices fijas para catalogarlas.”.

Explica el recurrido que el actor ha sido por más de cuatro años integrante del nombre reservado, por lo que conoce el procedimiento disciplinario que los estatutos y reglamento señalan que ha de aplicarse, conoce el funcionamiento de los organismos que se encargan de la disciplina, por lo que sorprende a su parte que ahora los desconozca.

Concluye señalando que el señor nombre reservado necesitaba realizar unas impresiones por lo que el capitán de Compañía le dio autorización para utilizar un notebook que está a su cargo y cuando accedió a él, descubrió que la sesión de Whatsapp de la cuenta privada del capitán se encontraba abierta, procediendo a registrar y sacar información “íntima”, según indicó el capitán Poblete y reconoció en el Acta que acompaña, del Directorio General, de 27 de marzo de 2024. Agrega que los audios fueron extraídos y divulgados sin el consentimiento ni conocimiento del capitán, a terceras personas, como se demuestra en la documentación acompañada al informe.

En atención a lo señalado y ante el reconocimiento del recurrente de haber sacado y grabado los audios con un teléfono celular, el directorio de la compañía suspendió al actor de las funciones como voluntario de la compañía por resolución de 31 de marzo del año en curso.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Segundo: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Tercero: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Cuarto: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, como se adelantó en lo expositivo, la acción cautelar interpuesta se endereza en contra de la decisión del Directorio General Extraordinario del nombre reservado, de 27 de marzo de 2024, que aplicó al recurrente “la sanción de suspensión por 120 días, […] que deberá ejecutar el Sr. Comandante en base a las atribuciones que le otorga el Reglamento General”, según consigna el acta de la sesión del referido órgano, acompañada a estos autos, junto con el informe de folio 9.

El fundamento del recurso descansa, en síntesis, en la vulneración al debido proceso en que habría incurrido el recurrido al aplicar la antedicha sanción, por cuanto fue sancionado en un procedimiento disciplinario seguido en contra de los funcionarios que él denunció, y no en uno que fuese dirigido en su contra, por la supuesta obtención por medios ilícitos de los audios que darían cuenta de los hechos denunciados por el recurrente.

Sexto: Que es del caso recordar que constituye un supuesto de la presente acción la existencia previa de los derechos que se dicen vulnerados en el carácter de indubitados, dado que ésta no es la vía para declararlos. Los derechos que se dicen vulnerados y cuya protección se busca por este medio de impugnación son el de igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la carta fundamental; la proscripción del juzgamiento por comisiones especiales, del inciso quinto del numeral 3° del mismo artículo; la exigencia de que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, esto es, el derecho a un debido proceso, stricto sensu, del inciso sexto de igual numeral, y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, contemplado en el artículo 19 N° 4° de la Constitución Política. A este respecto, cabe señalar que lo relativo al derecho a un debido proceso no se encuentra amparado por la presente acción, pues el artículo 20 de la ley fundamental solo lo contempla para el caso de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho y garantía establecido en el artículo 19, número 3°, inciso quinto, y no para el del inciso sexto.

Séptimo: Que todo juzgamiento que se ajuste a los principios de un debido proceso debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, siendo estos elementos consustanciales del concepto de proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas.

En efecto, la noción de debido proceso como garantía constitucional judicial, tiene una vertiente formal y otra sustantiva. Desde el ángulo formal, consiste en que toda decisión de un órgano jurisdiccional debe ser el resultado de un proceso previo, ante tribunal competente, realizado conforme a un procedimiento que asegure posibilidades básicas de defensa, orgánica y funcionalmente, tanto para definir derechos civiles como cuando se enfrenta una acusación de naturaleza sancionatoria. Sustantivamente, debido proceso significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable, y no en criterios arbitrarios.

Octavo: Que, según indica el recurrido en su informe, el Reglamento General del nombre reservado dispone, en su artículo 8 B, que corresponde al Consejo de Oficiales Generales “[c]alificar los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo”, y, para tales efectos, dicho órgano “se constituirá en sesión disciplinaria” y “[r]equerirá la asistencia de tres de sus miembros para poder sesionar, debiendo adoptar sus acuerdos por la mayoría absoluta de los presentes”. Añade esta disposición que el referido Consejo, constituido en sesión disciplinaria, “podrá aplicar las sanciones de amonestación verbal o por escrito, en ambos casos con anotación en las Hojas de Servicios del Voluntario sancionado, también podrá elevar el asunto a conocimiento del Presidente del Consejo Superior de Disciplina, dentro de los cinco días hábiles siguientes”.

Por otra parte, añade la recurrida en el mencionado informe que el artículo 20 del Reglamento precedentemente individualizado preceptúa que “[p]ara ejercer las facultades disciplinarias que corresponden al Directorio General, habrá un Consejo Superior de Disciplina compuesto por: el Superintendente que lo presidirá; el Primer Comandante, dos Directores Honorarios, dos consejeros superiores de disciplina por compañía y el Secretario General en su carácter de tal, con derecho a voz, pero sin voto. En los casos en que los Consejeros de Compañía, pertenezcan a la Compañía del Voluntario afectado o implicados en el asunto por resolver, no podrán participar de la citación”.

Indica, además, que el referido Consejo “procederá oyendo al afectado previa citación”, la que “se hará por carta, con una antelación de a lo menos cinco días hábiles, dirigida al domicilio que el afectado tuviere registrado en su respectiva Compañía o por nota entregada personalmente al afectado y recibida por el mismo”, debiendo “indicar el motivo de la comparecencia” (artículo 23 B).

Noveno: Que, por consiguiente, resulta que el recurrente no ha sido juzgado por el órgano reglamentariamente llamado a conocer de las infracciones disciplinarias, desde que tal facultad recae en el Consejo Superior de Disciplina, órgano que, según consta en el Acta del Directorio General Extraordinario, de 27 de marzo del año en curso, acompañado por el recurrido, “no se ha constituido, debido a la falta de Reglamento”.

Décimo: Que, de lo razonado, resulta que el “Directorio General” del nombre reservado, órgano que pronunció la resolución impugnada, no era el llamado a conocer del procedimiento disciplinario que culminó con la sanción de suspensión impuesta al actor, pues tal facultad recae, como se ha dicho, en el Consejo Superior de Disciplina, según dispone el artículo 8 B del Reglamento General del nombre reservado.

Undécimo: Que, del modo indicado, el recurso de protección que nos ocupa será acogido, en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, atendido que, con el actuar del órgano bomberil, se ha violentado el derecho constitucional consagrado en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual "nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y, que se hallare establecido por esta, con anterioridad a la perpetración del hecho", por cuanto el órgano que emitió el pronunciamiento que se impugna se ha alzado como una verdadera comisión especial, al carecer de facultades para emitir el pronunciamiento que el actor impugna.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado en contra del nombre reservado, representado por don nombre reservado, y se deja sin efecto la resolución adoptada en sesión de Directorio General Extraordinario de 27 de marzo de 2024 que aplicó al recurrente la sanción de suspensión de sus funciones bomberiles por el término de 120 días corridos, y que le fuera comunicada el 31 de marzo del mismo año.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2602-2024 Prot.

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por el ministro Danilo Quezada Rojas e integrada por la fiscal judicial Anamaría Quintero Harvey y por el abogado Adelio Misseroni Raddatz.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Misseroni, no obstante que concurrió a la vista y posterior acuerdo de la causa por encontrase ausente.